Reclamación por denegación de información pública sobre prevención de riesgos laborales en el I.E.S. XXX y resultado desestimatorio parcial

RESOLUCIÓN 519/2021, de 25 de julio Artículo: 2.a) LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba por denegación de información pública Reclamación: 168/2020 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 3 de enero de 2020, la siguiente solicitud dirigida a la entonces Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba: “Procedo a requerir la siguiente documentación de carácter público, atendiendo a los derechos que se recogen en el artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. “La documentación requerida al exceder de los 2000 caracteres que permite este campo de Información Solicitada se envían directamente al correo electrónico siguiente: [email protected] “MOTIVACIÓN. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Luego para acreditar que se procedió correctamente atendiendo al cumplimiento de los deberes y obligaciones empresariales. y en concreta. por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en la Delegación Territorial de Educación de Córdoba y en este caso en el I.E.S. XXX centro de trabajo que está bajo la competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. “Luego atendiendo a la Directiva (89/391/CEE) del Consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. “Además atendiendo a las preceptos legales de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre. de Prevención de Riesgos Laborales, establece que todas las organizaciones laborales. incluidas las Administraciones públicas, deben promocionar la mejora de las condiciones laborales de su personal. y elevar el nivel de la seguridad y salud del mismo, no solo velando por la prevención y protección frente a riesgos que pueden proporcionar menoscabo o daño físico, sino también frente a riesgos que puedan originar el deterioro de su salud psíquica. “Además acorde además con los preceptos legales presentes en el Capítulo III, Derechos y Obligaciones, de las artículos 14, Derecho a la protección frente a los riesgos laborales, 15, Principios de la acción preventiva, además acorde con los artículos 16.1 y 16.2 b) de la Ley 1/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, (BOE» núm. 269, de 10 de noviembre de 1995), y además acorde con las artículos 8 y 9 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamenta de los Servicios de Prevención. (BOE» núm. 27, de 31 de enero de 1997). “Todo ello, acorde con el Objeto y Alcance del Procedimiento para la elaboración, ejecución y seguimiento de la planificación preventiva. A tal efecto consta el Informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, realizado con fecha del 21/06/2011, en concreto, en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba de la Junta de Andalucía, donde constaban las situaciones sobre las riesgos psicosociales detectadas a los que estaban expuestos todos las trabajadores del I.E.S. XXX, y en concreto, sobre los siguientes factores de riesgos psicosociales: - Carga mental, - Autonomía personal, - Interés por el Trabajo. “Por cierto, Informe donde se recogían además las Recomendaciones Preventivas propuestas y el procedimiento a seguir sobre la Planificación de la actividad preventiva, promovida por el Asesor Técnico de PRL - D. [nombre del asesor técnico], desde la Consejería de Empleo - Dirección Provincial de Córdoba, por el Servicio de Prevención de Riesgos laborales propio, cuya única finalidad era detectar, reducir controlar o eliminar los riesgos previamente detectadas a cada grupo y factor psicosocial evaluado. Por cierto, medidas que debieran ser extensibles a todos los docentes del Instituto tal y como consta en el propio Informe y, Según se acredita expresamente con el DOCUMENTO Nº 1 que adjunto. “Informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales cuya única finalidad era establecer el mecanismo de definición y control sobre las recomendaciones preventivas que se propusieran expresamente, en función del orden de prioridad establecida, en el ámbito de la Consejería de Educación. Cultura y Departe. Incluyendo todas las medidas de cualquier índole que afecten a las condiciones materiales de trabajo y a la gestión preventiva, así como a las aspectos organizativos ligados al diseño del Sistema de Gestión de prevención de riesgos laborales. “Procedo a requerir la siguiente documentación de carácter público, atendiendo a los derechos que se recogen en el artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, caso de que no exista elaborada dicha documentación, desea que indiquen las motivos fundamentados par las cuales no se llegó a elaborar tal y coma era preceptiva y que quede certificada por el funcionario con la competencia profesional que así lo acredite. “Requiero el expediente administrativo donde conste el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirvió de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlas, y además deseo que Io envíen completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónica generada desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso. siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. “DOCUMENTOS SOLICITADOS. “1º.- Requiero la fecha del nombramiento como Director del I.E.S XXX, en concreto, de [nombre del director] y del Jefe de Departamento de Electricidad - Electrónica D. [nombre del jefe de departamento]. “2º.- Requiero que me acrediten con la entrega del documento oportuno que así lo acredite, para conocer cuando fueron elaborados y además aprobados, en concreto, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Procedimiento para la Elaboración, Ejecución y Seguimiento de la Planificación Preventiva, así como el Procedimiento para la información de los empleados públicos. “3º.- Requiero el documento donde conste acreditado que la Evaluación de Riesgos Psicosociales fue puesta a disposición de todos los trabajadores del I.E.S. XXX para conocer los riesgos a los que estaban expuestos, así como en conocimiento de los representantes del Comité de Seguridad y Salud Laboral, atendiendo a las Competencias y facultades que tiene atribuidas, o en su caso de los Delegados de Prevención que Io conformaban, todo ello, atendiendo a los artículos 18, 36 y 39 de la Ley 31/1995. “4º.- Requiero el documento donde conste la aprobación del proceso sobre la Planificación de la actividad preventiva, acorde con el Informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, realizado con fecha del 21/06/2011, elaborado expresamente por el [sic] Secretaría General Provincial, desde la Delegación Territorial de Educación de Córdoba. “5º.- Requiero el documento que así Io acredite donde consten todas las actuaciones propuestas por parte del Secretario General Provincial, desde la Delegación Territorial de Educación de Córdoba, para proceder al desarrollar el Procedimiento para la elaboración, ejecución y seguimiento de la planificación de la actividad preventiva, todo ello, acorde con el Informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales. “6º.- Requiero el documento sobre la Comunicación de las actuaciones preventivas. redactado por el Secretario Provincial de la Delegación General Territorial de Educación de Córdoba, que se tuvieron que remitir a la Dirección del I.E.S. XXX para su conocimiento y efectos oportunos. Así como las fechas de inicio y finalización de la implantación de las Medidas Preventivas propuestas, la valoración económica de las mismas. y en concreto, deseo conocer expresamente y que me identifiquen a la persona designada como responsable directo de dicha Planificación, circunstancia que deseo la acrediten con el documento donde aparezca el nombramiento expreso del titular responsable de llevar a cabo las medidas preventivas presentes en el Informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, realizado con fecha del 21/06/2011. “7º.- Requiero el documento con sus fechas y registros correspondientes que así lo acrediten, donde debió constar la Finalización de la ejecución e implantación del Procedimiento sobre la Planificación de la actividad preventiva propuesta, acorde con el Informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, realizado con fecha del 21/06/2011, que debió ser elaborado por el Secretario General Territorial de Educación de Córdoba, así como los documentos que acrediten que fueron remitidos tanto a los Delegados de Prevención, a las [sic] Unidad de Prevención, y además a la Unidad Administrativa del Centro docente afectado, y en concreto, a la Directiva del I.E.S. XXX. “8º.- Requiero el documento que acredite el Informe del control de comprobación sobre la Planificación de la actividad preventiva propuesta, redactado por el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en concreto, por el Jefe del Área de Prevención Técnica - D. [nombre del jefe del área], o en su caso por el Asesor Técnico de PRL - D. [nombre del asesor técnico], siguiendo en concreto, sus propuestas presentes en su propio Informe que fue elaborado con fecha del 28/06/2011. “9º.- Por último requiero los documentos donde consten expresamente los Informes de control de la Planificación de la actividad preventiva correspondientes a los años 2011 y 2012, y en concreto, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba. “En caso de que alguno de los documentos públicos preceptivos de Planificación de la actividad preventiva que he requerido no se encuentren o en su caso jamás se hayan elaborado, atendiendo a los Derechos y Obligaciones contraídas por parte de la Administración, y acorde con los preceptos legales que se recogen en la Ley 31/1995, deseo que el funcionario competente con responsabilidad en el asunto que así lo acredite expresamente mediante la redacción pertinente del Certificado elaborado a tal efecto, que confirme que estos documentos no existen elaborados”. Segundo. El 21 de febrero de 2020, la entonces Delegación Territorial de Educación en Córdoba dicta resolución por la que: “Resolución de la Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba sobre la solicitud de información pública. “ANTECEDENTES DE HECHO “Primero.- Con fecha 3 de enero de 2020 tuvo entrada en la Consejería de Educación y Deporte la siguiente solicitud de información pública: “Nombre: [nombre de persona interesada] “D.N.I. : [D.N.I. de persona interesada] “Correo electrónico : [correo electrónico de persona interesada] “Nº de solicitud: SOL-2020/00000015-PID@ Fecha solicitud : 03/01/2020 “Nº de expte: EXP-2020/00000010-PID@ “Información solicitada respecto al IES "XXX" de XXX (XXX): "(…) “Segundo.- Con fecha 14/01/2020 se da traslado de la petición anterior al Servicio de Recursos Humanos de esta Delegación Territorial al objeto de que remita la citada documentación para dar respuesta en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia; emitiéndose informe al respecto con fecha 27/01/2020 por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. “Tercero.- Con fecha 29/01/2020 se concede trámite de alegaciones a terceros afectados en el expediente, teniendo en cuenta que la primera de las peticiones realizadas en la solicitud de información pública afecta a derechos de terceros, debidamente identificados, por lo que se les dio traslado por un plazo de quince días hábiles para que alegaran lo que estimaran oportuno. Constando recepción de la citada notificación por parte de los terceros afectados, con fecha 30/01/2020, no se ha realizado alegación alguna por parte de los mismos en el plazo de quince días concedido al efecto. “FUNDAMENTOS DE DERECHO “PRIMERO.- Con base a lo establecido en el art. 3.1 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, esta Delegación Territorial es competente para resolver el presente expediente. “SEGUNDO.· En lo que se refiere a la petición de datos de carácter personal, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 1/2014 de 24 de junio y el art. 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. “TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. “CUARTO.- El art 8 de Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, dispone entre las obligaciones de las personas que accedan a información pública en aplicación de esta Ley estarán sometidas a las siguientes obligaciones: “«a) Ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho». "«c) Respetar las obligaciones establecidas en la normativa básica para la reutilización de la información obtenida». “QUINTO.- El art. 23.3 Ley 19/2013, de 9 de diciembre dispone que «Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá !imitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella». “SEXTO.- El Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, establecía en su disposición transitoria única que hasta la dotación efectiva de la relación de puestos de trabajo prevista en la disposición adicional primera, las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial que no dispongan de al menos un efectivo técnico en puesto específico de prevención de riesgos laborales, en sus servicios centrales, contarán con dicha dotación por reasignación de los efectivos actuales de las áreas de prevención técnica de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. “En este contexto se publicó la Instrucción de 2/2012, de 26 de enero, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en relación con la nueva estructura organizativa de Prevención de Riesgos Laborales para el personal al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. “Según recoge la precitada Instrucción, en el BOJA nº 6, de 11 de enero de 2012, se publicó la Orden de 27 de diciembre de 2011. La publicación de la citada Orden hace efectivo lo previsto en la disposición transitoria única de! mencionado Decreto 304/2011, lo que significa que los Centros de Prevención dejan de ser competentes para ejercer las funciones recogidas en el artículo 5 del mismo desde enero de 2012, pasando a ejercer las funciones que les encomienda el artículo 10 del Decreto 304/2011, de 11 de octubre. “Una vez analizada la solicitud y realizadas las comprobaciones necesarias para establecer si le son aplicables los límites al derecho de acceso establecidos en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía; la Delegación Territorial de Córdoba de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 3 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, “RESUELVE “ÚNICO.-Facilitar la información disponible en esta Delegación: “En relación al punto 1º: Teniendo en cuenta que la información solicitada no contiene datos especialmente protegidos, previa ponderación conforme a los criterios establecidos en el art.15.3 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre y habiéndose dado traslado a los terceros afectados de la petición de información solicitada, no constando alegación alguna por parte de los mismos; se facilita la Información al respecto. “Consultado en el Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos consta que las fechas de nombramiento como Director de D. [nombre del director] fue el 1 de julio de 2011 y de D. [nombre del jefe de departamento] como Jefe de Departamento de Electricidad fue el 1 de septiembre de 2011. “En relación al punto 2º: Mediante la Orden de 30 de octubre de 2014 se aprobaba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el Manual de Procedimientos para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, en la entonces denominada Consejería de Educación, Cultura y Deporte. “Respecto al procedimiento para la información de los trabajadores, este se integra como un procedimiento específico en el «Manual de Procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos laborales», en concreto, el Procedimiento CP 01 «Procedimiento para la información de los empleados públicos». “El acceso a la citada documentación se encuentra disponible en la URL: “http:/ /www.juntadeandalucla.es/educacion/portals/web/ced/plan-de-prevencion--de-riesgos- laborales “En relación al punto 3°: EI procedimiento para la gestión de prevención de riesgos laborales fue aprobado el 30 de octubre de 2014, y el informe de evaluación de riesgos psicosociales citado por la solicitante en su escrito, fue realizado con fecha 21 de junio de 2011. Por este motivo, es previsible que los procedimientos reglados establecidos en el vigente Manual de Procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos laborales a los que la solicitante parece referirse, no estuviesen instaurados a fecha de las actuaciones. “Debe inferirse que en ausencia de un procedimiento especifico en el momento de realización de las actividades, resultaría de aplicación lo dispuesto con carácter general, en la propia Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, así como, lo dispuesto en la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el resto de instrucciones de servicio que pudiesen resultar de aplicación en aquel momento. “Asimismo, consta que en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud fueron tratados asuntos relacionados con las actuaciones realizadas en el IES "XXX", en materia de prevención de riesgos laborales y en el período de referencia. En particular consta escrito de 16/09/2011 del Presidente del Comité de Seguridad y Salud, dirigido a D. [nombre de representante del sindicato] del sindicato XXX, Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y miembro del Comité de Seguridad y Salud, dando traslado del Informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales y Planificación preventiva (se adjunta). “Debe recordarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, los empleados públicos, a través de sus Delegados de Prevención, recibirán información sobre los riesgos para su seguridad y su salud, las medidas de prevención y protección aplicables a dichos riesgos y las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. “Como concreción del derecho anterior, los Delegados de Prevención podrán solicitar el acceso a la documentación establecida en el artículo 23.1 de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre. Sin carácter exhaustivo, la información que puede facilitarse a los Delegados de Prevención será la referida a: “• El Plan de Prevención de riesgos laborales de la Consejería. “• La evaluación de riesgos y la planificación preventiva. “• Los resultados de la vigilancia de la salud, en los términos establecidos en el último párrafo del apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. “• La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que causen incapacidad laboral superior a un día de trabajo, así como los resultados de las investigaciones realizadas por las Unidades de Prevención. “• La programación anual de actividades y la memoria de actividades de las Unidades de Prevención, así como, en su caso, los resultados de las auditorías. “Por tanto, en el vigente Manual de Procedimientos para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, el procedimiento que debe seguirse para trasladar el resultado de los informes de evaluación de riesgos laborales, es canalizado a través de los Delegados de Prevención. “Sin perjuicio de lo anterior, cada empleado público debe recibir, directamente, información sobre los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, para lo que habrá de tenerse en cuenta lo establecido en el vigente procedimiento P-CP 01 (procedimiento para la información de los empleados públicos en el vigente Manual de Procedimientos). En este sentido consta remisión a la Dirección del Centro educativo, mediante escrito de 29-06-2011, de informe referente a Evaluación de riesgos picosociales, así como remisión del manual de información para difusión del personal y convocatoria de acción formativa en materia de prevención de riesgos laborales en el centro educativo (se adjunta). “En relación al punto 4°: El documento que cita la solicitante se denomina «F-PEP02-0l: soporte para la planificación de la actividad preventiva», y se publica junto al Manual de Procedimientos para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Debe volverse a puntualizar, que el procedimiento para la gestión de prevención de riesgos laborales fue aprobado el 30 de octubre de 2014, y el informe de evaluación de riesgos psicosociales de referencia, fue realizado con fecha 21 de junio de 2011. Por este motivo, no se ha podido identificar el formato F-PEP02- 01 en el expediente administrativo existente en la Unidad de Prevención. “No obstante lo anterior, consta que por parte de esta Delegación Territorial se dio traslado del Informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales a los representantes de los trabajadores (escrito de 16/09/2011), y debe significarse que el citado documento contenía en su apartado 10, las medidas preventivas que se proponían adoptar. “En relación al punto 5º: Debe entenderse que el documento al que se refiere la persona solicitante, es nuevamente el «F-PEP02-01: soporte para la planificación de la actividad preventiva», ya que este documento, recoge en su apartado 1, las medidas preventivas propuestas. Debemos remitirnos al punto anterior, por ser coincidentes los motivos por los que no se identifica en el registro de la Unidad de Prevención el citado documento. “En relación al punto 6º: El documento solicitado es coincidente con el formato «F-PEP02-01: soporte para la planificación de la actividad preventiva», citado en el punto anterior. “Así, puede comprobarse como en su apartado 1, se habilita igualmente un espacio para indicar las fechas de inicio y finalización, la valoración económica y la persona responsable de la implantación de las medidas preventivas. Del mismo modo, este documento no se encontraba vigente en el momento de las actuaciones. “En relación al punto 7°: El citado documento, de acuerdo al vigente Manual de Procedimiento, se denomina «F-PEP02-03», por lo que dada la fecha de publicación del citado manual, posterior a la fecha de las actuaciones, no es posible su identificación en el archivo de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. “En relación al punto 8°: El citado documento, de acuerdo al vigente Manual de Procedimiento, se denomina «F-PEP02-04», por lo que dada la fecha de publicación del citado manual, posterior al momento de las actuaciones, no es posible su identificación en el expediente. “En relación al punto 9º: El documento al que alude la interesada, sería el mismo que se relaciona en el punto anterior «F-PEP02-04», que se corresponde al Informe de control de la planificación preventiva, por lo que no es posible su identificación en el registro de la Unidad de Prevención, en los términos prefijados en el vigente Manual de Procedimiento. “En relación a la última petición, ya se ha puntualizado en cada uno de los apartados anteriores la documentación disponible, la que no está y su motivo. Por otro lado, y conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 19/2013, la información pública se ciñe a los contenidos o documentos que obren en poder de esta Administración, sin que proceda la elaboración de nuevos documentos a instancias de los interesados, pues ello, quedaría fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia. “Le recordamos que la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso, en aplicación de lo previsto en el artículo 15.