Reclamación contra el Ayuntamiento de Prado del Rey por denegación de acceso al inventario de bienes y derechos, resuelta con estimación

RESOLUCIÓN 310/2021, de 27 de mayo Artículos: 2 y 24 LTPA y 41 LPAC Asunto Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz) por denegación de información pública Reclamación 455/2019 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 19 de junio de 2019, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz): “Al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno así como en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el acceso a la totalidad de la información contenida en el inventario actualizado de bienes y derechos del Ayuntamiento de Prado del Rey”. Segundo. El 10 de octubre de 2019 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Tercero. Con fecha 6 de noviembre de 2019 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio de procedimiento para la resolución de la reclamación. El 5 de noviembre de 2019 se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 7 de noviembre de 2019 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Cuarto. Tras la reiteración de solicitud de alegaciones y copia del expediente remitida el 20 de enero de 2021, tiene entrada en el Consejo con fecha 29 de enero de 2021 escrito del Ayuntamiento reclamado con el siguiente contenido: “En atención a vuestra solicitud, adjunto remitimos copia del expediente derivado de la solicitud de XXX e informe al respecto formado por la siguiente documentación: “1. Solicitud acceso Inventario “2. Instancia firmada-2019-E-RE-57 (6SDC7627CZT6PTP9AGCFKJNF2) “3. Recibo-2019-E-RE-57 (NZL6YEPH5HT3JC6ST5XZ4FYPL) “4. RESPUESTA A LA SOLICITUD (FF3P3FKC6WWS7C33RDDXWEYLL) “5. LIBRO DE INVENTARIO “6. Minuta-2019-S-RE-335 “7. Justificante de Rechazo en Sede electrónica 2019-S-RE-335 (962N4SPYKZL2XY7ADQ4KC7MZL) SE 455_2019 Ayto Prado del Rey_SIR “8. RECLAMACION 455-19 “9. FirmaDatosRegistro_2019800000001450 “10. JustificanteRegistro_2019800000001450 “11. Recibo-2019-E-RC-4175 (APPGPTDHLYAXP5Q7RS3AACLLL) “12. Informe “(...)”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información―la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, este criterio es el que asimismo comparten los órganos jurisdiccionales, como lo ponen de manifiesto las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera) n.º 1547/2017, de 16 de octubre; Sentencia 344/2020, de 10 de marzo y 748/2020, de 11 de junio: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. Y prosigue la citada Sentencia n.º 748/2020 que “la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad”. Tercero. El ahora reclamante pretendía el acceso a la totalidad de la información contenida en el inventario actualizado de bienes y derechos del Ayuntamiento de Prado del Rey. Y no cabe albergar la menor duda de que los datos objeto de la solicitud constituyen “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, pues define como tal a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Así lo entendió el propio Ayuntamiento reclamado, pues con fecha 1 de julio de 2019 la Alcaldesa de la entidad local dicta Resolución en la que se indica expresamente al interesado que “en atención a su solicitud de acceso a la información contenida en el inventario actualizado de bienes y derechos del Ayuntamiento de Prado del Rey, adjunto le enviamos libro el fichero del mismo con la última actualización realizada hasta la fecha”. Pues bien, pese a reconocer el Ayuntamiento reclamado el derecho de acceso y facilitar la información, no puede entenderse perfeccionado tal acceso, toda vez que según la documentación que obra en el expediente remitido a este Consejo por el Ayuntamiento, la información solicitada no se puso a disposición del interesado mediante notificación electrónica en la dirección de correo electrónico expresamente indicada en la solicitud de información, sino en otra diferente. Ello vendría a justificar el rechazado de fecha 22 de julio de 2019 de la puesta a disposición de la notificación electrónica. En este punto, hay que recordar que el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, establece como contenido mínimo de una solicitud de información “una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones”. En el mismo sentido, el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas requiere como contenido mínimo de toda solicitud, la “Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación”. Esta última previsión se conecta con el contenido del artículo 41.6 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, al indicar que “con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”. En virtud de lo anteriormente expuesto, y entendiendo que el Ayuntamiento no ha querido restringir o denegar la información solicitada, pero que efectivamente, por un error en dirección electrónica en la que realizar la notificación, no ha facilitado al solicitante el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación. En consecuencia, el Ayuntamiento de Prado del Rey habrá de ofrecer a la persona interesada la información objeto de su solicitud, notificándose en la dirección de correo electrónico expresamente indicada por el interesado en su solicitud de información. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación presentada por XXX contra el Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz) por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz) a que, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca al reclamante la información según lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, dando cuenta y acreditando a este Consejo lo actuado en el mismo plazo.