Reclamación por denegación de información pública sobre deudas tributarias y expedientes de adjudicación del Mercado de Abastos en Alcalá de Guadaíra

RESOLUCIÓN 189/2021, de 23 de abril Artículos: 2 y 24 LTPA D.A. 4ª LTPA y D.A. 1ª LTAIBG Asunto Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por denegación de información pública. Reclamación 375/2019 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presento, el 1 de julio de 2019, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) exponiendo lo siguiente: “Confiando que esta Junta de Gobierno que preside, avalada por el voto ciudadano, sea más eficiente y más respetuosa a la vista de la falta de respuestas y ocultación de información, ante las reiteradas y sucesivas solicitudes de documentación reclamadas por escritos según se detalla en el 'Resumen de gestiones realizadas' (...). “Estamos de nuevo reclamando nuestro derecho a la información pública, pues como ya advertimos en distintas a ocasiones, no hemos 'tirado la toalla'. Aún más animados pues la realidad nos dio la razón de la inviabilidad de un proyecto, cesó su actividad en septiembre pasado, que por falta de estudio previo y el rigor necesario, se adjudicó a una empresa en la que concurren circunstancias sospechosas tales como: “- Fue la empresa única que presentó oferta, diez minutos antes de acabar el plazo, sin estudio económico, como se afirma en el informe de la adjudicación. “- Fue creada un mes antes de la presentación al concurso y por tanto, no pudo acreditar ninguna experiencia en hostelería, ni estar al corriente de pagos con las administraciones públicas, además de no tener capacidad financiera pues se fundó con un capital social de 3.000€. Tal incapacidad financiera se confirma al no pagar ni tan siquiera el canon de adjudicación inicial de 20.000€ y ninguna cuota mensual de adjudicación e incluso ni los gastos de mantenimiento del edificio público, dejando una deuda con los ciudadanos de aproximadamente 230.000 € incluido recargos. “- El silencio nos confirmará esa deuda una vez más, pues el adjudicatario no paga ni por vía de apremio. Ahora van y se parapetan detrás de la Ley General Tributaria para justificar tan nefasta gestión tributaria. Todo parece beneficiar al tercero, que es quién no paga, en contra de los propios ciudadanos quienes pagamos todo y a todos. Para colmo, el adjudicatario tampoco cumplía con el obligado requisito de presentación de cuentas en el Registro Mercantil. “- El concepto que justifica el uso del Mercado de Abastos definiendo a los 11 bares instalados, véase la solicitud de declaración responsable aprobada en Junta de Gobierno del 12-01-2018, como 'locales cuya actividad se basa en la oferta de venta de productos alimenticios, que además podrán ser consumidos en las propias instalaciones'. Ahora con ese argumento los bares pasan a la categoría urbanística de 'Servicios Urbanos que provee de servicios básicos a los ciudadanos''. “- Incluso se estuvo funcionando sin el preceptivo seguro de responsabilidad civil, como ya reconoció ese Ayuntamiento, eso sí, calificado como mera falta administrativa. Afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia. “- Esa dejadez y falta de control administrativo nos obligó a presentar permanentes quejas por molestias y ruidos sin que el ayuntamiento iniciara ningún procedimiento de sanción. “- Peor aún, la actividad ha producido un deterioro de un edificio público protegido destinado a mercado de abastos (rotura de puestos, marquesina en la fachada, eliminación de zona verde) que agotó la paciencia de los placeros que acabaron marchándose (sólo quedó un puesto) como se demuestra en los escritos de denuncias presentados por estos. “Sí, este ha sido el resultado y no vamos a calificar, Sra. Alcaldesa, la gestión municipal de la anterior Junta de Gobierno cuando, además, nos obligan a los ciudadanos a tener que: “- Denunciar ante el Consejo de Transparencia de Andalucía y ante el Defensor del Pueblo nuestra indefensión por la continua falta de respuestas y ocultación de información. “- Seguir reclamando por escrito al Ayuntamiento la información que nos falta para defender nuestros derechos y evitar obligarnos a iniciar la vía judicial. “- Continuar denunciando el ninguneo, tanto a los propios vecinos como a sus 16 Concejales representantes de la gran mayoría de los ciudadanos. “- Estar reclamando constantemente, van unas quince, sobre los ruidos y molestias que estamos sufriendo. “- Volver a denunciar que no se cumplió el contrato de adjudicación y eso ya, a la vista de