Reclamación por denegación de información pública sobre el servicio de aguas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

RESOLUCIÓN 349/2019, de 23 de diciembre Asunto: Reclamación interpuesta por XXX, en representación de la Asociación Coordinadora del Agua de Jerez, contra el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública (Reclamación núm. 286/2018). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 15 de marzo de 2018, escrito dirigido al Ayuntamiento de Jerez por el que solicita: “En virtud de lo estipulado como norma; en lo que se considera como el Portal de la Transparencia de nuestro Ayuntamiento, herramienta fundamental que facilita que los ciudadanos puedan tener acceso a información sobre temas de su localidad, “SOLICITAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA AL SERVICIO DE AGUAS DE JEREZ: “1) Personas que forman parte actualmente del Servicio Técnico Municipal, cualificación profesional y funciones que desempeñan en dicho servicio. “2) Si se ha realizado alguna convocatoria interna para cubrir los puestos necesarios para que el S.T.M. pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio tal como recoge el pliego de cláusulas administrativas. En su caso, resultado de la misma. “3) La relación de propuestas de inversiones para consenso y aprobación anuales presentadas por el Concesionario (apartado 7.4. del Pliego de Prescripciones Técnicas). “4) La relación de aportaciones realizadas al Plan Director de Infraestructuras realizadas por el Concesionario (apartado 7.5. del PPT). “5) La relación de obras a realizar con las inversiones aprobadas previamente por el S.T.M (apartado 8.10.2 a) PCA). “6) Las actuaciones de seguimiento llevadas a cabo del Plan Director de Infraestructuras por el S.T.M. (apartado 8.10.2 e) PCA). “7) En relación a los apartados 3.2. y 8.1. del Pliego de Condiciones Administrativas y 7.4. del Pliego de Prescripciones la relación de inversiones realizadas en los últimos cinco años con arreglo a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas por el Concesionario. “Todo lo solicitado, es con referencia y apoyo en lo convenido en Pliego de Condiciones, que se generó como de obligado cumplimiento mutuo, en la Concesión Administrativa a Aqualia de nuestro servicio de aguas en el año 2.013 y que añadimos en esta SOLICITUD: “PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BAJA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA “De acuerdo con el apartado 3.2. Inversiones del Pliego. “«El adjudicatario deberá realizar las inversiones que constan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, fijado en 1.000.000 € (UN MILLÓN DE EUROS) anualmente. “Así mismo estará obligado a invertir anualmente la cantidad que haga constar en su oferta, importe que deberán ser actualizados anualmente conforme al índice General de Precios al consumo, interanual a septiembre de cada año. “Para el año 2013, el importe de las inversiones a ejecutar por el Concesionario sera prorrateado por los meses que resten desde la adjudicación del contrato». “Igualmente, el capítulo de inversiones en relación a la ejecución del servicio (apartado 8.1.) "«El adjudicatario estará obligado, además de al pago del canon de la forma establecida, a llevar a cabo las inversiones por el importe de 1.000.000. € (un millón de euros) determinado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y en su caso, la consignada en su oferta como importe de la inversión anual por encima de la cuantía mínima exigida. “La ejecución de estas inversiones se realizará con arreglo a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y para ello se redactarán los oportunos proyectos que, tras su aprobación por el Ayuntamiento, programarán su ejecución y realización. “Los precios a aplicar a las obras, serán los establecidos actualmente en la base de precios de AJEMSA (Anexo 2.7), que el adjudicatario podrá revisar anualmente según las variaciones que haya experimentado el IPC en el año inmediatamente anterior. La primera revisión se podrá realizar en Enero de 2014. No obstante lo anterior, cada cinco años el Ayuntamiento podrá autorizar los nuevos precios, previa petición del adjudicatario». “En relación al Servicio Técnico Municipal (S.T.M.) el apartado 8.10 del Pliego de Condiciones Administrativas determina que: "«El Ayuntamiento designará una Comisión (Servicio Técnico Municipal) constituida por personal técnico municipal perteneciente al Ente Local o de cualquier Organismo o empresa municipal participada, que tendrá la función de inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio así como la fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos reguladores, supervisando la correcta aplicación de las prescripciones técnicas de ellos