Reclamación contra el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta por denegación de información sobre obras municipales con estimación parcial

RESOLUCIÓN 660/2021, de 1 de octubre Artículos: 2 y 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por denegación de información publica Reclamación: 442/2020 ANTECEDENTES Primero. La persona interesada presentó, el 22 de agosto de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), con relación a la obra municipal de “Mejoras de Auditorio Hacienda Sagrada Familia”: “Solicito: “1. Licencia municipal de obras concedida. (cláusulas 26.4.2). “2. Justificante de pago, si procede (cláusula 27.7; 36;) y R.D.L. de 5 de marzo del T.R. Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 23 sobre sujetos pasivos en concordancia con el P.C.A.P. citado. “3. Acta de comprobación de replanteo. “4. Certificación del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud por el Pleno, o en su caso, la delegación efectuada por el mismo, Órgano de Contratación, ya que fue el Pleno del pasado día 4 de julio de 2019 quien aprobó el Proyecto Técnico (artículo 231 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público) en la sesión extraordinaria de organización con los puntos establecidos en el artículo 38 del ROF; por tanto de competencia plenaria. “5. Nombramiento del Arquitecto Técnico director de la Ejecución de las Obras. “6. Informe de supervisión del proyecto (artículo 235 de la Ley 9/2017, segundo párrafo). “7. Actas de paralización y reinicio de las obras y las hubiera. “Otros aspectos a considerar el artículo 39 de la Ley 14/2007, que establece «serán ilegales las actuaciones realizadas y nulas las licencias otorgadas sin contar con la autorización o, en su caso, la comunicación previa previstas en el artículo 33, apartados 3 y 5, atenerse a las condiciones impuestas en la autorización». En lo que a continuación indico. “Por todo ello, así mismo, le pido que analice lo explicado sobre los documentos solicitados y al urbanismo en relación con el proyecto técnico aprobado e inicie el procedimiento en cuestión para aclarar, con la legislación vigente, y ante la posibilidad de efectuar irregularidades en el procedimiento que pudiera dar lugar a actos nulos de pleno derecho o cuanto menos anulable por el interés general y estando tales circunstancias entre sus funciones y responsabilidad”. Segundo. El 22 de octubre de 2020 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información en la que la persona interesada expone lo siguiente: “El motivo de la presente es efectuar una reclamación por incumplimiento del deber de informar, velar por el cumplimiento de la transparencia pública en las Entidades Locales, que teniendo el deber y obligación de informar, auxiliar y prestar colaboración a los ciudadanos ante el Derecho que les atribuye la C.E., el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la propia Ley 1/2014 de 24 de junio. “Por ello, le comunico que el pasado día 22 de agosto de 2020, presenté documento solicitando en relación con la obra de «mejora en Auditorio de la Hacienda Sacra Familia» requiriendo copia de documentación sobre dicha obra, a fin de estar informado y solicitando se analice los artículos del P.G.O.U. de 1995, más que caducados e se investigue su legalidad con respecto a la legalidad vigente, pues ya se denunció la falta de publicidad con relación al P.G.O.U de esa localidad. “Por lo expuesto, les solicito: “1. Incoe el expediente para adoptar las medidas legales que hagan cumplir al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta la Ley de Transparencia Pública en Andalucía en base al artículo 23 . “2. Se proceda efectuar los trámites oportunos para restablecer el derecho perturbado por el Ayuntamiento y, en su caso, se inicie el expediente de régimen sancionador ante la reiteración de no cumplir con la Ley 1/2014 de 2 de junio y el Real Decreto 2568/1986 y leyes de procedimiento y régimen jurídico de las administraciones públicas, pudiendo ser graves. “3. Se adopte, la medida cautelar si fuera posible, para suspender las actuaciones urbanísticas hasta la publicidad institucional a todos los instrumentos de Planeamiento aprobados y que afecten al único publicado que es P.G.O.U. de 1995, evitando perjuicios para los ciudadanos indefensión ante posibles incumplimientos urbanísticos, como del que se requiere documentación e instrucción al propio Ayuntamiento. Todo ello para veracidad de la información y transparencia”. Tercero. Con fecha 26 de noviembre de 2020, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 75 de noviembre de 2020 a la Unidad de Transparencia respectiva. Cuarto. El 10 de diciembre de 2020 tiene entrada en el Consejo escrito del Ayuntamiento reclamado solicitando ampliación del plazo concedido para remitir informe y alegaciones debido a la “dificultad de recopilar y remitir la documentación correspondiente en el plazo inicial requerido”, siendo concedida la prórroga de dicho plazo por este Consejo mediante escrito de 22 de diciembre de 2020. Quinto. El 12 de enero de 2021 tiene entrada en el Consejo escrito del Ayuntamiento reclamado remitiendo alegaciones y extensa documentación, manifestando las siguientes observaciones relativas a la obra municipal de “Mejoras de Auditorio Hacienda Sagrada Familia”: “Primero.