La Plataforma Social de Acción Solidaria solicitó al Ayuntamiento de Loja información sobre la gestión del cementerio municipal (inhumaciones, exhumaciones, etc.). Ante la ausencia de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, instando al Ayuntamiento a entregar la información solicitada al ciudadano.
Puntos clave de la argumentación
1
El derecho de acceso a la información pública rige como regla general y solo puede limitarse de forma motivada y restrictiva.
2
La administración obligada es quien debe remitir la información directamente al solicitante, ya que el Consejo de Transparencia no es un receptor ni transmisor de dicha información.
3
Al no haberse invocado límites legales para retener la información, el Ayuntamiento debe ponerla a disposición del interesado previa disociación de datos personales.
Texto completo
RESOLUCIÓN 300/2019, de 7 de noviembre
Asunto: Reclamación interpuesta por XXX, en representación de la Plataforma Social de
Acción Solidaria, contra el Ayuntamiento de Loja (Granada) por denegación de información
pública (Reclamación núm. 239/2019).
ANTECEDENTES
Primero. Con fecha de 2 de mayo de 2019 el ahora reclamante presenta escrito en el
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén) con el siguiente contenido:
“La Asociación tiene interés en conocer la situación real del Cementerio de Loja.
Queremos saber las condiciones de su funcionamiento, es por esto que nos facilite
en plazo y forma la siguiente información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
y de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
“Solicito: Número de expedientes tramitados con su referencia
administrativa/electrónica para su posible consulta de: 1. Inhumaciones. 2.
Exhumaciones. 3. Extinción de derechos funerarios. 4. Traslados de restos. 5.
Permutas. 6.Concesiones administrativas. 7. Caducidad de derechos funerarios.
Durante los años 2017 y 2018. Información sobre el régimen de uso del osario
general. Detalle del procedimiento administrativo electrónico para la gestión de: 1.
Asignación de unidades de enterramiento. 2. Permutas o traslado de restos. 3.
Designación de beneficiario. 4. Prenecesidad”.
Segundo. El 16 de junio de 2019 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a su
solicitud de información.
Tercero. Con fecha 5 de julio de mayo 2019 se comunica a la reclamante la iniciación del
procedimiento de resolución de la reclamación. El mismo día, se solicitó al órgano reclamado
copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera
por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada
asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del órgano
reclamado, el 8 de julio de 2019.
Cuarto. El 30 de julio de 2019, tuvo entrada escrito del órgano reclamado emitiendo informe al
respecto en el que se contiene determinada información relativa a la solicitud del interesado.
Sexto. Hasta la fecha no consta que el interesado haya recibido respuesta a la solicitud de
información.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director
del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
(en adelante, LTPA).
Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la
información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el
artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos,
cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o
entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o
adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a
la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y
de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación.
Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017,
de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación
amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a
interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se
contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de
información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que
supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.
[...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una
potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es
un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos
previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto).
Tercero. En el asunto que nos ocupa, el Ayuntamiento reclamado ha remitido a este Consejo
cierta información relativa a la solicitud planteada. Sucede, sin embargo, que es al propio
solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de
señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los
“obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya
manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente,
convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del
ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la
información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las
Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de
30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º).
Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos al órgano reclamado a que
directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida a este Consejo, y
procedíamos a estimar, siquiera a efectos formales, la correspondiente reclamación.
En consecuencia, no habiendo invocado límite alguno impeditivo para retener la información,
el Ayuntamiento habrá de ofrecer al reclamante la información remitida al Consejo, previa
disociación de los datos personales que pudieran aparecer, conforme a lo establecido en el
artículo 15.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero. Estimar la reclamación presentada por XXX, en representación de la XXX, contra el
Ayuntamiento de Loja (Granada) por denegación de información pública.
Segundo. Instar al Ayuntamiento de Loja a que, en el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca al reclamante la información
pública solicitada de acuerdo con lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, dando
cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.