Reclamación contra el Ayuntamiento de Osuna por denegación de acceso a información pública sobre expedientes municipales y contratos

RESOLUCIÓN 664/2021, de 4 de octubre Artículos: 2.a) LTPA, 18.1 e) LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) por denegación de información pública. Reclamación: 268/2020 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 3 de marzo de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE-275): “Que por ser parte perjudicada en el mentado expediente disciplinario se le entregue copia completa del expediente en cuestión [nnnnn], a la mayor brevedad posible”. Segundo. La persona ahora reclamante presentó, el 18 de marzo de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE-355): “Solicitamos del Ayuntamiento de Osuna que informe y aporte a los solicitantes de información pública que suscriben, por los motivos expuestos de interés público, copia de expediente 29/10 de fecha 28/05/10 respecto a la retirada y depósito del vehículo matrícula [matrícula de vehículo], mediante resolución motivada de los extremos cuya información pública se pide […]”. Tercero. La persona ahora reclamante presentó, el 23 de marzo de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE-372): “Solicitamos del Ayuntamiento de Osuna se expida Certificado conforme a lo interesado en el principal del presente escrito (Certificado comprensivo de los siguientes extremos: a) Si las citadas Circulares, tanto por el órgano que las dicta como por su contenido, se ajustan a Ley. b) Si las citadas Circulares contravienen lo dispuesto en el art. 93 RGC)”. Cuarto. La persona ahora reclamante presentó, el 8 de abril de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE- 451): “Que habiendo recibido Resolución núm. 2020-0241, de 14 de febrero, de la Alcaldía Presidencia, dictada ante la solicitud formulada por [nombres de las personas solicitantes], con Registro de Entrada núm. 2019-E-RC-8738, de 20 de noviembre, solicitando información relativa a la instalación de sistema de cámaras de videovigilancia, por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el art. 7.b de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, al derecho de esta parte interesa recabar los siguientes documentos: “a) Expedientes administrativos completos de los contratos menores a que hace referencia el apartado primero de la resolución referida. “b) Facturación anual expresada por años desde que se instalaron las primeras cámaras conforme a los citados Contratos Menores o al menos de los últimos diez años, expresando también quienes eran las empresas instaladoras y mantenedoras en cada período. “c) El expediente de solicitud de autorización administrativa a la Delegación del Gobierno en Andalucía para proceder a la instalación en la localidad de Osuna (Sevilla), del sistema de cámaras de video vigilancia. “d) Autorización administrativa de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por cuanto es incierto que los solicitantes de información pública hayan tenido acceso a dicha información a través de la AEPD, primero por cuanto la Delegación y la Agencia son organismos independientes sin conexidad en este asunto; y segundo, para el caso hipotético de haberse producido así, esta Secretaría no tiene modo alguno de haber tenido conocimiento de ello salvo que alguien haya incurrido en un presunto delito de revelación de secretos. “e) Relación de cámaras instaladas en el término municipal de Osuna indicando su ubicación y especificaciones técnicas tales como tipo de cámara; marca, grabación diurna y/o nocturna, sensor, lentes, enfoque, zoom, giro y demás especificaciones. “f) Acuerdo del órgano municipal por el que se autorizó la instalación y finalidad de la puesta en funcionamiento por parte de ese Ayuntamiento del precitado sistema de videovigilancia. Quinto. La persona ahora reclamante presentó, el 15 de abril de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla)(Registro de entrada 2020-E-RE- 468) : “Copia o fotocopia de la autorización municipal para que Automóviles Ortíz, sito en calle Sor Ángela de la Cruz nº 120 de Osuna, pueda ocupar la vía pública para la exposición y venta al público de sus vehículos”. Sexto. La persona ahora reclamante presentó, el 15 de abril de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE- 470): “Copia o fotocopia de los documentos que han de obrar en el Expediente/s Administrativo/ concerniente a la Taberna Esparteros (Bar Toki) en el local sito en calle Esparteros 2 de Osuna, habidos desde los últimos quince años hasta hoy, y en concreto los siguientes documentos: “1. Autorización de colocación de veladores en la vía pública expresando el número de los mismo autorizados y/o la superficie a ocupar. “2. Copia de los expedientes sancionadores y sus respectivas resoluciones incoados contra la actividad negocial ubicada en el local sito en calle Bonifacio Obispo nº 4A de Osuna, habidos desde los últimos quince años hasta hoy. “3. Instrumento de prevención y control ambiental, así como los documentos establecidos en este, para aquellas actividades sometidas a los mismos y sus modificaciones sustanciales, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calificación ambiental (Calificación Ambiental). “4. Proyecto técnico, redactado por técnico competente, en los casos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación y/o en aquellos en los que la actividad esté recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por el Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. “5. Informe técnico en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, en el resto de los casos. “6. Certificado Técnico final de obras y/o Instalación, visado por técnico competente, acreditativo de que las obras o instalaciones se han realizado conforme a proyecto o informe técnico. “7. Certificado eléctrico de baja tensión visado por el organismo público oficial competente, así como justificante de las revisiones periódicas de la instalación, si fuera pertinente. “8. Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y buen funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la Instaladora, en su caso. “9. Justificante de estar dado de alta en Impuesto de actividades económicas correspondiente y en el régimen de autónomos. “10. Justificante de tener suscrita una póliza de seguros con la cobertura recogida en el Decreto 109/2005 de 26 de abril por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 11. Documentación relativa al cumplimiento del condicionado de la calificación ambiental”. Séptimo. La persona ahora reclamante presentó, el 15 de abril de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE-476): “[…] se interesa que por parte del Ayuntamiento se nos de copia o fotocopia de los documentos que han de obrar en el Expediente/s Administrativo/ concerniente a los negocios empresariales aperturados en el local sito en calle Bonifacio Obispo nº 4A de Osuna, habidos desde los últimos quince años hasta hoy, y en concreto los siguientes documentos: “1. Resolución de la Jefatura de Policía Local de Osuna por la que se concluye el expediente aperturado en virtud de la citada Denuncia 295-A. “2. Copia de los expedientes sancionadores y sus respectivas resoluciones incoados contra la actividad negocial ubicada en el local sito en calle Bonifacio Obispo nº 4A de Osuna, habidos desde los últimos quince años hasta hoy. “3. Instrumento de prevención y control ambiental, así como los documentos establecidos en este, para aquellas actividades sometidas a los mismos y sus modificaciones sustanciales, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calificación ambiental (Calificación Ambiental). “4. Proyecto técnico, redactado por técnico competente, en los casos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación y/o en aquellos en los que la actividad esté recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por el Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. “5. Informe técnico en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, en el resto de los casos. “6. Certificado Técnico final de obras y/o Instalación, visado por técnico competente, acreditativo de que las obras o instalaciones se han realizado conforme a proyecto o informe técnico. “7. Certificado eléctrico de baja tensión visado por el organismo público oficial competente, así como justificante de las revisiones periódicas de la instalación, si fuera pertinente. “8. Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y buen funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la Instaladora, en su caso. “9. Justificante de estar dado de alta en Impuesto de actividades económicas correspondiente y en el régimen de autónomos. “10. Justificante de tener suscrita una póliza de seguros con la cobertura recogida en el Decreto 109/2005 de 26 de abril por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. “11. Documentación relativa al cumplimiento del condicionado de la calificación ambiental. “12. Autorización de colocación de veladores en la vía pública expresando el número de los mismo autorizados y/o la superficie a ocupar”. Octavo. La persona ahora reclamante presentó, el 6 de mayo de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE-575): “Copia o fotocopia, con entrega a los solicitantes, de información pública que suscriben, de lo siguiente: “a) Cuenta General a la terminación de cada ejercicio, desde el año 2007 hasta hoy, por ingresos obtenidos de la Zona Azul de Osuna por los trabajadores de la Asociación de Minusválidos Físico de Osuna (AMFO) así como de AMFO Servicios Integrales S.L., siguientes: “i) Procedentes de procedimientos sancionadores en materia de tráfico. “ii) Procedentes de tickets de estacionamiento. “iii) Procedentes de parquímetros. “b) Cuenta General a la terminación de cada ejercicio, desde el año 2007 hasta hoy, por los gastos y subvenciones destinados a la Asociación de Minusválidos Físico de Osuna (AMFO) así como a AMFO Servicios Integrales S.L”. Noveno. La persona ahora reclamante presentó, el 6 de mayo de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE-576) : “a) Contratos Públicos suscritos por el Excmo. Ayuntamiento de Osuna con la Asociación de Minusválidos Físico de Osuna (AMFO), desde el año 2007 hasta hoy. “b) Contratos Públicos suscritos por el Excmo. Ayuntamiento de Osuna con la empresa AMFO Servicios Integrales S.L.”. Décimo. La persona ahora reclamante presentó, el 30 de mayo de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla)(Registro de entrada 2020-E-RE-754) : “Copia o fotocopia de los documentos que han de obrar en el Expediente/s Administrativo/ concerniente al Bar El Litronazo, habidos desde los últimos 10 años hasta hoy, y en concreto los siguientes documentos: “1. Autorización de colocación de veladores en la vía pública expresando el número de los mismo autorizados y/o la superficie a ocupar. “2. Copia de los expedientes sancionadores y sus respectivas resoluciones incoados contra la actividad negocial ubicada en el local sito en calle carretera Osuna-Lantejuela nº 8-C de Osuna, habidos desde los últimos diez años hasta hoy. “3. Instrumento de prevención y control ambiental, así como los documentos establecidos en este, para aquellas actividades sometidas a los mismos y sus modificaciones sustanciales, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calificación ambiental (Calificación Ambiental). “4. Proyecto técnico, redactado por técnico competente, en los casos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación y/o en aquellos en los que la actividad esté recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por el Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. “5. Informe técnico en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, en el resto de los casos. “6. Certificado Técnico final de obras y/o Instalación, visado por técnico competente, acreditativo de que las obras o instalaciones se han realizado conforme a proyecto o informe técnico. “7. Certificado eléctrico de baja tensión visado por el organismo público oficial competente, así como justificante de las revisiones periódicas de la instalación, si fuera pertinente. “8. Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y buen funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la Instaladora, en su caso. “9. Justificante de estar dado de alta en Impuesto de actividades económicas correspondiente y en el régimen de autónomos. “10. Justificante de tener suscrita una póliza de seguros con la cobertura recogida en el Decreto 109/2005 de 26 de abril por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. “11. Documentación relativa al cumplimiento del condicionado de la calificación ambiental”. Decimoprimero. La persona ahora reclamante presentó, el 1 de junio de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) (Registro de entrada 2020-E-RE-763): “Copia o fotocopia de los documentos que han de obrar en el Expediente/s Administrativo/ concerniente al Hotel Palacio Marqués de la Gomera habidos desde los últimos 10 años hasta hoy, y en concreto los siguientes documentos: “1. Autorización de administrativa de salón de celebraciones, restaurante, etc. “2. Copia de los expedientes sancionadores y sus respectivas resoluciones incoados contra la actividad negocial ubicada en el Hotel Palacio Marqués de la Gomera de Osuna, habidos desde los últimos diez años hasta hoy. “3. Instrumento de prevención y control ambiental, así como los documentos establecidos en este, para aquellas actividades sometidas a los mismos y sus modificaciones sustanciales, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calificación ambiental (Calificación Ambiental). “4. Proyecto técnico, redactado por técnico competente, en los casos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación y/o en aquellos en los que la actividad esté recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por el Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. “5. Informe técnico en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, en el resto de los casos. “6. Certificado Técnico final de obras y/o Instalación, visado por técnico competente, acreditativo de que las obras o instalaciones se han realizado conforme a proyecto o informe técnico. “7. Certificado eléctrico de baja tensión visado por el organismo público oficial competente, así como justificante de las revisiones periódicas de la instalación, si fuera pertinente. “8. Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y buen funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la Instaladora, en su caso. “9. Justificante de estar dado de alta en Impuesto de actividades económicas correspondiente y en el régimen de autónomos. “10. Justificante de tener suscrita una póliza de seguros con la cobertura recogida en el Decreto 109/2005 de 26 de abril por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. “11. Documentación relativa al cumplimiento del condicionado de la calificación ambiental”. Decimosegundo. El 10 de junio de 2020 se notifica a la persona interesada el Decreto 2020/0720, de 9 de junio, de Alcaldía, con el siguiente tenor literal: “Considerando que los interesados han presentado denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm, 1 de Osuna, contra algunos miembros del equipo de gobierno y contra funcionarios municipales, basándose la citada denuncia en hechos relacionados con materias de expedientes cuyo acceso de información ahora solicita. Denuncia que ha sido resuelta por Auto de fecha 7 de marzo de 2019 y en cuya parte dispositiva acuerda el sobreseimiento libre y archivo definitivo de las diligencias previas incoadas. “Considerando, igualmente, los criterios interpretativos emitidos por el Consejo de Transparencia con fecha 14/07/2016 por los que se delimita el alcance del concepto de solicitud de información que tenga carácter repetitivo o abusivo. “Considerando que una solicitud puede entenderse abusiva cuando el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley, pudiendo entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: “-Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: «Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho». “-Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. “Considerando lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y buen gobierno. “Considerando que, de manera general, las peticiones de acceso formuladas por los solicitantes se pueden entender contrarias a la buena fe, supondrían un efecto perjudicial en la actividad pública de este Ayuntamiento debido a los recursos necesarios que habría que destinar para facilitar la información solicitada y que alguna de ellas ya ha sido resueltas, siendo por tanto reiterativas, dándose por tanto las circunstancias previstas en la ley y que determinan la indamisión. “En atención a lo expuesto y en uso de las atribuciones legalmente conferidas, tengo a bien RESOLVER lo siguiente: “PRIMERO.- Inadmitir a trámites las solicitudes formuladas por Don [nombre de la persona interesada] y Don [nombre de tercera persona], con números de Registro de Entrada 2020-E- RE-275, de 03 de marzo, núm. 2020-E-RE-355, de 18 de marzo, núm. 2020-E-RE-372, de 23 de marzo, núm. 2020-E-RE-451, de 08 de abril, núm. 2020-E-RE-468, de 15 de abril, núm. 2020- E-RE-470, de 15 de abril, núm. 2020-E-RE-476, de 15 de abril, núm. 2020-E-RE-575, de 06 de mayo, núm. 2020-E-RE-576, de 06 de mayo, núm. 2020-E-RE-754, de 30 de mayo y núm. 2020-E-RE-763, de 1 de junio; por considerar que las peticiones de acceso formuladas son contrarias a la buena fe, supondrían un efecto perjudicial en la actividad pública de este Ayuntamiento debido a los recursos necesarios que habría que destinar para facilitar la información solicitada y que alguna de ellas ya ha sido resueltas, siendo por tanto reiterativas, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso de la información y buen gobierno. “SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado ofreciéndole los recursos que procedan. Decimotercero. El 8 de julio de 2020, tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la respuesta a las solicitudes de información: “Que habiendo recibido Decreto de la Alcaldía Resolución núm. 2020-0720, de 9 de junio, Expediente n.