Reclamación por denegación de información sobre acoso escolar y agresiones en centros educativos de Málaga estimada por falta de notificación

RESOLUCIÓN 309/2021, de 27 de mayo Artículos: 2 y 24 LTPA Asunto Reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública Reclamación 447/2019 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 9 de julio de 2019, una solicitud de información dirigida a la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía, del siguiente tenor: “[nombre de la persona ahora reclamante], en calidad de Juez de Paz sustituto de XXX, con dni [dni persona ahora reclamante] y domicilio a efectos de notificaciones en [dirección persona ahora reclamante], ante la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía comparezco, y como mejor proceda en Derecho digo: “Al amparo de lo establecido en la Ley 19/2013, de nueve de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2014, de veinticuatro de junio, de transparencia pública de Andalucía, quisiera saber si en los Institutos de Educación Secundaria de las localidades de Torrox, Nerja y Vélez-Málaga existen programas de prevención de acoso escolar (builying) y de protección de profesores frente a agresiones por parte de alumnos y padres de alumnos, si en los dos últimos cursos académicos se han registrado agresiones (en cualquiera de los supuestos antes mencionados) y si como consecuencia de las mismas ha habido algún profesor de baja médica por incapacidad temporal o alumnos sancionados disciplinariamente, rogando que la Información solicitada se me remita en los términos y plazos establecidos en la legislación vigente”. Segundo. El 4 de septiembre de 2019, tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) escrito de reclamación, en el que el interesado expone lo siguiente: “[nombre de la persona ahora reclamante], juez de Paz sustituto de XXX, con dni [dni persona ahora reclamante] y domicilio a efectos de notificaciones en [dirección persona ahora reclamante], ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía comparezco, y como mejor proceda en Derecho digo que he solicitado información (mediante escritos adjuntos) a distintas Administraciones Públicas sin haber obtenido respuesta en los términos y plazos legalmente establecidos, según se detalla a continuación: . “Nueve de julio de dos mil diecinueve. Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación (Málaga y Cádiz) sobre estadísticas relativas a acoso escolar y agresiones en centros educativos. “Diez de julio de dos mil diecinueve. Ayuntamientos de Guaro, Grazalema, La Línea de la Concepción y Cártama, solicitando actas de los plenos de constitución de los consistorios. “Dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Consejería de Educación sobre estadísticas relativas a acoso escolar y agresiones en centros educativos. “Dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local, sobre ayudas concedidas a los Juzgados de Paz. “Diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Ayuntamientos de Huétor-Vega, Pinar y Montefrío, solicitando actas de los plenos de constitución de los consistorios. “Por lo anteriormente expuesto, ruego al Consejo que inste a las mencionadas instituciones a facilitarme la información requerida”. Tercero. Con fecha 14 de noviembre de 2019, se dirige escrito a la persona reclamante comunicando la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. El 15 de noviembre de 2019, se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del órgano reclamado, el día 18 de noviembre de 2019. Cuarto. El 12 de diciembre de 2019, tuvo entrada escrito del órgano reclamado en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación, informa que : “En relación con la reclamación SE 447/2019 notificada el día 05/12/2019, se realizan las siguientes consideraciones: “ÚNICO.- Con fecha 3 de octubre de 2019, desde la Secretaría General Provincial de esta Delegación Territorial, se procedió a dar respuesta a la solicitud de información pública que nos trasladó la Unidad de Coordinación de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte (se adjunta copia de la contestación emitida vía correo electrónico)”. Quinto. El 12 de marzo de 2020 se requiere a la Delegación Territorial una copia de la notificación de la respuesta al interesado, a la que se refiere en su escrito de alegaciones. A la fecha de firma de esta Resolución, no se ha recibido la documentación solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, este criterio es el que asimismo comparten los órganos jurisdiccionales, como lo ponen de manifiesto las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera) n.º 1547/2017, de 16 de octubre; Sentencia 344/2020, de 10 de marzo y 748/2020, de 11 de junio: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. Viniendo a añadir la Sentencia n.º 748/2020, de 11 de junio, que “la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad”. Tercero. El objeto de la solicitud que está en el origen de la presente reclamación era obtener información sobre “si en los Institutos de Educación Secundaria de las localidades de Torrox, Nerja y Vélez-Málaga existen programas de prevención de acoso escolar (builying) y de protección de profesores frente a agresiones por parte de alumnos y padres de alumnos, si en los dos últimos cursos académicos se han registrado agresiones (en cualquiera de los supuestos antes mencionados) y si como consecuencia de las mismas ha habido algún profesor de baja médica por incapacidad temporal o alumnos sancionados disciplinariamente”. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Y así lo entendió el órgano reclamado que indica en sus alegaciones que le ha ofrecido la información al interesado. No obstante, no queda acreditada en el expediente la puesta a disposición al reclamante de la información solicitada cuyo acceso se resolvió conceder, mediante la oportuna notificación. Por ello, aun constando la respuesta remitida al interesado el 3 de octubre de 2019 concediendo el acceso solicitado, su notificación no ha quedado acreditada en este procedimiento, por lo que este Consejo debe estimar la reclamación en el sentido de que el órgano reclamado ha de notificar debidamente la respuesta, poniendo por tanto la información solicitada a disposición del reclamante y dejando constancia de su recepción. En consecuencia, el órgano reclamado ha de formalizar el acceso a la información solicitada previa disociación de los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma (art. 15.4 LTAIBG), acreditando ante este Consejo la puesta a disposición de la misma a la persona reclamante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra la entonces Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública, poniendo por tanto la información solicitada a disposición de la reclamante. Segundo. Instar a la actual Delegación Territorial de Educación y Deporte en Málaga a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta Resolución, notifique al reclamante la respuesta ofrecida el 3 de octubre de 2019, poniendo por tanto la información solicitada a su disposición según lo indicado en el Fundamento Jurídico Tercero, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.