- Al respecto se le adjunta copia del expediente en cuestión. Del mismo modo, y como últimas actuaciones efectuadas, se le acompaña copia de trámite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente al interesado, formalizado con fecha del día 8 del actual, así como escrito adicional del mismo. “Segundo.- En cuanto al propio escrito de reclamación inicial del mismo y sobre las cuestiones documentales que refiere, debemos manifestar lo siguiente: “a) Sobre la licencia municipal de obras, la citada obra es promovida por el mismo Ayuntamiento y por tanto se entiende de aplicación lo dispuesto en el artículo 169.4. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que aquella ya viene integrada en el acuerdo municipal aprobatorio del proyecto y obra en cuestión. “b) En derivación de lo anterior, no procede tasa administrativa alguna y por ende, justificante de pago, puesto que resultaría absurdo que el Ayuntamiento se pagara a sí mismo por un servicio público que éste se habría prestado. “c) El acta de comprobación del replanteo figura en el expediente de su razón (Documento Nº7). “d) En lo que concierne al nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud, «por el Pleno», como afirma, vista la cuantía del contrato resultaría competencia de la Alcaldía o Concejal- Delegado, mediante la oportuna Resolución, y en tal sentido así figura en el expediente. “Asimismo, el artículo 3 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, atribuye dicha competencia al promotor, sin que el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local atribuya expresamente la misma al Pleno, por lo que estaríamos ante el órgano competencial mencionado en el párrafo precedente. “e) Sobre el nombramiento del Arquitecto Técnico Director de la ejecución de las obras, es también el Coordinador de Seguridad y Salud, efectuados ambos en el mismo acto, conforme consta en el expediente. (Decreto 133/2020, de 13 de febrero). “f) Respecto del «Informe de supervisión del proyecto», visto igualmente presupuesto del contrato y su adjudicación, ha de estarse a lo establecido en el artículo 235 de la Ley de Contratos del Sector Público. “En suma, conforme dispone el Párrafo 2º de la norma mencionada, tal informe «no» resulta preceptivo, por su propia cuantía y al no encuadrarse las obras en la excepción que se contempla en dicho párrafo. “g) No existen en el presente expediente «actas de paralización y reinicio de las obras», a las que se alude por el interesado. “h) Finalmente, y en relación a su último escrito, indicarle que: “- Los «Jardines» de la Hacienda Sagrada Familia, en los que se ejecutan las mencionadas obras, constituyen una obra municipal integrada en un Plan Municipal de Inversiones del año 1990. “- Que el referido edificio y ubicación, «NO» está inscrito como Bien de Interés Cultural de la Junta de Andalucía, ello conforme a Resolución de su Dirección General de 22 de mayo de 2002 (B.O.E. nº153, de 27 de junio de 2002). “- Que la intervención del Pleno se produce en base a lo establecido en el artículo 22.2.ñ) de la Ley de Bases de Régimen Local, porque el proyecto «no estaba integrado o previsto en los presupuestos»; lo que no tiene nada que ver con el «órgano de contratación», ni que este tuviera que ser aprobado por el Pleno, como erróneamente deduce el reclamante. “La designación como órgano de contratación a la Concejala-Delegada pertinente se realiza en base a Resolución habilitante específica de la Alcaldía-Presidencia, efectuada en su momento al inicio del mandato corporativo. “Todo lo cual le comunico para su conocimiento y efectos”. Sexto. El 5 de febrero de 2021 tiene entrada en el Consejo nuevo escrito de la persona interesada en el que manifiesta: “Que no se ha entregado ningún documento solicitado hasta la fecha, a pesar de dos nuevos requerimientos efectuados el 8/01/2021 y 03/02/2021, tras la consulta de parte del expediente y no en su totalidad el día 8 de enero previa cita ofrecida por el Delegado de Urbanismo del 4/01/2021. […]. “Por lo que le solicito: “1.- El seguimiento del procedimiento incoado, considerando las reiteraciones y faltas de cumplimiento a la legalidad de la ley 1/2014, R.D. 2568/1986 y de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. “2.- Se diera conocimiento, si fuera procedente a la D.G. de Administración Local, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a los efectos de tales incumplimientos, así como de la ocultación de datos y obstaculización a la Administración Autonómica que ya tiene conocimiento de otros asuntos con esa misma Administración Local”. Séptimo. El 14 de marzo de 2021 tiene entrada en el Consejo nuevo escrito de la persona interesada en el que manifiesta: “De nuevo, ante la solicitud del 22/08/2020 al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y comunicado a esa Institución el 22/10/2020 R. 442/2020; he vuelto a solicitar al Ayuntamiento el 8/01/2021 y reiterado el 3/02/2021 la solicitud de documentación, además de nuevos documentos del expediente correspondiente a la «Obra de mejoras en Auditorio de la Hacienda Sacra Familia» en el municipio con el fin de estar informado ante la posibilidad de estar incumplimiento el urbanismo; pudiendo el procedimiento de la Obra del Auditorio en parque público contener, por ello, actos nulos de pleno derecho y/o anulables por ir en contra del urbanismo. “No habiéndose entregado ningún documento solicitado, a pesar de los dos requerimientos, efectuados el 8/01/2021 y 03/02/2021, ambos tras la consulta de parte del expediente, ya que no se me dio acceso a su totalidad el día 8 de enero, según cita que se acompaña del 4/01/2021. […]. “Por lo que le SOLICITO: “1.- El seguimiento del procedimiento incoado, considerando las reiteraciones y faltas de cumplimiento a la legalidad en la Ley 1/2014, R.D. 2568/1986 y otras, como del procedimiento administrativo y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. “2.- Se de conocimiento, a la D. G. de Administración Local, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a los efectos de tales incumplimientos, así como de la ocultación de datos y obstaculización al ciudadano en la Transparencia Pública, por ser competencia de velar por el cumplimiento, como ya tiene conocimiento por otros expedientes de la misma Administración Local”. Octavo. Remitido dicho escrito al Ayuntamiento reclamado para que efectúe las alegaciones que estime oportunas, el 28 de abril de 2021 tiene entrada en el Consejo oficio de dicho Ayuntamiento manifestando que el “tema ya fue debidamente cumplimentado en su momento” y que “tiene poco más que añadir del indicado asunto, respecto del cual el interesado repite e insiste en un más de lo mismo, a lo que este Ayuntamiento, entendemos, ya ha dado sustancial y motivada contestación”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. Según define el art. 2 a) LTPA, se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Con la solicitud que está en el origen de la presente reclamación, la persona interesada pretendía en primer lugar del Ayuntamiento ahora reclamado determinada documentación, enumerada del 1 al 7, relativa a una obra municipal denominada “Mejoras de Auditorio Hacienda Sagrada Familia”. Y no cabe albergar duda que la información solicitada cabe incardinarla en el concepto de “información pública” que ofrece el transcrito art.2 LTPA. Cuarto. En esta solicitud, además, terminaba la persona interesada requiriendo al Ayuntamiento para que “analice lo explicado sobre los documentos solicitados y al urbanismo en relación con el proyecto técnico aprobado e inicie el procedimiento en cuestión para aclarar, con la legislación vigente, y ante la posibilidad de efectuar irregularidades en el procedimiento que pudiera dar lugar a actos nulos de pleno derecho o cuanto menos anulable por el interés general y estando tales circunstancias entre sus funciones y responsabilidad”. Pues bien, estas últimas pretensiones relativas a la petición al Ayuntamiento para que analice la aplicación de cierta normativa a la documentación solicitada y al proyecto técnico, y para que inicie un procedimiento de nulidad o anulabilidad, no pueden ser acogidas, por cuanto que son pretensiones que resultan ajenas a la noción de “información pública”, toda vez que con las mismas no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder del Ayuntamiento reclamado —como exige el transcrito art. 2 a) LTPA—, sino que el Consejo inste al Ayuntamiento a iniciar ciertas actuaciones, que, con toda evidencia, quedan extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, debiendo en consecuencia inadmitirse este aspecto de la reclamación. Quinto. Con posterioridad a la interposición de la reclamación, la persona interesada presenta ante el Ayuntamiento el 8 de enero de 2021 y ante el Consejo el 5 de febrero de 2021, escritos en los que reitera la información solicitada inicialmente. Pues bien, en estos dos escritos así como en el propio formulario de reclamación, el interesado incorpora además nuevas pretensiones a las que se contenían en su solicitud de información inicial de fecha 22 de agosto de 2020, a saber, que se efectúen los “trámites oportunos para restablecer el derecho perturbado por el Ayuntamiento y, en su caso, se inicie el expediente de régimen sancionador”, que se “adopte, la medida cautelar si fuera posible, para suspender las actuaciones urbanísticas” y que se “diera conocimiento, si fuera procedente a la D.G. de Administración Local”. A la vista de la definición de información pública del ya citado artículo 2 a) LTPA (se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”), es indudable que las pretensiones añadidas por la persona reclamante resultan por completo ajenas al concepto de “información pública” de la que parte la legislación en materia de transparencia. En efecto, el objeto era que el Ayuntamiento iniciara trámites para reestablecer el derecho perturbado, iniciara expediente sancionador o adoptara medidas cautelares. Por lo tanto, con tales solicitudes no se pretendía tener acceso a un determinado documento o contenido que previamente obre en poder de la Administración interpelada, sino que ésta emprendiera unas concretas actuaciones. Se nos plantea, pues, cuestiones que quedan extramuros del ámbito competencial de este Consejo, debiendo en consecuencia inadmitirse estos aspectos de la reclamación. Además, aún en el caso de que constituyeran tales pretensiones información pública, no cabría estimarlas e imponer al Ayuntamiento reclamado que ofreciera respuestas a estas peticiones de información adicional, que no fueron planteadas sino en la propia reclamación o posteriormente. A este respecto, no podemos soslayar nuestra consolidada línea doctrinal, según la cual el órgano reclamado “sólo queda vinculado a los términos del petitum tal y como quedan fijados en el escrito de solicitud de la información sin que pueda admitirse un cambio en dicho petitum a lo largo del procedimiento y menos aún, si cabe, en un momento en el que la petición se formula cuando el órgano ya ha resuelto sobre su solicitud inicial” (así, por ejemplo, Resoluciones 138/2018, de 24 de abril, FJ 4º y 110/2016, de 30 de noviembre, FJ 2º). En consecuencia, según venimos sosteniendo, habría de desestimarse toda pretensión de ampliar la petición inicial en los correspondientes escritos de reclamación (Resolución 47/2016, de 5 de julio, FJ 3º). Sexto. Según consta en el expediente, el Ayuntamiento cita al reclamante el día 8 de enero de 2021 para que acuda a la sede municipal, dejando además constancia de ello la propia persona interesada en su escrito de fecha 5 de febrero de 2021 dirigido a este Consejo en el que manifiesta que “no se le ha entregado ningún documento solicitado hasta la fecha, […] tras la consulta de parte del expediente y no en su totalidad el día 8 de enero previa cita ofrecida por el Delegado de Urbanismo del 4/01/2021”. Por otro lado, como consta en los antecedentes, el Ayuntamiento reclamado ha remitido a este Consejo extensa información referida a la obra de “Mejoras de Auditorio Hacienda Sagrada Familia”, en la que se incluye lo que parece ser lo solicitado por el ahora reclamante. Sucede, sin embargo, que es a la propia persona solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información publica, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 91/2019, FJ 4º; 432/2018, FJ 3º; 420/2018, FJ 2º; 381/2018, FJ 3º y 368/2018, FJ 2º). Por consiguiente, en esta ocasión, al igual que hacíamos en todas las resoluciones citadas, debemos concluir que es al órgano reclamado y no a este órgano de control a quien corresponde poner directamente a disposición del interesado la información que atañe a la solicitud en cuestión. En las alegaciones de fecha 12 de enero de 2021 remitidas a este Consejo el Ayuntamiento enumera las peticiones incluidas en la solicitud de información del ahora reclamante. Respecto a las contenidas en las letras a, b, f y g (1, 2, 6 y 7 en la solicitud de información), manifiesta la entidad municipal que no consta o no existe tal documentación. Por tanto, el Ayuntamiento habrá de remitir a la persona interesada los documentos relativos a la información solicitada de la que dispone y que ha remitido a este Consejo: el acta de comprobación del replanteo (letra c) así como el Decreto 133/2020, de 13 de febrero, por el que se designa al Director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud (letras d y e), acreditando la recepción de dicha documentación por parte del reclamante. La información se entregará previa disociación de los datos personales que pudiera contener y no estén relacionados con el objeto de la solicitud (artículo 15.4 LTBG). En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación presentada por XXX contra el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, dé respuesta a la petición de información en los términos del Fundamento Jurídico Sexto. Tercero. Inadmitir la reclamación presentada por XXX contra el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) por denegación de información pública en los términos del Fundamento Jurídico Cuarto y Quinto. Cuarto. Instar al Ayuntamiento de Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.