Inadmisión de reclamación por denegación de información pública sobre el deslinde de la Vía Pecuaria Vereda Camino del Loro

RESOLUCIÓN 434/2021, de 29 de junio Artículos: DA 4ª.2 y 3 LTPA y D.A. 1ª.3 LTAIBG Asunto Reclamación interpuesta por XXX, contra la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública. Reclamación 081/2021 ANTECEDENTES Primero. El 25 de enero de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ante la ausencia de respuesta de solicitud de información en la que la persona interesada expone: “ 1. Que con fecha 29/98/2020 [sic, debe entenderse 29/08/2020] solicité a la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, copia del expediente de deslinde,incluyendo tabla de coordenadas, de la Vía Pecuaria Vereda Camino del Loro. “ 2.- Que con fecha 11/12/2020, les volví a recordar dicha petición. “ 3.- Que, a pesar del tiempo transcurrido, sigo sin respuesta. “ 4.- La Vereda Camino del Loro es una vereda de carne deslindada que arranca desde la Vereda de Las Cumbres en Moguer, atraviesa parte del término de Lucena, luego el de Almonte, y termina en el mojón de los 4 términos de Palos de La Frontera, Moguer, Lucena y Almonte. “ 5.- Hay 3 mojones de deslinde del lado izquierdo de la vía pecuaria: uno delante de la alambrada en la parte sur de la carretera A-494 (muy cerca de la señal de la Vereda y del Arroyo del Loro), otro en la parte norte de la carretera pegado a una barandilla de madera, y un tercero junto al paso inferior de la carretera, al norte también de la misma. Los mojones, aparentemente, no parecen estar bien alineados. “ SOLICITA: “ 1. La información copia del expediente de deslinde, con el cuadro de coordenadas, pedido con fecha 29/08/2020, en virtud del cumplimiento de la Ley 1/2004 de Transparencia de Andalucía. “ 2. Que se exijan las responsabilidades a la persona encargada de facilitarla, y que no lo han hecho, a pesar del recordatorio de fecha 11/12/2020, en aplicación del Capítulo VI, régimen sancionador, de la Ley 1/2014”. Segundo. Con fecha 12 de febrero de 2021 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la Secretaría General reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Tercero. El 19 de abril de 2021, tiene entrada en el Consejo escrito de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, en el que comunica que “Con fecha de 17/03/21 se ha emitido al solicitante XXX la respuesta (SIA/9834/2020)”. Adjunta al escrito, el oficio remitido al ahora reclamante en el que le indica: “Con fecha 29 de agosto de 2020 tuvo entrada en el registro general de esta Consejería su solicitud, que ha sido tramitada al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, quedando registrada con el número 202099905698876. Con fecha 11 de diciembre de 2020 (n.° Reg. Entrada: 202099909246616) y 15 de enero de 2021 (n.° reg. Entrada: 202199900708645) se presentan escritos que reclaman la contestación a la solicitud 202099905698876 y que tiene el número de expediente SIA/9834/2020. “En su solicitud expone lo siguiente: "Acabo de mandar un escrito con REGISTRO - 202099905698836, en el que por error he puesto Moguer, cuando se refería Almonte. Lo ruego lo anulen y lo sustituyan por este nuevo:...Que la Vereda Camino del Loro es una vereda deslindada en Moguer y Almonte por Resolución 12/03/2001. B.O.J.A 10-04-2001. En dicho B.OJ.A. no se recoge la tabla de coordenadas del tramo de Almonte, desde la carretera A-494, entre San Juan del Puerto y Matalascañas, hasta la Torre del Loro . “Su solicitud consiste en una petición de información referente a: "Copia del expediente de dicho desdndeyet cuadro de coordenadas. "Expediente de deslinde de la Vía Pecuaria Vereda de! Loro desde el cruce con la carretera A- 434 hasta la Torre del Loro, en el término de Almonte, y cuadro de coordenadas". “Una vez analizada su solicitud, le informamos que puede descargar la información de vía pecuaria "Vereda del Camino del Loro" (provincia de Huelva), incluyendo las líneas bases del trazado de deslinde, en el siguiente enlace de Descargas REDIAM: “http://lajunta.es/lvf41 “En caso de que emplee la información en cualquier estudio, proyecto, publicación o aplicación de difusión deberá hacer referencia a ella del siguiente modo: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. “Por otra parte, el órgano directivo competente (Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva de esta Consejería), informa que puede descargar copia de la Resolución de fecha 12 marzo 2001 que aparece en el B.O.J.A. de fecha 10 de abril de 2001 y que incluye la relación de coordenadas resultantes de dicho deslinde, en el siguiente enlace del sistema de intercambio de ficheros de la Junta de Andalucía, “Consigna: “Resolución 12 marzo 2001 (B.OJ.A. de 10 de abril de 2001). “http://lajunta.es/2xtb2”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. En el caso que nos ocupa resulta aplicable una causa que impide admitir a trámite la reclamación interpuesta. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información que versa sobre una serie de contenidos y documentos considerados como información medioambiental. El concepto de información medioambiental está definido en el artículo 2 de Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en términos muy amplios: 3. Información ambiental: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a). c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c). Esta amplia definición se visto además extendida por la jurisprudencia de los tribunales europeos, como en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de junio de 1998 (Asunto 321/96, Mecklenburg), en la que se afirma a propósito de la a Directiva 90/313/CEE del Consejo, traspuesta por la citada Ley: “En primer lugar, debe recordarse que en el concepto de «información sobre medio ambiente» la letra a) del artículo 2 de la Directiva engloba cualquier información relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como las actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, «incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente». Del tenor literal de esta disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió dar a dicho concepto un sentido amplio que abarcara tanto los datos como las actividades referentes al estado de dichos elementos. En segundo lugar, de la utilización que se hace en la letra a) del artículo 2 de la Directiva del término «incluidas» resulta que el concepto de «medidas administrativas» no es más que un ejemplo de las «actividades» o de las «medidas» a las que se refiere la Directiva. En efecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 15 de sus conclusiones, el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de «información sobre medio ambiente» una definición que pudiera excluir alguna de las actividades que desarrolla la autoridad pública, sirviendo el término «medidas» tan sólo para precisar que entre los actos contemplados por la Directiva deben incluirse todas las formas de ejercicio de la actividad administrativa. Por consiguiente, para ser una «información sobre medio ambiente a efectos de la Directiva» basta que un informe de la Administración, como el controvertido en el asunto principal, constituya un acto que pueda afectar o proteger el estado de alguno de los sectores del medio ambiente a los que se refiere la Directiva. Tal es el caso si, como señala el órgano jurisdiccional remitente, dicho informe, en lo que atañe a los intereses de la protección del medio ambiente, puede influir en la decisión de aprobación de un plan de construcción” Esta amplia consideración del concepto de información pública medioambiental hace que la información solicitada (expediente de deslinde de una vía pecuaria) se incluya en dicho concepto. Y así lo sostiene el órgano reclamado, que ha tramitado la solicitud “al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, quedando registrada con el número 202099905698876”. Por consiguiente, es necesario atender a lo establecido en los apartados 2 y 3 de la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA: “2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. 3. En este sentido, esta Ley será de aplicación en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.” Así, pues, resultando aplicable a la materia objeto de la presente reclamación la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, este Consejo carece de competencia para abordar el tratamiento de esta cuestión, por lo que procede, sin entrar a conocer sobre el fondo de la misma, declarar la inadmisión a trámite de la presente reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX contra la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública.