Reclamación contra el Ayuntamiento de Roquetas de Mar por denegación de información sobre la gestión presupuestaria de la concesión de agua potable y alcantarillado

RESOLUCIÓN 621/2021, de 16 de septiembre Artículos: 2 y 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) por denegación de información pública. Reclamación: 114/2020 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 20 de septiembre de 2019, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería): “El presente escrito lo envío para solicitar me faciliten documentación al amparo de lo establecido en la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. “Quiero destacar que en el Artículo 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía se establece en el punto 2 «Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre, así como la entrega de información por medios electrónicos». “Destaco el párrafo anterior porque el legislador estableció, de forma nítida, que el acceso a la información pública es un derecho GRATUITO para el ciudadano. “Solicito el acceso a la información pública relacionada con la concesión para la Explotación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en este Municipio y, concretamente, con lo relacionado con la elaboración y aceptación de los presupuestos de explotación de los citados servicios. “He analizado la información que me facilitaron con relación a la oferta presentada por Aquagest (actualmente Hidralia) en el año 1994 y que fue objeto de adjudicación de la concesión. Al compararla con la información reflejada en el Estudio Económico de fecha 04/01/16 elaborado por Hidralia con relación a los datos del año 2014 y el anexo de fecha 09/06/16 elaborado por Hidralia con previsiones para los años 2016 y 2017 y teniendo en cuenta que ambos informes fueron aceptados por ese Ayuntamiento observo que las cantidades de los distintos conceptos de costes de explotación se han elevado de forma exponencial y que, incluso, han aparecido nuevos conceptos de costes que no estaban contemplados en la oferta inicial y que su importe económico es importante. “Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior me surgen unas dudas relacionadas con el funcionamiento de ese Ayuntamiento con relación a este asunto. Por tanto y al objeto de intentar aclarar estas dudas solicito el acceso a la información pública para que me faciliten la siguiente información: “1.- Me faciliten el procedimiento establecido en ese Ayuntamiento con relación al tratamiento que se da a las propuestas presupuestarias que presente la empresa concesionaria sobre la previsión de costes de explotación de la concesión para la conformidad, si procede, por parte del Ayuntamiento. “2.- Periodicidad con la que presentan y aprueban estas propuestas presupuestarias “3.- Persona u órgano municipal que estudia, analiza y propone una decisión sobre presupuestarias. “4.- Persona u órgano municipal que toma la decisión final sobre la procedencia o no de las propuestas presupuestarias. “Dadas las capacidades de todo tipo que existen al día de hoy y suponiendo que la documentación que solicito se encuentre en formato digital, considero que el formato más apropiado para que pueda acceder a la información solicitada es el formato digital para lo cual solicito que se me facilite la documentación en el citado formato digital facilitándome un enlace web donde esté ubicada, de forma única, la documentación que solicito para poder descargarla sin dificultad y no que el enlace web que me faciliten corresponda con una página donde se encuentren múltiples ficheros a descargar sin que se concrete cuales son los que corresponden con mi solicitud de acceso a la información pública lo que implicaría una dificultad añadida para que el acceso que solicito se facilite de forma clara, concisa y para que un ciudadano con conocimientos telemáticos básicos (como es mi caso) no tenga problemas para obtener la documentación cuyo acceso está solicitando. “En el supuesto que lo indicado en el párrafo anterior no sea posible solicito que se me facilite, sin coste alguno para mí, en el formato que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar considere oportuno ya sea enviándomela a mi domicilio o facilitándome dirección postal, fecha, horario y persona de contacto para ir a recogerla yo personalmente. “Caso de que ninguna de las opciones que anteriormente he indicado fuesen consideradas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar como factibles en su integridad, solicito que me faciliten el acceso a la información solicitada de forma presencial para copiar los documentos que me puedan interesar y para lo cual deberán indicarme dirección postal, fecha, horario y persona de contacto para desplazarme personalmente. “Quedo a la espera de su contestación a la información pública a la que solicito acceso mediante este escrito. “Sin otro particular le saluda atentamente”. Segundo. Con fecha 27 de septiembre de 2019 la persona interesada se descarga en la página web del Ayuntamiento el informe que le remite el Concejal Delegado de Servicios Públicos, Movilidad y Transformación Digital del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de fecha 24 de septiembre de 2019, y del siguiente tenor literal: “INFORME DEL TÉCNICO DE VÍAS, MOVILIDAD Y RSU DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA). “En relación a los escritos de fecha 20/09/2019 y números de RGE. 28533 y 28536 solicitando en el primer escrito: “«1. Información del procedimiento establecido en este Ayuntamiento del tratamiento que se da a las propuestas presupuestarias que presente la empresa concesionaria sobre la previsión de costes de explotación de la concesión para la conformidad, si procede, por parte del Ayuntamiento. “2. Periodicidad con la que presentan y aprueban estas propuestas presupuestarias. “3. Persona u órgano municipal que estudia, analiza y propone una decisión sobre estas propuestas presupuestarias. “4. Persona u órgano municipal que toma la decisión final sobre la procedencia o no de las propuestas presupuestarias». “Y en el segundo escrito y solicitando: “Información relacionada con la/s iniciativa/s de cualquier tipo que haya instado al objeto de recalcular los importes que la empresa concesionaria del suministro de agua potable y saneamiento de este municipio ha cobrado en concepto de gastos generales y beneficio industrial desde el inicio de la concesión hasta nuestros días, para que los importes cobrados en exceso retornen al Ayuntamiento, de acuerdo con los cinco puntos que indico en mi escrito de referencia (escrito de fecha 30/07/2019 y núm. RGE. 23873). “He de informarle que el técnico de abastecimiento del Ayuntamiento de Roquetas de Mar se encuentra de baja médica por fecha indeterminada, siendo dicho técnico el encargado de realizar el informe y contestación a los escritos realizados por Ud. “Es por ello, que en el momento en que el técnico de abastecimiento se incorpore a su puesto en este Ayuntamiento de Roquetas de Mar, o se designe cualquier otro técnico en suplencia del mismo, se procederá a trasladarle sus escritos. “Es todo cuanto tengo que informarle, a fecha de 24 de septiembre de 2019. “El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta”. Tercero. El 1 de octubre de 2019 tiene entrada en el Ayuntamiento escrito de la persona interesada en el que manifiesta: “Contesto a su escrito sin fecha que me descargué de la página web del Ayuntamiento el pasado día 27/09/19. “De forma previa quiero informarle que, a pesar de lo que indican en el último párrafo de su escrito, el documento que me he descargado NO está firmado electrónicamente y, por lo tanto, no cumple con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, con las consecuencias de todo tipo a las que haya lugar. “Le informo que no estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que indica en su escrito. “Por el contenido de su escrito entiendo que Vd. contesta a dos asuntos. “Empezaré por el que es de fecha más reciente. “El 20/09/19 presente una solicitud de acceso a la información pública al amparo de lo establecido en la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el que solicitaba, en concreto, acceso a la información pública relacionada con la elaboración y aceptación de los presupuestos de explotación de los citados servicios con relación a la concesión para la Explotación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de ese Municipio. “De forma sorprendente para mi (no estoy acostumbrado a que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar conteste en un plazo inferior a una semana a un escrito que presento) me indica que la persona que tiene que realizar el informe y contestar a mi solicitud es un técnico de abastecimiento y se encuentra de baja indeterminada (al parecer lleva más de dos meses de baja) y que cuando se incorpore a su puesto o se designe otro técnico en suplencia procederán a trasladarme su escrito de contestación. “Desconozco la organización interna de ese Ayuntamiento pero me parece incomprensible que una cuestión relacionada con la Ley de Transparencia dependa, en exclusiva, de una persona que es técnico y que lleva más de dos meses de baja indeterminada. Lo