los resultados, nos costará dinero de nuestros propios bolsillos. “- Reprobar la táctica que nos aplican a los ciudadanos de ¡Que protesten. Ya se cansarán...! Insistimos que con nosotros no va a funcionar. “Por todo ello, al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Junta de Andalucía y confiando que este nuevo escrito, sea la primera oportunidad para demostrar que es posible un cambio positivo en la gestión y un acercamiento de ésta a los ciudadanos. “Volvemos a solicitar: “1) En base a la liquidación de los presupuestos de 2018 ¿A cuánto asciende al 31-12-2018 el importe de las tasas impagadas por el adjudicatario desde la fecha de adjudicación del 23-11-2015 y el detalle mensual de las mismas incluido los recargos? “2) ¿Qué importe ha sido pagado al 31-12-2018 desde la fecha de adjudicación del contrato y si es que ha pagado alguna cantidad, en qué concepto? “3) ¿Ha pagado el adjudicatario algún importe desde el 01-01-2019 hasta la fecha del presente escrito en junio de 2019? “4) Aún estamos esperando respuestas de los escritos presentados el 27-07- 17 al anterior Sr Delegado de Comercio, solicitando 'Que se nos permita en igualdad de condiciones el acceso a los expedientes de la adjudicación' y el 16-01-18 solicitamos a la Sra. Alcaldesa: 'Que se nos informe si el adjudicatario está al corriente de los impagos al día de la licencia de apertura de actividades. En caso contrario que se nos aclare el montante de la deuda actual'. “5) También están pendientes de respuestas otras cuestiones ya solicitadas en los siguientes escritos presentados: “- El 27-07-17 al Sr interventor de Cuentas y al Sr. Concejal competente como Garante del Contrato de adjudicación solicitando 'informe que justifique el trato de favor por el impago estimado de más de 145.000€ por parte del adjudicatario de tasas municipales y el continuado incumplimiento del contrato de adjudicación desde Abril de 2016 “- El 23-03-18 otra vez al Sr Interventor de Cuentas solicitando 'Que como técnico responsable e interventor de las cuentas emita el informe correspondiente para aclarar el tema del aplazamiento de la deuda solicitado por el adjudicatario a Arca detallando: Quién lo autorizó, el detalle del importe fraccionado e impagado y a cuánto asciende al 31-12- 2017 la deuda total por todos los conceptos'”. Segundo. El 8 de agosto de 2019 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la ausencia de respuesta de la solicitud de información en la que la persona interesada expone lo siguiente: “En relación al escrito de reclamación de información publica ante el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra solicitada con fecha del 01/07/2019 por las deudas impagadas por parte del adjudicatario Pan Pan Producciones S.L. del centro gourmet en el mercado de abastos ubicado en la plaza Paulino García Donas, esquina calle Jardinillo, le informo que, pasado el plazo de un mes desde la presentación de dicho escrito, (...) no se ha recibido contestación alguna al respecto. “En relación a los escritos presentados con anterioridad de fecha 27/07/2017, 16/01/2018 y 23/03/2018 y mencionados en el escrito adjunto, no se aportan pues ya obran en poder del propio Consejo, en el expediente de reclamación numero 330/2018 por denegación de información publica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. “Es por todo ello, dado el plazo transcurrido y el incumplimiento una vez mas del articulo 20 de la Ley de Transparencia y las constantes y reiteradas dificultades de aportación de información denunciamos la aptitud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y al amparo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Buen Gobierno. “Solicitamos: “1. La reclamación de toda la información solicitada en nuestro escrito presentado el 01/07/2019 y relacionada en el documento adjunto como (...). “2. La aplicación del régimen sancionador correspondiente dada la reiterada falta de colaboración por parte de ese Ayuntamiento, que nos genera una manifiesta indefensión y nos empuja a recurrir a los tribunales ordinarios de justicia” Tercero. Con fecha 8 de noviembre de 2019, el Consejo solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación a la persona reclamante. Con fecha 11 de noviembre de 2019, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. Cuarto. El 31 de enero de 2020 tuvo entrada informe mediante nota interior del Servicio de Gestión Tributaria de la entidad reclamada sobre queja al Defensor del Pueblo motivado por la misma reclamación de información en el que informa lo siguiente: “Con relación a la petición de informe derivado del escrito del Defensor del Pueblo sobre el expediente de Queja 18/322, referido al Mercado de Abastos y en lo que afecta a este Servicio de Gestión Tributaria se informe si son ciertas las denuncias de impago o exención de tasas de cantidades establecidas en el Pliego denunciadas por el promotor de la queja, le comunico lo siguiente: “En cuanto a la exención de tasas decir que desde el Servicio de Gestión Tributaria se ha liquidado a la entidad concesionaria, por un lado, el canon establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares del contrato, y por otra parte, las tasas por ocupación o utilización de los puestos del mercado de abastos. No se ha aplicado exención alguna, en cuanto la normativa fiscal no reconoce ninguna para este tipo de actividad o por razón del sujeto. “En cuanto a las denuncias de impago formuladas por el promotor de la queja, le comunico que dicha información con transcendencia tributaria está sujeta a lo dispuesto en el artículo 95 de la LGT tributaria, por lo que no puede ser cedida o comunicada a terceros. “El artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consagra el principio de que 'para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho público debe percibir la Hacienda de las Entidades locales, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes'. “Ello supone que, en el ejercicio de sus competencias, resultarán de aplicación a las Haciendas Locales las mismas prerrogativas que la Ley General Tributaria atribuye a la Hacienda Estatal, lo que tiene una enorme trascendencia en lo que se refiere a la aplicación de las normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal. “Así, en relación con la cesión de datos de aquellas personas que figuran como contribuyentes serán de aplicación en este caso las previsiones contenidas en el artículo 95 de la Ley 57/2003, de 17de diciembre, General Tributaria, cuyo apartado primero establece: 'Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: 'a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. 'b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. 'c) La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social para el correcto desarrollo de los fines recaudatorios encomendados a la misma. 'd) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea. 'e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. 'f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. 'g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de la Administración tributaria. 'h) La colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud de información exigirá resolución expresa, en la que previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado lo demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes o derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria. 'i) La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. 'j) La colaboración con el Servicio Ejecutivo creado por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, en las actividades que dicho servicio lleve a cabo en el ámbito de lo previsto en el artículo 1 de la mencionada Ley'. “Al no tener por objeto ninguno de los recogidos anteriormente el funcionario que suscribe considera que la información tributaria solicitada no puede cederse al Defensor del Pueblo.” Quinto. Con fecha 30 de julio de 2020, el Consejo dirige a la persona reclamante resolución de suspensión del procedimiento en base al artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Tras haberse producido el correspondiente pronunciamiento judicial por parte del Tribunal Supremo, se ha procedido a levantar la suspensión del procedimiento en fecha 23/04/2021 por parte de este Consejo. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”. A este respecto no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG), y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Según define el art. 2 a) LTPA, se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por otro lado, como hemos tenido ocasión tantas veces de reiterar, es innegable la relevancia pública de la información de naturaleza económica, resultando por tanto del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos referentes a las decisiones de gasto tomadas por las Administraciones públicas. Resulta relevante señalar igualmente que según el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Cuarto. La presente reclamación tiene por objeto una serie de concretas peticiones de información que el interesado solicitó al Ayuntamiento citado referente al Mercado de Abastos mediante escrito fechado el 1 de julio de 2019, a saber: “1) En base a la liquidación de los presupuestos de 2018 ¿A cuánto asciende al 31-12- 2018 el importe de las tasas impagadas por el adjudicatario desde la fecha de adjudicación del 23-11-2015 y el detalle mensual de las mismas incluido los recargos? “2) ¿Qué importe ha sido pagado al 31-12-2018 desde la fecha de adjudicación del contrato y si es que ha pagado alguna cantidad, en qué concepto? “3) ¿Ha pagado el adjudicatario algún importe desde el 01-01-2019 hasta la fecha del presente escrito en junio de 2019?” Pues bien, con ocasión del trámite de alegaciones concedido, la entidad reclamante remite informe mediante nota interior del Servicio de Gestión Tributaria sobre queja al Defensor del Pueblo el cual esgrime para denegar el acceso a la información, en primer lugar, el carácter específico de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, (en adelante, LGT), aparentemente con base en la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA y la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG. Y en segundo término, alega la entidad reclamante el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En lo que atañe a la cuestión de fondo que hemos de resolver respecto al articulo 2.2, el mismo establece que: “Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes”. De lo que se desprende que la entidad reclamada asume que la materia tributaria tendría un régimen jurídico específico a los efectos de la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA y Disposición adicional primera de la LTAIBG, planteamiento que de ser admitido conduciría a declarar la inadmisión de la reclamación por escapar este bloque material de las atribuciones del Consejo. En efecto, como es sabido, el apartado segundo de la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA dice así: “Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información” (y en idénticos términos se expresa el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG). Se plantea, así, de nuevo ante nosotros, un asunto que ya abordamos en la Resolución 78/2016, de 3 de agosto, en donde rechazamos que en materia tributaria exista un régimen jurídico específico de acceso a la información que venga a desplazar a la legislación de transparencia. Según afirmamos en el Fundamento Jurídico Tercero de esa Resolución, queda al margen de la Disposición Adicional que nos ocupa cualquier “norma que no contenga un completo régimen jurídico específico de acceso, por más que la misma regule pormenorizadamente otros trámites o aspectos procedimentales”. Premisa que nos llevaría a sostener que de la LGT no se deriva ningún “régimen jurídico específico de acceso a la información” a los efectos de la Disposición adicional cuarta de la LTPA: “No podemos por tanto sino concluir que, con independencia de determinadas previsiones relativas al deber genérico de la Administración de informar a los obligados tributarios acerca de sus derechos y obligaciones (art. 85 LGT) y al modo en que se instrumenta dicha obligación (arts. 86 y 87 LGT), y al margen de la disposición que establece la confidencialidad de los datos tributarios que fundamentó la resolución denegatoria (art. 95 LGT), no se establece en la LGT un completo régimen jurídico específico de acceso a la información tributaria por parte de la generalidad de la ciudadanía”. Así pues, de conformidad con lo que afirmamos en la Resolución 78/2016, no cabe entender que exista una normativa específica reguladora del acceso a la información obtenida en el ejercicio de las potestades tributarias, resultando por ende de plena aplicación la legislación en materia de transparencia y, con ello, confirmada la competencia de este Consejo para resolver la presente reclamación. A continuación, la entidad reclamada alega para denegar la información el carácter reservado de los datos solicitados esgrimiendo, al respecto, lo dispuesto en el artículo 95 LGT: “Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: 'a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. 'b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. 'c) La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social para el correcto desarrollo de los fines recaudatorios encomendados a la misma. 'd) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea. 'e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. 'f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. 'g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de la Administración tributaria. 'h) La colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud de información exigirá resolución expresa, en la que previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado lo demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes o derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria. 'i) La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. 'j) La colaboración con el Servicio Ejecutivo creado por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, en las actividades que dicho servicio lleve a cabo en el ámbito de lo previsto en el artículo 1 de la mencionada Ley.'” Por consiguiente, hemos de examinar la procedencia de apelar al deber de confidencialidad que pende sobre la Administración Tributaria como causa suficiente para denegar la información solicitada. Como señalábamos en la Resolución 144/2017, de 30 de noviembre, no es la primera vez que se suscita ante este Consejo la cuestión de determinar si la estricta sujeción a este deber de confidencialidad por parte del órgano reclamado puede armonizarse con la necesaria tutela que asimismo ha de brindar al derecho de acceso a la información pública. Tuvimos ocasión, de afrontar esta cuestión en la Resolución 78/2016, de 3 de agosto, antes citada, en donde argumentamos que la premisa de la que debe partirse para resolver estos supuestos en que está involucrado el art. 95 LGT es la siguiente: “[…] que la instauración del deber de confidencialidad por parte de la Administración se orienta esencialmente a la preservación de los derechos e intereses de los obligados tributarios. Así se desprende del artículo 34.1.i LGT, que, al enumerar los 'Derechos y garantías de los obligados tributarios', incluye el siguiente: 'i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes'. ”Por lo tanto, en buena medida, el art. 95 LGT se encarga de configurar y desarrollar el derecho al carácter reservado de los datos que ostentan los obligados tributarios...” (FJ 4º). A mayor abundamiento, como sostuvimos en el Fundamento Jurídico Cuarto de la antes citada Resolución 144/2017: “[…] es preciso tener presente que, en casos como el que nos ocupa, frente al deber de confidencialidad del art. 95 LGT –proyección del derecho de los obligados tributarios ex art. 34.1 i) LGT- se sitúa el derecho de acceso a la información pública, que enraíza inmediatamente en el propio texto constitucional, en cuanto plasmación del mandato establecido en el art. 105 b) CE, que impone al legislador regular 'el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas'. Aún más; se trata de un derecho que, al igual que el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz [art. 20.1.d) CE], está esencialmente orientado a asegurar una institución política capital, a saber, la 'opinión pública libre' (en este sentido, Resolución 42/2016, FJ 6º). Vinculación estrecha con el derecho fundamental a la libertad de información que, de forma gradual pero manifiesta, se ha ido abriendo paso en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conforme a la cual han de interpretarse nuestros derechos fundamentales según exige el artículo 10.2 CE [baste citar algunas de las más recientes: la Sentencia Rosiianu v. Rumanía, de 24 de junio de 2014 (§ 64), la Sentencia de la Gran Sala Magyar Helsinki Bizottság v. Hungría, de 8 de noviembre de 2016 (especialmente, § 132 y §§ 151-169) y la Decisión Sioutis v. Grecia, de 29 de agosto de 2017 (§§ 24 y 25)]. ”Pero de esto ya era consciente el Parlamento andaluz cuando aprobó la LTPA, como lo acredita que en su Exposición de Motivos se reconozca que, con la misma, se pretende 'garantizar, conforme al artículo 20.1.d) de la Constitución Española, el derecho a recibir libremente información veraz de los poderes públicos y, conforme al artículo 105.b) de la Constitución española, el acceso de los ciudadanos a la opinión pública' (Exposición de Motivos IV).” “En suma, el sentido y alcance del art. 95 LGT han de ser reinterpretados a la luz de las nuevas exigencias impuestas a las Administraciones por la LTPA, tal y como quisimos significar en la citada Resolución 78/2016 (FJ 4º): 'En este marco normativo renovado por la legislación en materia de transparencia, se hace evidente que no basta –si es que alguna vez bastó- la aplicación puramente mecánica del art. 95 LGT, en sus propios términos literales, para eludir proporcionar la información solicitada. Antes al contrario, es preciso analizar y valorar, a la luz de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si y en qué medida los derechos e intereses del obligado tributario –a cuya tutela se encomienda el deber de confidencialidad de la Administración tributaria- han de prevalecer sobre el derecho de acceso a la información pública'”. Planteamiento anterior que entendemos resulta del todo secundado por lo expresado por el Tribunal Supremo en la reciente Sentencia n.