Inadmisión de reclamación por solicitud de resolución de expediente y acceso a información de procedimiento administrativo en curso

RESOLUCIÓN 582/2021, de 29 de agosto Artículos: 2 y 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública. Reclamación: 397/2021 ANTECEDENTES Primero. La persona reclamante presentó, el 26 de enero de 2021, la siguiente solicitud de información dirigida a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación: “Se resuelva definitivamente, lo solicitado en el documento Registrado: 201644500019786, en plazos y forma, en aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. “En aplicación a la misma Ley 1/2014, se me informe: “Número de expediente adjudicado en su día, al seguimiento y resolución de este documento. - Medidas tomadas y encaminadas a la recopilación de información para la contestación del mencionado documento, desde el día de su recepción, hasta la actualidad. “- Motivo por el que se quedara paralizado y lugar donde quedó. “- Medidas adoptadas en colaboración con el Colegio de Abogados para que, durante estos años transcurridos, tanto abogada como procuradora, no hayan podido cometer alguna irregularidad parecida a la que se intenta investigar”. Adjunta a la solicitud el escrito de 2016 [201644500019786], en el que solicitaba “se adopten las medidas oportunas para que dicho documento [… ] no vuelva a ser presentado para posteriores procedimientos judiciales. Que se revisen los diversos procedimientos desde 2006, en los que, por defecto de forma haya aparecido la denominación “Violencia de Género” presentado por la abogada [nombre de abogada] y la procuradora [nombre de la procuradora], en representación de oficio de [nombre de tercera persona]..” Segundo. El 17 de junio de 2021 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Tercero. Con fecha 30 de junio de 2021 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia del órgano reclamado el día 30 de junio de 2021. Cuarto. El 10 de agosto de 2021, tuvo entrada, en el Consejo, escrito del órgano reclamado en el que informa que con fecha 5 de agosto de 2021, la Dirección General reclamado ha dictado resolución por la que inadmite la solicitud de información con base en los siguientes: “FUNDAMENTOS “Primero.- El objeto de la solicitud formulada con fecha 26 de enero de 2021 es que “se resuelva definitivamente lo solicitado en el documento Registrado: 201644500019786, en plazos y forma, en aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía”. “El “documento Registrado: 201644500019786” al que se refiere el solicitante es un escrito que formuló el 27 de diciembre de 2016 ante la entonces Consejería de Justicia e Interior, mediante el que puso de manifiesto una serie de consideraciones sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y a la abogada y la procuradora de oficio que le fueron designadas a su XXX, considerando que dicha representación no debería haberse prolongado en el tiempo más allá del proceso por violencia de género tramitado en 2006, del que resultó absuelto. En base a ello, el reclamante solicita de esta Administración que se adopten una serie de medidas y que se revisen los diversos procedimientos presentados por las referidas Abogada y la Procuradora desde 2006 y en los que hubiese aparecido la denominación “Violencia de Género”, así como que se le comuniquen los resultados obtenidos para poder reclamar a las citadas profesionales las costas y los daños y perjuicios ocasionados. “Respecto a la pretensión formulada debe señalarse que la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, dispone en su apartado 1 que la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. “En el mismo sentido, la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA, en su apartado primero, contempla expresamente el supuesto de solicitudes de información sobre procedimientos en curso formuladas por quienes reúnen la condición de interesados, determinando que “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. “En el presente caso resulta que en el momento en que presentó esta solicitud (el 26/01/2021) la persona solicitante ostentaba la condición de interesada en un procedimiento administrativo que todavía se encuentra en curso, toda vez que en ese momento (y en la actualidad) aún no se había dado respuesta completa al interesado pues se estaban practicando una serie de actuaciones a efectos de determinar si las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por la intervención de las profesionales en actuaciones de representación y defensa eran ajustadas a derecho. Obviamente, este órgano directivo deberá pronunciarse sobre la petición realizada pero no aplicando la normativa reguladora de la transparencia sino, como determinan las disposiciones adicionales referidas, la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo. “En consecuencia, según se desprende de las referidas disposiciones adicionales, la pretensión de acceder a lo solicitado no debe hacerse valer por la vía del derecho de acceso a la información pública consagrado en la LTPA, sino ateniéndose a lo previsto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común y, en su caso, en la normativa reguladora del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. “Segundo.