Reclamación por denegación de acceso a expediente de licencia de obra menor en el Ayuntamiento de Torremolinos

RESOLUCIÓN 254/2020, de 8 de julio Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) por denegación de información pública (Reclamación núm. 9/2019). ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 7 de junio de 2018, el siguiente escrito escrito dirigido al Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga): “Que habiendo verificado que se han colocado de nuevo dos rejas en la C.P. Parcela C de la Nogalera que el Ayuntamiento de Torremolinos en 2016 mediante el expediente de disciplina urbanística IFT/023/2016 obligó a su retirada por seguridad y cuya legalización no era posible. “Que desconozco si existe permiso de la delegación de urbanismo de licencia de instalación de dichas rejas, que al parecer no se podían legalizar. “Dichas rejas se han instalado el pasado 18/05/2018. “SOLICITO tener vista del expediente de licencia de obra menor para la instalación de las 2 rejas colocadas en la referida comunidad y la obtención de las fotocopias del mismo”. Segundo. El 14 de junio de 2018, la Concejal Delegada de Administración Pública dicta DECRETO 5919 con el siguiente contenido: “En virtud de las atribuciones delegadas en el Decreto 7919 de 9 de septiembre de 2016 y visto que: “Con fecha 07 de junio de 2018 y núm. de Registro 24694, Dª [nombre de la reclamante], expone que en la parcela C, de la C.P. la Nogalera, el día 18/05/18 se colocaron dos rejas, dichas rejas ya habían sido instaladas anteriormente pero el Ayuntamiento obligó a su retirada, por motivo de seguridad, mediante el Expediente de Disciplina Urbanística IFT/023/16, en base a ello, solicita vista y copia del expediente de licencia de obra menor para la instalación en el año 2018 de las dos rejas referidas. “Al respecto el artículo 24 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA) dispone que ‘Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y su legislación de desarrollo, y el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley’”. “Constituye un presupuesto necesario que lo solicitado por el interesado sea una información pública según la definición que de dicho término ofrece el artículo 2.a) LTPA, a saber: si la información solicitada se refiere a documentos o contenidos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de una de las entidades sometidas al ámbito subjetivo de la Ley, y si la misma ha sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. “Pues bien, estando catalogada como información pública la contenida en el expediente solicitado por el interesado, vengo a “RESOLVER “Primero.- Estimar, previa disociación de los datos de carácter personal, lo solicitado por la interesada. “Segundo.- Notificar la presente resolución a la solicitante y al Concejal Delegado competente para que en el plazo no superior a 10 hábiles cumpla con lo dispuesto en este Decreto, debiendo remitir a este Negociado justificante de su cumplimiento”. Consta en el expediente la notificación practicada, el día 19 de junio de 2018, a la interesada del Decreto 5919, de 14 de junio de 2018, antes transcrito. Tercero. El 27 de julio de 2018, la interesada presentó escrito en el Ayuntamiento por el que solicita: “Que con fecha 19 de junio de 2018 recibí autorización del negociado de información para la vista y obtención de copias del expte. LT/338/18 sin que a la fecha haya podido acceder a ello. “Que como no recibí comunicación para que me personara en la Delegación de Urbanismo para ello, presenté de nuevo escrito el 26 de junio reclamando la obtención del mismo. “Posteriormente recibí llamada telefónica, de [nombre de tercera persona] de urbanismo,comunicándome que todavía no podían entregarme el expediente para la vista y copia porque era muy extenso y para disociar los datos necesitaban mas tiempo. “Que el pasado 25 de julio contacté de nuevo por teléfono con [nombre de tercera persona] para que me indicara cuando iban a entregarme el referido expediente, pero me dijo que estaban pendiente de recibir informe del Negociado de Información para que le aclarasen que datos habla que disociar, no obstante debía hablar con la Jefa de Urbanismo que era quien llevaba el asunto. “Que ese mismo día, el 25 de julio, me personé en el despacho de la Jefa de Urbanismo [nombre de la Jefa de Urbanismo] para averiguar cual era el problema que había, y me dijo que era imposible la entrega del mismo porque no sabia que datos tenia que disociar, pero no obstante aunque lo supiera no tenia personal para atender dicha petición por el volumen de trabajo que hay en la Delegación de Urbanismo. “Que a pesar de que la Resolución notificada por el Negociado de Información el 19 de junio establece un plazo de diez días para el acceso de la documentación, ha pasado más de un mes sin que se haya cumplido lo dictado en la Resolución, ya que solamente me encuentro inconvenientes. “SOLICITA: “Se adopten las medidas necesarias para que esos problemas, ajenos a mi voluntad, no impidan ejercer mi derecho a la información y se de cumplimiento a la citada Resolución en los plazos establecidos y no se demore más la entrega de los mismos. Cuarto. La persona