Reclamación por denegación de información sobre inmuebles exentos de IBI en Málaga

RESOLUCIÓN 163/2019, de 22 de mayo Asunto: Reclamación interpuesta por D. XXX contra el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, por denegación de información pública (Reclamación núm. 163/2018). ANTECEDENTES Primero. El 7 de febrero de 2018 el ahora reclamante presentó una solicitud de información pública en el Ayuntamiento de Málaga del siguiente tenor: “Me gustaría recibir información sobre los inmuebles exentos de pagar el IBI en Málaga. En concreto, les pido que me faciliten los siguientes datos: “- Relación de estos bienes. “- Cuál es la causa de exención. “- En qué domicilio se encuentran. “- La cuantía de IBI cuyo pago se exime (o porcentaje). “- Quiénes son sus titulares (si no se trata de personas físicas amparadas por la Ley de Protección de Datos)”. Segundo. El 2 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de Málaga resuelve: “Primero. Inadmitir a trámite la solicitud respecto a: “a) Facilitar los domicilios de los inmuebles, por carecer éstos de aquellos. “b) Facilitar la titularidad de los inmuebles, por no ser competente esta Administración en materia de titularidad catastral o civil de los inmuebles. “Segundo. Por tratarse de datos de carácter tributario amparados por los deberes de reserva y confidencialidad establecidos en el art.95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, denegar el acceso a la información relativa a la relación de inmuebles que están exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (pues la mera indicación de la exención, al relacionarla con cada inmueble, vulneraría los límites al acceso según el art. 20.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). “Tercero. Admitir la solicitud respecto a la información relativa a la cuantía y causa de la exención para lo cual procede remitirse a la información general que ya consta en la web de este Organismo en materia de beneficios y exenciones fiscales y de la que se adjunta copia”. Consta en el expediente remitido por el órgano reclamado al Consejo, la puesta a disposición de la notificación al interesado en la sede electrónica del Ayuntamiento, el día 5 de marzo de 2018. Tercero. Con fecha 27 de marzo de 2018 el ahora reclamante presentó una solicitud de información pública en el Ayuntamiento de Málaga, del siguiente tenor: “Me gustaría recibir información sobre los inmuebles exentos de pagar IBI en Málaga. En concreto, les pido que me faciliten en el correo electrónico [correo electrónico del reclamante] los siguientes datos, a ser posible en formato abierto de tipo base de datos accesible: “- Relación de bienes inmuebles (rústicos y urbanos) exentos del pago de IBI en Málaga. “- Cuál es la causa de exención. “- En qué domicilio se encuentran (entendido domicilio en el sentido de la Resolución 144/2017, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía; es decir, su localización o, en términos llanos, dónde está cada bien inmueble). “- La cuantía de IBI cuyo pago se exime en cada caso. “- Quiénes son sus titulares (si no se trata de personas físicas amparadas por la Ley de Protección de Datos)”. “MOTIVO DE LA SOLICITUD “La solicitud se formula al objeto de realizar un estudio sobre el tema. Se trata de datos amparados por el derecho a la información pública, tal y como establece la Resolución 144/2017, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Dicha resolución tiene un objeto idéntico a la presente petición, y realiza una ponderación del derecho de acceso a la información establecido por el artículo 24 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y amparado por el artículo 105 de la Constitución Española, con el artículos 34 y 95 de la Ley General Tributaria. “Pues bien, la resolución del Consejo de Transparencia es meridianamente clara, cuando establece que el alcance del artículo 95 de la LGT ha de ser «reinterpretado a la luz de las nuevas exigencias impuestas a las Administraciones por la LTPA». “Continúa la resolución diciendo que «resulta indudable la relevancia que tiene para la ciudadanía conocer el proceso de toma de decisiones de las Administraciones en materia tributaria, señaladamente cuando las mismas tienen un impacto inmediato en la recaudación, como sucede con las exenciones impositivos» y explicitando el «evidente» «interés público que conlleva saber la repercusión que tiene en el volumen de ingresos municipales las exenciones que, en su caso, el Ayuntamiento haya decidido establecer voluntariamente». “De este modo, el Consejo concluye que «nada parece oponerse a que el Ayuntamiento reclamado proporcione al solicitante la relación de los bienes inmuebles exentos del pago del IBI con indicación de su cuantía, la causa legal de la exención y el domicilio de tales bienes» [localización, decimos nosotros]. De esta forma, el Consejo insta al ayuntamiento de Sevilla a cumplir con su obligación en materia de transparencia y poner en disposición del solicitante la relación de inmuebles exentos del pago del IBI, con expresión de sus domicilios (localización), cuantía y causa legal de la exención, así como la titularidad de los mismos en el caso de que ésta recaiga en el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales u organismos dependientes, así como en los Gobiernos extranjeros”. Cuarto. El 20 de abril de 2018 la Subdirección de Tributos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga resuelve: “Primero. Inadmitir a trámite la solicitud respecto a los puntos 1º, 