El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Huétor Vega copia de los expedientes administrativos sobre el despliegue de redes de fibra óptica (FTTH). Ante la ausencia de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información por no haberse alegado límites ni causas de inadmisión.
Puntos clave de la argumentación
1
La ausencia de respuesta en el plazo de un mes constituye un acto presunto de denegación contra el cual cabe interponer reclamación.
2
El derecho de acceso a la información pública solo puede limitarse mediante la aplicación motivada y restrictiva de los supuestos legales previstos.
3
La información solicitada sobre expedientes de despliegue de telecomunicaciones constituye inequívocamente información pública según el art. 2 a) de la LTPA.
4
Al no haber alegado la administración ninguna causa de inadmisión ni límite legal, procede la estimación de la solicitud de acceso.
Texto completo
RESOLUCIÓN 223/2019, de 19 de julio
Asunto: Reclamación interpuesta por D. XXX contra el Ayuntamiento de Huétor Vega
(Granada), por denegación de información pública (Reclamación núm. 182/2018).
ANTECEDENTES
Primero. El 20 de abril de 2018, el ahora reclamante presentó una solicitud de información
dirigida al Ayuntamiento de Huétor Vega referida a lo siguiente:
“[nombre reclamante], de nacionalidad española, con DNI [número D.N.I] y domicilio en
[dirección domicilio], del municipio de Huétor Vega, Código postal [número código] y
correo electrónico a efecto de notificaciones [e-mail].
“Presento este escrito con os requisitos establecidos en artículo 4 y 6 LODP y
ARTICULO 66.1 PAC y artículo 17 LT, para:
“Acceso a información pública municipal
“Expone:
“En el municipio de Huétor Vega se han instalado diferentes redes de
telecomunicaciones de alta velocidad de tipo fibra óptica (FTTH).
“Solicito:
“Que, vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, por la presente
“Primero: De conformidad con el articulo 24 LTA y en ejercicio de la acción publica
recogida el articulo 5.f) del TRLS, se solicita acceso a la información pública y copia de
los expedientes administrativos tramitados para el despliegue de las diferentes redes
de telecomunicaciones de alta velocidad de tipo fibra óptica (FTTH).
“Segundo: Se solicita de conformidad con el articulo 34.1 LTA la materialización del
acceso a a información pública por medios electrónicos a través del correo electrónico
indicado en el encabezado”.
Segundo. El 28 de mayo de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia
de respuesta a su solicitud de información, y en la que alega que:
“Se ha solicitado acceso a información pública de naturaleza municipal de
expedientes administrativos tramitados para el despliegue de las diferentes redes
de telecomunicaciones de alta velocidad del tipo fibra óptica (FTTH) y no se ha
tenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Huétor Vega”.
Tercero. Con fecha 6 de junio 2018 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento
de resolución de la reclamación. El mismo día, se solicitó al órgano reclamado copia del
expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por
conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada
asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del órgano
reclamado, el día 8 de junio de 2018.
Cuarto. Hasta la fecha no consta la remisión de la información por parte del órgano reclamado
a la interesada; ni del envío a este Consejo de la copia de expediente, informe y alegaciones
solicitados.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el
Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía (en adelante, LTPA).
Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de
investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la
autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación
con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales
funciones investigadoras.
Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación hemos de señalar que la ausencia de
respuesta a una solicitud de información pública puede incurrir en un incumplimiento de la
exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y
notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al Ayuntamiento concernido sería de
un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG).
A este respecto no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en
el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las
solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento
de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el
régimen sancionador de la LTPA.
Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto
presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4
LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar.
Tercero. Por otra parte, el Ayuntamiento no ha contestado al requerimiento de informe y
expediente desde que le fue solicitado con fecha 6 de junio de 2018. A este respecto,
resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación
puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen
sancionador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del
derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y
por lo previsto en esta Ley” . Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “[l]a tramitación
de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común”. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la
reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado
de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información
y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su
solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que
puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto,
acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros
trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al
órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno
para la resolución de la reclamación.
Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las
reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los
elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas
en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como
infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos
reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante
el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”.
En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada al Ayuntamiento
la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este
Consejo.
Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el
artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la
reclamación interpuesta.
Cuarto. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la
información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige
una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada
si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que
permitan dicha limitación.
Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017,
de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación
amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a
interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se
contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de
información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que
supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.
[...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una
potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es
un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos
previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto).
Quinto. El reclamante solicitaba diversa documentación referida a los expedientes
administrativos tramitados para el despliegue de las diferentes redes de telecomunicaciones
de alta velocidad de tipo fibra óptica (FTTH).
La ciudadanía, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, puede
solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que
obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y no cabe albergar la
menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública”
a los efectos del transcrito art. 2 a) LTPA.
Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en dicho
concepto, y no habiendo alegado el órgano reclamado ninguna causa de inadmisión ni ningún
límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo no puede sino estimar la
presente reclamación en lo que hace a la solicitud del acceso a la información pública y copia
de los expedientes administrativos tramitados para el despliegue de las diferentes redes de
telecomunicaciones de alta velocidad de tipo fibra óptica (FTTH), de conformidad con la regla
general de acceso a la información pública a la que aludimos supra en el anterior fundamento
jurídico. En consecuencia, el órgano reclamado ha de ofrecer al interesado la referida
información con la anonimización de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4
LTAIBG), y, en el caso de que no exista alguno de los extremos de la información solicitada,
habrá de indicarle expresamente esta circunstancia al ahora reclamante.
En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
Primera. Estimar la reclamación interpuesta por D. XXX contra el Ayuntamiento de Huétor
Vega (Granada), por denegación de información pública.
Segunda. Instar al Ayuntamiento de Huétor Vega a que, en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, ofrezca al reclamante
la información según lo expresado en el Fundamento Jurídico Quinto, dando cuenta a este
Consejo de lo actuado en el mismo plazo.