º 2816/2019, del Ayuntamiento de Osuna, Portal de Transparencia, notificado el 10/06/20 en virtud del cual, se procede a inadmitir a trámite las solicitudes formuladas por Don [nombre de la persona interesada] y Don [nombre de tercera persona], con números de Registro de Entrada 2020-E-RE-275, de 03 de marzo, núm. 2020-E-RE-355, de 18 de marzo, núm. 2020-E- RE-372, de 23 de marzo, núm. 2020-E-RE-451, de 08 de abril, núm. 2020-E-RE-468, de 15 de abril, núm. 2020-E-RE-470, de 15 de abril, núm. 2020-E-RE-476, de 15 de abril, núm. 2020-E-RE-575, de 06 de mayo, núm. 2020-E-RE-576, de 06 de mayo, núm. 2020-E-RE-754, de 30 de mayo y núm. 2020-E-RE-763, de 1 de junio; por considerar, dice, «que las peticiones de acceso formuladas son contrarias a la buena fe, supondrían un efecto perjudicial en la actividad pública de este Ayuntamiento debido a los recursos necesarios que habría que destinar para facilitar la información solicitada y que alguna de ellas ya ha sido resueltas», por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y art. 24 de la LT 19/13 , por medio del presente escrito dentro del plazo legal de un mes y en forma interponemos contra aquella reclamación administrativa por entender que dicha resolución es nula de pleno derecho, contraria a Ley, vulnera derechos fundamentales incluso pudiere ser susceptible de infracción penal. “Sirven de base a la presente Reclamación los siguientes “MOTIVOS “PRIMERO.- NULIDAD POR INFRACCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / PRECEPTO CONSTITUCIONAL, al amparo de lo dispuesto en el art. 47.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se vulneran los Derechos Fundamentales comprendidos en el artículo 20.d). INDEFENSIÓN. Vulneración Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de aplicación directa en el Derecho Patrio. “La resolución que se combate vulnera los citados derechos constitucionales, en concreto el derecho a recibir información y además, veraz en que se sustenta la Directiva europea, ya que como ha indicado el TC, el derecho a comunicar y recibir libremente información versa sobre hechos, y sobre hechos, específicamente, «que pueden encerrar trascendencia pública» a efectos de que «sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva. Se alinea así el TC, con el criterio mantenido por el TEDH, entre otras, STEDH caso Lingens, de 8 de julio de 1986, derecho a recibirla— «es sujeto primario la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho» (STC 105/1983). En la STC 47/2000, el Tribunal Constitucional ha establecido el derecho de información, que «versa, en cambio, sobre hechos» (STC 61/1998); es decir, lo que se transmite, « la noticia o el dato» (STC 223/1992) ». La conclusión anterior resulta que el derecho a la información que reconoce y protege el párrafo d) del mismo precepto no tiene por objeto cualquier información, sino sólo la «información veraz»; dicho en otros términos empleados en esta sede en varias ocasiones (STC 223/1992), la libertad de información tiene en la veracidad un límite constitucional intrínseco. “O lo que es igual, la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general, esto es la libertad de expresión conlleva un matiz subjetivo, mientras que libertad de la información contiene un significado que pretende ser objetivo. Evidentemente expresión e información con frecuencia no se dan separados, sino, por el contrario, unidos puesto que con las noticias es frecuente intercalar opiniones propias del informador. “De esta forma se considerará que nos enfrentamos a una manifestación de la libertad de expresión o, por el contrario, de la de información de acuerdo con el carácter predominante del mensaje ( STC 160/2003 , 9/2007, 29/2009). “El precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya actuado con diligencia, lo que cuestionamos en el presente caso, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles (SSTC, entre otras, 6/1988, de 21 de enero, 240/1992, de 21 de diciembre; 47/2002, de 25 de febrero; 76/2002, de 8 de abril), puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información. “Ambas libertades, expresión e información, podrán ser ejercidas por cualquier persona ( STC 6/1981, de 16 de marzo), sin perjuicio de que, al menos la segunda, habitualmente sea ejercida por los profesionales de la información, en nuestro caso un funcionario público sujeto al principio de legalidad,lo que hace más grave la negativa infundada a facilitar información pública no sujeta a ningún límite de protección. “Por tanto, cuando desde el Ayuntamiento no se facilita información, veraz ni inveraz, y no se discute que la información que se pide tiene trascendencia pública, es llano que se está conculcando el derecho a la información protegido constitucionalmente, amén de que se vulnera la Directiva europea en tanto los solicitantes de la información pública, agentes de Policía Local, no son sino verdaderos alertadores de corrupción de ahí que a través de los mecanismos legales utilicen la Vía de Transparencia a fin de tener conocimiento de la actividad municipal y del uso de los fondos públicos. “SEGUNDO.- NULIDAD POR INFRACCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / PRECEPTO CONSTITUCIONAL, al amparo de lo dispuesto en el art. 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por cuanto vulnera la Ley de Transparencia. Se vulneran los Derechos Fundamentales comprendidos en el artículo 20.d). Indefensión. Vulneración Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de aplicación directa en España. “La LT tiene por objeto, según su artículo 1, ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. Para ello, reconoce y garantiza, en sus artículos 12 a 24, el acceso a la información - regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo - puesto que, según su Preámbulo, sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. “Asimismo, la LT, al tiempo que define la información pública en el artículo 13 como los contenidos o documentos cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de algunos de los sujetos incluido en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, permite que todos los interesados soliciten a las Administraciones y entidades públicas obligadas el acceso a la información que obre en su poder, cualquiera que sea el formato de la misma. Si la solicitud no es atendida en tiempo y forma, el interesado puede reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con la finalidad de obtener dicha información, salvo que sean de aplicación los límites y causas de inadmisión establecidas en la propia LT. “En el caso que nos ocupa, los expedientes de solicitud de información pública se ajustan a finalidad de la Ley de Transparencia (someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas, conocer cómo se manejan los fondos públicos y conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas), ya que de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Comisión europea en 2017, la falta de protección de los denunciantes de corrupción –“whistleblowers”, en la terminología inglesa– está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el campo de la contratación pública en la Unión Europea en su conjunto, y esto, en su correspondiente medida, está contribuyendo el Ayuntamiento de Osuna cuando no informa a los solicitantes de la información pública, que no privada, que se solicita en cada expediente, impidiendo saber del destino de los fondos públicos y de la actuación administrativa en su manejo. “Baste comprobar cada expediente para llegar a la convicción de que en cada uno se solicita información conforme a la finalidad de la Ley, y el hecho de no ofrecerla, vulnera el derecho: “En el Exp. 2020-E-RE-275, de 03 de marzo, se solicita por uno sólo de los solicitantes, vía Administrativa, no vía transparencia, información sobre un expediente disciplinario aperturado contra el Agente de Policía Local [...], de ahí que el hecho de que el funcionario de Osuna lo incluya en la resolución que se recurre sólo puede obedecer al espúreo ánimo de sobreseer que guía su actuación. “En el Exp. 2020-E-RE-355, de 18 de marzo, se solicita copia del expediente núm. 29/10, de fecha 28/05/10, respecto a la retirada y depósito de un vehículo, matrícula SE-2923-DG, devuelto a su propietario por la ínfima cantidad de 200,00 euros tras estar un año en el depósito municipal, por eso se pide explicaciones de por qué se entrega el vehículo sin los trámites legales/municipales pertinentes y a tan irrisorio importe, muy por debajo de las cantidades fijadas legalmente. “En el Exp. 2020-E-RE-372, de 23 de marzo, se solicita, vía administrativa, no Portal de Transparencia, se informe por qué, en materia de tráfico, el Ayuntamiento dicta Circulares, de fechas 07/03/2017 y 10/03/17, por la Alcaldesa y el Jefe Accidental de Policía Local de Osuna, respectivamente, cuando debe ser dictadas a través de Ordenanza . “En el Exp. 2020-E-RE-451, de 08 de abril, se solicita expediente administrativo de contratación, facturación anual, expediente de solicitud de autorización administrativa a la Delegación del Gobierno en Andalucía, sobre la relación de cámaras instaladas en el término municipal de Osuna y acuerdo del órgano municipal por el que se autorizó la instalación y finalidad de la puesta en funcionamiento por parte de ese Ayuntamiento del servicio de videovigilancia. “En el Exp. 2020-E-RE-468, de 15 de abril, se solicita información de por qué el Ayuntamiento de Osuna permite la ocupación de la acera pública, con vehículos, por parte de Automóviles Ortiz sito en calle Sor Ángela de la Cruz Nº 120 de Osuna. “En el Exp. 2020-E-RE-470, de 15 de abril, se solicita copia de los documentos en relación al negocio aperturado en el local sito en calle Esparteros nº 2 de Osuna, BAR TOKI, ante la multitud de veladores en la vía pública, molestias por ruido (clientes del bar cantando a viva voz a altas horas de la madrugada) y de orden público a los vecinos como por carecer de licencia de apertura. “En el Exp. 2020-E-RE-476, de 15 de abril, se solicita copia de los documentos en relación a los negocios aperturados en el local sito en calle Bonifacio Obispo nº 4A de Osuna, PUB BUDHA. “En el Exp. 2020-E-RE-575, de 06 de mayo, se solicita, entre otros extremos, información sobre la Cuenta General a la terminación de cada ejercicio, desde el año 2007 hasta hoy, de los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Osuna de la zona azul de Osuna por los trabajadores de la Asociación de Minusválidos Físico de Osuna (AMFO) así como de AMFO Servicios Integrales S.L. “En el Exp. 2020-E-RE-576, de 06 de mayo,se solicita información de los Contratos Públicos suscritos por el Excmo. Ayuntamiento de Osuna con la Asociación de Minusválidos Físico de Osuna (AMFO), desde el año 2007 hasta hoy, así como con la empresa AMFO Servicios Integrales S.L. “En el Exp. 2020-E-RE-754, de 30 de mayo, se solicita información sobre los Expediente/s Administrativo/s concerniente al Bar El Litronazo habidos desde los últimos 10 años hasta hoy. “En el Exp. 2020-E-RE-763, de 1 de junio, se solicita información sobre los Expediente/s Administrativo/ concerniente al Hotel Palacio Marqués de la Gomera habidos desde los últimos 10 años hasta hoy. “Vemos, pues, que todos y cada uno de los contenidos de las solicitudes de información se ajusta a las finalidades de la Ley, se refieren a hechos distintos, sobre la actividad municipal y económica del Ayuntamiento de Osuna sobre distintas actividades negociales de Osuna; no son repetitivas, menos manifiestamente repetitivas ni abusivas, ni atentan a la buena fe como veremos. “Por último, y en lo que se refiere a la Buena Fe, no nos limitaremos a copiar el art. 7.2 CC como hace apresuradamente el funcionario de Osuna, sino que lo desarrollaremos para explicar que las solicitudes que se inadmiten no conculcan dicho principio. “Efectivamente, hemos de partir de la jurisprudencia sobre el abuso de derecho, que se halla recopilada en la sentencia 159/2014, de 3 de abril. El abuso de derecho está regulado en el art. 7.2 CC , según el cual: «La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso». Esta norma fue introducida con la reforma del título preliminar del Código Civil en el año 1974. Tiene un origen jurisprudencial, que arranca de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1944 , y se inspira en lo que desde hacía unos años se había postulado por la doctrina científica: «incurre en responsabilidad el que, obrando al amparo de una legalidad externa y de un aparente ejercicio de su derecho, traspasa, en realidad, los linderos impuestos al mismo por la equidad y la buena fe, con daños para tercero o para la sociedad». “Así lo entiende en la actualidad la jurisprudencia de esta sala, como refiere la sentencia 159/2014, de 3 de abril: «como hemos declarado en otras ocasiones, ‘la doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes, daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho, exigiendo su apreciación una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)’. (Sentencia 567/2012, de 26 de septiembre , con cita las anteriores sentencias de 1 de febrero de 2006 y 383/2005 , de 18 de mayo). Para juzgar sobre la correcta apreciación en cada caso del abuso de derecho, la jurisprudencia ha precisado cuáles son los requisitos que deben concurrir (sentencias 455/2001, de 16 de mayo ; 722/2010, de 10 de noviembre ; 690/2012, de 21 de noviembre ; y 159/2014, de 3 de abril ): “a) el uso de un derecho objetivo y externamente legal; “b) daño a un interés, no protegido por una específica prerrogativa jurídica, y “c) la inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva (ejercicio del derecho con intención de dañar, con "animus nocendi"), o en forma objetiva (ejercicio anormal del derecho, de modo contrario a los fines económico-sociales del mismo) [...], ya que, en otro caso, rige la regla ‘qui iure suo utitur neminem laedit’ (quien ejercita su derecho no daña a nadie). “Pues bien, una vez delimitados tales requisitos, no apreciamos por ningún lado, por activa ni por pasiva, qué daño se provoca, a quién se daña o a quién se perjudica, o en qué inmoralidad o antisocialidad del daño se incurre; no se extralimita la Ley y la finalidad es objetiva y seria, conocer datos sobre hechos distintos y públicos de Osuna donde viven y trabajan; por lo que todo nos conduce a entender que por parte del funcionario de Osuna no se quiere facilitar información bien por su mero capricho; bien por obedecer órdenes superiores, en todo caso, incardinable en el Motivo que a continuación expondremos. “TERCERO.- NULIDAD POR INFRACCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / PRECEPTO CONSTITUCIONAL, al amparo de lo dispuesto en el art. 47.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Prevaricación administrativa. “Como se dice en la STS 648/2007, el delito de prevaricación administrativa es el negativo al deber que se impone a los poderes públicos de actuar conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico, por ello el delito de prevaricación no trata de sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa en su genérica labor de control y verificación del sometimiento de la Administración a la Ley, sino que propio campo de la respuesta penal que lleva aparejada la prevaricación es la sanción ante los abusos de poder que representan la negación del propio Estado de Derecho pues nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ven convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios. STS 3 septiembre 2014. “Y decimos que es el funcionario público de Osuna el primer vulnerador de la legalidad porque falta a la verdad maliciosamente cuando sostiene que las peticiones de información pública son contrarias a la Buena Fe y contrarias a los Criterios interpretativos del Consejo de Transparencia, tal y como veremos a continuación: “En efecto, conculca dolosamente la ley el funcionario que inadmite todos los escritos por ser, dice, «repetitivos», primero porque según los criterios interpretativos, la solicitud ha de ser «manifiestamente repetitiva», lo que no es el caso, por cuanto cada escrito de solicitud versa sobre un tema distinto, no se ha ofrecido información, los solicitantes no conocen de antemano el sentido de la resolución ni por habérsele comunicado en un procedimiento anterior por el órgano informante, ni coinciden con otra u otras dirigidas al mismo órgano en períodos de tiempo inferiores a los plazos de tramitación legalmente previstos. “Por esto decimos que el funcionario miente, de ahí la resolución injusta por ende prevaricación administrativa que se invoca como causa de nulidad. “Pero es que además, tampoco son de respuesta imposible, ni por el contenido ni por razones de competencia, y tampoco cabe tildar que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, porque es radicalmente falso que el Ayuntamiento de Osuna carezca de medios materiales y humanos para dar respuesta a unos pocos escritos solicitando información pública. “No obstante lo anterior, por si el cúmulo de despropósitos fuera poco, se alza la Secretaria del Ayuntamiento de Osuna con la siguiente parrafada: «Considerando que los interesados han presentado denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num, 1 de Osuna, contra algunos miembros del equipo de gobierno y contra funcionarios municipales, basándose la citada denuncia en hechos relacionados con materias de expedientes cuyo acceso de información ahora solicita. Denuncia que ha sido resuelta por Auto de fecha 7 de marzo de 2019 y en cuya parte dispositiva acuerda el sobreseimiento libre y archivo definitivo de las diligencias previas incoadas». “Pues bien, ¿goza del don de la adivinación la Funcionaria pública de Osuna o de dónde extrae tales manifestaciones?, porque en ninguno de los expedientes se hace mención a tales datos y a tal información, por lo que la actuación prevaricadora de la funcionaria es de libro, por no mencionar el grosero error de incluir expedientes que nada tiene que ver ni se han solicitado por la vía del portal de Transparencia ni con el otro solicitante, de ahí que entendamos que las prisas por archivar han sido la razón de tan poco inocente error o ánimo de confundir. “Por lo expuesto “SUPLICO AL CONSEJO tenga por presentado el presente escrito, lo admita, y en su virtud, tenga por interpuesta reclamación administrativa contra el Decreto de Alcaldía Resolución núm. 2020- 0720, de 9 de junio, Expediente n.º 2816/2019, del Ayuntamiento de Osuna, Portal de Transparencia, por entender que dicha resolución es nula de pleno derecho, contraria a Ley, vulnera derechos fundamentales incluso pudiere ser susceptible de infracción penal, a fin de que previo el trámite legal oportuno, los solicitantes obtengan de la Administración/Ayuntamiento de Osuna la información pública que se refiere, por ser de Justicia que pido. “Otrosí digo: que al amparo de lo dispuesto en el art. 24 LT en relación con el régimen de Recursos de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al derecho de esta parte se interesan los siguientes medios de prueba: “1º.- Documental, a cuyo fin se acompaña como documento nº 1 la Resolución administrativa que se recurre. “2º.- Más documental, consistente en que por parte de este Consejo se oficie al Ayuntamiento de Osuna a fin de que aporte el Expediente Administrativo. “Y todo ello por ser de Justicia que respetuosamente pedimos en Osuna a siete de Julio de dos mil veinte”. Decimocuarto. Con base a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), se concedió un plazo para subsanación de deficiencias advertidas en la reclamación, quedando subsanado por escrito del interesado que tuvo entrada en este Consejo el 2 de septiembre de 2020. Decimoquinto. Con fecha 21 de septiembre de 2020, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio de procedimiento para la resolución de la reclamación. Ese mismo día se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2020 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Decimosexto. Con fecha 7 de octubre de 2020 tiene entrada en el Consejo escrito del Ayuntamiento reclamado remitiendo expediente e informe al respecto: “A. En relación con lo requerido específicamente por ese Consejo de que se aporte documentación referente al trámite de alegaciones de los expedientes [nnnnn];expediente 29/10 de 28 de mayo; Automóviles Ortiz, Taberna Esparteros; AMFO, Bar el Litronazo y Hotel Marqués de la Gomera, se informa de que no se ha producido la denegación de acceso a la información de los citados expedientes. La resolución de la Alcaldía procedió a inadmitir a trámite ya que el artículo 18.1.e) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, «Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley». “En tanto en cuanto no se ha admitido a trámite las solicitudes no se ha procedido a la instrucción del correspondiente expediente administrativo, dentro del cual si habría que haberse producido un trámite de audiencia a los interesados (art. 19.3). “B. Como ya se ha expuesto en el análisis de las solicitudes hecho en el apartado anterior, en la mayoría de los casos son tema reiterativos que, en algunos caso ha sido resuelto debidamente por esta Administración y, en otros supuestos, han sido sometidos, previa denuncia de los propios interesados, a otras instancias como son la Agencia de Protección de Datos, la Inspección provincial de Trabajo, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla e incluso a instancias judiciales, sin que ninguna de las autoridades citadas hayan hecho el más mínimo reproche a la actuación administrativa. Y en todos los supuestos se ha remitido los expedientes a las respectivas autoridades. “C. Se ha considerado por el Ayuntamiento de Osuna que las solicitudes de acceso a información pública son contrarias a la buena fe. Y para llegar a esta conclusión es necesario traer a colación otras actuaciones íntimamente relacionadas con las solicitudes formuladas. No es únicamente que el los reclamantes hagan varias solicitudes, es que los mismos hacen un uso fraudulento de la normativa en materia de transparencia para alcanzar otros objetivos distintos a los previstos por la ley. “Esto es así puesto que todos los expedientes a los que se solicita acceso han sido objeto de revisión judicial a través de una denuncia «masiva» que los Sres. [nombres de las personas solicitantes] presentaron ante la Fiscalía Provincial de Sevilla, con fecha 14-5-2018, contra varios cargos públicos y empleados públicos del Ayuntamiento y relacionados con los locales comerciales a los que se ha hecho referencia, a la gestión de la zona azul y el servicio prestado por AMFO, a la instalación de las cámaras de videovigilancia, etc. A raíz de esta denuncia por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num. 1 de Osuna, se incoaron Diligencias Previas 99/2018 que finalizó con un Auto de fecha 7-3-2019 por el cual se acuerda el sobreseimiento libre y archivo definitivo. Recurrido el archivo, por parte de los denunciantes, la Audiencia Provincial de Sevilla dictó Auto confirmando el archivo. Contra este Auto se interpuso Recurso de Casación el cual fue igualmente rechazado, interponiendo ahora Recurso de Queja. “D. En la propia Reclamación presentada por los interesados ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se hace alusión a las libertades de expresión e información y dicen, respecto a ésta última «al menos la segunda, habitualmente sea ejercida por los profesionales de la información, en nuestro caso, un funcionario público sujeto al principio de legalidad, lo que hace más grave la negativa infundada a facilitar información pública no sujeta a ningún límite de protección. ….. los solicitantes de la información pública, agentes de la Policía Local, no son sino verdaderos alertadores de corrupción de ahí que a través de los mecanismos legales utilicen la vía de transparencia a fin de tener conocimiento de la actividad municipal y del uso de los fondos públicos». “No se puede compartir esas manifestaciones en las que se ampara en su condición de Policía Local para acceder repetida y abusivamente de una información pública. “Los agentes de la Policía Local llevan a cabo sus funciones dentro de una organización jerarquizada y sometido a las órdenes de sus superiores. No pueden, de manera independiente, pretender acceder a una información municipal para alcanzar fines desconocidos. Dentro de la organización municipal del Ayuntamiento de Osuna, la Jefatura de Policía Local mantiene una estrecha relación con los distintos Departamentos Municipales, concretamente con el Área de Urbanismo que asume las competencias en materia de actividades; de manera que las Jefaturas de las respectivas Área colaboran mutuamente para el desarrollo de sus competencias. Por ello no podemos admitir como cierto que las solicitudes hechas al amparo de un derecho constitucional como es el acceso a la información pública lo sea en su condición de autoridades públicas y para el ejercicio de sus funciones, puesto que la Jefatura de la Policía Local de Osuna, a través de sus mandos, tiene acceso a toda la información municipal para el desarrollo de sus funciones. Más bien lo contrario, como lo demuestra los hechos objetivos expuestos, hay otras finalidades e intenciones que mueven a los reclamantes a solicitar información y presentar denuncias contra los gestores públicos. “E. Las solicitudes de los reclamantes han sido inadmitidas a trámites por ser contrarias a la buena fe, repetitivas y abusivas, siendo perjudiciales a la actividad pública, puesto que como tiene pronunciado el Consejo de Transparencia y PD de Andalucía podrían considerarse abusivas aquellas solicitudes que, «en sí mismas consideradas, entrañen una utilización manifiestamente injustificada, inadecuada o impropia de la LTPA» (Resoluciones 37/2016, FJ 5º; 85/2018, FJ 4º; 133/2018, FJ 5º). “El artículo 8 de la Ley 1/2014 de Transparencia de Andalucía dispone que «las personas que accedan a información pública en aplicación de lo dispuesto en la presente ley estarán sometidas al cumplimiento de las siguientes obligaciones: “«a) Ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho. “b) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la petición. A estos efectos la Administración colaborará con la persona solicitante en los términos previstos en el artículo 31» “Y por su parte el artículo 18.1.e) de la Ley estatal dispone que se inadmitirán a trámite las solicitudes: e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. “En la actuación de los reclamantes sería aplicable los preceptos mencionados. “Como bien recoge el Consejo de Transparencia en su Resolución 257/2020: «Pero hecha salvedad de este último supuesto, es la causa de inadmisión del art. 18.1 e) LTAIBG la más propiamente aplicable a aquellas solicitudes de información cuyo desmesurado volumen o extensión pueden llegar a obstaculizar el normal funcionamiento de la Administración. A esta dirección apunta el Criterio Interpretativo 3/2016, de 14 de julio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al considerar abusiva una solicitud en el siguiente caso: «Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos». “Y, por lo que atañe específicamente a la LTPA, no puede pasar inadvertido que el legislador fue consciente de los efectos perturbadores que pueden tener para el sistema de transparencia este tipo de solicitudes. De ahí que, al enumerar en su artículo 8 las obligaciones a las que están sujetos los solicitantes, incluyera la siguiente: ‘b) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la petición. A estos efectos la Administración colaborará con la persona solicitante en los términos previstos en el artículo 31’. “Pues bien, para la correcta resolución de esta reclamación, conviene que demos un paso más en la concreción de qué sea el “carácter abusivo” de las solicitudes al que alude el artículo 18.1 e) LTAIBG. Tarea para la que resulta imprescindible aproximarse a la noción de “abuso de derecho” tal y como la ha venido perfilando el Tribunal Supremo a través de su doctrina jurisprudencial. “Y en la evolución de dicha línea doctrinal debe en primer término destacarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1944, en la que se argumentó lo siguiente: “[…] los derechos subjetivos, aparte de sus límites legales, con frecuencia defectuosamente precisados, tienen otros de orden moral, teleológico y social, y que incurre en responsabilidad el que, obrando al amparo de una legalidad externa y de un aparente ejercicio de su derecho, traspasa en realidad los linderos impuestos al mismo por la equidad y la buena fe, con daño para terceros o para la sociedad; tesis ésta que ha sido patrocinada también por la doctrina científica patria, que ha recogido y perfilado el concepto del abuso del derecho, considerándolo integrado por estos elementos esenciales: “a) uso de un derecho, objetiva o externamente legal; b) daño a un interés, no protegido por una específica prerrogativa jurídica; y c) inmoralidad o antisociabilidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva (cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar o sencillamente sin un fin serio o legítimo), o bajo forma objetiva (cuando el daño proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho)”. “La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 647/2001, de 29 junio (recurso de casación núm. 1518/1996), profundizaría sobre el particular: “Dice la sentencia de 11 de abril de 1995 que «a partir de la señera sentencia de 14 de febrero de 1944, la posterior doctrina jurisprudencial va desarrollando y perfilando la figura del abuso del derecho, concretando su esencia en la naturaleza antisocial del daño causado a un tercero, manifestada tanto en su forma subjetiva (intención de perjudicar, o sin la existencia de un fin legítimo) como en su aspecto objetivo (anormalidad en el ejercicio del derecho). En la evolución posterior de esta doctrina se concreta más el concepto, exigiéndose que el ejercicio del derecho se haga con intención decidida de dañar, utilizando el derecho de un modo anormal, y sin que resulte provecho alguno para el agente que la ejercita; como remedio extraordinario que es, la jurisprudencia viene declarando que sólo se puede acudir a esta doctrina en los casos patentes y manifiestos». “F. Según se establece en la Ley 19/2013, Art. 18.1. e) «1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley». En esta caso puede considerarse que el requerimiento tiene carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley, pudiendo obedecer a otros motivos distintos a la transparencia. Las solicitudes de acceso a la información pública deben ser razonables. No se pude pedir una indiscriminada e indeterminada información que altere el normal funcionamiento de una institución pública. Se considera en este caso abusivo por sobrepasar manifiestamente el limite normal del ejercicio de un derecho. Existe en este caso una desproporción entre la relevancia de la información que solicita, y el tiempo y los recursos que serian necesarios para poder reunir la documentación requerida Las peticiones presentan tal desproporción, en cuanto implica un trabajo previo de consulta en archivo municipal, pues solicita información desde el año 2007 o desde los últimos 10 años hasta hoy. Por otro lado solicita la Cuenta General del Ayuntamiento desde 2008 para examinar los ingresos y gastos relacionado con la Zona Azul, cuando el expediente de la Cuenta General en su tramitación, año tras año, ha sido sometido a información pública y a la posterior fiscalización del tribunal de Cuentas. En el supuesto de admitir la reclamación y acceder a toda esta información pública se ocasionaría un grave perjuicio a los servicios municipales,alterando el funcionamiento del resto de servicios municipales. Sin olvidar que la LTA exige concretar lo más posible la petición, cosa que tampoco hace en numerosos casos por parte de los interesados usando fórmulas genéricas tales como “todos los expedientes sancionadores desde los últimos 10 años hasta hoy”. “En conclusión, a juicio del técnico informante, se considera que procede la desestimación de la reclamación presentada, dado que la solicitud del acceso a la información pública es abusiva y repetitiva y atenta a la buena fe, dado que son cuestiones que ya había sido resuelta por esta entidad local, en algunos casos, y en otros, por otras autoridades públicas, atentando a la buena fe presentar numerosas solicitudes de acceso que en sí mismas consideradas, entrañen una utilización manifiestamente fraudulenta, injustificada, inadecuada o impropia de la LTPA”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. La presente reclamación trae causa de 11 solicitudes dirigidas al Ayuntamiento con las que la persona interesada pretendía acceder a determinada información en relación a diversos temas. Antes de entrar a analizar el contenido de la reclamación, debemos recordar que el derecho de acceso a la información garantizado por la legislación de transparencia se circunscribe a la “información pública” tal y como queda definida en el art. 2 a) LTPA, a saber, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el presente Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Resulta evidente que alguna de las pretensiones del reclamante quedan extramuros del ámbito objetivo protegido por la LTPA, pues con la misma no se persigue acceder a unos concretos documentos o contenidos que ya obren en poder del órgano reclamado, sino que la Administración emita un certificado acerca de la legalidad de circulares emitidas (registro de entrada 2020-E-RE-372), pretensión que resulta ajena al ámbito competencial de este Consejo y, consecuentemente, procedería declarar la inadmisión de la reclamación en lo que respecta a esta petición. El propio solicitante reconoce esta circunstancia en su escrito de reclamación (“En el Exp. 2020-E-RE-372, de 23 de marzo, se solicita, vía administrativa, no Portal de Transparencia, se informe por qué, en materia de tráfico...”) Igualmente, debemos pronunciarnos previamente respecto a la solicitud realizada el 3 de marzo de 2020 ( Exp. 2020-E-RE-275). Esta solicitud, a la vista del contenido de la solicitud (“Que por ser parte perjudicada en el mentado expediente disciplinario se le entregue copia...” y de escrito de reclamación, se realizó en su condición de interesado de un procedimiento administrativo (“ En el Exp. 2020-E-RE-275, de 03 de marzo, se solicita por uno sólo de los solicitantes, vía Administrativa, no vía transparencia, información sobre un expediente disciplinario aperturado…”), debió de tramitarse y resolverse acorde a los establecido en la normativa específica, según lo previsto en la Disposición adicional cuarta LTPA (“La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”). Por consiguiente, y tal y como venimos reiterando en numerosas resoluciones (por todas, la literales del precepto, aun actuando el reclamante con la condición de interesado en el procedimiento objeto de su pretensión, no podía optar a acceder a la información pública por el cauce previsto en la LTPA, sino que debió atenerse a lo previsto en la normativa reguladora de dicho procedimiento. Procedería pues igualmente inadmitir la solicitud en lo que corresponde a esta petición. En cualquier caso, y dado que el Ayuntamiento incluyó esas dos solicitudes en el decreto de inadmisión, esta resolución tendrá en cuenta esas dos solicitudes a los únicos efectos de valorar la aplicación justificada de la causa de inadmisión. Tercero. La reclamación se interpone frente a la inadmisión mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia núm. 2020-0720, de 09 de junio, de