Reclamación por denegación de información pública relativa al expediente de desafectación de parcelas del campo comunal en El Granado

RESOLUCIÓN 360/2019, de 30 de diciembre Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de El Granado (Huelva) por denegación de información pública (Reclamación núm. 298/2018). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 6 de marzo de 2018, escrito dirigido al Interventor del Ayuntamiento de El Granado, por el que solicita: “1.- Examinar el expediente 2017/PGP_02/000002 de desafectación de determinadas parcelas del campo comunal. “2.- Fotocopia compulsada de toda la documentación incluida en dicho expediente. ”3.- Se me indique si existe informe comprensivo de cese de la[s] actividades comunales que motiven la alteración de la calificación jurídica de tales bienes. Si existiera, copia compulsada del mismo”. Segundo. El mismo día 6 de marzo de 2018, presentó otro escrito dirigido a la Alcaldesa del Ayuntamiento de El Granado (Huelva) por el que solicita: “1.- Examinar el expediente 2017/PGP_02/000002 de desafectación de determinadas parcelas del campo comunal. “2.- Fotocopia compulsada de toda la documentación incluida en dicho expediente. Tercero. Con fecha 14 de marzo de 2018, el Ayuntamiento comunica al interesado que: “Vista su solicitud de acceso presencial al expediente 2017/PGP_02/000002 dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta en fecha 6 de marzo de 2018 con registro de entrada n.º 239, se pone en su conocimiento que el mismo está habilitado a su disposición para consulta en Sede Municipal, en los términos del art. 53 de la Ley 39/2015 y los arts. 17 de la Ley 19/2013, de Transparencia y 28 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía”. En el mismo documento el interesado indica que “se accede al examen presencial pero ya fuera del plazo de información pública y por tanto sin opción a presentar recurso de reposición en plazo”. Cuarto. El 2 de abril de 2018, el interesado dirige escrito a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, del siguiente tenor: “ASUNTO: INTERESANDO MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE ACCESO A EXPEDIENTE 2017/PGP_02/000002, APROBADO POR ACUERDO DEL PLENO DE CORPORACIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017, EN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. “[nombre, domicilio, y NIF del reclamante], me permito EXPONER lo siguiente: “Recibo comunicación del Ayuntamiento de El Granado de fecha 14/03/2018 permitiendo el acceso presencial a partir de dicha fecha, al expediente del asunto, tras solicitud efectuada por este interesado con fecha 6/03/2018. “Dicho expediente viene anunciado en el BOP de Huelva de fecha 8 de febrero del presente año. En el mismo se anuncia que el repetido expediente estaría a disposición de quien quisiera examinarlo en las dependencias del Ayuntamiento por plazo de 1 mes. “Que el plazo para examinar el expediente terminaba el día 8/03/2018, es decir, al mes de anunciado en el BOP (8/02/208[sic]) “Que este interesado fue a las dependencias municipales el día 6 de marzo, dos días antes de finalización del plazo de examen dado. “Que solicitó verbalmente al Sr. Secretario Interventor del Ayuntamiento la vista del expediente del asunto. Hasta en cuatro ocasiones denegó el acceso a este funcionario la vista de los documentos que interesaba ver. Aparte de comentarios sobre el contenido de la documentación solicitada solo se limitó a indicarme que solicitara por escrito dicho examen. “Que ante esta denegación no tuve otra alternativa que marcharme, tras solicitar por escrito la petición de examen que interesaba, así como FOTOCOPIA COMPULSADA de la documentación contenida en el expediente de referencia. “También se puso una QUEJA, en solicitud genérica facilitada por el funcionario del registro, donde se da cuenta de todo lo que antecede. “Que resulta INTOLERABLE en un Ayuntamiento de la España del Siglo XXI que cualquier ciudadano vaya a examinar un expediente en plazo de exposición pública y que tenga que irse sin poder verlo. “Siendo dueño de mi propia autonomía personal, soy quien decido cuando debo acudir a la administración en busca de información y que cumpliendo la Ley y dentro del término de la misma, tengo perfecto derecho de acceso a lo solicitado, sin esperar la graciosa y aleatoria benevolencia de cualquier autoridad pública. Solo admito el fuero de la Ley no la discrecionalidad errática de la Sra. Alcaldesa. “Que ya que se cita a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, ADEMÁS DE RESOLVER LA QUEJA registrada en ese Ayuntamiento, “SOLICITO de esa entidad local LA MOTIVACIÓN DE LA DENEGACIÓN DE ACCESO EN PERIODO HÁBIL DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATADO AL AMPARO DEL ART.7.C DE LA LEY DEL PÁRRAFO ANTERIOR. “TAMBIÉN SOLICITO, REITERANDO PETICIÓN, FOTOCOPIA COMPULSADA DE TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DEL ASUNTO.” Quinto. El 2 de mayo de 2018 el Ayuntamiento notifica al interesado acuerdo plenario con el siguiente contenido: “En la Sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, de 5 de abril de 2018, según consta en el acta de la misma, se adoptó el siguiente acuerdo que se transcribe de manera literal: “CUARTO.-TOMA DE RAZÓN DE ESCRITOS PRESENTADOS CONTRA ACUERDO DE PLENO DE 22/12/17 DE DESAFECTACIÓN DE DETERMINADAS PARCELAS DEL CAMPO COMUNAL DE EL GRANADO Y RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS. “En fecha 19/03/2018 con n.º de registro de entrada 268 se ha recibido en este Ayuntamiento escrito denominado “ALEGACIONES CONTRA DESAFECTACIÓN DEL CAMPO COMUNAL DE EL GRANADO, TRAS EXPEDIENTE 2017/PGP-02/000002, APROBADO POR ACUERDO DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017” firmado por D. [nombre del ahora reclamante] en relación al acuerdo definitivo de desafectación de bienes comunales objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva n.º 28 de 08/02/2018. En el mismo, se solicita se «revierta la segregación de las parcelas 7,8, y 9 del polígono 17,1 y 2 del polígono 18 y 1, 2 y 3 del polígono 19 y se proceda a revertir igualmente la calificación jurídica de esta parte del campo comunal para que siga ostentando la condición de dominio público comunal que nunca debió perder. “Los datos catastrales de las parcelas son los siguientes: […] “Visto el informe de Secretaría de 02/04/2018 emitido tras requerimiento de la Presidencia en la misma fecha, visto que el 17/12/2017 concluyó el plazo de alegaciones concedido a tal fin sin que se hubieran presentado alegaciones, considerando que el escrito debe recibir el tratamiento de recurso de reposición contra el acuerdo plenario de 22-12-17 y vista la propuesta de Alcaldía, se procede a la votación con el siguiente resultado: […] “Por lo que con el resultado de 3 votos a favor, ninguno en contra, y 2 abstenciones, el Pleno de la Corporación acuerda: “PRIMERO.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por D. [nombre del ahora reclamante] con n.º de registro de entra 268 de 19/03/2018 por los siguiente motivos: “Recurso interpuesto fuera de plazo al haberse presentado el 14/03/2018 en el registro del órgano de la Subdelegación del Gobierno de Huelva y concluir el plazo a tal fin el 08/03/2018”. Sexto. El 25 de junio de 2018, el ahora reclamante, solicita “revisión de oficio de actos de la entidad local referido al acuerdo plenario de desafectación y alteración jurídica del campo comunal de El Granado, tras expediente 2017/PGP-02/000002, aprobado de diciembre de 2017, al amparo del artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Séptimo. El 16 de julio de 2018, el Ayuntamiento inadmite la solicitud de revisión de oficio presentada el 25 de junio de 2018. Octavo. El 6 de agosto de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a su solicitud de información de 6 de marzo de 2018, y manifiesta que: “He solicitado copia compulsada del expediente de desafectación del bien comunal, Campo Comunal de El Granado, con fecha 6 de marzo del presente año. Solicité tanto el examen como la copia que interesa, no se accedió a el examen en período de información pública (que terminaba el 8 de marzo) pero con fecha 14 de marzo se accede a su examen presencial (fuera de plazo y por tanto fuera también de plazo para formular recurso), la copia compulsada se ha pedido tanto por escrito como verbalmente al Sr. secretario Interventor sin respuesta, se ha pedido también a la Delegación del Gobierno en Huelva y esta remite nuevamente al Ayuntamiento, siendo por tanto infructuosa la petición formulada con fecha 6 de marzo y pasado un tiempo más que prudencial se solicita ante ese Consejo de Transparencia. Ninguna de las solicitudes de información que se le hace a esta Entidad Local son atendidas como regla general. Contesta a una revisión de oficio solicitada por varios vecinos de la manera que se adjunta a la presente reclamación”. Noveno. Con fecha 13 de agosto de 2018 se dirige al interesado comunicación de inicio del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia o equivalente del órgano reclamado el 14 de agosto de 2018. Décimo. El 3 de septiembre de 2018 tiene entrada escrito del órgano reclamado en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación, informa: “En fecha 17/08/2018, con nº de registro de entrada 698, se ha recibido en este Ayuntamiento de El Granado comunicación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en relación a una reclamación interpuesta por D. [nombre reclamante] sobre su solicitud de acceso al expediente 2017/PGP_02/00002, instruido para desafectar determinadas parcelas del denominado "Campo Comunal de El Granado". “Vista la descripción de las actuaciones que se recogen en el escrito de interposición, se pone en su conocimiento que en fecha 25/07/2018 se remitió a ese órgano Consejo de Transparencia y Protección de datos escrito de alegaciones acompañado de informe del Secretario y demás documentación relevante (expte. Municipal 2018/AQS_02/000007), en relación a una denuncia presentada por el mismo interesado D. [nombre reclamante], con una identidad sustancial del asunto, por cuanto la motivación del mismo en una supuesta denegación de su derecho de acceso a información pública, a fin de que sea tenida en cuenta en este trámite de alegaciones. La referencia del expediente abierto por la denuncia es DPA-TA- 264/2018, recibida en este Ayuntamiento el 18/07/2018, con nº de registro de entrada 637. “Se tiene constancia de la recepción por ese órgano el 30/07/2018. “Vista la similitud de las pretensiones, se le ruega tenga en cuenta la remisión del expediente anteriormente mencionado 2018/AQS_02/000007, con el escrito de alegaciones ya presentado, así como el informe de Secretaría que fue emitido al efecto y el resto de documentación aportado, obrantes en las dependencias del Consejo. “En lo referente a la inadmisión de la tramitación de la revisión de oficio, solicitud presentada por el reclamante con su firma y la de otros ciudadanos, con registro de entrada en este Ayuntamiento número 589, de fecha 27/07/2018, solicitud con la documentación aneja que el reclamante no aporta en su expediente de reclamación en cuestión, que venimos a adjuntar a este escrito para su conocimiento, aportando sí el reclamante la respuesta de la titular de la Alcaldía; decir que como se desprende de tal respuesta, la misma se basó en que presentaba dudas sobre la veracidad y legitimidad del acceso a la documentación por D. [nombre reclamante], así como el uso de datos personales que el reclamante hacía en su escrito por lo que no se consideró la apertura de expediente respecto a esta solicitud hasta que se subsanaran las cuestiones expuestas“. Undécimo. Consta en el expediente de Denuncia n.º DPA-264/2018, tramitado en este Consejo, referido en su informe por el Ayuntamiento, el informe del Secretario – Interventor del Ayuntamiento, de fecha 24 de julio de 2018, en el que se expone que: “[...]QUINTO. El 06/03/2018 se persona en el despacho de este Secretario-lnterventor que suscribe, D. [nombre del reclamante] con un escrito dirigido personalmente al mismo en que solicita acceso al expediente 2017/PGP_02/000002 y fotocopia de toda su documentación. “Como se ha indicado anteriormente, la verdadera razón del anuncio efectuado en el BOP de Huelva no 28 de 08/02/2018 fue la de dar publicidad a un acto finalizador de la vía administrativa contra el que cabe recurso potestativo de reposición. Es cierto que examinado dicho anuncio se comprueba que recoge en su pie la mención al acceso al expediente y período de alegaciones de un mes, en idénticos términos al de 17 de noviembre por el que se publicitó el inicio de las actuaciones, pero esto debe entenderse como un error de redacción al haberlo usado como modelo. Conceder un nuevo período de acceso público al expediente y presentación de alegaciones supondría vulnerar lo estipulado en los art. 52 LRBRL y 123 y 124 LPAC,e ir contra la regulación de la desafectación de los bienes comunales ya expuesta, que contempla dicho trámite como preceptivo con anterioridad al acuerdo plenario. El acceso al expediente legalmente preceptivo para alegaciones se dio durante el plazo de exposición pública que finalizó el 17/12/2017, sin que nadie acudiera al mismo. Por todo ello, el acceso al expediente de desafectación solicitado el 06/03/2018 no se corresponde con la propia del trámite de información pública y formulación de alegaciones, sino que debe tratarse como una solicitud general de acceso a documentación administrativa, en los términos del art. 53.1 a) LPAC, y se articulará de acuerdo con la legislación de transparencia aplicable, Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAÍPBG) y Ley 1/2014, de 24 de Junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA). “Así pues, en primer lugar, cabe entender que el reclamante puede ser considerado interesado en el procedimiento en los términos del art. 4,1 b) LPAC. Desde esta premisa, el acceso a la documentación se sustancia con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información (art. 17 LTAIPBG), y la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver (20.1 LTAIPBG). “En idénticos términos se pronuncia la LTPA, que en su art. 28 se remite, en el acceso a la información, a la legislación básica estatal ya mencionada, indicando que será competente para la resolución del procedimiento el órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada. El art. 32 LTPA añade que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. “De este modo, el acceso que se solicitó el 06/03/2018 se debe interpretar como una solicitud que se sustancia en los términos expuestos, con un plazo para la resolución sobre la misma de un mes. “En el Ayuntamiento de El Granado, dada su reducida dimensión de plantilla y recursos, sólo existe una unidad orgánica, y un solo órgano al que dirigir la solicitud, la Alcaldía-Presidencia, que será asimismo el competente para resolver. Estas circunstancias fueron expuestas, personalmente y en repetidas ocasiones durante su personación, al reclamante, invitándole a modificar su solicitud para dirigirla al órgano competente (Alcaldesa), que le resolvería su pretensión en los términos legales expuestos. “Además, se le informó de la posibilidad de acceder a toda la información y de formular sus peticiones a través de los medios electrónicos (web y Sede Electrónica), pudiendo deducir con claridad que no sólo desconocía la posibilidad, sino que ignoraba la existencia de estos instrumentos. “Siguiendo el procedimiento contemplado en la legislación de transparencia aplicable, el 14/03/2018 la titular de la Presidencia de la Corporación autorizó el acceso al expediente al reclamante, quedando en el mismo el documento a tal fin, con nº de registro de salida 93 de 14/03/2018 y su notificación legalmente efectuada en la misma fecha. En la fecha de redacción del presente informe el reclamante no ha acudido a dependencias municipales para acceder a la documentación ni ha ejercido tal pretensión por medios telemáticos. El plazo para realizar este trámite no puede ser indefinido, por lo que, si bien no existe una mención concreta en la legislación de transparencia mencionada, se debe entender que es el general de 10 días hábiles contemplado en la normativa administrativa común (art. 73,1 LPAC), de tal modo que, si el interesado quiere ejercer su derecho de acceso, deberá presentar una nueva solicitud. “Es oportuno mencionar que en idénticas circunstancias se solicitó acceso al expediente por otro ciudadano el 06/03/2018, autorizándose mediante comunicación al efecto de 14/03/2018 (nº de registro de salida nº 94), en la que consta la notificación de la misma efectuada correctamente en esa fecha, y habiéndose producido es acceso el mismo 14/03/2018, retirando copia de todos los documentos que en aquel momento componían el expediente. De estas circunstancias queda constancia documental. “Expone en su queja el reclamante que el período de información pública terminaba el 8 de marzo, dos días después de su solicitud, siendo esta afirmación inexacta, como se ha justificado; el período de información pública y alegaciones concluyó el 17 de diciembre de 2017, de tal modo que el plazo que acababa el 8 de marzo de 2018 era el plazo para la presentación de recurso de reposición. “Por tanto, no se puede afirmar que impida el trámite de acceso al expediente, más bien al contrario, el acceso solicitado se ha articulado en los términos que determina la legislación vigente en la materia, por cuanto lo que efectivamente hubiera sido discrecional es conceder el acceso directo al mismo en los términos que erróneamente expresaba el anuncio de 08/02/2018, ya que iría contra ley, como se ha mencionado y le permitiría prevalerse de un error administrativo en dicho anuncio para obtener un trato privilegiado. “SEXTO. El 05/04/2018 se recibió en este Ayuntamiento, escrito del mismo reclamante en el que solicita, al amparo del art. 7 c) LTPA, se le informe por qué se le ha denegado el acceso al expediente en período hábil de información pública. Esta cuestión encuentra respuesta en lo ya expuesto, si bien está pendiente de tramitación al no haberse dictado orden de Presidencia a tal fin, y también ante las imitaciones por la escasez de personal cualificado en este Ayuntamiento. “En cualquier caso, el mencionado art. 7 c) LTPA determina: "Artículo 7 Derechos “Se reconocen los siguientes derechos: […] “c) Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona solicitante a que sean motivadas las resoluciones que admitan a trámite la solicitud de acceso, que denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto pardal como a través de una modalidad distinta a la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada. “Como se ha expuesto, el expediente no se encontraba ya en período hábil de información pública, sino en plazo de interposición de recurso, administrativo o jurisdiccional. “El acceso solicitado en 06/08/2018 no se denegó, se instrumentó en los términos de la legislación de transparencia y en consecuencia el ejercicio del derecho a la motivación de la denegación del acceso al expediente no cabe, al no haberse dictado resolución en este sentido, sino en el contrario, concediendo acceso el 14/03/2018. “Por otro lado, no obstante, no se puede dejar de tener presente que las administraciones públicas deben notificar o publicar sus actos "con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y Judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos" (art. 40.2 LPAC), y que esta omisión así como la inclusión de las menciones al hecho de que los interesados podrían acceder al expediente y presentar alegaciones contenidas en el anuncio de BOP de 8 de febrero de 2018 constituyen un error de hecho que la Administración podrá rectificar en los términos del art. 109 LPAC. “Observando con detenimiento el art. 110 LPAC, que tiene el siguiente contenido, "Artículo 110 Límites de la revisión “Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercido resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes." “se deduce que realmente, y no sólo centrándonos en la reclamación de D. [nombre del reclamante], no se dan exactamente los supuestos del mencionado artículo, por lo que efectivamente, procede la rectificación del error que se dio. La forma de rectificación debe ser a través de un nuevo anuncio en el BOP de Huelva que recoja el carácter de finalizador de la vía administrativa procedimiento que tiene el acuerdo y los recursos que proceden, órgano ante el que interponerlos y plazo para su interposición. El acuerdo definitivo de desafectación fue publicado en el BOP de Huelva, siendo este al que el reclamante accedió y que le insta a ejercer sus pretensiones. “SÉPTIMO. En virtud de las circunstancias de la reclamación recibida el 19/03/2018, y considerándolo como la perspectiva que otorga mayor protección a los derechos e intereses del ciudadano, lo más adecuado fue entender la misma como un recurso de reposición interpuesto contra el propio acto acuerdo plenario de 22/12/2017. Esto se refuerza por lo reconocido en el art. 115.2 LPAC al afirmar que "El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter ". “Plantear la reclamación desde esta perspectiva habilitaba al interesado a acudir a la vía jurisdiccional para ejercer su pretensión, pudiendo dirigir su recurso contencioso- administrativo contra e) acuerdo de desafectación. Esta perspectiva fue la que se consideró más garantista con los derechos del reclamante, y en estos términos se dictó acuerdo de Pleno de 05/04/2018 desestimando dicho recurso por extemporáneo. “Por ello no cabe alegar oscurantismo por parte de la Administración actuante, más aún teniendo en cuenta que a la vista del art. 10 c) RBELA el anuncio en el BOP de Huelva nº 28 de 08/02/2018 se realiza como una garantía más en defensa de los interesados y un ejercicio de transparencia, “CONCLUSIONES “PRIMERO. Las obligaciones de publicidad activa impelen a las Administraciones a hacer pública aquella información que pueda tener relevancia jurídica frente a terceros, utilizando para ello medios que posibiliten la máxima difusión y usando herramientas electrónicas que así mismo les permitan reaccionar y relacionarse con las Administraciones por esta vía. Entre esa información, se incluye el sometimiento de los expedientes a información pública. “SEGUNDO. Examinada la información expuesta al público desde esta Corporación, accesible tanto a través de la web municipal como de su sede electrónica, se comprueba que en el caso del procedimiento de desafectación se han hecho públicas tanto las convocatorias de las sesiones de Pleno donde se debatieron y adoptaron los acuerdos (es decir, los actos preparatorios, y los debates que demás [sic] eran públicos), como los acuerdos adoptados con carácter previo al definitivo. “Se han articulado también a través de estos canales los trámites de sometimiento a información pública y presentación de alegaciones, poniendo a disposición de todos los interesados medios de ejercicio de estos derechos por vía telemática, así como de cualquier otra facultad al respecto. Es decir, la información relevante se puso a su disposición por medios que garantizan su difusión y que habilitan a los interesados a ejercer sus derechos sin necesidad de acudir presencialmente al Ayuntamiento. “Por tanto, “TERCERO. Afirma el denunciante que el Secretario le indicó que el expediente no podía ser examinado en periodo de información pública sin plantear su solicitud por escrito a la Sra. Alcaldesa, siendo esta una afirmación imprecisa: D. [nombre reclamante] se personó el 06/03/2018 en dependencias municipales presentando ya un escrito dirigido al Secretario, solicitando acceso y copia del expediente, que fue registrado con el nº 238 y accedió inmediatamente al despacho del que suscribe este informe. “Siendo conocedor de las circunstancias de la tramitación y de que se había dictado ya acto que ponía fin a la vía administrativa, se le indicó que el trámite legal del acceso al expediente en la fase que se encontraba era el contenido en la legislación del procedimiento administrativo común y legislación de transparencia, y que en ningún caso podía dirigir pretensiones directamente al Secretario de la Corporación, por cuanto no entraban en el ámbito de sus competencias, invitándose a formular su solicitud ante la Presidenta. Este punto retuvo al interesado en el despacho del Secretario durante al menos dos horas, al insistir en su intención, mientras se le fueron explicando todos los pormenores de la tramitación, así como de la naturaleza de los bienes comunales y demás integrantes del patrimonio municipal. Finalmente, optó por presentar nuevo escrito dirigido esta vez a la Presidenta para, inmediatamente, marcharse. “CUARTO. No puede obviarse no obstante que efectivamente se ha producido un error material en la redacción del anuncio del BOP de 08/02/2018, al incluir menciones a un trámite anterior que no procedía y obviar la obligación de indicar los datos que la legislación exige en la publicación de esta ciase de actos. La vía para subsanar esta deficiencia será un nuevo anuncio que contenga todas las menciones legalmente exigibles, como se ha expuesto en los Fundamentos de Derecho. “Lo que se informa a los efectos jurídicos y administrativos oportunos, salvo criterio mejor fundado en Derecho, no obstante, el órgano competente decidirá conforme considere más adecuado a los intereses municipales”. Duodécimo. Con fecha 22 de enero de 2019, el ahora reclamante reitera su reclamación ante el Consejo. Decimotercero. El 4 de febrero de 2019 tiene entrada en el Consejo escrito del reclamante en el que manifiesta que: “[…] de acuerdo con la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común las copias compulsadas que vengo reclamando al Ayuntamiento de El Granado pueden ser sustituidas por copias auténticas del expediente de desafectación y alteración jurídica del campo comunal de El Granado, que sean estas las que reclamo a este Consejo, en caso de que dicha entidad local no acceda a facilitar las copias de la primera manera propuesta. “Esta es una alternativa que da la nueva Ley y por tanto no creo que sea inconveniente alguno en que sean facilitadas en este formato (copias auténticas), en soporte papel”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. El art. 