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. Tercero. El 13 de marzo de 2020 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la respuesta a la solicitud de información: “EXPONGO: Que después de recibir parte de la información pública que hemos requerido, entregando documentos ilegibles e incompletos y además que no se ajustan a los principios sobre la transparencia debida, por medio del presente escrito vengo a ejercer el derecho de acceso a los datos públicos, ante el interés legítimo debidamente justificado y procedo a exponer los siguientes HECHOS: “Consta que con fecha del 21/02/2011 [sic, la fecha de la resolución es 21/02/2020] me entregan la RESOLUCIÓN DE LA DELEGADA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE CÓRDOBA SOBRE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. “Solicitud que se cursa por: [nombre de la persona interesada], con D.N.I.: [D.N.I. de la persona interesada] y con correo electrónico: [correo electrónico de la persona interesada], con Nº de Solicitud: SOL-2020/00000015-PID@, con fecha de solicitud: 3/01/2020 y con Nº de Expediente EXP-2020/00000010-PID@, por cierto, información pública solicitada sobre la Evaluación de Riesgos Psicosociales, y en concreto, sobre las acciones llevadas a cabo acorde con el objeto y alcance del Procedimiento para la Elaboración, Ejecución, Seguimiento y Control de la Planificación de la actividad Preventiva, en el I.E.S. «XXX» de XXX (XXX). “ASUNTO. Después de realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales, con fecha del 21/06/2011, en el I.E.S. XXX, acorde con el Derecho de Acceso he procedido a requerir toda la información pública, sobre todas las acciones que conllevaron a ejercer el procedimiento dirigido a promover la Planificación de la actividad preventiva, con la única finalidad de eliminar, reducir y controlar los riesgos psicosociales previamente detectados. “Circunstancias que pongo en su conocimiento, para acreditar todo lo expuesto anteriormente, remitiendo a Vd. la documentación íntegra y exacta que nos ha sido remitida en la resolución por correo electrónico, que consta recogida en los dos ficheros en formato PDF, donde encontrará todos los documentos a los que hemos tenido acceso. Adjunto el DOCUMENTO Nº 1, que me ha sida entregado. “PRIMERO.- Consta el requerimiento expreso del Punto 2º, donde consta el siguiente párrafo: «2º.- Requiero que me acrediten con la entrega del documento oportuno que así lo acredite, para conocer cuando fueron elaborados y además aprobados, en concreto, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Procedimiento para la Elaboración, Ejecución y Seguimiento de la Planificación Preventiva, así como el Procedimiento para la información de los empleados públicos». “Ha quedado acreditado que la Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, «B.O.E.» núm. 268, de 10 de noviembre de 1995, entró en vigor tres meses después de su publicación, en concreto, tal y como se refleja en su Disposición final segunda, acorde a las preceptos legales que se establecen en el Capítulo III, Derechos y Obligaciones, que debe cumplir toda Administraciones públicas, y en concreto, en el artículo 14, Derecho a la protección frente a los riesgos laborales, donde consta el siguiente párrafo: «1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecta del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta» “Son hechos que quedan también acreditados que se tenía que cumplir con todos los preceptos legales que establece la Ley 31/1995, por todas las Administraciones públicas en el mes de febrero del 1996. Luego tal y como queda también acreditado, en concreto, en las declaraciones que aparecen recogidas expresamente en el apartado Resuelve, presente en la Resolución de la Delegada Territorial de Educación, Deporte, y en concreto, en su Punto 2º, donde aparecen recogidos los siguientes párrafos: “En relación al punto 2º: Mediante la Orden de 30 de octubre de 2014 se aprobaba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el Manual de Procedimientos para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, en la entonces denominada Consejería de Educación, Cultura y Deporte. “Respecto al procedimiento para la información de los trabajadores, este se integra como un procedimiento especifico en el «Manual de Procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos laborales», en concreto, el Procedimiento CP 01 «Procedimiento para la información de los empleados públicos». “SEGUNDO.- Consta el requerimiento expreso del Punto 3º, donde consta el siguiente párrafo: «3º.- Requiero el documento donde conste acreditado que la Evaluación de Riesgos Psicosociales fue puesta a disposición de todos los trabajadores del I.E.S. XXX para conocer los riesgos a los que estaban expuestos, así como en conocimiento de los representantes del Comité de Seguridad y Salud Laboral, atendiendo a las Competencias y facultades que tiene atribuidas, o en su caso de los Delegados de Prevención que lo conformaban, todo ello, atendiendo a los artículos 18, 36 y 39 de la Ley 31/1995». “Luego es evidente y así queda también acreditado que la Ley 31/1995, fue incumplida y todos sus procedimientos de gestión fueron desarrolladas cuando se promovió la publicación de la Orden de 30 de octubre de 2014, que es cuando se aprobaba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y en concreto, el Manual de Procedimientos para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Luego debe desprenderse que en ausencia de los Procedimientos específicos en materia da Prevención de Riesgos Laborales, en el momento de realización de la planificación de la actividad preventiva, resultaría de aplicación toda lo dispuesto con carácter general, en lo establecido en la propia Ley 31/1995 y en su normativa de desarrollo presente en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, tal y como desde la Administración se expone expresamente en el Punto 3º. “Luego queda también acreditado en la propia Resolución, y ratificado expresamente por parte de la Sra. Delegada Territorial de Educación Dª [nombre de la Delegada Territorial], que se incumplía con todos los preceptos legalmente establecidos en la Ley 31/1995. y en concreto, se infringía can el Procedimiento para la PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA, por parte de la Consejería de Educación Cultura y Deporte. luego una vez más han quedado confirmados todos estos términos expuestos, procedo a acreditar las siguientes irregularidades que se han suscitado con posterioridad tras proceder a requerir la información pública pertinente. “Con respecto a la información de carácter público que se ha procedido a requerir, consta recogido en Punto 3º de la Resolución se recogen los siguientes testimonios: «En relación al punto 3º: El procedimiento para la gestión de prevención de riesgos laborales fue aprobado el 30 de octubre de 2014, y el Informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales citado por la solicitante en su escrito, fue realizado con fecha 21 de junio de 2011. Por este motivo, es previsible que los procedimientos reglados establecidos en el vigente Manual de Procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos laborales a los que la solicitante parece referirse, no estuviesen instaurados a fecha de las actuaciones. “Debe inferirse que en ausencia de un procedimiento especifico en el momento de realización de las actividades, resultaría de aplicación lo dispuesto con carácter general, en la propia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, así como, lo dispuesto en la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el resto de instrucciones de servicio que pudiesen resultar de aplicación en aquel momento». “Luego ha quedado totalmente demostrado que han incumplido con los preceptos legales de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, luego es evidente también, tal y como consta en sus propios testimonios que no se puede incumplir con lo preceptuado en la Ley y estar en lo dispuesto en ella, una contradicción evidente que no deja lugar a ninguna duda. Porque es también evidente que el Procedimiento para la gestión de prevención de riesgos laborales fue aprobado el 30 de octubre de 2014, lo que viene a cumplir con lo regulado en el Capítulo III, Derechos y Obligaciones de la Ley 31/1995. “Luego atendiendo en concreto al artículo 14.2, de la Ley 31/1995: donde aparece recogido este otro párrafo: «El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo». “Además entre toda la documentación pública requerida, en concreto, la que se demandaba en el Punto 3º, donde deseaba que acreditaran si los resultados obtenidos en la Evaluación de Riesgos Psicosociales fueron puestas a disposición de todos los trabajadores del l.E.S. XXX, para conocer los riesgos a los que estaban expuestos, así como en conocimiento de los Delegados de Prevención, y en concreto. ante las representantes del Comité de Seguridad y Salud, atendiendo a las competencias y facultades que tenían atribuidas, todo ello, atendiendo a los artículos 18, 38 y 39 de la Ley 31/1995. “Luego es evidente y así queda totalmente acreditado que no consta la entrega de ninguno de estos documentos públicos que así lo acredite, tal y como se requiere en el Punto 3º, en concreto, entregados a los diversos Delegados de Prevención o dirigido en su caso al Comité de Seguridad y Salud, motivo por el cual le requiero que proceda a demandar esta documentación pública, o que se emita en su caso un Certificado ratificado por la Sra. Delegada Territorial de Educación, donde conste que esta documentación nunca fue elaborada y remitida a los trabajadores o a todos los representantes de los trabajadores como era preceptiva. “Se está faltando a la verdad, hechos que quedan acreditados también como expondré, todos ellos, por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en concreto. donde se recogen las irregularidades sobre los ilícitos que se exponen expresamente en la Propuesta de Requerimiento O.S. nº 14/0004699/12, emitida con fecha del 18/06/2012, por parte de la Inspección de Trabajo y S.S. de Córdoba y donde consta el siguiente literal: «Quinto.- Se infringe la normativa sobre participación y consulta de las Delegados de prevención en relación con los aspectos citados. Lo anterior infringe el artículo 36 de la ley de Prevención de riesgos laborales». “Luego es acertado afirmar que se falta a la verdad por la Sra. Delegada Territorial de Educación y además es evidente y acertada todo lo expuesto en los párrafos anteriores, y como expresan hay que cumplir con lo determinado en las obligaciones que se recogen en la Ley 31/1995, y en concreto, en el Capítulo III, Derechos y Obligaciones, luego partiendo de todo expuesto con anterioridad, queda acreditado que incumplían con todas las preceptos legales de la Ley, en este sentido, hay que hablar ya muy poco de aquí en adelante al respecto, sobre las irregularidades que se recogen expresamente en las demás puntos que aparecen reflejados en el apartado RESUELVE de la presente Resolución, porque nunca se llevaron a cabo las medidas preventivas propuestas. acorde con el Procedimiento para la Elaboración, Ejecución, Seguimiento y Control de Planificación Preventiva, tal y como se refleja también en el artículo 16.2 b) de la Ley 31/1995. Y atendiendo también a los artículos 8 y 9 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, donde se recogen los siguientes párrafos: "«b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. “Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. “El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. “Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos». “TERCERO.- Luego una vez acreditados todos las términos anteriores, deseo además dejar muy clara que la documentación pública que se requería en las Puntos 4º. 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de mi solicitud, solo vienen a acreditar por parte del responsable, y en concreto, por el Secretario General Provincial de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba como máximo responsable, que jamás se procedió a promover expresamente las acciones oportunas dejando constancia expresa de la documentación preceptiva elaborada al efecto, acorde con las Medidas Preventivas propuestas después de realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales, efectuada el 21/06/2011, en el I.E.S. XXX, incluido expresamente el Procedimiento dirigido a promover la Planificación de la actividad preventiva, efectuando sus acciones preventivas para la Elaboración, Ejecución, Seguimiento y Control continuo, tal y como se recoge en el artículo 16.2 b) de la Ley 31/1995. Razón evidente que incumplían con todas los preceptos legales de la Ley 31/1995. “Tal y como se recoge en las DOCUMENTOS Nº 2 y 3 que adjunta, donde constan las irregularidades que acreditan que infringían con la Ley 31/1995, además vulnerando los derechos de los trabajadores. y en concreto, se recogen en la Propuesta de Requerimiento O.S. nº 14/0004699/12, de fecha 18/06/2012, y su posterior que concluyó en definitiva, tras realizar las alegaciones pertinentes desde la Delegación Provincial de Educación sin ser atendidas ninguna de ellas, donde se recogen de nuevo las mismas irregularidades en la Propuesta de Requerimiento O.S. nº 14/0005727/12, emitida el 09/07/2012, en la que se incluyen las actividades que se debieran llevar a cabo en la actividad preventiva, las cuales fueran, emitidas ambas por la Inspección de Trabajo de Córdoba, donde consta el "«3º. No se ha llevado a cabo la consecuentemente la PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA que deriva de la citada Evaluación de riesgos laborales lo cual infringe el artículo 16.2 b) de la Ley 31/1995 y 8 y 9 del R.D. 39/1997 del Reglamento de los Servicios de Prevención precitado». Es decir, se carecía del elemento preceptivo para realizar la Planificación Preventiva en la Delegación Provincial de Educación de Córdoba. “Lo que viene a demostrar que estos puntos anteriores de requerimiento de información pública, que por cierto, coinciden con los formatos a los que se hace alusión, que como exponen se dictan posteriormente y se recogen en concreto en el Manual de Procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos laborales, que se redacta con fecha del 30 de octubre del 2014, es decir tres años después de realizarse la Evaluación de Riesgos Psicosociales, pero curiosamente estos formatos que se redactan posteriormente vienen a recoger en su redacción el objeto y alcance de las mismos procedimientos a seguir sobre la Planificación de la actividad Preventiva, todo ello, acorde con lo establecido en el artículo 16.2 b) de la Ley 31/1995. “CUARTO.· Es más la Sra. Delegada Territorial de Educación, presuntamente falta a la verdad, cuando afirma en el párrafo tercero del Punto 3º de la Resolución la siguiente afirmación: «En este sentido consta remisión a la Dirección del Centro educativo, mediante escrito de 29/06/2011, de informe referente a Evaluación de Riesgos Psicosociales, así como remisión del manual de información para difusión del personal y convocatoria de acción formativa en materia de prevención de riesgos laborales en el centro educativo (se adjunta)». “No se puede faltar más a la verdad y además tratar de ocultar más los hechos irregulares en los que se incurría y también los documentos públicas que se recogen expresamente en este Informe, tratando presuntamente en todo momento de ocultar una falsedad que se hizo pública, porque es evidente que no adjunta el informe integro paginado y además con el literal correcto de su contenido completo e integro del documento expresamente requerido, tal y coma refiere, solo nos entregan un único folio, en concreto, el folio de cabecera emitido con de fecha del 26/06/2011, con Referencia: 04-0/FMM/G.S.S.L.D, y con Asunto: Informe Evaluación de riesgos. además firmado por el Presidente de Comité de Seguridad y Salud - D. [nombre del presidente] y dirigida a la Sra. Directora del I.E.S. XXX, donde consta el siguiente literal. «Adjunto remito Informe Técnico relacionado con la Evaluación de Riesgo Psicosociales y Prioridad Preventiva del personal de su Centro». “Es más la Sra. Delegada Territorial de Educación, presuntamente falta una vez más a la verdad, cuando afirma en el párrafo tercero del Punto 3º de la Resolución la siguiente afirmación: "En particular consta escrito de 16/09/2011 del Presidente del Comité de Seguridad y Salud, dirigido a D. [nombre de representante del sindicato XXX] del sindicato XXX, Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y miembro del Comité del Comité de Seguridad y Salud, dando traslado del Informe de Evaluación de Riesgos Psicasociales y Planificación Preventiva (se adjunta)». “Como he expuesto anteriormente consta la Propuesta de Requerimiento O.S. nº 14/0004699/12, emitida con fecha del 18/06/2012, redactada por parte de la Inspección de Trabajo y S.S. de Córdoba, donde constan recogidos entre otras la además la irregularidades sobre los ilícitos infringidos, donde aparecen las siguientes literales: «4º. Se infringía con la normativa en materia sobre información formación preventiva, de los artículos 18 y 19 de la Ley de prevención de riesgos laborales. "5º.- Se infringe la normativa sobre participación y consulta de los Delegados de prevención en relación con los aspectos citados. Lo anterior infringe el artículo 36 de la Ley de Prevención de riesgos laborales». Por cierto, acciones de la Inspección de Trabajo que desacreditan verazmente las afirmaciones realizadas por parte la Sra. Delegada de Educación. “No se puede volver a faltar más a la verdad y además tratar confundir, obstruir y ocultar más los documentos públicos que se recogen expresamente en este Informe tratando presuntamente de encubrir una falsedad, porque es evidentemente que no adjunta el informe integro paginado y además con el literal correcto con su contenido completo e integro del documento expresamente requerido, y en concreto, donde se recoja la evaluación de riesgos psicosociales y además el otro documento donde conste expresamente recogida la planificación de la actividad preventiva, tal y como refiere, solo nos entregan un único folio, en concreto, el folio de cabecera emitido con de fecha del 15/09/2011, con Referencia: 04-0/FMM y con Asunto: Informe Evaluación de riesgos, además firmado por el Presidente de Comité de Seguridad y Salud - D. [nombre del presidente del Comité], dirigida a D. [nombre del representante del sindicato XXX] del Sindicato XXX, donde se recoge el siguiente testimonio: "«Se adjunta informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales y Planificación Preventiva del I.E.S. ‘XXX’, emitida el por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, como Servicio de Prevención propia en materia de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía». “Para más inri y tratando de encubrir las irregularidades en las que se incurre reiteradamente la propia Delegación Territorial de Educación de Córdoba. adjuntando además, en concreto, el Manual de Información en Riesgos Laborales, Profesorado, por cierto, sin acreditar la fecha de su elaboración, cuando aún la Evaluación de Riesgos Laborales inicial, no se había realizado en el I.E.S. XXX, la cual se desarrolla tras las irregularidades detectadas y se redacta por requerimiento expreso de la Inspección de Trabajo y S.S. de Córdoba, acciones inspectoras que constan recogidas también en las Propuestas de Requerimiento O.S. nº 14/0004699/12, emitida con fecha del 18/06/2012, y su posterior que concluye en definitiva, en concreto en la Propuesta de Requerimiento O.S. nº 14/0005727/12, emitida con fecha del 09/07/2012, donde entre la multitud de infracciones detectadas. “Es más estos dos documentos anteriores que entrega la Sra. Delegada de Educación son en realidad el mismo documento, en concreto, se corresponde con la Evaluación de Riesgos Psicosociales y son conocidos ambos por la que suscribe la presente, en concreto, se recoge entre otros el Punto 9. Situaciones de riesgo y además refleja también el Punto 1D. Medidas Preventivas, por cierto, medidas preventivas propuestas para cada grupo y factor de psicosocial evaluado. Luego en este Informe que requiero tal y como se refiere, nunca ha aparecido reflejado el Procedimiento dirigido expresamente para la Elaboración, Ejecución, Seguimiento y Control de la Planificación Preventiva, así como tampoco ha recogido el responsable designado de su realización, así como tampoco ha aparecido la documentación preceptiva que acredite que el empresario debió asegurar su efectiva ejecución, efectuando para ello un seguimiento continuo, es más en este Informe nunca aparecen recogidos ninguno de los términos del artículo 16.2 b) de la Ley 31/1995. Hechos que acredita con los documento Nº 4 que adjunto que así lo acreditan. “En este caso concreto. solo consta la entrega del escrito de fecha 16/09/2011, emitido por el Presidente del Comité de Seguridad y Salud, que fue dirigido únicamente a D. [representante del sindicato XXX] del Sindicato XXX. Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y además miembro del Comité del Comité de Seguridad y Salud, acto que se promueve ante su requerimiento expreso y así queda acreditado actualmente, pero no consta ninguno de los documentos con su entrega ante el resto de los Delegados de Prevención de las Sindicatos siguientes: XXX. XXX, XXX, XXX. XXX. XXX- XXX y tampoco consta el documento de su entrega expresa ante los miembros del Comité de Seguridad y Salud, acto que debió recogerse expresamente en las Actas de Comité. y no consta tampoco reflejado el mismo, porque el Comité de Salud no se reunía y además no cumplía con todas sus obligaciones, y se vulneraba además el derecho de información, participación y consulta de los trabajadores, tal y como se recogía expresamente en la Propuesta de Requerimiento O.S. n.º 14/0000206/11, de fecha del 15/02/2011, emitida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, acción que tiene a todos los efecto presunción de certeza, donde constan las siguientes irregularidades: “Primera irregularidad detectada: «El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no se encontraba operativo. Así, el mismo no se reúne trimestralmente o siempre que la solicite algunas de las representaciones del misma, por lo que se impide el derecho de consulta, información y participación de los trabajadores». “Segunda irregularidad detectada: «En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud Laboral estará facultado para conocer cuántos documentos e Informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes del Servicio de Prevención, tal y como dispone el artículo 39.2 de la Ley 31/1995». Propuesta de Requerimiento anterior que al ser emitida por la autoridad laboral tiene presunción de certeza. Hechos que acredito con el documento Nº 5, que adjunto. “QUINTO.- Con respecto a los testimonios del Punto 4º consta en el apartado Resuelve también el siguiente literal: «En relación al punto 4º: El documento que cita la solicitante se denomina ‘F- PEP02-01: soporte para la planificación de la actividad preventiva’, y se publica junto al Manual de Procedimientos para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Debe volverse a puntualizar, que el procedimiento para la gestión de prevención de riesgos laborales fue aprobado el 30 de octubre de 2014, y el informe de evaluación de riesgos psicosociales de referencia, fue realizado con fecha 21 de junio de 2011. Por este motivo, no se ha podido identificar el formato F-PEP02-01 en el expediente administrativo existente en la Unidad de Prevención. “No obstante lo anterior, consta que por parte de esta Delegación Territorial se dio traslado del Informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales a los representantes de los trabajadores (escrito de 16/09/2011), y debe significarse que el citado documento contenía en su apartado 10, las medidas preventivas que se proponían adoptar». “No consta el traslado del documento sobre el Informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales a todos los representantes de los trabajadores, solo se entregó a D. [nombre del representante del sindicato XXX], y así se ha acreditado, al resto de los representantes de los trabajadores jamás se entrego así como al Comité de Seguridad y Salud Laboral. Con respecto al Procedimiento de Planificación de la actividad preventiva, acorde con el artículo 16.2 b) de la Ley 31/1995, jamás ha aparecido elaborado el mismo. “Luego deseo dejar constancia expresa, en que consiste el objeto y alcance del Procedimiento expreso sobre la Planificación de la actividad preventiva, y para ello he recogido la definición que la propia Consejería de Educación, Cultura y Deporte se da así misma tras elaborar con fecha del 30 de octubre de 2014, el Manual de Procedimientos para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, donde integra entre otras mucha más, en concreto, el Procedimiento para la Elaboración, Ejecución, Seguimiento de la Planificación Preventiva, donde consta la siguiente definición: "«Instrumento esencial para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de riesgos laborales que se materializa en un documento en el que se establece ‘qué actividades preventivas hay que hacer’ para eliminar o reducir y controlar los riegos laborales detectados, ‘quién debe hacerlas’, ‘cuándo se harán’ y ‘cómo se controlará que se han hecho’. La planificación preventiva tendrá en cuenta la existencia, en su caso, de disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre». “Por todo lo expuesto SOLICITO. Que tras los resultados de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, que puso de manifiesto los riesgos a los que estaban expuestos todos los trabajadores del I.E.S. XXX, la Administración pública tuvo que realizar las actividades preventivas para eliminar, reducir y controlar los riesgos previamente detectados. Frente a los factores de riesgos laborales detectados de Carga Mental, Autonomía Temporal e Interés por el Trabajo, Dichas actividades tuvieron que ser objeto de Planificación preventiva por parte de la Administración, en los términos que se establecen en el artículo 16.2 b) de la Ley 31/1995. “Luego entre toda la documentación pública requerida que nos ha sida entregada, no consta expresamente ningún documento que acredite y además recoja la elaboración con el inicio y finalización del procedimiento específico dirigido a promover el objeto y alcance sobre la Planificación de la actividad preventiva por parte de la Administración, donde consten también todas las acciones preceptivas emprendidas de Elaboración, Ejecución, Seguimiento, Control y con el archivo de la documentación generada que tenía que encontrarse en el expediente correspondiente, donde debió constar además el plazo para llevarla a cabo, con la designación del responsable de ejecutar el procedimiento específico y atendiendo a los recursos humanos y materiales necesarios para su desarrollo. “Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, que está además acreditado como hechos probados, por tal motivo, me dirijo al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, para que proceda a rectificar y subsanar estas deficiencias e irregularidades apuntadas y proceda a realizar las acciones oportunas para que se proceda a la entrega, por parte del responsable de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba, en concreto, requiero la documentación integra y completa de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, donde se recogían las Medidas Preventivas propuestas, frente a los Factores de riesgos laborales detectados. “Por todo ello, procedo a requerir la información pública al amparo del Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por tal motivo, deseo que proceda a ejercer las acciones oportunas frente la Sra. Delegada Territorial de Educación [nombre de la Delegada Territorial], con la única finalidad de corregir las irregularidades previamente detectas y que le he expuesto anteriormente acreditando con los hechos suscitados, para que proceda a entregar pormenorizadamente sin más dilaciones y sin obstruir más su entrega toda la documentación pública que ha sido requerida, sin inducir a interpretaciones erróneas, sin sesgar además su contenido y ciñéndose únicamente y expresamente a la verdad y a la documentación solicitada, y en concreto, deseo que entreguen los documentos públicos donde conste recogida la siguiente información integra y completa: “1º.- La Evaluación de Riesgos Psicosociales, que también requiero que la entreguen completa. “2º.- El Procedimiento de Planificación de la actividad preventiva, elaborado al efecto. “3º.- Toda la documentación elaborada al efecto en el proceso sobre la Planificación de la actividad preventiva, identificando la designación del personal responsable de acometer todas las acciones propuestas. “Además deseo que me entreguen todos los documentos, que recojan expresamente todas las acciones oportunas que se debieran llevar a término, acorde con el Procedimiento para la Elaboración, Ejecución y Seguimiento y Control de la Planificación Preventiva, todo ello, acorde con lo establecido en el artículo 16.2 b) de la Ley 31/1995 o en su caso si no constan elaborada toda esta documentación promovida al efecto o en su casa no aparece esta documentación pública requerida, razón más que evidente que demuestra que jamás se elaboró, deseo que se emita el Certificado correspondiente promovido al efecto que así lo acredite, por parte de la Sra. Delegada Territorial de Educación Dª [nombre de la Delegada Territorial], porque es evidente que no se puede testimoniar unos hechos y cuando se requiere la documentación expresa y oportuna que así lo acredite no se entrega”. Cuarto.