Reclamación por denegación de información pública sobre limpieza de basuras y sellado de pozo

RESOLUCIÓN 157/2020, de 22 de abril Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, por denegación de información pública (Reclamación núm. 501/2019). ANTECEDENTES Primero. La ahora reclamante presentó, el 22 de abril de 2019, escrito dirigido a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que solicita: “Que la compareciente ante su total preocupación por la basura acumulada y pozo sin tapar en la urbanización siete fincas en concreto en la parcela colindante a la suya, puso este extremo en conocimiento del Seprona que procedió a personarse en dicha urbanización. “Como consecuencia de dicha actuación se instruyó parte/atestado -identificado con el número 100703-00000018- que fue dirigido tanto al Ayuntamiento al que me dirijo como a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. En dicho parte/atestado, remitido a ambas administraciones el pasado 25 de marzo de los corrientes, se contenía una verificación de los hechos denunciados, y se procedía -según se me informa desde el Seprona - a señalizar el pozo además de realizar diversas gestiones para la averiguación de la titularidad de la parcela con la finalidad de que el titular de la misma proceda a tomar las medidas oportunas tapando dicho pozo y limpiando las basuras. “Como ciudadana con interés legítimo, dado que además mi parcela número xxx sita en la «Urbanización las Siete Fincas» en la Sierra de Córdoba es COLINDANTE a la parcela donde se encuentra dicho pozo y donde se acumula basura de forma sistemática les insto a que me informen de las actuaciones que se lleven a cabo en aras no sólo a tapar y señalizar el pozo sino a la eliminación de las basuras que existen en dicha parcela dado el peligro que ello supone sobre todo en caso de incendio, así como de la instrucción del correspondiente expediente sancionador por los hechos denunciados. “No resulta ocioso reseñar a los efectos que proceden y por su gravedad que con fecha 9 de agosto de 2007 por la compareciente ya se formuló denuncia y se puso en conocimiento de la Consejería de Gobernación- unidad de policía- que en la parcela colindante -la misma a la que hoy nos referimos-fue donde se inició el incendio constituyendo aquella parcela antes y ahora un verdadero vertedero lleno de cristales residuos, cables y siendo una fuente continua de peligro. Se acompaña copia de la misma. “En su virtud, “SOLICITO a esta Consejería admita este escrito con sus copias, me tenga por comparecida en el expediente que se inicie con ocasión de los hechos denunciados y constatados por el SEPRONA y, en su día tras los trámites de ley se me informe de todo cuanto se actúe así como de la retirada de las basuras y sellado de pozo , y, de, en su caso, el resultado del expediente sancionador que pudiera incoarse como consecuencia de estos hechos”. Segundo. Con fecha 18 de octubre de 2019 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta al escrito de 22 de abril de 2019 en el que manifiesta: “Que la compareciente ante su total preocupación por la basura acumulada y pozo sin tapar en la «Urbanización las Siete Fincas» en la Sierra de Córdoba en concreto en la parcela colindante a la suya -parcela número II-, puso este extremo en conocimiento del Seprona que procedió a personarse en dicha urbanización. “Como consecuencia de dicha actuación se instruyó parte/atestado -identificado con el número 100703-00000018- que fue dirigido tanto al Ayuntamiento al que me dirijo como a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Esta última Consejería ha declinado su responsabilidad argumentando que se trata de una competencia municipal, cuestión que no comparto pues de modo directo entiendo que el riesgo de incendios de forma indubitada afecta nuestro medio ambiente. “En el mencionado atestado de la Guardia Civil (Seprona), remitido a ambas administraciones el pasado 25 de marzo -Ayuntamiento y Consejería de Agricultura- se contenía: “- una verificación de los hechos denunciados, “- y se procedía -según se me informa desde el Seprona - a señalizar el pozo, además de realizar diversas gestiones para la averiguación de la titularidad de la parcela con la finalidad de que el titular de la misma proceda a tomar las medidas oportunas tapando dicho pozo y limpiando las basuras. “Como ciudadana con interés legítimo, dado que además mi parcela número xx sita en la «Urbanización las Siete Fincas» en la Sierra de Córdoba es COLINDANTE a la parcela donde se encuentra dicho pozo y donde se acumula basura de forma sistemática INSTE a ambas administraciones a: “- Tapar y señalizar el pozo. “- Eliminar las basuras dado el peligro que ello supone sobre todo en caso de incendio ya que la parcela es un vertedero lleno de cristales residuos, cables y enseres domésticos. “- La instrucción del correspondiente expediente sancionador al titular de la finca por los hechos denunciados. “Pues bien, hace escasos días , verificamos que la situación en la parcela colindante no sólo sigue igual, sino que ha empeorado como puede verse en la fotografía que acompaño. Insisto que la denuncia que formulé, según parece se encuentra parada pues, a día de hoy el estado de la parcela ha empeorado y no se me ha informado de que se haya llevado a cabo ninguna actuación. “Que ante la falta de tramitación y/o respuesta de las solicitudes y denuncias formuladas por la compareciente, a pesar de la gravedad de los hechos, mediante el presente escrito intereso al Consejo de Transparencia a que en cumplimiento