las 11 solicitudes presentadas argumentando la causa contemplada en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) que establece como causa de inadmisión a trámite las solicitudes que sean “manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Frente a la notificación de este Decreto interpone la persona interesada la reclamación al no considerar satisfactoria la respuesta proporcionada a sus numerosas solicitudes por el Ayuntamiento. Entiende el Ayuntamiento que la presentación de tal cantidad de solicitudes “tiene carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley, pudiendo obedecer a otros motivos distintos a la transparencia. Las solicitudes de acceso a la información pública deben ser razonables. No se pude pedir una indiscriminada e indeterminada información que altere el normal funcionamiento de una institución pública. Se considera en este caso abusivo por sobrepasar manifiestamente el limite normal del ejercicio de un derecho. Existe en este caso una desproporción entre la relevancia de la información que solicita, y el tiempo y los recursos que serian necesarios para poder reunir la documentación requerida. Las peticiones presentan tal desproporción, en cuanto implica un trabajo previo de consulta en archivo municipal, pues solicita información desde el año 2007 o desde los últimos 10 años hasta hoy. En el supuesto de admitir la reclamación y acceder a toda esta información pública se ocasionaría un grave perjuicio a los servicios municipales, alterando el funcionamiento del resto de servicios municipales. Sin olvidar que la LTA exige concretar lo más posible la petición, cosa que tampoco hace en numerosos casos por parte de los interesados usando fórmulas genéricas tales como «todos los expedientes sancionadores desde los últimos 10 años hasta hoy»”. Añadiendo que las solicitudes “son contrarias a la buena fe, supondrían un efecto perjudicial en la actividad pública de este Ayuntamiento debido a los recursos necesarios que habría que destinar para facilitar la información solicitada y que alguna de ellas ya ha sido resueltas, siendo por tanto reiterativas”, fundamentando por tanto su argumentación en el elevado número de documentos o datos a tratar y la ausencia de medios o recursos para ello. Procedería pues analizar la posible aplicación de esta causa de inadmisión en este supuesto. Cuarto. Este Consejo se ha pronunciado sobre la aplicación de esta causa de inadmisión en reiteradas ocasiones. Esta doctrina ha tenido en consideración el contenido del Criterio Interpretativo 3/2016, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que requiere para la aplicación de esta causa dos circunstancias: a) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho. b) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. Seguidamente, el Criterio Interpretativo especifica que podrán entenderse como abusivas las solicitudes en las que se dé alguno de estos elementos: • Con carácter general, si puede incluirse en el concepto de abuso del derecho del artículo 7.2 del Código Civil. • Cuando de atenderse, requeriría un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. • Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. • Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Igualmente, el Criterio considera que la solicitud estará justificada con la finalidad de la Ley cuando se fundamenta en el interés legítimo de: • Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos. • Conocer cómo se toman las decisiones públicas. • Conocer cómo se manejan los fondos públicos. • Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Quinto. Este Consejo ha aplicado el contenido de este Criterio Interpretativo en las solicitudes de información muy compleja o voluminosa (Fundamento Cuarto de la Resolución 181/2018 (vid. asimismo las Resoluciones 358/2019 y 60/2019). Partiendo del carácter excepcional que tiene la consideración de una solicitud como abusiva dada la regla general del libre acceso a la información pública, la consideración como abusiva en los supuestos de peticiones de información voluminosa o difíciles se sujeta a la observancia de los siguientes requisitos. En primer lugar, recae sobre el sujeto al que se dirige la solicitud la tarea de argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que le supone atender a la petición en cuestión. Esto el, el sujeto debe motivar explícitamente la cantidad desproporcionada de examen e investigación requerida para afrontar la solicitud que, además, debe fundamentarse en datos objetivos. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, ha de ser tomados en consideración el número y naturaleza de los documentos objeto de la petición; la complejidad y dedicación para un adecuado examen de los mismos; o el periodo de tiempo al que se extiende la solicitud, pues la pretensión de abarcar un elevado número de años puede hacer irrazonable una petición que, aisladamente considerada, resultaría plenamente atendible sin mermar el regular funcionamiento de la institución. Y en segundo término, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 b) LTPA, antes de acordar sin más la inadmisión a limine de la solicitud la Administración ha de agotar la vía de la colaboración para dar ocasión a la persona interesada a que acote en términos razonables su petición inicial, armonizándose así en la medida de lo posible la pretensión del solicitante con el normal desenvolvimiento de la actividad propia del órgano interpelado. La Resolución 181/2018 afirmaba que: “De hecho, ya hemos tenido ocasión de rechazar solicitudes de información cuyo carácter tan excesivamente genérico o indeterminado impedían prácticamente identificar o localizar qué documentos o contenidos eran objeto de la pretensión de información (Resoluciones 79/2016, de 3 de agosto, FJ 6º; 80/2016, de 3 de agosto, FJ 6º y 46/2017, de 29 de marzo, FJ 3º). Y más específicamente, en relación con la aplicación del art. 8 b) LTPA a peticiones de información desmesuradamente amplias, en la Resolución 102/2016, de 26 de octubre, compartíamos la valoración de que “el derecho de acceso a la información pública no ampara ni permite un proceso de revisión general de la actividad de las entidades sujetas a la LTPA”, y añadíamos a continuación: “Así, pues, no cabe admitir solicitudes tan excesivamente genéricas como la presente, en las que se pretende un acceso indiscriminado a toda la información existente sobre una entidad sin apuntar siquiera unos determinados -o determinables- documentos o contenidos objeto de la petición. No corresponde, por tanto, al órgano reclamado realizar una búsqueda sobre una información de tal naturaleza, so pena de que se vea comprometida la eficacia del funcionamiento de la entidad, pues la obligación de concretar la información recae sobre quien la pretende […]” (FJ 2º). En resumidas cuentas, no cabe en absoluto descartar que el motivo de inadmisión previsto en el art. 18.1 c) LTAIBG (en el supuesto arriba mencionado) y, sobre todo, el contenido en el art. 18.1 e) LTAIBG resulten aplicables a las solicitudes de información excesivamente voluminosas o complejas. Ahora bien, esta posibilidad excepcional se sujeta a la observancia de los siguientes requisitos. En primer lugar, recae sobre el sujeto al que se dirige la solicitud la tarea de argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que le supone atender a la petición en cuestión. Motivación explícita de la cantidad desproporcionada de examen e investigación requerida para afrontar la solicitud que, además, debe fundamentarse en datos objetivos. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, han de ser tomados en consideración el número y naturaleza de los documentos objeto de la petición, en el bien entendido de que un cuantioso número no predetermina necesariamente una desmesurada carga de trabajo, ya que ésta depende asimismo de la dedicación que precise un adecuado examen de los mismos. Asimismo, cabe ponderar a este respecto el periodo de tiempo al que se extiende la solicitud, pues la pretensión de abarcar un elevado número de años puede hacer irrazonable una petición que, aisladamente considerada, resultaría plenamente atendible sin mermar el regular funcionamiento de la institución. Y en segundo término, y de conformidad con lo establecido en el arriba transcrito artículo 8 b) LTPA, antes de acordar sin más la inadmisión a limine de la solicitud la Administración ha de agotar la vía de la colaboración para dar ocasión al interesado a que acote en términos razonables su petición inicial, armonizándose así en la medida de lo posible la pretensión del solicitante con el normal desenvolvimiento de la actividad propia del órgano interpelado”. En este mismo sentido, en el FJ 6º de la Resolución 126/2019 pusimos el acento en que “el marco normativo regulador de la transparencia permite inadmitir aquellas solicitudes de información que, dado su excesivo volumen o complejidad, son susceptibles de mermar el regular funcionamiento de la