2º, 4º y 5º de la solicitud, por ser reiterativos de una solicitud anterior resuelta expresamente “Segundo. Por tratarse de datos de carácter tributario amparados por los deberes de reserva y confidencialidad establecidos en el art.95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, denegar el acceso a la información relativa a la localización de inmuebles que están exentos del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles (pues, aparte de su carácter tributario y su régimen de acceso específico, incluso al amparo de la ley 19/2013, de aplicación supletoria, vulneraría los límites al acceso según el art.20.3 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Consta en el expediente remitido por el órgano reclamado al Consejo, la puesta a disposición de la notificación al interesado en la sede electrónica del Ayuntamiento, el día 23 de abril de 2018. Quinto. El 9 de mayo de 2018, tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la resolución de 20 de abril de 2018, antes citada. Sexto. Con fecha 15 de mayo de 2018 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por convenientes plantear en orden a resolver las reclamaciones, hecho que es comunicado el mismo día a la Unidad de Transparencia o equivalente del órgano reclamado. Séptimo. El 30 de mayo de 2018 tuvo entrada escrito del órgano reclamado en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación, informa que: “Con fecha 27/3/2018 y nº de documento 209652/2018 tuvo entrada en este Organismo escrito en virtud del cual el Sr. D. XXX presenta SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN. En la solicitud, prácticamente reiterativa de otra anterior, se recaba: “1.- Relación de inmuebles (rústicos y urbanos) exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en Málaga. “2.- Causa de exención. “3.- Domicilio en el que se encuentran (domicilio en sentido de localización). “4.- La cuantía de Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuyo pago se exime. “5.- Titulares de los inmuebles que no sean personas físicas. “Al resolver la primera solicitud ya se facilitó información estadística, que además figura en la página web de Gestrisam, de la cual se puede colegir que, en materia de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, todas las exenciones aplicadas por el Ayuntamiento de Málaga son obligatorias (ninguna la establece voluntariamente el Ayuntamiento) con la única excepción de las deudas inferiores a 6€ que viene recogida en su Ordenanza Fiscal General, que por razones de costes recaudatorios y al amparo de lo dispuesto por la Ley General Presupuestaria, no se liquidan impuestos (I.B.I. y otros impuestos municipales) por debajo de dicho importe. “Esto pondría de manifiesto, de acuerdo con el criterio mantenido por el Consejo de Transparencia andaluz, el escaso interés público que conllevaría conocer el dato ya que las exenciones cuya información se solicita son de obligada aplicación por este Ayuntamiento, sin que se trate de exenciones potestativas en las que un Ayuntamiento tendría margen discrecional a la hora de establecerlas o no. “Los datos solicitados (titulares, ubicación de inmuebles, cuantías exenta.,.) al afectar al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son datos de naturaleza tributaria, lo que supone la aplicación de la Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando indica que se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen Jurídico específico de acceso a la información y (en el mismo sentido) de la Disposición adicional 4ª.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. “A mayor abundamiento y quedando fuera de toda duda el régimen de acceso específico a los datos tributarios, señala la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público relativa al Régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y tras establecer que la misma se regirá por su legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo previsto en esta Ley, que el acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria se regirán en todo caso por su legislación específica, y esta no es otra que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. General Tributaria y, particularmente, su Artículo 95. “La solicitud ahora presentada no puede más que considerarse una reiteración de la ya presentada/ resuelta y contestada en plazo (registrada el 7/2/2018) al menos en cuanto a los puntos 1°, 2°, 4° y 5°, lo que debe llevar a su inadmisión en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. “Respecto al punto 3°, esto es, el domicilio en el que se encuentran los inmuebles (domicilio en sentido de localización), cabe aducir lo mismo que ya se indicó para el resto de datos tributarios en la resolución de este Organismo de fecha 2/3/2018, es decir, que por tratarse la localización de un dato obtenido por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones estaría amparada por los deberes de reserva y confidencialidad establecidos en el art. 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (pues la mera indicación de la exención, la relacionarla con cada inmueble y su localización, vulneraría los límites al acceso según el art. 20.