- Por otra parte es preciso añadir que para el reconocimiento efectivo del derecho a acceder a la información pública consagrado en el artículo 24 de la LTPA es imprescindible que la petición formulada constituya información pública en el sentido indicado por el artículo 2 a) de dicha Ley, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. “La pretensión formulada por el reclamante el 26 de enero de 2021, de que se “resuelva definitivamente lo solicitado en el documento Registrado: 201644500019786, en plazos y forma, en aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio”, a juicio de este centro directivo, resulta por completo ajena al concepto de “información pública” de la que parte la legislación en materia de transparencia y ello por cuanto con tal solicitud no se pretende tener acceso a un determinado documento o contenido que previamente obre en poder de este órgano reclamado, sino instar a éste a que resuelva sobre su solicitud anterior, cuestión ajena al ámbito objetivo previsto en la LTPA. “Por todo lo expuesto, tras el análisis de la solicitud y las comprobaciones necesarias para establecer si le son aplicables lo dispuesto en los artículos 2.a) y la Disposición adicional cuarta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Director General de Justicia Juvenil y Cooperación , de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 3 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, “RESUELVE “Inadmitir la solicitud de información correspondiente al expediente EXP-2021/00001409-PID@ y el archivo de la misma, de conformidad con lo expresado en los Fundamentos primero y segundo de la presente Resolución”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. El órgano reclamado resolvió inadmitir la solicitud conforme a la Disposición Adicional Cuarta, alegando que “en el momento en que presentó esta solicitud (el 26/01/2021) la persona solicitante ostentaba la condición de interesada en un procedimiento administrativo que todavía se encuentra en curso, toda vez que en ese momento (y en la actualidad) aún no se había dado respuesta completa al interesado pues se estaban practicando una serie de actuaciones a efectos de determinar si las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por la intervención de las profesionales en actuaciones de representación y defensa eran ajustadas a derecho”. Así las cosas, resulta evidente que, en el momento en que presentó su solicitud —el 26 de enero de 2021—, la persona reclamante ostentaba la condición de interesada en un procedimiento administrativo en curso, cual era el procedimiento relativo a “ cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por la intervención de las profesionales en actuaciones de representación y defensa” , que no había concluido a la fecha de presentación de la solicitud. A este respecto, ha de notarse que la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA, en su apartado primero, contempla expresamente el supuesto de solicitudes de información sobre procedimientos en curso formuladas por quienes reúnen la condición de interesados: “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Así, pues, según se desprende de los propios términos literales del precepto, aun actuando el reclamante con la condición de interesado en el procedimiento objeto de su pretensión, no podría optar a acceder a la información pública por el cauce previsto en la LTPA, sino que debió atenerse a lo previsto en la normativa reguladora de dicho procedimiento, por lo que este Consejo acoge la alegación del órgano reclamado. No obstante, esto no impide que el órgano reclamado resuelva la pretensión del interesado en el marco del procedimiento abierto, referido a “determinar si las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por la intervención de las profesionales en actuaciones de representación y defensa eran ajustadas a derecho”. Tercero. Por otra parte, confirmando la alegación del órgano reclamado, la pretensión formulada por el reclamante el 26 de enero de 2021, de que se “resuelva definitivamente lo solicitado en el documento Registrado: 201644500019786, en plazos y forma, en aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio”, a juicio de este centro directivo, resulta por completo ajena al concepto de “información pública” de la que parte la legislación en materia de transparencia y ello por cuanto con tal solicitud no se pretende tener acceso a un determinado documento o contenido que previamente obre en poder de este órgano reclamado, sino instar a éste a que resuelva sobre su solicitud anterior, cuestión ajena al ámbito objetivo previsto en la LTPA. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública, por lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero.