Reclamación de la asociación XXX contra el Ayuntamiento de Torremolinos por denegación de información pública

RESOLUCIÓN 303/2020, de 8 de octubre Asunto: Reclamación interpuesta por la asociación XXX, representada por XXX, contra el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) por denegación de información pública (Reclamaciones acum. Núm. 47/2020 y 48/2020). ANTECEDENTES Primero. Con fecha 22 de enero de 2020 tuvieron entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) dos reclamaciones contra el Ayuntamiento de Torremolinos por denegación de información pública. Segundo. Con base en lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), se concedió un plazo para subsanación de deficiencias advertidas en la reclamación (acreditación de la representación). Dicho plazo se le concede por este Consejo mediante oficio con registro de salida de fecha 12 de febrero de 2020, que resulta notificado el 26 de febrero de 2020. Tercero. El 28 de febrero de 2020 tiene entrada en el Consejo escrito de la persona interesada aportando determinada documentación. Cuarto. Con fecha 8 de octubre de 2020 se dicta Acuerdo de Acumulación de procedimientos por su identidad sustancial e íntima conexión. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el apartado 3 del artículo 5 LPAC: “Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.” Durante dicho trámite, la interesada ha remitido a este Consejo oficio del Servicio de Justicia de la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga comunicando la inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía de una modificación del órgano de representación de la asociación. Del examen de dicho oficio no se deriva que la ahora reclamante ostente competencia para interponer recursos o reclamaciones en representación de la asociación. En consecuencia, no acreditó la representación de la asociación a favor de [nombre de persona reclamante] conforme a la establecido en el artículo 5.4 LPAC, que dispone lo siguiente: “La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente”. A este respecto, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de febrero de 1998 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, afirma que “…claro está que una fotocopia (del poder original) no autenticada ni cotejada en legal forma no es ni documento público, ni privado autenticado, por lo que no existiendo tampoco poder «apud acta» se ha de llegar a la inequívoca conclusión de no constar acreditada la representación de la parte recurrente en la instancia y aquí apelada”. Así las cosas, ha de concluirse que, con la documentación aportada, no consta acreditada la representación de la parte recurrente al no haberse atendido a los requisitos establecidos en el artículo 5.4 LPAC, incluso tras haber sido requerido para subsanar el defecto procedimental. Consiguientemente, procede dictar, con base en el artículo 68.1 LPAC, la siguiente RESOLUCIÓN Único. Se acuerda tener por desistida a la asociación XXX, representada por XXX, contra el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) por denegación de información pública.