Reclamación contra el Ayuntamiento de Carboneras por denegación de acceso a información sobre embargos de empresas

RESOLUCIÓN 337/2019, de 16 de diciembre Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) por denegación de información pública (Reclamación núm. 308/2018). ANTECEDENTES Primero. La ahora reclamante presentó, el 23 de Julio de 2018, ante el Ayuntamiento de Carboneras un escrito en el que solicitaba el “[a]cceso a la información/documentación sobre embargos y otros informes de las empresas European y Satek”. Segundo. Con fecha 2 de agosto de 2018, el Ayuntamiento de Carboneras dicta resolución del siguiente tenor: “FUNDAMENTOS “La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 4: “«1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: “a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. “b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. “c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. “Por ello, y vista la documentación que conforma el expediente administrativo, se concluye que no recae sobre la solicitante la cualidad de interesada en el procedimiento, ni tiene derechos que puedan resultar afectados por el procedimiento administrativo seguido contra EUROPEAN SUN HOUSES COMPANY S.L., conforme preceptúa el artículo 4 de la Ley 39/2015, por lo que se DESESTIMA el acceso a la documentación requerida”. Tercero. El 16 de agosto de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la resolución del Ayuntamiento de Carboneras, en la que la reclamante manifiesta: “Que con fecha 23 de julio de 2018, presenté escrito en el Ayuntamiento de Carboneras solicitando acceso a la información, en relación con la Providencia de Embargo que dicho Ayuntamiento dictó contra la empresa y demás documentos en relación con las empresas EUROPEAN SUN HOUSES COMPANY, S.L. y SATEK, SL, cuyo expediente está cerrado. “Que el acceso me ha sido denegado, alegando el Ayuntamiento para ello el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. “Que no estando conforme con la resolución del ayuntamiento, por no concurrir ninguna de las excepciones que, por venir impuestas por las leyes, condicionan y limitan el acceso a los documentos obrantes en los archivos y registros públicos, y por tanto no existe razón para obstaculizar el acceso a la información, por lo que debo entender y estimar que el rechazo administrativo al acceso solicitado carece de justificación y resulta contrario a derecho. “En base a lo anterior interpongo reclamación al amparo del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. “En su virtud, solicito la estimación de esta reclamación y sea reconocido el derecho de acceso a la información solicitada”. Cuarto. Con fecha 18 de septiembre 2018, se dirige al interesado comunicación de inicio del procedimiento de resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del órgano reclamado, el día 20 de septiembre de 2018. Quinto. Con fecha 12 de diciembre de 2018, se reitera al órgano reclamado solicitud de expediente e informe y alegaciones. Sexto. Hasta la fecha no consta a este Consejo respuesta alguna del órgano reclamado a la documentación solicitada por este consejo ni remisión de la información por parte del órgano reclamado a la interesada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Antes de entrar a resolver el fondo de la reclamación conviene reseñar que el Ayuntamiento de Carboneras no ha contestado a los diversos requerimientos de informe y expediente formulados por este Consejo. No parece ocioso recordar al respecto que la falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones puede constituir una infracción grave, según establece el artículo 52.2 c) LTPA. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley” . Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “[l]a tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, se solicitó al Ayuntamiento la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Tercero. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Cuarto. Con la solicitud que está en el origen de esta reclamación, la solicitante pretendía acceder a la “información/documentación sobre embargos y otros informes de las empresas European y Satek”. Pretensión que sería desestimada por el Ayuntamiento interpelado, arguyendo que la ahora reclamante no ostentaba la “cualidad de interesada en el procedimiento, ni tiene derechos que puedan resultar afectados por procedimiento”. Y frente a esta resolución denegatoria interpondría la presente reclamación, en la que se insistiría que su finalidad era acceder a la información referente a la “Providencia de Embargo que dicho Ayuntamiento dictó contra la empresa y demás documentos en relación con las empresas EUROPEAN SUN HOUSES COMPANY, S.L. y SATEK S.L., cuyo expediente está