Reclamación por denegación de información pública relativa al acta de la junta de socios de Sanlúcar Sostenible, S.L

RESOLUCIÓN 156/2020, de 22 de abril Asunto: Reclamación interpuesta por la Asociación Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar la Mayor, representada por XXX, contra el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por denegación de información pública (Reclamación núm. 52/2019). ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 22 de octubre de 2018, escrito dirigido al Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor en el que expone lo que sigue: “Primero. Que en la página Web de este Ayuntamiento y en el apartado referente a la liquidación de la Cuenta General del mismo de 2017 figura, como es preceptivo, las Cuentas Anuales de 2017 de la Sociedad SANLÚCAR SOSTENIBLE, S.L (EN LIQUIDACIÓN), que según el Liquidador de la misma, [Nombre del liquidador], fueron aprobadas el 28-06-2018 por la Junta General de socios. “Segundo.- Que el Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor es el socio mayoritario en dicha sociedad con el 77,27% del capital social. “Tercero- Que el Ayuntamiento es representado en la Junta General de Socios de Sanlúcar Sostenible, S.L (en liquidación) por el Alcalde. “Solicita: “Que se le facilite fotocopia del Acta de la reunión de la Junta General de Socios de Sanlúcar Sostenible, S.L (en Liquidación) celebrada el día 28 de junio de 2018, y que una copia debe obrar en poder del Ayuntamiento ya que su Alcalde o persona delegada debió asistir a la misma”. Segundo. Con fecha 18 de diciembre de 2018, la persona ahora reclamante dirige nuevo escrito al Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor por el que reitera la solicitud de fecha 22 de octubre de 2018 transcrita anteriormente. Tercero. El 7 de febrero de 2019 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Cuarto. El Consejo dirige escrito a la persona reclamante el 25 de febrero de 2019 comunicando la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al Ayuntamiento copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de igual fecha a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del Ayuntamiento. Quinto. El 24 de mayo de 2019 tuvo entrada escrito del Ayuntamiento en el que informa de lo siguiente: “En relación a las reclamaciones que van desde 50/2019 a 52/2019, se tratan de solicitudes que han sido elaboradas o generadas en su integridad o parte principal por otra entidad, Sanlúcar Sostenible, considerando la Resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, nº 81/2017, de fecha 13 de Junio, Reclamación 224/2016, aludida por el interesado en muchos de sus escritos, en su Fundamento de Derecho Quinto, en relación con documentación relativa a la mercantil Sanlúcar Sostenible que: "«Para determinar el órgano que debe ofrecer la información solicitada, el artículo 19.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que 'cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se te remitirá a éste para que decida sobre el acceso'. Esto se traduce en que, incluso si obrara la documentación en el Ayuntamiento, éste deberá remitir la solicitud a la citada sociedad para que ésta decida, por cuanto la sociedad concernida está incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTPA. En su consecuencia, este Consejo considera acertada la remisión de !a solicitud que ha realizado el Ayuntamiento a la citada sociedad». “Por tanto, se volverá a remitir a dicha Sociedad las peticiones del solicitante, como se hace normalmente y se muestra en documentación que se adjunta (...). Asimismo, cuando el documento ha sido íntegramente interno sobre dicha sociedad, se le ha facilitado directamente (...). “Entendemos que, con conocimiento de este procedimiento, la pretensión principal de esta reclamación es la de trabar la administración y entorpecer el normal y correcto funcionamiento de este organismo público, algo que esperamos ese Consejo de Transparencia sepa apreciar, pues cada Resolución en nuestra contra, aún existiendo buena fe desde esta entidad local, supone un desprestigio hacia nuestra institución que es usado pública y notoriamente por el Observatorio reclamante, de manera sesgada y anónima, a través de su blog (blog del reclamante) con el único interés de influir en la opinión política de la ciudadanía, estando integrado dicho Observatorio dentro de una candidatura a la alcaldía de Sanlúcar la Mayor, el nuevo partido político Sanlúcar Activa, tal y como se puede comprobar en la web del propio partido y en las entrevistas al candidato por el mismo (nombre de la web)”. Sexto. No consta en el expediente remitido a este Consejo el traslado realizado por el Ayuntamiento a la sociedad mercantil “Sanlúcar sostenible SL” de la solicitud de información de 22 de octubre de 2018 ni la comunicación de dicho traslado al interesado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: «Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los “contenidos o documentos” que obren en poder de las Administraciones y “hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración –y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información- la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma». (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, este criterio es el que asimismo comparten los órganos jurisdiccionales, como lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. En el presente caso el interesado solicitó al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor diversa información referida a la sociedad “Sanlúcar Sostenible SL”. Pues bien, este Consejo no puede entrar a resolver la pretensión de acceder a la información concerniente a la información solicitada por cuanto que es una información generada en dicha sociedad, conforme sostiene el propio Ayuntamiento. Nos hallamos, por tanto, ante un supuesto al que resulta de aplicación la regla de tramitación prevista en el artículo 19.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTAIBG. En efecto, dicho precepto dispone que “[c]uando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. No consta en las alegaciones aportadas por el Ayuntamiento a este Consejo la remisión de la solicitud a la citada sociedad ni la comunicación de dicho traslado al ahora reclamante. Así las cosas, resulta procedente instar al Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor a que remita a la sociedad mercantil “Sanlúcar Sostenible SL” la solicitud de información planteada con la finalidad de que ésta dicte la correspondiente resolución al respecto. Conforme establece el artículo 20.1 LTAIBG, la sociedad mercantil debe dictar Resolución en el plazo de un mes desde que tenga entrada la solicitud en dicha entidad, previa tramitación del procedimiento que deberá incluir el trámite de alegaciones a las personas afectadas previsto en el art. 19.3 LTAIBG. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Instar al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente resolución, remita a la sociedad “Sanlúcar Sostenible SL” la solicitud de información, de acuerdo con lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, debiendo remitir a este Consejo, en el mismo plazo, copia de la comunicación por la que se dirige a la citada Sociedad mercantil.