Reclamación por denegación de información pública contra la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía finalizada por remisión al órgano competente

RESOLUCIÓN 639/2021, de 1 de octubre Artículos: 2 LTPA Asunto Reclamación interpuesta por XXX contra la Inspección General de Servicios, de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública. Reclamación 439/2021 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 18 de abril de 2021, el siguiente escrito dirigido a la Inspección General de Servicios: “EXPONE: Que el pasado 15 de agosto de 2019 solicitó reconocimiento del grado de discapacidad (Código procedimiento: 69) mediante los formularios correspondientes por vía telemática. “Que a fecha de hoy sigue sin haber sido citada para valoración ni haber sido por supuesto reconocido su estado, que ha empeorado en los años que han transcurrido, por lo que de continuar el retraso es posible que nunca consiga la valoración. “Que sin embargo tras solicitar listado de solicitudes y resoluciones concedidas por el mismo Centro de Valoración de Algeciras, se me informa que 77 solicitudes realizadas posteriormente han sido resueltas, algunas en sólo unas semanas, apenas un 10% de las presentadas en el periodo solicitado, por lo que es fácil deducir que en los años transcurridos se habrán resuelto centenares sin que mi solicitud haya sido atendida. “Que conforme al art. 71 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. “Que por un familiar he tenido conocimiento de que se envió una notificación al parecer a otra persona al municipio de Alcalá de los Gazules, solicitando documentación no exigible para mi procedimiento, ocho meses después de mi solicitud, lo cual resalta aún más la caótica situación del Centro de Valoración de Algeciras. “Que pese a informar al personal que atiende el Centro de Valoración el pasado mes de marzo de 2020, que no portaban identificación y se negaron a identificarse incumpliendo una vez más la normativa vigente para el personal de la Junta de Andalucía, aún no han tramitado mi solicitud. “Que lógicamente este mal funcionamiento de la administración provoca un daño irreparable en quienes empeoramos nuestra salud mientras la administración no nos atiende, resultando que un 90% de las solicitudes no son resueltas por el orden debido, sin siquiera notificar a los usuarios de las circunstancias de su expediente, demostrando el personal nulo conocimiento de la normativa reguladora de los procedimientos administrativos así como de la general de la Junta de Andalucía (por ejemplo en lo relativo a su obligación de identificarse). “Por todo lo cual, SOLICITA: “Se le informe del motivo por el que no se le ha notificado siquiera el plazo y efecto del silencio administrativo remitiendo ocho meses después de la solicitud exigencia de documentación no acorde a la Ley 39/2015 (art. 53) a domicilio y persona no autorizada, además de incoar cientos de expedientes posteriores en plazos muy inferiores, inclusive de semanas, siendo la valoración apenas días después de la solicitud. “Se le remita copia de la orden motivada a la que se refiere el art. 71 anteriormente citado por el que las resoluciones posteriores han sido tramitadas en apenas unas semanas sin guardar el orden reglamentario. Concretamente estas solicitudes serían las número [nnnnn] del listado que me remitieron el pasado 31 de marzo de 2020 sobre solicitudes de valoración tramitadas en el cuarto trimestre de 2019 por el citado Centro de Valoración de Algeciras”. Segundo. La persona ahora reclamante presentó, el 18 de mayo de 2021, el siguiente escrito dirigido a la Inspección General de Servicios: “EXPONE: “Que el pasado 18 de abril de 2021 les remitió queja por el anormal funcionamiento del Equipo de Valoración de Discapacidades sito en Algeciras (Cádiz). “Que hasta la fecha no ha recibido comunicación sobre la recepción, así como los plazos y efectos del silencio administrativo. “Que en la mañana de hoy ha recibido llamada anónima del número [número de teléfono] solicitando informes médicos porque, según indica “su compañero ha anotado que se requirieron informes médicos” anteriormente. “Que tampoco se ha podido facilitar la identificación del supuesto compañero y el teléfono no atiende las llamadas que se le realizan, por lo que igual ha podido ser una broma telefónica que una muestra más de la falta de profesionalidad de este organismo que no respeta las normas básicas de los procedimientos administrativos, lo cual explicaría que cientos de personas queden sin asistencia mientras otras docenas se adelantan a su turno sin más explicación. “Que a la persona anónima que ha requerido telefónicamente informes médicos se le ha informado del contenido del art. 53 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que establece que no es exigible ningún documento que ya conste en una administración pública, como es el caso de los informes médicos. “Que además a la misma persona anónima que requiere telefónicamente la documentación se le ha indicado que, de no ser una broma telefónica y tener realmente el expediente, podría comprobar cómo está firmada con certificado digital la autorización para la consulta de cuantos datos necesite, incluyendo los de salud, por lo cual tienen acceso desde el año de la solicitud (2019). “Además de todo ello entiendo que por mi estado de salud, cada vez con más dificultades para caminar, con una simple visita al servicio de valoración podrían comprobar e informar de mi situación, algo que llevo esperando dos años mientras numerosas personas son atendidas, incluso en menos de una semana, sin explicación alguna. “Por todo lo cual, SOLICITA: “Se tome nota de mis manifestaciones, se sumen a la queja anterior, y se me remita la identificación de la persona que atiende el teléfono indicado de forma anónima exigiendo documentación sin respetar la normativa de procedimiento administrativo común”. Tercero. El 15 de julio de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información en la que la persona interesada expone que: “Que en fecha 18 de abril de 2021 solicitó a la Junta de Andalucía (Inspección de Servicios) copia de las ordenes motivadas relativas al art. 71 de la Ley 39/2015. “Que en fecha 18 de mayo solicitó identificación de la persona que llama en nombre de la Junta de Andalucía requiriendo datos personales que no eran exigibles. “Que hasta la fecha no ha tenido contestación a ninguna de estas peticiones. “5 SOLICITA “Se tramite esta RECLAMACIÓN contra la ausencia de respuesta ante la solicitud de información pública, tal como copia de las órdenes indicadas en la primera petición y de la identificación del personal solicitada en la segunda petición”. Cuarto. Con fecha 21 de julio de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio de procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 21 de julio de 2021 a la Unidad de Transparencia correspondiente. Quinto. Con fecha 29 de julio de 2021 tuvo entrada escrito del órgano reclamado (o entidad reclamada) en el que informa lo siguiente: “-Primero: Según la información que consta en esta Inspección General de Servicios, la sucesión de trámites es la siguiente: “1) En fecha 18 de abril de 2021, Dª [nombre de la reclamante] presenta oficio dirigido a esta Inspección General de Servicios, relativa al mal funcionamiento de la Administración pública, en concreto el Centro de Valoración y Orientación, y de Atención a Personas con Discapacidad de Cádiz. El número de expediente asignado es [nnnnn] . “En aplicación de lo establecido en el Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los Servicios de la Junta de Andalucía, la citada reclamación es distribuida a través del aplicativo del Libro de Sugerencias y Reclamaciones (SSR) a la Inspección Provincial de Cádiz, quien es la competente para su tramitación. “En fecha 7 de junio de 2021, por parte de la Inspección provincial de Cádiz se procede al traslado de la documentación a los servicios territoriales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) en Cádiz, para que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 262/1988, de 2 de agosto se informe a la Inspección Provincial de las actuaciones realizadas dando traslado asimismo de ello a la persona denunciante. Hasta la fecha no consta en esta Inspección que por parte de la ASSDA, se haya procedido a dar respuesta. “2) Por otra parte, el día 18 de mayo de 2021, Dª [nombre de la reclamante] , presenta nuevo oficio de reclamación dirigido a esta Inspección General de Servicios, que se identifica como Expte. SSR/2021/0006523. Tal y como se procedió con la reclamación del 18 de abril y con base en el mismo fundamento, desde la Inspección Provincial de Cádiz con fecha 1 de junio de 2021 se procede a la remisión de la documentación en este caso a la Delegación Territorial De Igualdad , Políticas Sociales Y Conciliación en Cádiz, sin que tampoco se tenga constancia de la respuesta remitida a la reclamante. “Segundo: Como se desprende de la documentación que obra en el expediente, y que se remite, en ningún momento se ha desatendido la solicitud de la reclamante, toda vez que la misma se tramitó como una Reclamación presentada de conformidad con lo establecido en el Decreto 282/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones en relación con el funcionamiento de los Servicios de la Junta de Andalucía, tal y como la interesada manifiesta en sus escritos. “Tercero: La respuesta a dichas reclamaciones debe ser enviada por los órganos competentes en la materia objeto de reclamación a quienes fue debidamente remitida por parte de la Inspección Provincial de Servicios de Cádiz, con la indicación de su obligación remitir a esa Inspección Provincial el informe de las actuaciones realizadas así como de dar notificación de la misma a la persona reclamante en el plazo máximo de quince días. “Cuarto: A la vista de la inactividad y falta de respuesta de los órganos competentes, por parte de esta Inspección General de Servicios, se va a proceder a la reiteración de la reclamación y la exigencia de la respuesta en el más breve plazo de tiempo posible. En cuanto recibamos dicha respuesta se remitirá a ese Consejo para su consideración”. Sexto. El día 16/9/2021 se recibe en ese Consejo oficio del órgano reclamado en que indica: “Con fecha 29 de julio de 2021 se remitió a ese Consejo, una vez recabada del órgano competente, la documentación obrante en relación con los escritos de los que trae causa la citada reclamación, junto con informe de alegaciones, en cumplimiento de lo dispuesto el artículo 33.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y el artículo 24.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con el régimen previsto para los recursos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como complemento a la citada documentación se informa que, con fecha 14 de septiembre de 2021 se ha procedido por parte de esta unidad a la incorporación en la plataforma Pid@, como solicitud de acceso a la información pública, de la parte del requerimiento formulado por la interesada relativo a la “copia de las ordenes motivadas relativas al art. 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”, para su tramitación con arreglo a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y a su remisión en la misma fecha, a través de dicha aplicación, a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por entender que la información solicitada podía obrar en su ámbito, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con arreglo a lo expuesto, se adjunta para su consideración en el expediente de la reclamación 439/2021 la solicitud generada por el sistema con número SOL-2021/00004820-PID@, la documentación que acompaña a la solicitud (escrito de la interesada de 18/04/2021), comunicación efectuada a la interesada mediante correo electrónico, así como correo de contestación a la solicitud de acuse de recibo al mismo.” Consta en la documentación remitida la acreditación del envío de la solicitud a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y de la notificación a la solicitante del envío. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Tercero. La ahora reclamante pretendía con su solicitud presentada el 18 de abril de 2021 acceder a la siguiente información: “Se le informe del motivo por el que no se le ha notificado siquiera el plazo y efecto del silencio administrativo remitiendo ocho meses después de la solicitud exigencia de documentación no acorde a la Ley 39/2015 (art. 53) a domicilio y persona no autorizada, además de incoar cientos de expedientes posteriores en plazos muy inferiores, inclusive de semanas, siendo la valoración apenas días después de la solicitud.” Y asimismo, “Se le remita copia de la orden motivada a la que se refiere el art. 71 anteriormente citado por el que las resoluciones posteriores han sido tramitadas en apenas unas semanas sin guardar el orden reglamentario. Concretamente estas solicitudes serían las número [nnnnn] del listado que me remitieron el pasado 31 de marzo de 2020 sobre solicitudes de valoración tramitadas en el cuarto trimestre de 2019 por el citado Centro de Valoración de Algeciras”. Esta solicitud, reiterada por escrito de 18 de mayo de 2021, fue calificada por la Inspección General de Servicios como una queja, y remitida, en cumplimiento del Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, a la Inspección Provincial del Cádiz, que posteriormente traslada a los servicios territoriales de la Agencia de Servicios Sociales y la Dependencia de Andalucía, por entender que era la entidad competente en la materia. Posteriormente, la Inspección considera que parte de la solicitud, la relativa a la “copia de la orden motivada a la que se refiere el art. 71 anteriormente citado…” debió tramitarse acorde a la normativa de transparencia, y, en aplicación del artículo 19.1 LTBG (Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante), remitió al órgano que estimaba competente para resolver (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación )y así lo notificó a la persona solicitante (15/9/2021). Considerando, pues, que el órgano ha cumplido lo previsto en el artículo 19.1, este Consejo no puede por menos que declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. Cuarto. Este Consejo debe aclarar que respecto a la tramitación de la primera de las peticiones del escrito presentado el 18 de abril de 2021, no puede realizar ninguna consideración ya que lo solicitado escapa a su ámbito de actuación, a la vista de las competencias atribuidas en la LTPA. Quinto. Por último, este Consejo debe aclarar que el órgano que finalmente ha recibido la petición de información, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, debería resolver la solicitud en el plazo de 20 días desde su recepción (14/9/2021). La persona reclamante podrá presentar una nueva reclamación frente a la respuesta que finalmente obtenga, o bien frente a la falta de contestación una vez transcurrido dicho plazo. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento derivado de la reclamación presentada por XXX contra la Inspección General de Servicios, de la Junta de Andalucía, por desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento por entrega de la información solicitada durante la tramitación de la reclamación.