que si le informo que si mi solicitud no es contestada en el plazo que establece la legislación vigente presentaré la correspondiente reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos. “El segundo asunto al que hace referencia en su escrito se trata de un escrito de denuncia que presenté el pasado 30/07/19 con relación a presuntas irregularidades económicas importantes que se estaban produciendo en la Explotación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de ese Municipio y por las que la empresa concesionaria estaba cobrando en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial (GG y BI) desde el año 1995 hasta la actualidad unos importes superiores a los establecidos en el acuerdo de adjudicación de la concesión en el año 1994. “Al no recibir contestación por parte de ese Ayuntamiento, el pasado 20/09/19 presenté un escrito al amparo de lo establecido en la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y la ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para que me facilitasen acceso a la información pública relacionada con la/s iniciativa/s de cualquier tipo que se hayan instado al objeto de recalcular los importes que la empresa concesionaria del suministro de Agua Potable y Saneamiento de este municipio ha cobrado en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial (GG y BI) desde el inicio de la concesión hasta nuestros días para que los importes cobrados en exceso retornen al Ayuntamiento de acuerdo con los cinco puntos que indicaba en mi escrito de fecha 30/07/19. “Con relación a este segundo asunto Vd. vuelve a remitirse a que la persona que tiene que realizar el informe y contestar a mi solicitud es un técnico de abastecimiento que, al parecer, se encuentra de baja indeterminada (lleva más de dos meses de baja) y que cuando se incorpore a su puesto o se designe otro técnico en suplencia procederán a trasladarme su escrito de contestación. “Vuelvo a repetir que desconozco la organización interna de ese Ayuntamiento pero me parece incomprensible que una cuestión económica que se arrastra desde el año 1995 hasta nuestros días dependa, en exclusiva, de una persona que es técnico y que lleva más de dos meses de baja indeterminada. Sr. [nombre del concejal del Ayuntamiento a la que se dirige el escrito], lo que yo planteo en mi escrito de fecha 30/07/19 no con suposiciones sino hechos a los que el Ayuntamiento debe contestar aceptándolos o rechazándolos de forma motivada. El propio concejal D. [nombre de otro concejal] en su Resolución Nº 1379 de fecha 11/02/19 ya indicaba que ese exceso de pago se estaba realizando desde el inicio de la concesión, es decir, desde el año 1995. Por tanto Sr. [nombre del concejal del Ayuntamiento a la que se dirige el escrito] no parece lógico que para contestar una denuncia que formulo sobre hechos admitidos por ese Ayuntamiento tengan que esperar a un técnico que está de baja indeterminada y que lleva más de dos meses de baja. Además si Vd. requiere de información fidedigna puede recabarla de su jefe, el Sr. Alcalde, o de su Secretario General ya que ambos estuvieron presentes en el Pleno Nº 47/94 donde se decidió la contratación de la concesión y, de forma ininterrumpida, han estado en ese Ayuntamiento hasta el día de hoy. Por tanto, no admito el contenido de su contestación respecto al técnico de saneamiento. “Le informo que si en el plazo de dos semanas no recibo contestación a mi escrito del 30/07/19 en la que de forma expresa, clara y motivada se conteste a todas y cada una de las cuestiones que planteo, estudiaré la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía al objeto de que, si la admiten a trámite, se activen los procedimientos de todo tipo que procedan al objeto de depurar las responsabilidades de todo tipo a las que hubiera lugar y la recuperación de los importes económicos más los intereses que, de forma improcedente, ha cobrado en exceso la empresa concesionaria. “Con relación a mi solicitud de fecha 20/09/19 de acceso a la información pública relacionada con la/s iniciativa/s de cualquier tipo que haya instado al objeto de recalcular los importes que la empresa concesionaria del suministro de Agua Potable y Saneamiento de este municipio ha cobrado en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial (GG y BI) desde el inicio de la concesión hasta nuestros días para que los importes cobrados en exceso retornen al Ayuntamiento, le informo que si no es contestada en el plazo que establece la legislación vigente, presentaré la correspondiente reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos”. Cuarto. El 11 de febrero de 2020, tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información: “El objeto de mi escrito es la de presentar una reclamación contra el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) por no contestar a mi solicitud de acceso a la información de fecha 20/09/19. “El pasado 20/09/19 presenté de forma presencial un escrito [...] por el que solicitaba acceso a la información pública relacionada con la concesión para la Explotación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en este Municipio y, concretamente, con lo relacionado con la elaboración y aceptación de los presupuestos de explotación de los citados servicios y, para ser más exacto, con: “1.- El procedimiento establecido en el Ayuntamiento con relación al tratamiento que se da a las propuestas presupuestarias que presente la empresa concesionaria sobre la previsión de costes de explotación de la concesión para la conformidad, si procede, por parte del Ayuntamiento. “2.- La periodicidad con la que presentan y aprueban estas propuestas presupuestarias. “3.- La persona u órgano municipal que estudia, analiza y propone una decisión sobre estas propuestas presupuestarias. “4.- La persona u órgano municipal que toma la decisión final sobre la procedencia o no de las propuestas presupuestarias. “En el momento de redactar este escrito no he recibido escrito alguno por el que me faciliten o me denieguen, de forma motivada, la información solicitada. “El pasado 27/09/19 recibí un escrito [...] del Ayuntamiento de Roquetas de Mar al que contesté con un escrito de fecha 01/10/19 [...] por el que comunicaba al citado Ayuntamiento mi opinión respecto a la situación en la que consideraba que se encontraba mi solicitud de acceso a la información pública. “Como considero que aquel escrito no corresponde a la Resolución de mi solicitud es por lo que digo que no ha sido contestada la misma y, por tanto, presento esta reclamación. “Solicito mediante este escrito que ese Consejo emita la Resolución que corresponda al objeto de que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) me facilite la documentación que solicito sin coste económico para mí tal y como planteo en mi escrito de solicitud y se insten los procedimientos sancionadores que procedan al objeto de depurar las responsabilidades a que hubiere lugar por esta forma de proceder. “Sin otro particular les saluda atentamente. Quinto. Con fecha 2 de marzo de 2020 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 3 de marzo de 2020 el Consejo solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 5 de marzo de 2020 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Sexto. El 6 de julio de 2020, tiene entrada en el Consejo escrito del ahora reclamante manifestando lo siguiente: “El objeto de este escrito es la de complementar la reclamación que presenté el pasado 11/02/20 ante ese Consejo y a la que se le asignó el número de expediente 114/2020. “El pasado 25/06/20 he recibido un escrito de fecha 06/03/20 que me envía el Ayuntamiento de Roquetas de Mar [...] para, al parecer, contestar a mi escrito de fecha 20/09/19 que presenté ante el citado Ayuntamiento y por el que solicitaba acceso a información pública (los documentos los he recibido con los apuntes manuscritos que aparecen, es decir, no son míos). “En el escrito dicen que mi solicitud está relacionada con los escritos de fecha 24/09/19, 01/10/19, 23/01/20 y 11/02/20 que presenté. “Pretendo con este escrito matizar ante ese Consejo el contenido de ese escrito al objeto de intentar que quede claro el sentido de mi escrito de solicitud de información que presenté el 20/09/19. “En primer lugar quiero aclarar el contenido de los cuatro escritos que relacionan. El Ayuntamiento en su escrito solo indica las fechas de unos escritos sin especificar más por lo que voy a intentar interpretar a qué escritos se refieren. “El escrito de fecha 24/09/19 supongo que se refieren a un escrito que presenté en el Ayuntamiento [...] por el que les informaba sobre irregularidades importantes de carácter económico que consideraba que se habían producido a lo largo de la ejecución del contrato actualmente vigente para la Concesión para el suministro de Agua Potable y Saneamiento del Ayuntamiento de Roquetas de Mar relacionados con los cánones establecidos y los importes de los intereses anuales generados por el anticipo. Nada tiene que ver este escrito con una solicitud de acceso a la información pública y mucho menos con mi escrito de fecha 20/09/19 por el que formulo una solicitud de acceso a la información pública relacionada con la elaboración y aceptación de los presupuestos de explotación de los servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio que a lo largo del desarrollo de la concesión la empresa concesionaria tiene que elaborar de forma periódica y el Ayuntamiento aceptarlos para su aplicación al desarrollo de la concesión. Es decir, el escrito de fecha 24/09/19 nada tiene que ver con mi reclamación a ese Consejo. “El escrito de fecha 01/10/19 supongo que se refieren a un escrito que presenté en el Ayuntamiento en contestación a un escrito recibido y que ya les aporté a ese Consejo cuando presenté mi escrito de reclamación por lo que considero que está aclarado este asunto y no es necesario que aporte nuevamente el escrito. “El escrito de fecha 23/01/20 creo que se refieren a una solicitud de acceso a la información pública que presenté en el Ayuntamiento para que me faciliten la información relacionada con la/s iniciativa/s de cualquier tipo que se hayan instado al objeto de regularizar las cuestiones relacionadas con el canon e intereses aplicados al anticipo que les informé en mi escrito de fecha 24/09/19 ya que no había recibido contestación al mismo [...]. Es decir, el escrito de fecha 23/01/20 nada tiene que ver con mi reclamación a ese Consejo. “El escrito de fecha 11/02/20 supongo que se refieren al escrito de reclamación que presento ante ese Consejo y que originó el expediente 114/2020 que es el que nos ocupa. “Resumiendo lo anterior es evidente que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar hace referencia en su escrito a distintos documentos que no tienen nada que ver con el asunto de mi solicitud de acceso a la información pública que dice contestar y desconozco si esta mezcla es por intentar enturbiar mi petición o por simple falta de criterio para contestar a una solicitud de acceso a la información pública cuyo alcance considero que está muy claro en mi escrito. “Entrando en el contenido de la respuesta formulada por el Ayuntamiento a mi petición de acceso a la información pública voy a transcribir parte de mi petición porque lo considero útil para compararlo con el contenido de la contestación. Mi petición está relacionada con el funcionamiento de la concesión que se inició a finales del siglo pasado y que, por tanto, lleva funcionando más de 20 años. Es evidente que a lo largo de estos años los planteamientos económicos iniciales tienen que ser actualizados de forma periódica de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato de la concesión y que, en todo caso, la empresa concesionaria debe elaborar de forma periódica unas propuestas económicas y el Ayuntamiento tiene que aprobarlas, es decir, en mi solicitud de acceso a la información pública me refiero a cuales son los criterios que tiene establecidos el Ayuntamiento para estas actualizaciones presupuestarias. “Mi petición decía: “«1.- Me faciliten el procedimiento establecido en ese Ayuntamiento con relación al tratamiento que se da a las propuestas presupuestarias que presente la empresa concesionaria sobre la previsión de costes de explotación de la concesión para la conformidad, si procede, por parte del Ayuntamiento. “2.- Periodicidad con la que presentan y aprueban estas propuestas presupuestarias. “3.- Persona u órgano municipal que estudia, analiza y propone una decisión sobre estas propuestas presupuestarias. “4.- Persona u órgano municipal que toma la decisión final sobre la procedencia o no de las propuestas presupuestarias» “Observando el texto de la respuesta que he recibido me parece evidente que no contestan a lo que planteo en los puntos 1 y 2. La respuesta que me facilitan nada tiene que ver con lo que pregunto. “Respecto a los puntos 3 y 4 creo que considero que tampoco corresponden con mi petición ya que no creo que los trámites económicos rutinarios de una concesión sean aprobados en un Pleno Municipal porque no he encontrado la existencia de estas tramitaciones en las Actas de los Plenos Municipales. “Agradeceré que admitan este escrito complementario y lo incluyan dentro del expediente 114/2020. “Sin otro particular le saluda atentamente”. Séptimo. No consta que el órgano reclamado haya contestado al requerimiento del Consejo. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Por otra parte, el Ayuntamiento de Roquetas del Mar no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado por parte de este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley” . Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “la falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada al citado organismo la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya sido remitida a este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Tercero. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, este criterio es el que asimismo comparten los órganos jurisdiccionales, como lo ponen de manifiesto las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera) n.º 1547/2017, de 16 de octubre; Sentencia 344/2020, de 10 de marzo y 748/2020, de 11 de junio: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. Viniendo a añadir la Sentencia n.º 748/2020, de 11 de junio, que “la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad”. Cuarto. Con la solicitud origen de esta reclamación, la persona interesada pretendía acceder a cierta información acerca de un contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio, concretamente respecto de los presupuestos de explotación (procedimiento establecido en el Ayuntamiento con relación al tratamiento que se da a las propuestas presupuestarias que presente la empresa concesionaria sobre la previsión de costes de explotación de la concesión para la conformidad, si procede, por parte del Ayuntamiento, periodicidad, persona u órgano que estudia, analiza, propone y aprueba dichas propuestas). Ya iniciada la tramitación del procedimiento de resolución de esta reclamación, con fecha 25 de junio de 2020 la persona ahora reclamante recibe la respuesta de 6 de marzo de 2020 del Ayuntamiento a esta solicitud de información, aunque manifiesta que no está conforme con dicha contestación ya que comunica a este Consejo que “me parece evidente que no contestan a lo que planteo en los puntos 1 y 2. La respuesta que me facilitan nada tiene que ver con lo que pregunto. Respecto a los puntos 3 y 4 creo que considero que tampoco corresponden con mi petición ya que no creo que los trámites económicos rutinarios de una concesión sean aprobados en un Pleno Municipal porque no he encontrado la existencia de estas tramitaciones en las Actas de los Plenos Municipales”. Quinto. Por otro lado, no resulta inoportuno recordar que, en materia de contratación pública, las exigencias de transparencia de la información cobran una particular relevancia, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, se trata de un sector de la gestión pública que ha de ajustarse a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. No es de extrañar, por tanto, que en el catálogo de obligaciones de publicidad activa el artículo 15 a) LTPA incluya la siguiente información: “Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias”. Se trata, como es palmario, de unas pretensiones que son reconducibles a la noción de “información pública” de la que parte la legislación reguladora de la transparencia, pues entiende por tal toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en dicho concepto, y no habiendo sido alegada por el Ayuntamiento ningún límite ni causa de inadmisión que justifique retener la misma, este Consejo no puede sino estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información a la que hicimos referencia en el anterior fundamento jurídico. El Ayuntamiento debe, por tanto, facilitar a la asociación interesada la información objeto de su solicitud; y, en la hipótesis de que no exista alguno de los extremos de la misma, deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la entidad reclamante. En resumen, el Ayuntamiento deberá poner a disposición del solicitante la siguiente información, en relación con la empresa concesionaria del abastecimiento de aguas: “1.- Me faciliten el procedimiento establecido en ese Ayuntamiento con relación al tratamiento que se da a las propuestas presupuestarias que presente la empresa concesionaria sobre la previsión de costes de explotación de la concesión para la conformidad, si procede, por parte del Ayuntamiento. 2.- Periodicidad con la que presentan y aprueban estas propuestas presupuestarias 3.- Persona u órgano municipal que estudia, analiza y propone una decisión sobre presupuestarias. 4.- Persona u órgano municipal que toma la decisión final sobre la procedencia o no de las propuestas presupuestarias.” En el caso de que dicha información no exista, el Ayuntamiento deberá indicar expresamente esta circunstancia. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) por denegación de información pública. Segundo. Instar a dicho Ayuntamiento a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, facilite a la persona reclamante la información indicada en el Fundamento Jurídico Quinto, en sus propios términos. Tercero. Instar a dicho Ayuntamiento a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.