º 257/2021 (Sala de lo Contencioso- Administrativo) sobre el recurso de Casación n.º 2162/2020, al pronunciarse en los términos siguientes: “Interpretando dicha Disposición Adicional 1ª dijimos en nuestras sentencias de 11 de junio de 2020 (recurso 577/2019) y de 19 de noviembre de 2020, que: '…el desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y procedimiento que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que estamos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse.' […] “Pues bien, del tenor literal de dicha regulación antes transcrita se desprende que la LGT y singularmente, su artículo 95 -en el que se sustenta la decisión denegatoria- consagran una regla o pauta general de reserva de los «datos con trascendencia tributaria» en el ámbito de las funciones de la Administración Tributaria -la gestión y aplicación de los tributos- pero no permiten afirmar que contengan una regulación completa y alternativa sobre el acceso a la información que implique el desplazamiento del régimen general previsto en la Ley 19/2013, de Transparencia, norma básica aplicable a todas las Administraciones Públicas. “Dicho artículo 95 LGT se inserta en la Sección 3ª sobre «colaboración social en la aplicación de los tributos» del capitulo I, sobre «principios generales» en el Titulo I de «la aplicación de los tributos» y se refiere al carácter confidencial de los datos obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones con la finalidad de aplicación de los tributos o de imposición de infracciones. El aludido artículo de la LGT además de establecer la mencionada regla, contempla trece excepciones y supuestos en los que se permite el traslado o cesión de la información tributaria a terceros -apartados a) a m)- que en la perspectiva de nuestro enjuiciamiento de acceso no son un numerus clausus o un listado cerrado de cesión de datos a terceros. Por su parte, el artículo 95 bis introducido por la Ley 34/2015, contempla un nuevo supuesto de publicidad en ciertos casos de infracción tributaria. No cabe concluir, pues, del tenor de tales preceptos, 95 y 95 bis, ni del contenido de los precedentes artículos 93 y 94 LGT -que se refieren a la obligación de los ciudadanos de informar a la Administración tributaria- que exista una regulación específica propia y exhaustiva del sistema de acceso a la información por parte de los ciudadanos en este ámbito. Los artículos citados se circunscriben a recoger la pauta general de la reserva de datos tributarios, regla que no es óbice para que ante el déficit de regulación y tutela del derecho de acceso a la información, opere ex apartado 2º de la Disposición Adicional 1ª, la mencionada Ley 19/2013 que, es norma básica en materia de acceso a la información pública, aplicable a todas las Administraciones Públicas en los términos del artículo 149.118 CE, y que contribuye, en fin, a la transparencia del sistema tributario y permite realizar el derecho reconocido en el artículo 105 c) CE. “Esto es, el artículo reseñado de la LGT y demás disposiciones que se invocan se refieren a la reserva de los datos que obtiene la Administración para la gestión y ejercicio de la actuación tributaria entendida en un sentido amplio, pero no conllevan per se la inaplicación de la Ley de Transparencia, […] “Lo anteriormente expuesto nos lleva a afirmar que no se contiene en la Ley General Tributaria un régimen completo y autónomo de acceso a la información, y sí un principio o regla general de reserva de los datos con relevancia tributaria como garantía del derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos (art 18 CE). Por ende, las específicas previsiones de la LGT sobre confidencialidad de los datos tributarios no desplazan ni hacen inaplicable el régimen de acceso que se diseña en la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno (Disposición Adicional 1ª)” Todo lo anterior permitiría inferir, pues, la procedencia de estimar la petición formulada por la reclamante en lo que concierne a este punto. Quinto. En cuanto a las pretensión recogida en la solicitud de información sobre: "Que se nos permita en igualdad de condiciones el acceso a los expedientes de la adjudicación" —la cual no es tratada específicamente