de sus propios fines: “I. Admita este escrito junto con los documentos que se acompañan. “II. Inste a los órganos administrativos competentes: Ayuntamiento de Córdoba y Consejería de Agricultura Ganadería Pesca y desarrollo Sostenible -área de medioambiente- a que procedan a la tramitación de la solicitud/denuncia formulada y a la realización de cuantas gestiones y/o diligencias sean necesarias para solventar los hechos denunciados procediendo a identificar al presunto/s responsables/ así como, en su caso/ al titular/res de la parcela donde se depositan las basuras. “III. Inste igualmente a los órganos administrativos responsables a trasladarme todas y cada una de las resoluciones y/o actuaciones y/o diligencias que se lleven a cabo en base al interés legítimo alegado por mi parte y el deber de información que a las administraciones públicas compete. “IV. Aperciba a las administraciones competentes de la obligatoriedad de dar respuesta y curso a la denuncia formulada procediendo a incoar el correspondiente expediente sancionador a la/s personas que resulten responsable/es, en su caso, de los hechos denunciados. “V. Inste a la limpieza y retirada de las basuras de la parcela colindante de forma inmediata dada la situación de riesgo inminente que denuncio”. Tercero. Con base en lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), la interesada subsanó determinadas deficiencias advertidas en la reclamación en el plazo concedido por este Consejo. Cuarto. El Consejo dirige al interesado comunicación de inicio del procedimiento para resolver la reclamación el 29 de noviembre de 2019. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de igual fecha 2019 a la Unidad de Transparencia del órgano reclamado Quinto. El 30 de enero de 2019 tuvo entrada en el Consejo escrito del órgano reclamado en el que informa que: “[L]a competencia relativa a la situación que expone la interesada corresponden [sic] al Ayuntamiento de Córdoba, en cuanto a la vigilancia y potestad sancionadora, por tratarse de una urbanización residencial sobre la que es la Administración Local la que ostenta las competencias en saneamiento o, en caso de tratarse de viviendas ilegales, de urbanismo”. Asimismo, la Delegación Territorial informa a este Consejo de las actuaciones que ha efectuado: “a) Escrito al PACPRONA Córdoba el 15 de abril de 2019 indicando que la competencia de la situación denunciada corresponde al Ayuntamiento de Córdoba. “b) Escrito de la misma fecha al Ayuntamiento de Córdoba en el que se le comunica la denuncia de la Guardia Civil y se le traslada por ser de su competencia en relación a lo establecido en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, atribuyen a los Entes locales las competencias para la recogida de residuos y la vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus competencias. “c) Escrito a [nombre de la persona interesada] de 15 de mayo de 2019, en el que se le indica que se da traslado de la misma al Ayuntamiento de Córdoba por ser de su competencia y se informa de dicho trámite a la Guardia Civil para su conocimiento”. Consta en el expediente, el escrito dirigido a la interesada por el órgano reclamado ,de fecha 15 de mayo de 2019. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. Ante la petición de información pública, la Delegación Territorial, mediante escrito de fecha 30 de enero de 2020, comunica a este Consejo que la información versa sobre competencia que “corresponde al Ayuntamiento de Córdoba” y “ha efectuado las siguientes actuaciones: […] escrito a [nombre reclamante] de 15 de mayo en el que se le indica que se da traslado de la misma al Ayuntamiento”. Para determinar el órgano que debe ofrecer la información solicitada, nos hallamos ante un supuesto al que resultan de aplicación las reglas de tramitación previstas en el artículo 19 apartados 1 y 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG). De conformidad con el apartado primero de dicho artículo, en el caso de que la solicitud se refiera “a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”; mientras que, por su parte el artículo 19.4 LTAIBG, establece que “[c]uando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. Bajo estas reglas, y según mantiene la Delegación Territorial, el Ayuntamiento de Córdoba sería quien debe ofrecer la respuesta a la solicitud de información, en cuanto a vigilancia y potestad sancionadora […] por ser de su competencia en relación a lo establecido en la Ley 7/2007 […] [que] atribuyen a los Entes locales las competencias para la recogida de residuos y la vigilancia, inspección o sanción en el ámbito de sus competencias”. En consecuencia, este Consejo entiende que es el Ayuntamiento de Córdoba quien, en efecto, ha de resolver la solicitud de información planteada una vez que le ha sido remitida por la Delegación Territorial en aplicación de lo previsto en el citado artículo 19.1 LTAIBG, transcrito. Una vez delimitado el órgano que ha de resolver la solicitud de información, la reclamación contra la Delegación Territorial no puede prosperar. En efecto, como se acredita en el expediente, la Delegación Territorial no hizo sino cumplir, de acuerdo con las prescripciones previstas en la legislación de transparencia, lo previsto en el art. 19.1 LTAIBG. Será pues la resolución, expresa o presunta, del Ayuntamiento de Córdoba resolviendo la solicitud la que puede ser objeto, en su caso, de reclamación ante este Consejo En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Junta de Andalucía en Córdoba, por denegación de información pública.