Reclamación por denegación de información sobre criterios y abonos de prestaciones sociales en el Ayuntamiento de El Ejido

RESOLUCIÓN 329/2019, de 25 de noviembre Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) por denegación de información pública (Reclamación núm. 270/2018). ANTECEDENTES Primero. La ahora reclamante presentó, el 2 de marzo de 2018, un escrito dirigido al Ayuntamiento de El Ejido, con el siguiente contenido: “Dª. [nombre reclamante] con DNI [número D.N.I], funcionaria adscrita al Área de [...] de este Ayuntamiento en el que expone que : “Con fecha 24/03/2017 solicité prestaciones sociales en base al Pacto de Condiciones Sociolaborales vigente, en la petición se adjuntaban todos los documentos requeridos y que esa Concejalía publicita en su apartado de la intranet y que recoge el mencionado Pacto. “La ayuda es referente a gafas progresivas a nombre de mi cónyuge; en esa Concejalía ya se presentó Modelo de Declaración de beneficiarios de prestaciones sociales, incluyendo en el mismo a mi cónyuge. Así mismo consta como beneficiario de asistencia sanitaria. Como justificante requerido por esa Concejalía, para su inclusión como beneficiario de estas prestaciones, se presentó certificado de la vida laboral donde consta que no figura en alta en la Seguridad Social, y no he recibido notificación alguna respecto a la no procedencia de mi cónyuge como beneficiario de prestaciones sociales. “Extrañada al no figurar en la nómina de diciembre /2017 el abono de esta prestación, se consultó con la Unidad de Personal el por qué no habían aprobado el pago de esta ayuda y me comunican que se está revisando y que debo aportar el IRPF 2016. Con fecha 11/01/20 18 se remite al correo electrónico del auxiliar de la unidad de personal, [nombre tercero], la documentación requerida, tratándose de un declaración del IRPF conjunta. “En el mes de febrero /2018 en conversación telefónica con la Jefe de Personal me indica que esta solicitud de prestación está revisándose porque de todos es sabido que mi cónyuge no está a mi cargo, quedando sorprendida por estos juicios de valor sin base alguna. “Con fecha 1/03/2018 esa Concejalía me requiere para que presente más documentación para el estudio de la petición, en concreto: “Dicha documental consiste: cuentas de Pérdidas y Ganancias de todas las sociedades en las que participe el empleado y su cónyuge, Ingresos y patrimonio neto de dichas sociedades, modelos 390 y 347 a 31 de Diciembre de 2017 y certificado de la Agencia Tributaria de declaración de la renta y declaraciones complementarias del año 2016 y/o en su caso copia de la declaración complementaria. “Insisto en que el certificado del IRPF 2016 ya fue presentado, no existiendo declaración complementaria alguna por este concepto, no obstante, si es que se ha extraviado, no tengo inconveniente en volver aportarlo, así como el autorizar expresamente a esa Unidad, para que pueda consultar ante la Agencia Estatal de Admón. Tributaria los datos correspondientes a ese ejercicio. “En cuanto a la solicitud de los documentos correspondientes a las sociedades de las que presuntamente puedan participar tanto mi marido como yo. entiendo que no son relevantes para la Resolución de este procedimiento, debiendo conocer que las personas jurídicas disponen de personalidad propia y que cualquier remuneración o reparto de dividendos que por ellas se efectuara queda reflejado en la Declaración del IRPF correspondiente. “Por lo que no se sustenta esta prospección a la que pretende someterme esta Concejalía y entiendo que se está produciendo una situación de desigualdad ante situaciones iguales, existiendo una diferenciación en el tratamiento, de manera injustificada, de la petición formulada de abono de prestaciones sociales. “Me permito recordarle el art. 14 de la Constitución Española en el que se dispone que «los españoles son iguales ante la Ley» estableciéndose un derecho a obtener un trato igual, sin embargo considero que por parte de esa Concejalía se están llevando a cabo actuaciones que considero arbitrarias, conducentes a un trato discriminatorio frente a la funcionaria que suscribe. “Quizás haya que recordar a tal fin la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto básico del Empleado público en su artículo 52 contempla como código de conducta una serie de principios, entre ellos, se encuentran la objetividad, la neutralidad y la imparcialidad en el desempeño de sus funciones y en el art. 53 .1 se regula como principio ético «que los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de la norma que integran el ordenamiento jurídico» e inmediatamente vuelve a remarcar que su actuación se fundamentará en consideraciones objetivas « . .. orientadas hacia la imparcialidad y el interés común al margen de cualquier otro factor que expresa posiciones personales, familiares, corporativas, cliente lares, o cualesquiera otra que puedan colisionar con éste principio». “Por todo ello le solicito que : “Ponga fin a esta situación y proceda a dictar Resolución por la que se proceda a la aprobación de la solicitud de prestación social demandada”. Segundo. El 11 de abril de 2018, el Alcalde- Presidente dicta Decreto por el que acuerda “desestimar la petición de la Sra. [reclamante] de abono de gafas progresivas para su cónyuge”, al no haberse aportado la documentación que se le había requerido. Tercero. Con fecha 25 abril de 2018, la interesada interpone “recurso de reposición, en base al art. 