reclamante presentó el día 20 de noviembre de 2018 escrito dirigido al Ayuntamiento de Torremolinos, en el que manifiesta: “Que con fecha 7 de junio de 2018, solicite tener vista y copia del expediente LT/338/18. “Que el 19 de junio recibí notificación de autorización del negociado de información para la vista y obtención de copias del referido expediente. “Que al no haber recibido comunicación de la Delegación de Urbanismo para ejercer mi derecho, presenté de nuevo escrito el 26 de junio reclamando la obtención del mismo. “Que el pasado 27 de julio de 2018, ante el silencio de la citada Delegación, presenté nuevo escrito al Negociado de la Información, según instrucciones de su responsable D. [nombre de la persona] a fin de que se adoptaran las medidas oportunas para tener vista y copia del expediente referido. “Que a la fecha sigo sin ejercer mí derecho. “SOLICITA: “Y reitera, una vez más, tener vista del expediente de licencia de obras LT/338/18 y obtener las copias oportunas, todo ello conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas”. Quinto. El 12 de enero de 2019 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra el Decreto núm. 5919 de 14 de junio de 2018, en la que la interesada expone lo siguiente: “El 07/06/2018 presenté, en el Negociado de Información del Ayuntamiento de Torremolinos, solicitud de información, de la instalación de unas rejas en una comunidad a la que pertenezco, concretamente: “- Tener vista del expediente de Licencia de obras “- Obtener fotocopias del mismo “Con fecha 19/06/2018, recibí notificación de Resolución de 14/06/2018, estimando lo solicitado, por lo que presenté escrito el 26/06/2018 en la Delegación de Urbanismo solicitando que me indicaran día y hora para acceder a dicha información. “Al no haber obtenido respuesta de la Delegación de Urbanismo, solicité el 27/07/2018 ante el Negociado de la Información se adoptaran las medidas necesarias para poder ejercer mi derecho, pero tampoco obtuve respuesta. Por lo que el 20/11/2018 presenté, al Alcalde-Presidente, solicitud de que se cumpliera la Resolución. “A fecha de hoy, 12/01/2019, casi siete meses después, no he podido tener vista al expediente ni obtener fotocopias del mismo, lo que esta impidiendo ejercer mi derecho a la información”. Sexto. Con fecha 23 de enero de 2019 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio de procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de la misma fecha a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente correspondiente del Ayuntamiento. Séptimo. El 29 de enero de 2019 la reclamante dirige escrito al Ayuntamiento en el que expone lo siguiente: “Que el pasado 22 de enero de 2019 finalmente pude tener vista del expediente de licencia de obra menor LT/338/18, pero no obtuve las fotocopias del mismo previamente solicitadas y para las que fui autorizada mediante decreto de 14 de junio de 2018 por el Negociado de la información. “Por todo ello, y para dar por cumplimentado el mismo, SOLICITA: “Se me haga entrega de las fotocopias del citado expediente, esto es: “1. Solicitud de colocación de 2 rejas en la comunidad, presentada por [tercera persona], el 27/04/2018 con el nº de entrada 14501. “2. Acta comunitaria que aprueba la instalación de las rejas en el año 1997. “3. Carta de pago de los derechos de licencia de obra de importe 113,80€. “4. Informe técnico de fecha 30/04/2018 suscrito por la Jefa de Urbanismo [nombre de la Jefa de Urbanismo] y la técnico [nombre de la técnico]. “5. Notificación de la Delegación de Urbanismo de fecha 23/05/2018 con nº de salida 14169 al solicitante. “6. Nuevo escrito presentado por el Sr. [tercera persona] de 07/06/2018 con nº de registro de entrada 24608. “7. Informe técnico de fecha 14/06/2018, suscrito por la técnico [nombre de la técnico]. “• Se adjunta fotocopia del justificante de la puesta a disposición de la documentación, donde se hace constar la falta de entrega de las fotocopias”. Consta en el expediente de la reclamación el justificante de la puesta a disposición de la documentación, firmado por la ahora reclamante, en fecha de 22 de enero de 2019, en el que hace constar que “solo he tenido vista del expediente, pero no las copias, estando pendiente de la entrega. LT/338/18”. Octavo. El 25 de febrero de 2019 tuvo entrada escrito de la entidad municipal reclamada en el que informa de lo siguiente: “Con fecha 05 de febrero de 2019 y número de Registro del Ayuntamiento de Torremolinos 4421, se ha recibido escrito del Consejo de Transparencia y Protección de datos en relación a reclamación, con referencia SE-8/2019- SE-9/2019 , interpuesta por Dª [nombre de la persona reclamante] contra el Ayuntamiento de Torremolinos, por denegación de información pública; en contestación a dicho escrito le informo lo siguiente: “1. Con fecha 07 de junio de 2018 y número de Registro 24694, Dª [nombre de la persona reclamante], presenta escrito solicitando tener vista y copia del expediente de Licencia de obra menor (LT/338/18) para la instalación en el año 2018 de dos rejas en la C.P. La Nogalera. “2. Con fecha 14 de junio de 2018, la Concejala de Administración Pública firmó Decreto n,° 5919, estimando lo solicitado por la interesada, dicho Decreto le fue notificado con fecha 19 de junio de 2018 a la Concejala Delegada de Urbanismo, así como a la interesada. “3. Con fecha 27 de julio de 2018, Dª [nombre de la persona reclamante] presenta escrito n° de Registro 33971 donde nos solicita se adopten las medidas necesarias para que se facilite el acceso y copia del expediente referido ya que en la Delegación de Urbanismo no se le hace entrega de lo solicitado. “4. Con fecha 20 de noviembre y núm. registro 49175, se recibe escrito de la interesada reiterando su petición . “5. En relación a dicho escrito y con fecha 11 de enero de 2019, se informa a la Delegación de Urbanismo de la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos municipales. “6. Con fecha 29 de enero de 2019, se recibe escrito de Dª [nombre de la persona reclamante] donde adjunta justificante de la puesta a disposición del expediente requerido a fecha 22 de enero de 2019, donde se hace constar que ha tenido vista del expediente, no así de las copias del mismo; no obstante desde la Delegación de Urbanismo, a fecha 18 de febrero, nos informan que se están disociando los datos de carácter personal de las copias, para hacer entrega de las mismas a la interesada. “Es todo cuanto tengo que informar respecto a la tramitación de las solicitudes de información, presentadas por Dª [nombre de la persona reclamante] y referidas en el punto 1 del cuerpo de este escrito, desde el Negociado de la Información. “Se adjunta copias de todo lo expuesto. “Quedando a su disposición para colaborar en los términos oportunos”. Noveno. El 26 de febrero de 2020, el Consejo dirige oficio al Ayuntamiento de Torremolinos solicitando que aportara lo siguiente: “Copia de la acreditación de la puesta a disposición a la persona reclamante de la información solicitada, que según comunicó a este Consejo en su escrito de alegaciones, que se adjunta a este oficio, se estaba «disociando los datos personales de las copias, para hacer entrega de las mismas a la interesada». Hasta la fecha el Ayuntamiento no ha remitido respuesta al oficio. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, este criterio es el que asimismo comparten los órganos jurisdiccionales, como lo ponen de manifiesto las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera) n.º 1547/2017, de 16 de octubre; Sentencia 344/2020, de 10 de marzo y 748/2020, de 11 de junio: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. Viniendo a añadir la Sentencia n.º 748/2020, de 11 de junio, que “la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad”. Tercero. El artículo 33 LTPA establece lo siguiente: “Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía… Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por su parte, el art. 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, dispone que “la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado...”. Según consta en el expediente, el día 14 de junio de 2018 – fecha de notificación a la solicitante 19 de junio siguiente-, mediante Decreto de la Concejal Delegada de Administración Pública, se resolvió “[e]stimar, previa disociación de los datos de carácter personal, lo solicitado por la interesada”; así como notificar la resolución “al Concejal Delegado competente para que en el plazo no superior a 10 días hábiles cumpla con lo dispuesto en ese Decreto”. Sin embargo, la reclamación no fue presentada hasta el 12 de enero de 2019, por lo que es claro que había transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 24.2 LTAIBG para la interposición de la misma, por lo que procede su inadmisión a trámite. A este respecto, el hecho de que la interesada comunicara al Ayuntamiento que no se había materializado el acceso a la información concedido por el referido Decreto no es causa que justifique la suspensión del plazo de interposición de la reclamación fijado por la legislación reguladora de la transparencia. En efecto, si los intentos tendentes a conseguir la plena satisfacción de sus pretensiones no fructificaron en el plazo previsto por el citado Decreto, la solicitante debió interponer la reclamación dentro del mes que tiene para hacerlo. Una solución contraria a ésta contravendría la seguridad jurídica y el principio de preclusión — principio en cuya virtud, una vez transcurrido el momento procedimental oportuno establecido para la realización de un determinado acto, se pierde la oportunidad de realizar el acto en cuestión—, pues el plazo para interponer la reclamación podría reabrirse libremente por el interesado en función de los reparos u observaciones que decidiera dirigir a la Administración interpelada acerca de la resolución de su solicitud o del cabal cumplimiento de la misma (en esta línea, Resolución 206/2020, FJ 3º). Cuarto. No obstante lo anterior, y comoquiera que no se ha materializado el acceso a la información decretada por el Ayuntamiento, nada obstaría a que la interesada formule nuevamente su solicitud con base en la LTPA, sin que en ningún caso pudiera catalogarse la nueva solicitud como repetitiva a los efectos previstos en el artículo 18.1 e) LTAIBG. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) por denegación de información pública.