Reclamación por denegación de información pública sobre expedición de títulos y contratos de impresión en la Universidad de Málaga

RESOLUCIÓN 245/2020, de 24 de junio Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Universidad de Málaga por denegación de información pública (Reclamación núm. 171/2019). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 29 de marzo de 2019, escrito dirigido a la Universidad de Málaga por el que solicita: “Al Rector de la Universidad de Málaga, en virtud del artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: “1) Títulos universitarios oficiales “a. Nº de títulos impresos en formato papel “b. Nº de títulos solicitados por los estudiantes en formato electrónico “c. Nº de títulos expedidos en formato electrónico “d. Normativa de solicitud y expedición de títulos universitarios en formato electrónico. (Además del texto, indicar la fecha y órgano de aprobación) “2) Suplemento Europeo al Título “a. RD 1044/2003 “i. Nº de suplementos impresos en formato papel. “ii. Nº de suplementos solicitados por los estudiantes en formato electrónico. “iii. Nº de suplementos expedidos en formato electrónico. “b. RD 22/2015 “i. Nº de suplementos impresos en formato papel. “ii. Nº de suplementos solicitados por los estudiantes en formato electrónico. “iii. Nº de suplementos expedidos en formato electrónico. “c. Normativa de solicitud y expedición de suplemento europeo al título en formato electrónico. (Además del texto, indicar la fecha y órgano de aprobación) “d. Si es posible los datos separados por Grado y Máster. “Si la impresión y expedición de los títulos universitarios oficiales y suplementos europeos al título en formato papel o electrónico se realiza a través de una empresa externa, solicito conocer la información de los contratos, pliego de prescripciones técnicas, así como el importe facturado, nombre de la empresa, por contrato/año natural. En este caso los datos solicitados de los apartados 1) y 2) deben estar referenciados por contrato. “Solicitud de datos desde el 1 de enero de 2010”. Segundo. El 29 de abril de 2019 el Rector de la Universidad reclamada dicta resolución con el siguiente contenido: “Según información facilitada por el Servicio de Títulos de esta Universidad de Málaga y teniendo en cuenta que dicha información no entra a formar parte de la publicidad activa accesible a través de la página web de la Universidad de Málaga, se ha recabado dicha información por parte del mencionado Servicio, en la que constan los siguientes datos: “1°- En relación a la información sobre Títulos universitarios oficiales. Concretamente el número de Títulos y Suplementos expedidos desde el 1 de enero de 2010 asciende a 59.706. “2°.- En relación a la información sobre Suplemento Europeo al Título. “a. RD 1044/2003. “El número de Suplementos Europeos pre Bolonia expedidos desde el 1 de enero de 2010 asciende a 12.111. “b. RD 22/2015. “No se han expedido por lo que no existen datos al respecto. “Asimismo, el Servicio de Títulos de la Universidad de Málaga no ha expedido ni expide en la actualidad ni títulos electrónicos ni suplementos electrónicos sin que actualmente exista normativa aprobada respecto a su tramitación procedimental. “Según información facilitada por el Servicio de Intervención y el Servicio de Contratación, y al igual que la información anterior, no entra a formar parte de la publicidad activa accesible a través de la página web de la Universidad de Málaga. “3º. En relación a la impresión y expedición de los títulos universitarios oficiales y suplementos europeos (pre Bolonia) al título en formato papel. “Los datos que constan desde 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, en la base de datos del Servicio de Intervención de esta Universidad de Málaga, respecto a la facturaciones por contratación menor que se han venido abonando a la empresa SIGNE S.A. en el periodo referenciado se adjunta a la presente comunicación en formato excel en donde aparecen reflejados los datos solicitados. “Actualmente y conforme a los datos facilitados por el Servicio de Contratación de esta institución universitaria, se ha iniciado expediente de contratación del Servicio de Impresión, personalización y entrega de títulos universitarios oficiales de acuerdo con los requisitos exigidos por el Real Decreto 1002/2010 (SE 04/2019 SARA), mediante Procedimiento Abierto, en atención a varios criterios de adjudicación en dos fases (sobres B y C), habiéndose remitido a fecha de ayer la documental correspondiente a dicho procedimiento de licitación a la Plataforma de Contratación del Estado para la publicación de la licitación, que al ser de carácter armonizado debe ser publicado en DOUE en un plazo máximo de 5 días, y automáticamente quedará publicado en el PLACE, donde podrá acceder el solicitante al Pliego de Cláusulas Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas, Cuadro Resumen y resto de datos sobre valor estimado, plazo ejecución y posibles prórrogas, plazo presentación propuestas licitación, etc ... “Todo lo cual se le notifica al interesado para su conocimiento y a los efectos pertinentes, advirtiéndole que la presente Resolución conforme a lo previsto en el art. 20.5 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, podrá ser impugnada directamente ante la Jurisdicción Contencioso- administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24”. Consta