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), dispone que “la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado...” Según manifiesta el interesado, y obra en el expediente, el 14 de marzo de 2018 recibió respuesta a su petición de información registrada en el Ayuntamiento con n.º de entrada 239. Sin embargo, la reclamación no fue presentada hasta el 6 de agosto de 2018, por lo que es claro que ha transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 24.2 LTAIBG para la interposición de la misma, procediendo consiguientemente su inadmisión a trámite. Tercero. No obstante, el ahora reclamante solicitó el mismo día 6 de marzo acceder a determinada información relativa al expediente de desafectación, mediante escrito con registro de entrada n.º 238 en el Ayuntamiento, y en el que se contenían las siguientes pretensiones: “acceso al expediente 2017/PGP_02/000002 de desafectación de determinadas parcelas del campo comunal”; “fotocopia compulsada de toda la documentación incluida en dicho expediente”, y que se le “indique si existe informe comprensivo de cese de la[s] actividades comunales que motiven la alteración de la calificación jurídica de tales bienes. Si existiera, copia compulsada del mismo”. Pues bien, respecto a las dos primeras pretensiones, acceso y copias compulsadas del expediente, ha de desestimarse la reclamación, con base en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en lo sucesivo, LTAIBG), toda vez que el interesado obtuvo resolución expresa a otra solicitud idéntica presentada con n.º de registro 239, el mismo día 6 de marzo. En efecto, ha de notarse que estas peticiones de información contenidas en la solicitud de fecha 6 de marzo con registro de entrada 238 fue también solicitada el mismo día por el interesado con registro de entrada 239, al mismo Ayuntamiento, que dio respuesta el 14 de marzo siguiente, como así manifiesta el propio reclamante, sin que contra dicha respuesta el interesado haya interpuesto reclamación en el plazo de un mes establecido en el artículo 24.2 LTAIBG. Por consiguiente, la citada resolución ha devenido un acto firme y consentido, al no haberse recurrido en plazo. Así, pues, en la medida en que la solicitud que nos ocupa no viene sino a reproducir una idéntica que ya fue resuelta por la entidad interpelada sin que el interesado formulara ninguna reclamación en plazo, se hace evidente que la misma incurre en la causa de inadmisión ex artículo 18.1.e) LTAIBG (solicitud manifiestamente reiterativa). Pues, ciertamente, como señalamos en la Resolución 37/2016 y venimos reiterando desde entonces: “[…] a la hora de enjuiciar si las solicitudes reúnen tal condición (de reiterativas) es preciso tomar en consideración y valorar los siguientes criterios: un criterio subjetivo, puesto que la petición de información debe ser formulada por el mismo solicitante y ha de ser dirigida al mismo sujeto obligado al cumplimiento de la legislación de transparencia; un criterio objetivo, ya que la solicitud ha de ser idéntica o sustancialmente similar a otra formulada con anterioridad; un criterio cronológico, toda vez que el tiempo transcurrido entre la contestación dada a la previa petición de información y la nueva solicitud puede ser relevante desde el punto de vista de la actualización de la información, decayendo el carácter repetitivo de la misma; y, por último, para que pueda apreciarse el carácter manifiestamente reiterativo de una solicitud, es necesario que la formulada con anterioridad haya generado una respuesta expresa de la entidad a la que se pide la información (sea o no denegatoria), o, en caso de silencio, que el solicitante haya reclamado contra la resolución presunta y se haya resuelto la reclamación por este Consejo o por la jurisdicción contencioso-administrativa” (FJ 5º). En suma, no procede sino declarar la desestimación de la reclamación respecto