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” (en adelante, LPAC) contra el citado Decreto de 11 de abril de 2018, al considerar que se había incurrido en un error puesto que la entidad local sí disponía de la documentación en cuestión. En consecuencia, en el recurso de reposición se solicitaba en primer término que se dejara “sin efecto dicho acto administrativo, por ser contrario a derecho”; pero se añadía a continuación: “Segundo: en base a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información y buen gobierno solicito me remitan la siguiente información, referidas a las prestaciones sociales correspondientes a cónyuge a cargo, abonadas en el ejercicio 2017, salvaguardando los datos personales protegidos por Ley: Criterio adoptado por la Unidad de Personal sobre la documentación a requerir como justificativa de la condición de cónyuge a cargo y requisitos que se valoran; Número de solicitudes abonadas por este concepto en el ejercicio 2017; Número de personas a las que se le ha requerido documentación acreditativa que justifique la prestación; Tipo de documentación requerida a esas personas; Copia del informe técnico en el que se apoya la Resolución de Alcaldía de fecha 11/4/2018 por la que se desestima la prestación solicitada por la interesada”. Cuarto. El 17 de julio de 2018, tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a su solicitud de información de 25 de abril de 2018. Quinto. El 24 de julio de 2018, se comunica a la persona reclamante la iniciación del procedimiento para resolver sus reclamaciones. El mismo día, se solicita al Ayuntamiento reclamado el expediente derivado de la solicitud, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver las reclamaciones. Dicha solicitud es comunicada a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del Ayuntamiento por correo electrónico en la misma fecha. Sexto. El 3 de agosto de 2018 tuvo entrada escrito del Ayuntamiento en el que informa que “el recurso de reposición interpuesto por la Sra. [reclamante] en fecha 25 de abril de 2018, se encuentra actualmente en trámite[...]”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. La ahora reclamante presentó una solicitud de prestaciones sociales de abono de gafas progresivas ante el Ayuntamiento de El Ejido; pretensión que sería desestimada por Decreto de la Alcaldía, fechado el 11 de abril de 2018, al no haber aportado la interesada la documentación que se le había requerido. Contra esta decisión interpuso recurso de reposición con base en la LPAC, en el que, tras indicar que se había cometido un error habida cuenta de que la entidad local sí disponía de la documentación en cuestión, solicitaba que se dejara “sin efecto dicho acto administrativo por ser contrario a derecho”. El escrito del recurso terminaba, sin embargo, con una segunda solicitud con la que se pretendía acceder a determinada información referente a prestaciones sociales abonadas en el ejercicio 2017 [Antecedente Tercero). Y es precisamente contra la desestimación presunta de este recurso de reposición frente a la que se formula la presente reclamación. Una vez esbozados los precedentes de la reclamación, se hace evidente que la misma no puede ser admitida a trámite. La intervención de este Consejo sólo puede producirse en el marco de un iter procedimental que está regulado en la legislación de transparencia, y que obviamente no puede quedar a disposición de las partes. Para que pueda válidamente interponerse una reclamación ante el Consejo, es premisa imprescindible que el procedimiento se inicie con la presentación de una específica solicitud de información que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG); y es únicamente ante la resolución expresa o presunta de una solicitud de información concebida en tales términos cuando queda expedita la reclamación potestativa ante el Consejo (art. 24 LTAIBG; art. 33.1 LTPA). Y, como es palmario, no ha sucedido así en el presente caso. Es más; si el Consejo entrara a conocer de esta reclamación no estaría sino instaurando, de hecho, una tercera vía impugnatoria para revisar decisiones recaídas en procedimientos inicialmente ajenos a las leyes reguladoras de la transparencia, lo que manifiestamente escapa a la configuración institucional de las autoridades de control efectuada por dicha legislación. En resumidas cuentas, no cabe sustanciar en el marco de la LTPA la reclamación contra la desestimación presunta de la pretensión formulada por la interesada vía recurso de reposición. Y, en consecuencia, no cabe sino acordar la inadmisión a trámite de la presente reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) por denegación de información pública.