Reclamación contra la Diputación de Sevilla por denegación de información sobre agenda y gastos de comidas oficiales del Presidente

RESOLUCIÓN 67/2019, de 15 de marzo del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX contra la Diputación de Sevilla por denegación de información pública (Reclamación 131/2018). ANTECEDENTES Primero. El 15 de marzo de 2018, la ahora reclamante presentó ante la Diputación de Sevilla la siguiente solicitud de información: “Reuniones mantenidas por el Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla durante los meses de marzo, junio y septiembre de 2016, conforme a la agenda oficial, y desglose de los gastos de comidas oficiales abonadas por la Diputación durante el mismo periodo correspondiente a aquellos actos en los que haya intervenido el Presidente”. Segundo. El 19 de abril de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a su solicitud de información. Tercero. Con fecha 26 de abril de 2018 se comunica a la reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Cuarto. Mediante escrito fechado el 22 de mayo de 2018, que tuvo entrada en este Consejo el 4 de junio, la entidad reclamada emitió informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación, apunta lo siguiente: “Recibido, con fecha de entrada en Diputación de Sevilla de 2 de mayo de 2018, escrito del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía adjuntamos la siguiente documentación: “1. Listado de reuniones del Señor Presidente de la Diputación durante los meses de marzo, junio y septiembre de 2016. “2. Detalle de gastos de protocolo. “3. Se procederá igualmente al traslado de dicha documentación a la solicitante”. Quinto. El 1 de junio de 2018 se registró en este Consejo escrito de la solicitante en el que alega lo que sigue: “Ponemos en conocimiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos que como consecuencia del recurso planteado con número de reclamación 131/2018 con fecha de entrada 19 de abril de 2018, ante la denegación de la información solicitada por silencio administrativo, la Diputación Provincial de Sevilla nos ha remitido la información solicitada de manera INCOMPLETA. “Solicitado «el desglose de los gastos de comidas oficiales abonadas por la Diputación en los meses de marzo, junio y septiembre de 2016» únicamente remite información de los gastos de Protocolo de Presidencia, no siendo esta información la solicitada faltando el desglose solicitado referida a los gastos de comidas oficiales, exclusivamente. “Lo que ponemos en su conocimiento a la espera de su resolución sobre el recurso. “. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2 a) de dicho texto entiende por información pública los “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Así es; tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 -y venimos desde entonces reiterando-, nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los “contenidos o documentos” que obren en poder de las Administraciones y “hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración –y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información- la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, este criterio es el que asimismo comparten los órganos jurisdiccionales, como lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley... ” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. La reclamación que ahora hemos de resolver tiene su origen en una solicitud de información dirigida a la Diputación de Sevilla con la que se pretendía conocer las reuniones mantenidas por su Presidente, conforme a la agenda oficial, durante un determinado periodo tiempo, así como el “desglose de los gastos de comidas oficiales abonadas por la Diputación durante el mismo periodo correspondiente a aquellos actos en los que haya intervenido el Presidente”. Una vez presentada la reclamación tras la falta de respuesta de la Administración interpelada, la Diputación ofreció a la interesada el listado de reuniones y los “gastos de protocolo” relativos al periodo objeto de la solicitud de información; datos que asimismo facilitó a este Consejo con ocasión de la remisión del escrito de alegaciones. La ahora reclamante entiende, sin embargo, que la información suministrada no se adecua a los términos de su petición, toda vez que falta el “desglose de los gastos de comidas oficiales” tal y como había explicitado en su escrito de reclamación. Ciertamente, este Consejo no puede sino compartir esta apreciación de que la respuesta ofrecida no se ajusta a los términos literales de la pretensión de la interesada, que no pretendía conocer de forma genérica los gastos de protocolo sino específicamente los concretos gastos relativos a comidas oficiales. Así pues, dado que no se ha alegado ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que justifique retener este dato, en virtud del principio general de acceso a la información pública mencionado en el FJ 2º, debemos estimar la presente reclamación. Por consiguiente, la Diputación de Sevilla ha de facilitar el concreto dato referido a tales gastos, y, en el caso de que no exista dicha información, debe transmitir expresamente esta circunstancia a la solicitante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Diputación de Sevilla por denegación de información pública. Segundo. Instar a la Diputación de Sevilla a que, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca a la reclamante la información a la que se hace referencia en el Fundamento Jurídico Tercero, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.