derivadas, de la normativa vigente que le sea de aplicación, así como de todos aquellos extremos incluidos en la oferta, que constituirán obligaciones esenciales del contrato». “El Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación para la concesión de gestión del servicio incluye igualmente una serie de cuestiones relacionadas con las inversiones. “Así, en relación a las inversiones, el apartado 7.4. regula las actuaciones a acometer por cuenta y cargo del Concesionario determinando que: “[...] «al inicio de cada ejercicio el Concesionario presentara al Ayuntamiento propuesta de inversiones para consenso y aprobación. Las inversiones serán justificadas anualmente y compensadas, según proceda, con el año anterior o posterior, presentando un balance a final de año del gasto incurrido, debiendo justificarlo, según el caso, mediante certificaciones con las trasferencias realizadas para tales gastos o cualquier otro medio de justificación suficiente a juicio de los S.T.M". “Para justificar, compensar o alcanzar los importes comprometidos anualmente, el Concesionario podrá optar por ejecutar otras obras relacionadas con los SMAAAD, cualesquiera que estas sean, incluso las contempladas en el Plan Director de Infraestructuras. En cualquier caso, se propondrán a los S.T.M. para su aprobación por el Ayuntamiento “Así mismo, el Concesionario podrá realizar, a su costa, las obras que estime convenientes con el objeto de disminuir los costes de explotación, conservación y mantenimiento del servicio”. En relación al Plan Director de Infraestructuras (P.D.I.) actual (apartado 7.5. del pliego): "«el Concesionario estará obligado a revisar y dar conformidad, plantear objeciones y/o correcciones al Plan Director de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración, redactado con motivo del Plan General de Ordenación Urbana en vigor. Revisión que se realizará antes de transcurrir 18 meses desde la firma del contrato de la concesión. Posteriormente, cada cuatro años, para corregir o adaptar discrepancias, ajustes o adecuaciones que procedan, siempre en coordinación con la Delegación Municipal de Urbanismo. “En la revisión de las obras incluidas en el P.D.I. el Concesionario propondrá a los S.T.M la asignación o reparto de estas obras para que, una vez analizadas y consensuadas puedan ser ejecutadas en razón a su necesidad. Estas obras se ejecutarán con cargo a: “• Los Promotores de Sectores o suelos urbanizables, lo que deberá ser instrumentado, en algunas ocasiones, mediante convenios entre las partes, bajo la coordinación y supervisión de la Delegación Municipal de Urbanismo. “• Ayuntamiento, directamente o convenidos con otras administraciones. “• Por el Concesionario con cargo a las inversiones comprometidas en el apartado 7.4. anteriormente descrito»". Segundo. El 24 de julio de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Tercero. Con base a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 36/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), se concedió un plazo para subsanación de deficiencias advertidas en la reclamación, y para que acredite la representación con la que actúa. Dicho plazo se le concede por oficio de 27 de julio de 2018, que resulta notificado el 1 de agosto de 2018, siendo subsanado el 7 de agosto de 2018. Cuarto. Con fecha 2 de octubre de 2018 se dirige al reclamante comunicación de inicio del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia o equivalente del órgano reclamado el 3 de octubre de 2018. Quinto. Hasta la fecha no consta la remisión del expediente derivado de la solicitud, informe y alegaciones ni la remisión de la información por parte del órgano reclamado al interesado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al Ayuntamiento concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG). A este respecto no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Por otra parte, el Ayuntamiento no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado con fechas 2 y 3 de agosto de 2018. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley” . Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “[l]a tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada al Ayuntamiento la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no ha sido remitida a este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Cuarto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Quinto. La presente reclamación trae causa de un escrito de solicitud con el que la “Asociación Coordinadora del Agua de Jerez” pretendía acceder a determinada “información relativa al servicio de aguas de Jerez”; más concretamente, aspiraba a conocer ciertos aspectos incluidos como obligaciones en los Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen la concesión del servicio de abastecimiento de agua en Jerez de la Frontera. Se nos plantea, así, nuevamente una controversia en la que la Administración interpelada, para dar satisfacción a las pretensiones del solicitante de la información, puede requerir el concurso o participación de un adjudicatario de contrato público. Un asunto que abordamos frontalmente en la Resolución 382/2018, que ahora resulta pertinente recordar al objeto de resolver el presente supuesto. Como señalamos en su FJ 4º: “[N]uestra legislación trata de precaver la aparición y el mantenimiento de zonas opacas o de penumbra respecto de la información obrante en personas privadas que no están directamente constreñidas al cumplimiento de las principales obligaciones de transparencia (derecho de acceso y publicidad activa). En este sentido, el artículo 4 LTAIBG impone a dichas personas la “obligación de suministrar información” a las correspondientes Administraciones públicas con las que se encuentren vinculadas, al objeto de que éstas puedan atender las propias obligaciones de transparencia que la Ley les exige. Y, en consonancia con esta disposición, el art. 17.1 LTAIBG establece que, cuando la información pretendida se halle en posesión de tales personas físicas o jurídicas, “la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas”. Previsiones de la LTAIBG que han sido desarrolladas en el artículo 4 LTPA, puesto que incorpora determinadas medidas que pueden facilitar la obtención de dicha información: la fijación de un plazo de quince días, desde el requerimiento, para el suministro de la misma (art. 4.1) y la posibilidad de imponer multas coercitivas en caso de incumplimiento del requerimiento (art. 4.4). Además, el segundo apartado del art. 4 LTPA -que resulta de más directa aplicación al presente caso- establece sobre el particular: “Esta obligación [de suministrar información] se extenderá a las personas adjudicatarias de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. A estos efectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento contractual equivalente especificarán dicha obligación”. Así pues, para decirlo con los términos empleados en el citado FJ 4º de la Resolución 382/2018, “en mérito de la transparencia, el transcrito art. 4.2 LTPA añade como una obligación ex lege que pende sobre el sector público andaluz la de recoger explícitamente en los referidos pliegos o documentos equivalentes el modo en que debe llevarse a efecto el suministro de la información, garantizándose así el adecuado flujo de datos desde las personas adjudicatarias a la Administración concernida y, con ello, que ésta pueda hacer frente a las responsabilidades impuestas por la legislación reguladora de la transparencia; responsabilidades de entre las cuales descuella sin duda la de atender el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.” Sexto. Pero con independencia de estos cauces que las Administraciones deben necesariamente transitar al objeto de recabar la información obrante en los adjudicatarios de los contratos, ha de tenerse presente que algunos extremos de la solicitud que nos ocupa pueden ser inmediatamente atendidos por el Ayuntamiento, al versar sobre información que puede suministrarse de forma directa por el mismo. Abordaremos, pues, a continuación las diversas peticiones de información sobre las que ha recaído el silencio. En primer lugar, se pretende conocer las “personas que forman parte actualmente del Servicio Técnico Municipal (S.T.M.), cualificación profesional y funciones que desempeñan”, y “si se ha realizado alguna convocatoria interna para cubrir los puestos necesarios para que el S.T.M. pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio”. Sobre este particular, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, el punto 8.10 del Pliego en cuestión dispone, respecto del Servicio Técnico Municipal (S.T.M.), lo siguiente: “El Ayuntamiento designará una Comisión (Servicio Técnico Municipal) constituida por personal técnico municipal perteneciente al Ente Local o de cualquier Organismo o empresa municipal participada, que tendrá la función de inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio así como la fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos reguladores, supervisando la correcta aplicación de las prescripciones técnicas de ellos derivadas, de la normativa vigente que le sea de aplicación, así como de todos aquellos extremos incluidos en la oferta, que constituirán obligaciones esenciales del contrato”. Se trata de uno de los extremos de la solicitud de información que bien puede atender de modo directo el Ayuntamiento, por cuanto es quien designa a los miembros y decide las convocatorias internas necesarias para cubrir los puestos de la Comisión. Pues bien, en