cerrado”. Pues bien, como es sabido, la ciudadanía, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos del transcrito art. 2 a) LTPA. Pero es que, además, como hemos tenido ocasión tantas veces de reiterar -entre ellas, la información de naturaleza económica, resultando por tanto del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos referentes a las decisiones en materia de gastos e ingresos adoptadas por las Administraciones públicas: “[…] resulta incuestionable que la información referente a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos y la subsiguiente utilización de los mismos constituye un eje central de la legislación en materia de transparencia” (por todas, Resolución 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º). Y así vino a reconocerlo explícitamente el legislador en el arranque mismo del Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. Por consiguiente, habida cuenta de que el Ayuntamiento no invocó ningún límite ni ninguna causa de inadmisión en el trámite de alegaciones concedido para justificar la retención de la información, la aplicación de la regla general de acceso a la información pública a la que hicimos referencia en el anterior fundamento jurídico debería conducirnos directamente a estimar la reclamación y, consecuentemente, a declarar que debe facilitar a la reclamante la totalidad de la información pretendida, previa anonimización de los datos personales que eventualmente pudiera contener la misma (art. 15.4 LTAIBG). Quinto. Y, sin embargo, concurre en el presente caso una circunstancia que impide que este Consejo pueda inmediatamente estimar en su integridad la reclamación planteada y, consecuentemente, conceder el acceso a la totalidad de la información solicitada. Sí es posible, ciertamente, declarar que el Ayuntamiento debe facilitar en este momento a la solicitante copia de la providencia de embargo dictada por la entidad municipal, pero no cabe extender esta declaración a la restante información objeto de la solicitud, toda vez que la divulgación de esta última puede incidir directamente en los intereses de las empresas involucradas. En efecto, tras examinar el expediente, se ha podido comprobar que el Ayuntamiento reclamado, en el procedimiento de resolución de la solicitud de información, omitió la concesión del trámite de alegaciones a los terceros susceptibles de ser directamente afectados en caso de concederse el acceso a la referida información (EUROPEAN SUN HOUSES COMPANY S.L., Y SATEK). Este trámite resulta determinante para permitir a los afectados directamente por la difusión de la información alegar lo que a sus derechos e intereses convenga, según se desprende del artículo 19.3 LTAIBG: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. En consecuencia, considerando que quedan perfectamente identificados para el Ayuntamiento interpelado los terceros que pueden resultar afectados por la mencionada información, y no constando a este Consejo que se haya concedido dicho trámite, procede retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que la entidad municipal conceda el trámite de alegaciones previsto en el mencionado art. 19.3 LTAIBG, tras el cual proseguirá la tramitación hasta dictar la resolución que corresponda. Sexto. Así pues, constatada Ia inobservancia de lo previsto en el art. 19.3 LTAIBG en el procedimiento de resolución de la solicitud por parte del Ayuntamiento respecto de la referida información, procede retrotraer el procedimiento con base en el artículo 119.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al momento en que se conceda el citado trámite de alegaciones a quienes puedan resultar afectados por la información, y seguir la tramitación hasta dictar resolución expresa. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) por denegación de información pública. Segundo. Instar al referido Ayuntamiento a que, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, ofrezca a la reclamante el acceso a la providencia de embargo de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento Jurídico Quinto, dando cuenta de lo actuado a este Consejo en el mismo plazo. Tercero. Instar a dicho Ayuntamiento a que, asimismo en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente resolución, proceda a realizar las actuaciones que correspondan en relación con la restante información solicitada, según lo expresado en los Fundamentos Jurídicos Quinto y Sexto, debiendo remitir a este Consejo en el mismo plazo copia de lo actuado. Y tras lo cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente por parte del Ayuntamiento reclamado. El plazo para dictar resolución es de un mes a contar desde la notificación de esta Resolución, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada del artículo 19.3 LTAIBG.