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno). “Recordemos que también la normativa catastral (Artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario) contempla como dato protegido el relativo al valor catastral de los inmuebles. “Tal protección sería fácilmente vulnerable porque si se facilita a terceros el importe de la exención y la ubicación del inmueble, basta a este tercero relacionar esos datos con el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable (público en virtud de la Ordenanza fiscal reguladora) para conocer el valor del inmueble que la normativa catastral trata de proteger. “A mayor abundamiento, y por lo que respecta al deber de reserva con relación a los datos obtenidos por la administración tributaria en el desempeño de sus funciones y su régimen de acceso, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de Febrero de 2017 ha dictaminado: “Por tanto, nos hallamos que existe una regulación específica y vigente, no incompatible con la regulación de la Ley de Transparencia, de acceso a la información que obra en la Administración Tributaria y que se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio. “Si el legislador, del año 2015, consideraba que debería haber derogado o cambiado este precepto, tuvo su oportunidad en la Ley 34/2015 (RCL 2015, 1427) que introdujo el artículo 95.bís en la Ley 58/2003 { RCL 2003, 2945 ], que precisamente establece una excepción a la regla general del carácter reservado de los datos fiscales, permitiendo su publicación con una finalidad determinada. “Si el legislador, consideró que era necesario modificar el artículo 95 y acomodarlo a ta Ley 19/2013 ( RCL 2013, 1772 ), así lo hubiera hecho, y al no hacerlo, debe deducirse que su voluntad tácita era mantener su carácter reservado. “Nosotros añadimos que también tuvo el legislador la oportunidad de derogar o modificar el Artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria a través de otra Ley más posterior aún, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, no solo no lo hizo sino que dejó meridianamente clara su voluntad contraria a ello, al establecer su Disposición adicional decimoséptima que el acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria se regirán en todo caso por su legislación específica. “En virtud de lo anterior se ruega tenga por remitida copia del expediente solicitado”. Octavo. El 30 de enero de 2019, se solicita al órgano reclamado que aporte la copia de la solicitud de 7 de febrero de 2018, así como copia de la Resolución de 2 de marzo que resuelve la anterior solicitud, y la acreditación de la notificación de dicha resolución al interesado. Documentación que tiene entrada en el Consejo el 11 de febrero de 2019. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. El ahora reclamante solicitó el 27 de marzo de 2018 acceder a determinada información relativa a los inmuebles exentos de pagar el IBI. Solicitud que fue inadmitida por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga con base en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en lo sucesivo, LTAIBG), toda vez que el interesado ya había tenido conocimiento de dicha información con motivo de otra solicitud anterior. En efecto, ha de notarse que las diversas peticiones de información contenidas en dicha solicitud de 27 de marzo de 2018 ya fueron solicitadas por el interesado el 7 de febrero de 2018 al mismo Ayuntamiento, que dio respuesta a las mismas mediante resolución de 2 de marzo de 2018, notificada el 5 de marzo siguiente, sin que contra dicha respuesta el interesado haya interpuesto reclamación alguna ante este Consejo en el plazo de un mes establecido en el artículo 24.2 LTAIBG. Por consiguiente, la citada resolución ha devenido un acto firme y consentido, al no haberse recurrido en plazo. Así, pues, en la medida en que la solicitud que nos ocupa no viene sino a reproducir una idéntica que ya fue resuelta por la entidad interpelada sin que el interesado formulara ninguna reclamación, se hace evidente que la misma incurre en la causa de inadmisión ex artículo 18.1.e) LTAIBG (solicitud manifiestamente reiterativa). Pues, ciertamente, como señalamos en la Resolución 37/2016 y venimos reiterando desde entonces: “[…] a la hora de enjuiciar si las solicitudes reúnen tal condición (de reiterativas) es preciso tomar en consideración y valorar los siguientes criterios: un criterio subjetivo, puesto que la petición de información debe ser formulada por el mismo solicitante y ha de ser dirigida al mismo sujeto obligado al cumplimiento de la legislación de transparencia; un criterio objetivo, ya que la solicitud ha de ser idéntica o sustancialmente similar a otra formulada con anterioridad; un criterio cronológico, toda vez que el tiempo transcurrido entre la contestación dada a la previa petición de información y la nueva solicitud puede ser relevante desde el punto de vista de la actualización de la información, decayendo el carácter repetitivo de la misma; y, por último, para que pueda apreciarse el carácter manifiestamente reiterativo de una solicitud, es necesario que la formulada con anterioridad haya generado una respuesta expresa de la entidad a la que se pide la información (sea o no denegatoria), o, en caso de silencio, que el solicitante haya reclamado contra la resolución presunta y se haya resuelto la reclamación por este Consejo o por la jurisdicción contencioso-administrativa” (FJ 5º). En suma, no procede sino declarar la desestimación de la reclamación, toda vez que, tal y como resolvió el Ayuntamiento de Málaga, resulta aplicable a la solicitud de información el reiterado motivo de inadmisión establecido en el art. 18.1.e) LTAIBG. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación interpuesta por D. XXX contra el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, por denegación de información pública.