la medida en que el Ayuntamiento interpelado no ha alegado ningún límite ni ninguna causa de inadmisión que permita justificar la retención de dicha información, la aplicación de la regla general de acceso a la información a la que hicimos referencia supra en el FJ 4º podría conducirnos directamente a estimar la reclamación en lo concerniente a esta concreta petición. Y, sin embargo, concurre en el presente caso una circunstancia que impide que este Consejo pueda adoptar en este momento dicha decisión y acordar, en consecuencia, que se ponga la misma a disposición de la entidad reclamante. En efecto, no consta en modo alguno que el Ayuntamiento, en el procedimiento de resolución de la solicitud de información, concediera el trámite trámite de alegaciones a los terceros afectados por el derecho de acceso. Este trámite resulta determinante para permitir a los afectados por la difusión de la información alegar lo que a sus derechos e intereses convenga; razón por la cual el artículo 19.3 LTAIBG se expresa en términos inequívocamente imperativos: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Por consiguiente, considerando que quedan perfectamente identificados para el Ayuntamiento interpelado los terceros que pueden resultar afectados por la información referida, y no constando a este Consejo que se haya concedido dicho trámite, procede retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que la entidad municipal conceda el trámite de alegaciones previsto en el mencionado art. 19.3 LTAIBG, tras el cual proseguirá la tramitación hasta dictar la resolución que corresponda. Séptimo. Seguidamente hemos de examinar las restantes peticiones de información contenidas en la solicitud, a saber: “3. La relación de propuestas de inversión para consenso y aprobación anuales presentadas por el Concesionario (apartado 7.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas); 4. La relación de aportaciones realizadas al Plan Director de Infraestructuras realizadas por el concesionario (apartado 7.5 del PPT); 5) La relación de obras a realizar con las inversiones aprobadas previamente por el S.T.M (apartado 8.10.2 a) PCA). 6) Las actuaciones de seguimiento llevadas a cabo del Plan Director de Infraestructuras por el S.T.M. (apartado 8.10.2 e) PCA); 7) En relación a los apartados 3.2. y 8.1. del Pliego de Condiciones Administrativas y 7.4. del Pliego de Prescripciones la relación de inversiones realizadas en los últimos cinco años con arreglo a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas por el Concesionario”. Se trata, como es palmario, de unas pretensiones que son inequívocamente reconducibles a la noción de “información pública” de la que parte la legislación reguladora de la transparencia, pues entiende por tal toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Por consiguiente, habida cuenta de que el Ayuntamiento interpelado no ha alegado ningún límite ni causa de inadmisión que justifique retener la referida información, este Consejo no puede por menos que estimar la reclamación respecto de dichas peticiones de información, en virtud de la regla general de acceso a la información citada supra en el FJ 4º. La entidad municipal debe ofrecer por tanto la misma a la reclamante, ya directamente por cuanto obre en sus dependencias al haberla obtenido en el ejercicio de sus funciones, o, en caso contrario, recabando la misma del adjudicatario mediante el requerimiento previsto en el art. 4.1 LTPA. Tal información debe proporcionarse previa disociación de los datos de carácter personal que eventualmente pudieran contenerse en la misma (art. 15.4 LTAIBG). Y, en el supuesto de que no existiera algunos de los extremos de la información señalada, el Ayuntamiento habrá de transmitir expresamente esta circunstancia a la entidad solicitante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX, en representación de la Asociación Coordinadora del Agua de Jerez, contra el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) a que, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente Resolución, ofrezca a la entidad reclamante la información indicada en el Fundamento Jurídico Séptimo, dando cuenta de lo actuado a este Consejo en el mismo plazo. Tercero. En lo concerniente a la información identificada en el Fundamento Jurídico Sexto, ordenar la retroacción del procedimiento de resolución de la solicitud al momento que se otorgue el período de alegaciones mencionado en dicho Fundamento Jurídico, tras el cual debe continuarse el procedimiento hasta dictarse la resolución correspondiente. El plazo para dictar la resolución es de veinte días a contar desde la notificación de esta resolución, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada de la aplicación del artículo 19.3 LTAIBG.