Reclamación por denegación de información pública sobre claves alfabéticas de opositores en la Junta de Andalucía

RESOLUCIÓN 301/2019, de 7 de noviembre Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública (Reclamaciones acumuladas núms. 247/2019 y 290/2019). ANTECEDENTES Primero. Con fecha de 18 de mayo de 2019, la ahora reclamante presenta en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, (en adelante, el Consejo) solicitud de información dirigida a la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, (en adelante, SGAP) con el siguiente contenido: “[…] Solicito las claves alfabéticas que recoge la Resolución de 22 de junio de 1991 del siguiente listado de personas que accedieron a la carrera de funcionario en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos con menos puntuación que yo”. Segundo. El 20 de mayo de 2019, el Consejo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, remite a la Secretaría General para la Administración Pública, la solicitud de información pública para que resuelva lo que corresponda. Tercero. El 22 de junio de 2019 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a su solicitud de información.(Reclamación núm. 247/2019). Cuarto. Con fecha 15 de julio de 2019 se comunica a la reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. El día 16 de julio de 2019, se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del órgano reclamado, el 19 de julio de 2019. Quinto. El 15 de julio de 2019, el Director del Instituto Andaluz de Administración Pública de la SGAP resuelve “conceder el acceso a la información pública, facilitándose la información que se solicita, documento al que podrá acceder por medio del enlace que se facilita en la presente resolución”. Sexto. El 22 de julio de 2019, la interesada presenta nueva reclamación ante el Consejo contra la resolución de 15 de julio de 2019 (Reclamación núm 290/2019), alegando que “el archivo adjunto a la Resolución emitida por el Instituto Andaluz de Administración Pública, no contempla la totalidad de los opositores y sus claves. Tan solo figuran aquellos cuyo primer apellido comienza con la A hasta López [...]. Faltando todos los comprendidos entre este último y la letra Z”. Séptimo. El 2 de agosto de 2019, tuvo entrada escrito del órgano reclamado emitiendo informe al respecto en el que se contiene determinada información relativa a la solicitud del interesado. Octavo. Con base en lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), se concedió un plazo para subsanación de deficiencias advertidas en la reclamación núm. 290/2019. Dicho plazo se le concede por oficio de 23 de septiembre de 2019, que resulta notificado el 27 de septiembre de 2019, quedando subsanado por escrito de la interesada que tuvo entrada en este Consejo el 7 de octubre de 2019. Noveno. Con fecha 7 de noviembre de 2019 se dicta Acuerdo de Acumulación de procedimientos por su identidad sustancial e íntima conexión. Décimo. Hasta la fecha no consta que la interesada haya recibido respuesta a su solicitud de información. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. En el asunto que nos ocupa, el órgano reclamado ha remitido a este Consejo cierta información relativa a la solicitud planteada. Sucede, sin embargo, que es al propio solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos al órgano reclamado a que directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida a este Consejo, y procedíamos a estimar, siquiera a efectos formales, la correspondiente reclamación. En consecuencia, no habiendo invocado límite alguno impeditivo para retener la información, el órgano reclamado habrá de ofrecer al reclamante la información remitida al Consejo, previa disociación de los datos personales que pudieran aparecer, conforme a lo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación presentada por XXX contra la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública. Segundo. Instar a la Secretaría General para la Administración Pública a que, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca al reclamante la información pública solicitada de acuerdo con lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.