- Con base en lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), la persona interesada subsanó determinadas deficiencias advertidas en la reclamación en el plazo concedido por este Consejo mediante escrito, al que se le asignó número de Reclamación 168/2020 de este Consejo. Quinto. Con fecha 7 de agosto 2020, el Consejo dirige escrito a la persona reclamante comunicando la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. Con igual fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de 12 de agosto de 2020 a la Unidad de Transparencia del órgano reclamado. Sexto. El 15 septiembre de 2020 tuvo entrada escrito del órgano reclamado en el que informa que: “En relación a su escrito de fecha 5/08/2020 relativo a las reclamaciones SE-168/2020 y SE-169- 2020, presentadas por D. [nombre de la persona interesada], se adjuntan sendos expedientes relativos a las solicitudes de información tramitados en esta Delegación Territorial (Exp-2020/OOOOOO10-PID@ y Exp-2020/OOOOO11-PID@). “Respecto a las manifestaciones realizadas por la solicitante en las citadas reclamaciones cabe realizar las siguientes puntualizaciones: “- Desde esta Delegación Territorial se ha dado respuesta en la medida de lo posible a las peticiones efectuadas por la interesada, y ello a pesar de la complejidad y retórica de los escritos presentados. “- Asimismo en la reclamación introduce nuevas peticiones de documentación respecto de las cuales cabe manifestar lo siguiente, a título de ejemplo: “* Requiere ahora la Evaluación de riesgos psicosociales, cuando en su solicitud (eExp- 2020/00000010-PID@) lo que pide es «3°.- Requiero el documento donde conste acreditado que la Evaluación de Riesgos Psicosociales fue puesta a disposición de todos tos trabajadores del I.E.S. XXX para conocer los riesgos a los que estaban expuestos, así como en conocimiento de los representantes del Comité de Seguridad y Salud Laboral, atendiendo a las Competencias y facultades que tiene atribuidas, o en su caso de los Delegados de Prevención que lo conformaban, todo ello, atendiendo a los artículos 18, 36 y 39 de la Ley 31/1995»; y por otro lado indica en el párrafo 5°: «A tal efecto consta el Informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, realizado con fecha del 21/06/2011, en concreto, en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba de la Junta de Andalucía, donde constaban las situaciones sobre los riesgos psicosociales detectados a los que estaban expuestos todos los trabajadores del I.E.S. XXX, y en concreto, sobre los siguientes factores de riesgos psicosociales: - Carga mental. - Autonomía personal. - Interés por el Trabajo», de lo que se desprende que ya dispone del citado Informe que ahora solicita de nuevo. “- En las reclamaciones al Consejo realiza ahora peticiones amplias y genéricas «Procedimiento de planificación de la actividad preventiva, elaborado al efecto» o «Toda la documentación elaborada al efecto en el proceso sobre la planificación de la actividad preventiva...». “- Asimismo se advierte en los escritos presentados al Consejo que no se trata sólo de peticiones de información pública sino de ciertas alegaciones propias de procedimientos administrativos y judiciales ya concluidos en los que, sorprendentemente, la reclamante conoce con detalle a pesar de no tener relación alguna con los mismos. “- En ningún momento se ha actuado para limitar o impedir el derecho de acceso a la información pública; en todo caso, podría considerarse que determinadas peticiones pudieran exceder el ámbito de la información pública, incluso ser obstruccionista y lesivas para la Administración, habiéndose movilizado recursos con perjuicio para el resto de la actividad administrativa. “- De acuerdo con lo anterior, procede recordar lo dispuesto en la reciente Resolución del Consejo de la Transparencia y Protección de Datos 257/2020, que «sorprendentemente» se refiere a reclamaciones muy similares realizadas por otro interesado contra esta Delegación Territorial: “* Resulta oportuno recordar que mediante el ejercido del derecho de acceso a la información pública la ciudadanía puede solicitar toda suerte de contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que han sido elaboradas o adquiridos en el ejercido de sus funciones (art. 2a) Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía (en adelante LTPA). No obstante lo anterior, quien pretenda el acceso también ha de respetar una serie de obligaciones establecidas en el artículo 8 de la propia LTPA. Así, de acuerdo con lo previsto en el apartado a) del articulo 8 LTPA, debe «ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho». “* Por otro lado, en las alegaciones realizadas por la solicitante puede apreciarse finalidad distinta al ámbito de la transparencia, siendo doctrina constante la de que «no corresponde a este Consejo revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la información facultada». “En conclusión entendemos que ha sido procedente la actuación de esta Delegación Territorial en la resolución de las peticiones de información pública con no Exp-2020/00000010-PID@ y Exp-2020/00000011-PID@”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. En el presente caso, la persona interesada solicitó a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba información relacionada con un centro educativo de Córdoba. En síntesis, solicitaba lo siguiente: la Evaluación de Riesgos Psicosociales, el Procedimiento de Planificación de la actividad preventiva, así como toda la documentación elaborada al efecto en el proceso sobre la Planificación de la actividad preventiva, identificando la designación del personal responsable de acometer todas las acciones propuestas. Se trata, como es palmario, de una petición cuyo objeto constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación de transparencia, habida cuenta de la definición que de dicho concepto hace el artículo 2 a) LTPA: “Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”; y así lo ha entendido también el órgano reclamado, si bien le indicó, punto a punto, la que tenía disponible, y que le consta a este Consejo que le facilitó en el expediente de solicitud de información pública. Pues bien, como es sabido, el artículo 2 a) LTPA conceptúa como “información pública”, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades” incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley, “y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por consiguiente, el concepto legal de “información pública” delimitado por la normativa de transparencia, así como la regla general de acceso que vertebra la misma, presupone y “exige la existencia real y efectiva de un contenido o documento que obre en poder del sujeto obligado con ocasión del ejercicio de las funciones que tiene encomendadas”; por lo que procede desestimar la reclamación que pretenda acceder a documentos inexistentes, “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer al reclamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). En consecuencia, a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma (así, por ejemplo, Resoluciones 84/2016, FJ 2º; 101/2016, FJ 3º, 107/2016, FJ 3º y 115/2016, FJ 5º). De conformidad con lo expuesto, procede desestimar la reclamación presentada por entender que la solicitud de información fue atendida correctamente. Tercero. Respecto al resto de peticiones incluidas en su reclamación (“Por todo ello, procedo a requerir la información pública al amparo del Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por tal motivo”), se trata de peticiones que no estaban incluidas en la solicitud inicial (a excepción del punto 2ª), por lo que no pueden ser objeto de esta Resolución, tal y como hemos venido refiriendo en anteriores resoluciones (por todas, En todo caso, y respecto a la solicitud de “Por todo ello, procedo a requerir la información pública al amparo del Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por tal motivo”, resulta una petición que nítidamente queda fuera del concepto de información pública, según la definición descrita anteriormente. Procede pues inadmitir la reclamación en estos puntos. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Desestimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba por denegación de información pública, en los términos del Fundamento Jurídico Segundo. Segundo. Inadmitir parcialmente la reclamación en lo que corresponde a lo indicado en el Fundamento Jurídico Tercero.