en el expediente, la remisión de la información al interesado mediante correo electrónico dirigido desde la Unidad de transparencia de la Universidad, el día 29 de abril de 2019, en el que le comunica que: “En relación a su solicitud, le adelanto por este medio la respuesta con la información requerida. Igualmente le llegará por correo certificado a la dirección facilitada”. Asimismo consta en el expediente la notificación practicada al interesado el día 2 de mayo de 2019, a través de la Oficina de Correos. Tercero. Con fecha 30 de abril de 2019 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la resolución del Rector de la Universidad de Málaga, de 29 de abril de 2019, en la que expone LO SIGUIENTE: “Con fecha 29 de marzo de 2019 solicité en virtud del artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno relativa a la expedición de títulos y suplementos en la Universidad de Málaga. “En el escrito indiqué que los datos solicitados en los apartado 1) y 2) debían estar referenciados por contrato. “Por otra parte, solicité conocer la información de los contratos, pliegos de prescripciones técnicas así importe facturado, nombre de la empresa por contrato/año natural. “Con fecha 29 de abril de 2019, recibo Resolución de Rector de la Universidad de Málaga donde se suministra la información de forma parcial. “1. Se indica que la Universidad de Málaga ha expedido 59.706 títulos universitarios oficiales desde 1 de enero de 2010 pero no se detalla la información por contrato y año natural. “2. Se indica que la Universidad de Málaga ha expedido 12.111 suplementos europeos al título (RD 1044/2003) desde 1 de enero de 2010 pero no se detalla la información por contrato y año natural. “3. Además la universidad (apartado 3º) informa que desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, las facturaciones se han realizado por contratación menor. Sin embargo, no aporta estos contratos menores. “4. La Universidad no ha aportado ningún pliego de prescripciones técnicas relacionado con los contratos menores. “Por todo lo anterior SOLICITO al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ayuda para obtener la información anterior”. Cuarto. Con fecha 22 de mayo de 2019 el Consejo dirige al reclamante comunicación de inicio del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó a la Universidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2019 a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente de la Universidad reclamada. Quinto. El 13 de junio de 2019 tuvo entrada en este Consejo escrito de la Universidad reclamada en el que emite el siguiente informe: “Respecto al contenido de la solicitud formulada, el Sr. [nombre de la persona interesada] interesaba el acceso a información en base a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de Transparencia, en relación a datos relativos a diversos aspectos y en relación al período comprendido desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, datos que cabe indicar, no entran a formar parte de la publicidad activa accesible a través de la página web de la Universidad de Málaga. “Una vez obtenida la información solicitada de los distintos Servicios de la Universidad de Málaga que disponían de los mismos (Servicio de Títulos, Servicio de Intervención y Servicio de Contratación), se remitió resolución al respecto con fecha 29/04/2019, previo aviso a su correo electrónico: [dirección de correo electrónico de la persona interesada] en idéntica fecha y notificada al interesado mediante correo certificado en fecha 02/05/19... “Igualmente, y en relación a la reclamación presentada por el Sr. [nombre de la persona interesada], en fecha 30/04/19, ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, mediante el que pone de manifiesto haber recibido una información parcial respecto a lo solicitado a esta institución universitaria, cabe indicar lo siguiente: “1.- Respecto a la afirmación contenida en los apartados 1. y 2. que «la Universidad de Málaga ha expedido 59.706 títulos universitarios oficiales y 12.111 suplementos europeos al título (RD 1044/2003) desde el 1 de enero de 2010 pero no se detalla la información por contrato y año natural». Según consta en la base de datos del Servicio de Intervención facilitada al interesado en formato papel adjunta a la resolución notificada por correo postal y en formato excel adjunto al correo electrónico de aviso, los datos que constan son los correspondientes a las distintas facturaciones que se han ido generando por año natural, sin que en la carga de datos efectuada por dicho Servicio en la base de datos se baje al nivel del detalle de si se trata de títulos universitarios oficiales o suplementos europeos al título ni el nº correspondiente de ellos. “2.- Respecto a la afirmación contenida en el apartado 3. «Además, la universidad (apartado 3º) informa que desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, las facturaciones se han realizado por contratación menor. Sin embargo, no aporta estos contratos menores». “Entendemos que dicha afirmación implica el desconocimiento del marco jurídico aplicable respecto a la contratación menor regulada hasta el 9 de marzo de 2018 por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en cuyo artículo 138 se dispone: «3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111». “Conforme a lo dispuesto en el referido art. 111 TRLCSP relativo al expediente de contratación en contratos menores: “«1. En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan». “Conforme a lo anterior, no resulta posible acceder a la petición formulada por el reclamante ya que no existe un contrato como tal, estableciéndose conforme a lo dispuesto en el vigente art. 72 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractual la factura pertinente. “3.- Respecto a la afirmación contenida en el apartado 4: «La Universidad no ha aportado ningún pliego de prescripciones técnicas relacionado con los contratos menores». “En base a los anteriores fundamentos jurídicos tampoco resulta posible acceder a la petición de pliego de prescripciones técnicas relacionados con los contratos menores. “Conforme a todo lo anterior, entendemos quedan argumentados los distintos extremos objeto de reclamación por parte del Sr. [nombre de la persona interesada], debiendo informar igualmente a dicho Consejo que con fecha 01/05/2019, a través del correo [email protected], se ha recibido nueva solicitud en los mismos términos expresados en la reclamación (se adjunta como documento nº 3), que igualmente deben ser desestimados por los motivos anteriormente referenciados. “Quedando esta institución universitaria a su disposición, en base al principio de colaboración y cooperación entre administraciones públicas, para cualquier aclaración o información adicional que considere necesaria al respecto”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, este criterio es el que asimismo comparten los órganos jurisdiccionales, como lo ponen de manifiesto las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera) n.º 1547/2017, de 16 de octubre; Sentencia 344/2020, de 10 de marzo y 748/2020, de 11 de junio: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. Y añade la Sentencia n.º 748/2020, de 11 de junio, que “la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad”. Tercero. La Universidad resolvió conceder parcialmente el acceso a la información solicitada. Y el interesado acota en la reclamación la información que señala no haber recibido, que se concreta en lo siguiente: que se ofrece un número de títulos y suplementos europeos pero no se detalla la información por contrato y año; que la Universidad informa que, desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, las facturaciones se han realizado por contratación menor, pero no se aportan los contratos menores ni los pliegos de prescripciones técnicas. Según argumentó la Universidad de Málaga en su informe respecto a que no se detalló la información por contrato y año natural, “los datos que constan son los correspondientes a las distintas facturaciones que se han ido generando por año natural, sin que en la carga de datos efectuada por dicho Servicio en la base de datos se baje al nivel del detalle de si se trata de títulos universitarios oficiales o suplementos europeos al título ni el nº correspondiente de ellos”. No resulta inoportuno recordar que, en materia de contratación pública, las exigencias de transparencia de la información cobran una particular relevancia, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, se trata de un sector de la gestión pública que ha de ajustarse a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. No es de extrañar, por tanto, que en el catálogo de obligaciones de publicidad activa el artículo 15 a) LTPA incluya la siguiente información: “Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias” La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público”. Sucede que, además, por vía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Pues bien, la información que se facilitó al solicitante daba respuesta al número global de títulos universitarios oficiales y al de suplementos europeos desde el año 2010, y este Consejo considera que esa respuesta satisface strictu sensu la petición planteada respecto al número de títulos, pues no solicitó ese número de títulos desglosados por años. El desglose “por años” lo plantea el solicitante respecto a la contratación que pudiera haber lugar para la impresión y expedición de los mencionados títulos. Y sobre este particular consta que la Universidad proporcionó una extensa información sobre cada uno de los importes facturados por la empresa SIGNE, S.A. desde el año 2010. Dichos importes se refieren, según manifiesta la Universidad, a la adjudicación de contratos menores, en los que, como sostiene en las alegaciones, no existe contrato como tal, por cuanto según el artículo “72 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, [...] en los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractual la factura pertinente”, y, por otra parte, que “tampoco resulta posible acceder a la petición de pliego de prescripciones técnicas relacionados con los contratos menores”. En definitiva, no procede sino la desestimación de la presente reclamación, toda vez que la información puesta a disposición del interesado satisface adecuadamente las pretensiones planteadas en la misma, que se refieren al número de títulos y suplementarios europeos expedidos, la información detallada de cada importe facturado —y sus importes totales por años—, la empresa contratista y la forma de celebración de los contratos. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación presentada por XXX contra la Universidad de Málaga por denegación de información pública.