Reclamación por denegación de información pública al Ayuntamiento de Los Barrios sobre registro de solicitudes y responsabilidad patrimonial con resultado de terminación por objeto cumplido

RESOLUCIÓN 349/2021, de 31 de mayo Artículos: 2.a) y 24 LTPA Asunto: Reclamaciones interpuestas por XXX contra el Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) por denegación de información pública. Reclamaciones: 481/2019 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 23 de agosto de 2018, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz): “[…] SOLICITAMOS: “1.- Copia de la documentación administrativa aprobada por los órganos competentes que defina el procedimiento establecido en este Ayuntamiento para la presentación de solicitudes de terceros en el registro de entrada de forma presencial. Conforme al art. 53.f de la Ley 39/2015, y en base a esta documentación, rogamos nos informen de los requisitos necesarios para realizar dicho trámite. “2.- Conforme al art. 53.f de la citada Ley 39/2015 rogamos información sobre requisitos necesarios para la solicitud del inicio del trámite de responsabilidad patrimonial por parte de esta administración, debido a la necesidad de reiterados desplazamientos a las oficinas municipales por impedir la administración el registro de solicitudes, pese a la negativa sistemática del personal municipal a acreditar tal negativa por escrito. “3.- Se utilice como medio de notificaciones nuestra dirección electrónica [dirección de correo electrónico de la asociación], conforme al art. 66 de la Ley 39/2015”. Segundo. El 22 de octubre de 2019 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Tercero. Con fecha 19 de noviembre de 2019 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 20 de noviembre de 2019 se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2019 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Cuarto. El 18 de febrero de 2020 tuvo entrada en este Consejo escrito del Ayuntamiento reclamado al que adjunta: “- Escrito de entrega de información al interesado con n.º de registro de salida del Ayuntamiento de Los Barrios S2020001415 y fecha 10/2/2020, que contiene: “- Copia literal de la información remitida por la Secretaría General del Ayuntamiento de Los Barrios mediante comunicado interior el día 19 de diciembre de 2019 referente a la petición de «Documentación administrativa que defina el procedimiento establecido en este Ayuntamiento para la presentación de solicitudes de terceros en el registro de entrada de forma presencial». “- Copia literal de la información remitida por el departamento de Patrimonio el día 20/12/19 referente a la petición de «Información sobre los requisitos necesarios para la solicitud del inicio del trámite de responsabilidad patrimonial». Al escrito de alegaciones remitido a este Consejo, el Ayuntamiento adjunta el escrito remitido a la asociación reclamante fechado el 7 de febrero de 2020, con el siguiente contenido literal: “Por medio de la presente se le traslada la información remitida por los Departamentos de Secretaría General y Delegación de Patrimonio a esta Delegación de Transparencia y Calidad en relación a lo solicitado: “Información remitida por Secretaría General el día 19/12/2019 relativa al primer punto: "En contestación a su comunicación interior 2019/020874, de 12/12/19, mediante la cual solicita «Documentación administrativa que defina el procedimiento establecido en este Ayuntamiento para la presentación de solicitudes de terceros en el registro de entrada de forma presencial», según solicitud formulada por D. [nombre del representante de la asociación], en representación de la Asociación Defensa Ciudadana Activa (E2018009160, de 23/08/18), y en virtud de la solicitud del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (E2019013022, de 27/11/19); por la presente, y a los efectos que procedan, por esta Secretaría se pone de manifiesto lo siguiente: “Que consultado el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento (Ventanilla Única), y respecto de la solicitud de D. [nombre del representante de la asociación], ésta fue presentada telemáticamente el día 23/08/18. “No existe expediente tramitado al respecto en esta Secretaría General, quien, no obstante, y de haber sido solicitado por el Departamento tramitador, hubiese informado, en tiempo y forma, respecto del proceder en el registro de entrada en lo que se refiere a la presentación de solicitudes de terceros. “- Por otra parte, y con ocasión de escrito presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz, n.º E2019012297, de 11/11/19; se ha remitido a esa Delegación de Transparencia y Calidad" (ECO/2019/020737, de fecha 11/12/19) y con copia a Alcaldía (ECO/2019/20740, de fecha 11/12/2019), informe detallado, suscrito por la funcionaria encargada del Registro General de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento. “- No obstante lo que antecede, respecto a la «presentación de solicitudes de terceros en el registro de entrada deforma presencial», nada dice la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; que, sin embargo, en su artículo 5, y respecto de la «Representación» - y si consideramos que cuando se habla de «presentación de solicitudes de terceros en el registro de entrada de forma presencial», se refiere a la presentación de solicitudes por medio de representante -, establece que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación en contra del interesado. Añade dicho artículo que para formular solicitudes deberá acreditarse la representación mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Entendiéndose acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. “A mayor abundamiento, decir que el artículo 66 del mentado Cuerpo Legal, referido a las «Solicitudes de iniciación», establece que las solicitudes que se formulen deberán contener, entre otras: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente; y, e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. “Ha de tenerse en cuenta que la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, preceptúa que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley; esto es, el 2 de octubre de 2018. No obstante, dicha disposición final séptima ha sido modificada mediante Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de Transposición de Directivas en materia de Protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, disponiendo que las previsiones a que hace referencia la Disposición final séptima entrarán en vigor a partir del día 2 de octubre de 2020. “Por lo tanto, salvo en lo referente al registro electrónico de apoderamientos, y si consideramos que cuando se habla de «presentación de solicitudes de terceros en el registro de entrada de forma presencial», se refiere a la presentación de solicitudes por medio de representante, nada cambia en aplicación de la Ley 30/92, LRJAP y PAC (que aún se mantendría vigente en este caso particular por las razones expuestas anteriormente), que al respecto establece lo siguiente: “«Artículo 32. Representación. “1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. “2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas. “3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado». “Información remitida por Patrimonio el día 20/1212019 relativa al segundo punto: “La legislación aplicable a los expedientes de responsabilidad patrimonial sería la siguiente: “• Constitución española. “• Ley 7/85, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local. “• Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. “• Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. “• Ley 2/2011 , de 4 de marzo de Economía Sostenible. “Con relación al procedimiento a seguir y requisitos para solicitar el inicio del trámite: “El artículo 32 de la Ley 39/2015, nos dice «1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. “La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. “2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas». “El artículo 106.2 de la Constitución española atribuye a los particulares, en los términos previstos en la Ley, «el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos». “En este mismo sentido, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local estipula que «Las Entidades Locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa». “El artículo 67 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas manifiesta: «1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. “3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento simplificado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 196.4 de la Ley 39/2015. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € o la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica». “El artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, añade que: «Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de la producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. “En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. “2.- La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. “3.- La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirá con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Geneal Presupuestaria, o en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. “4.- La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para logar la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y la de sus autoridades y demás personal a su servicio se hará efectiva de acuerdo con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de régimen jurídico del sector público. “De conformidad con el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas «Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el Art.81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. “2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. “3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que se haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado acuerdo, podrá entenderse que la resolución en contraria a la indemnización del particular. “Tal como establece el Art.65 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, existen especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar un procedimiento de oficio será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el art. 67. “2.- El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares lesionados no se personen en el plazo establecido. “El Art. 66 : Solicitudes de iniciación de parte, deberán contener: “a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. “b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envió o puesta a disposición de la notificación. “c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. “d) Lugar y fecha. “e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. “f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación, Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. “2.-Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. “3.- De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente el correspondiente recibo que acredita la fecha y hora de presentación. “4.- Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas. “Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. “5.- Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete. “6.- Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados. “El art.67.- Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.- “1.- Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la duración o la determinación del alcance de las secuelas. “En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. “En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartado 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario de la Unión Europea, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unidad Europea. “2.- Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. “Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deban pronunciarse la resolución, se realizará de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legales o reglamentariamente establecidos. “2.- Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. “3.- Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. “4.- En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. “De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas: «Cuando las Administraciones no tengan por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días. “3.- El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. “De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas: «A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos que sean preceptivos por las disposiciones legales, y lo que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. “2.- En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita». “Artículo 80.2.- Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. “Artículo 81 .- Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. “2.- Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. “A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 92, o en su caso, la propuesta de acuerda por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. “El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. “3.- En el caso de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses. “El artículo 82 Trámite de Audiencia: «1.- Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución se pondrá de manifiesto a lo interesados o, en su caso, a sus representantes para lo que se tendrá en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran pai1e del procedimiento. “2.- Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. “3.- Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. “4.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. “5.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. “Nos dice el Art.91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que, 1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. “2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. “3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. “Recursos administrativos: “El artículo 123 de la la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas del mismo texto legal dispone «Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional-administrativo». « No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto». “Esta resolución agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 114. 1.g) del mismo texto legal que nos dice: Ponen fin a la vía administrativa «Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentariamente así lo establezca»; y el artículo 52 apartado 1 y 2 a) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local que establece «Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2". Consta en el expediente remitido el justificante de que, con fecha 10 de febrero de 2020, la persona interesada realizó la descarga del archivo que el Ayuntamiento le había remitido por correo electrónico. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Entre la documentación aportada al expediente consta escrito del Ayuntamiento reclamado, de 11 de febrero de 2020, en el que comunica a este Consejo que con fecha 10 de febrero de 2020 se remitió respuesta a la solicitud de información, constando recepción el mismo día por el interesado, sin que el reclamante haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad o parecer respecto de la respuesta proporcionada. Considerando, pues, que el propósito de obtener la información ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia de la información prevista en la LTPA, este Consejo no puede por menos que declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento derivado de la reclamación presentada por XXX contra el Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) por denegación de información pública.