a estas pretensiones. Cuarto. No obstante, en la solicitud de 6 de marzo de 2018 (RE 238), el interesado pedía además que se le indicase “si existe informe comprensivo de cese de la[s] actividades comunales que motiven la alteración de la calificación jurídica de tales bienes. Si existiera, copia compulsada del mismo”. No ha quedado acreditado ante este Consejo que se le haya ofrecido respuesta a esta concreta pretensión, y, según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Quinto. Según define el art. 2 a) LTPA, se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, considerando que el “informe comprensivo de cese de la[s] actividades comunales que motiven la alteración de la calificación jurídica de tales bienes” se incardina claramente en dicho concepto, y no habiendo sido alegada por el Ayuntamiento ninguna limitación impeditiva del acceso, este Consejo no puede por menos que, de acuerdo con la regla general de acceso a la información citada en el anterior fundamento jurídico, estimar parcialmente la solicitud en lo concerniente a este informe, previa disociación de los datos personales que eventualmente pudieran existir (art. 15.4 LTAIBG). Debemos, pues, instar al Ayuntamiento a que le ofrezca copia del documento en cuestión; y, en la hipótesis de que no existiera tal información, deberá comunicar expresamente esta circunstancia al reclamante, sin que corresponda a este Consejo valorar la corrección o incorrección de la falta de dicha documentación. Por lo que hace a la concreta petición del solicitante de que sean copias compulsadas o auténticas, hemos de señalar que el Consejo sólo tiene competencia para exigir que se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública, que es lo que hace al estimar esta pretensión. Sin embargo, no forma parte de sus atribuciones la capacidad de imponer a la Administración interpelada que se proporcione la información a través de copias auténticas o compulsadas. Así se ha manifestado, en idéntico supuesto, la Sentencia 29/2018, de 6 de marzo de 2018, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2. En efecto, según recoge la Sentencia: “Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, tal como contempla el artículo 27.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. Mas ello no compete al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que atiende a las reclamaciones en materia de acceso a la información, según el artículo 24 de la Ley. Recuérdese que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia en su actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la misma y establecer las obligaciones de buen gobierno que deban cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento -Art. 1 LTAIBG- entendiéndose por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (art. 13 LTAIBG). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tal como razona en su resolución, tiene competencias para exigir que se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública pero carece de ella para exigir que la información solicitada se proporciones a través de copias auténticas. Las irregularidades de orden formal que el actor pudo haber apreciado en la tramitación del procedimiento disciplinario seguido frente al mismo debió haberlas puesto de manifiesto utilizando los remedios legales a su alcance, planteando los recursos correspondientes, tanto en sede administrativa como judicial”. A este respecto, no resulta inoportuno además recordar que entre los principios básicos que han de tenerse en cuenta para la interpretación y aplicación de la ley figura el principio de veracidad, “en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia” [art. 6 e) LTPA]. Consecuencia de lo expuesto, escapa de la competencia del Consejo exigir que la información pública que se ha de entregar al solicitante sea compulsada o autenticada. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de El Granado (Huelva) por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de El Granado (Huelva) a que, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la práctica de la notificación de esta Resolución, ofrezca al interesado la información que resulta de la estimación parcial de la reclamación, según lo expresado en el Fundamento Jurídico Quinto, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.