en el informe mediante nota interior del Servicio de Gestión Tributaria sobre queja al Defensor del Pueblo—, no cabe albergar la menor duda de que los datos objeto de la solicitud constituyen “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, dados los amplios términos con que define el concepto, a saber: “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Pues bien, consideramos que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, y no se contempla alegación por el órgano reclamado, así como ninguna causa de inadmisión ni ningún límite referente a estas pretensiones que permita restringir el acceso a la misma. A nuestro juicio, es manifiesto que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Así pues, todo lo anterior conduciría a afirmar la procedencia de estimar la petición formulada por la solicitante en lo que concierne a este extremo de la reclamación. Sexto. En cualquier caso, a a pesar de lo dispuesto en los dos fundamentos jurídicos anteriores, concurre en el presente caso una circunstancia que impide que este Consejo pueda ahora resolver directamente el fondo del asunto e inste ya a la Administración reclamada a que proporcione la información solicitada. En efecto, tras examinar el expediente, se ha podido comprobar que no consta la concesión del trámite de alegaciones a los terceros afectados. Este trámite resulta determinante para permitir a los afectados por la difusión de la información alegar lo que a sus derechos e intereses convenga; razón por la cual el artículo 19.3 LTAIBG se expresa en términos inequívocamente imperativos: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. En consecuencia, considerando que quedan perfectamente identificados para la Administración reclamada los terceros que pueden resultar afectados por la información referente a la solicitud de información, y no constando a este Consejo que se haya concedido dicho trámite, procede retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que el Ayuntamiento reclamado, conceda el trámite de alegaciones previsto en el mencionado art. 19.3 LTAIBG. Y tras lo cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente. El plazo para dictar resolución es un mes a contar desde la notificación de esta Resolución, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada del artículo 19.3 LTAIBG. Séptimo. Consideración aparte merecen, finalmente, las peticiones que incorpora la solicitud de información consistentes en emitir “informe que justifique el trato de favor por el impago estimado de más de 145.000€ por parte del adjudicatario de tasas municipales y el continuado incumplimiento del contrato de adjudicación desde Abril de 2016”, así como “[q]ue como técnico responsable e interventor de las cuentas emita el informe correspondiente para aclarar el tema del aplazamiento de la deuda solicitado por el adjudicatario a Arca detallando: Quién lo autorizó, el detalle del importe fraccionado e impagado y a cuánto asciende al 31-12- 2017 la deuda total por todos los conceptos”. Pues bien, en relación con dichas solicitudes de información ha de tenerse presente que el derecho de acceso a la información garantizado por la legislación de transparencia se circunscribe a la “información pública” tal y como queda definido en el art. 2 a) de la LTPA, ya recogido anteriormente, a saber, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el presente Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista del concepto de información pública del que parte la legislación reguladora de la transparencia, resulta evidente que las pretensiones de la reclamante quedan fuera del ámbito objetivo protegido por la LTPA, pues con la misma no se persigue acceder a unos concretos documentos o contenidos que ya obren en poder del órgano reclamado, sino que la Administración emprenda ex novo determinadas actuaciones o adopte unas específicas medidas “[…] informe que justifique el trato de favor...” y “[…] emita el informe correspondiente para aclarar el tema del aplazamiento...”, pretensiones que resultan ajenas al ámbito competencial de este Consejo. Por consiguiente, este Consejo no puede sino inadmitir las solicitudes recogidas en este fundamento que plantea la persona reclamante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente resolución, proceda a realizar las actuaciones que correspondan según lo indicado en el Fundamento Jurídico Sexto, debiendo remitir a este Consejo, en el mismo plazo, copia de lo actuado. Segundo. Inadmitir la pretensiones contenidas en el Fundamento Jurídico Séptimo.