institución interpelada”; de tal modo que, atendiendo a las particulares circunstancias concurrentes en el caso concreto, cabe rechazar a limine las solicitudes cuya respuesta pueda “generar una carga de trabajo desproporcionada a la Administración y menoscabar, así, el normal desenvolvimiento de sus funciones”. Sexto. Correspondería pues analizar si el supuesto ahora analizado reúne los requisitos exigidos para considerar una solicitud como abusiva según los criterios indicados en los Fundamentos Jurídicos anteriores. Previamente, debemos realizar una apreciación sobre este supuesto. A diferencia de los supuestos de hecho de anteriores pronunciamientos, la inadmisión no se realiza sobre una única solicitud, sino sobre 20 solicitudes que fueron calificadas como abusivas tras su tramitación y resolución acumulada. Este hecho constituye una diferencia respecto a nuestros anteriores resoluciones, que se referían a una sola solicitud de información muy voluminosa. Procede pues a adaptar la interpretación realizada en anteriores resoluciones a esta circunstancia, ya que la hipotética abusividad se desprendería del elevado número de solicitudes y no solo del contenido de cada una de ellas. Si bien el Criterio Interpretativo requiere una abusividad cualitativa, no es menos cierto que el elemento cuantitativo puede y debe tenerse en cuenta para la posible calificación de una solicitud como abusiva. El carácter abusivo no puede desprende únicamente de una petición de información muy voluminosa, sino que requiere de otras circunstancias o elementos que justifiquen su calificación (impliquen una paralización de los servicios públicos, colaboración del sujeto obligado, etc.) Parecería pues que este carácter abusivo no se deriva necesariamente de las características de una única solicitud, sino que podría predicarse de un conjunto de solicitudes que, consideradas en su conjunto, puedan reunir las características que permitan calificarla como abusiva. No podemos por tanto obviar que los criterios cuantitativos y cualitativos pueden estar vinculados y que deben interpretarse conjuntamente. Así, si la calificación de una solicitud muy voluminosa como abusiva trata de impedir la paralización de los servicios públicos que supondría atenderla, resulta evidente que similar resultado tendría la respuesta a múltiples solicitudes no voluminosas en determinadas circunstancias. No se trata de calificar como abusiva la mera presentación de numerosas solicitudes de información, ya que esto supondría impedir el ejercicio del derecho a personas especialmente interesadas en el funcionamiento de los poderes públicos o de asociaciones o colectivos que tuvieran entre sus fines sociales el control y supervisión de las administraciones públicas. Se trata en esta caso de vincular el ejercicio del derecho a deberes reconocidos en la propia normativa de transparencia, como los previstos en los apartados a) y b) del artículo 8 LTPA, para lo que deben analizarse las circunstancias en las que se realizan esas peticiones de información. De un modo similar, el Criterio Interpretativo 7/2015, relativo a la reelaboración, afirma, tras indicar que una solicitud de información voluminosa no puede inadmitirse per se por reelaboración, que «sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como de los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que… impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración Por tanto, para dilucidar si se puede calificar como abusiva a un conjunto de solicitudes, estas deben, entendidas en su conjunto, reunir los requisitos exigidos por el Criterio Interpretativo antes citado; esto es, ser abusiva cualitativamente, con la interpretación que hemos realizado anteriormente; y que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. Pero además, en el supuesto de que se alegue que la información solicitada, en su conjunto, es muy voluminosa o compleja, corresponde constatar que se cumplen los dos requisitos indicados: acreditación de la carga de trabajo que supondría, y la colaboración con la persona solicitante para la concreción de la petición. Para ello, debemos tener en cuenta las circunstancias en que las solicitudes se presentan, ya sea que afecten al sujeto obligado o a la persona solicitante. Entre las circunstancias que deben ser analizadas en cada caso concreto, cabría tener en cuenta, entre otros criterios, el número de solicitudes presentadas, el período de tiempo en el que se realizan, la mayor o menor concentración en el tiempo de las solicitudes en dicho período, las peticiones realizadas, el volumen en carga de trabajo que supondría atender a todas, las actuaciones y respuestas ofrecidas por el órgano o entidad, y los recursos materiales de los que disponga el órgano o entidad interpelada. Estas circunstancias exigen al sujeto obligado que acredite el cumplimiento de determinadas actuaciones para la posible consideración de un conjunto de solicitudes como abusivas. Así, tal y como hemos venido indicando en anteriores supuestos, debe argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que le supone atender a la petición en cuestión (número y naturaleza de documentos solicitados, período de tiempo, recurso materiales y humanos, cuantificación del trabajo, etc.). Pero además, dado que la declaración de inadmisión se produce sobre un determinado número de solicitudes, deberá argumentar otras circunstancias que justifiquen su decisión de acumular esas solicitudes y no otras (vg. Identidad de objeto y fundamento). Así como otras circunstancias que permitan acreditar la debida diligencia en la tramitación de las solicitudes de información de la misma persona (respuesta a anteriores solicitudes, colaboración para acotar la petición inicial a términos razonables, cumplimientos de los plazos para responder, etc.). Por otra parte, la persona solicitante debe ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho y de forma que no sea vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, según establecen las obligaciones previstas en los artículos 8 a) y b) LTPA. Esto exige a las personas solicitantes que concreten las peticiones lo más precisamente posible, faciliten la tramitación de las solicitudes, dilaten en el tiempo su presentación en la medida de lo posible, acumulen en una única solicitud aquellas que versen sobre una misma materia o sujeto, etc. Séptimo. Las 11 peticiones de información fueron las siguientes: 1. 3/3/2020: copia de expediente disciplinario. 2. 18/3/2020: copia de expediente 29/10 de fecha 28/05/10 respecto a la retirada y depósito del vehículo matrícula… . 3. 23/3/2020: certificación de determinadas circulares. 4. 8/4/2020: copia sobre sistemas de videovigilancia, con seis peticiones diferenciadas. 5. 15/4/2020: autorización de ocupación de vía pública. 6. 15/4/2020: expediente de bar Espartero, incluyendo 11 peticiones diferenciadas. 7. 15/4/2020: expediente de negocios aperturados en local de calle Bonifacio Obispo, incluyendo 12 peticiones diferenciadas. 8. 6/5/2020: datos sobre la zona azul y asociación de minusválidos. 9. 6/5/2020: contratos suscritos con dos entidades. 10. 30/5/2020: expediente de Bar el Litronado, incluyendo 11 peticiones diferenciadas. 11. 1/6/2020: expediente Hotel Palacio Marqués de la Gomera, incluyendo 11 peticiones diferenciadas. Las temáticas de las solicitudes son muy variadas. Se requieren datos acerca de establecimientos de restauración, licencias de ocupación del suelo público o sistemas de videovigilancia. Y cuatro de ellas incluyen 40 peticiones diferenciadas relacionadas con cuatro temáticas diferentes. Las solicitudes se presentaron en el período de tiempo comprendido entre el 3 de marzo y el 1 de junio de 2020, lo que supone una media de una solicitud cada ocho días. Tres solicitudes se concentran el día 15/4/2020, y dos el 6/5/2020. Por su parte, el Ayuntamiento no respondió a ninguna de las 11 solicitudes, sino que las acumuló en una única respuesta que se notifica el 10 de junio de 2020. El Decreto 2020/0720 no ofrece ni referencias jurídicas (artículo 57 LPAC) ni motivos para la acumulación, aunque sí justifica la abusividad indicado que “...por considerar que las peticiones de acceso formuladas son contrarias a la buena fe, supondrían un efecto perjudicial en la actividad pública de este Ayuntamiento debido a los recursos necesarios que habría que destinar para facilitar la información solicitada y que alguna de ellas ya ha sido resueltas, siendo por tanto reiterativas”, o explicando determinadas circunstancias del solicitante “Considerando que los interesados han presentado denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num, 1 de Osuna, contra algunos miembros del equipo de gobierno y contra funcionarios municipales, basándose la citada denuncia en hechos relacionados con materias de expedientes cuyo acceso de información ahora solicita. Denuncia que ha sido resuelta por Auto de fecha 7 de marzo de 2019 y en cuya parte dispositiva acuerda el sobreseimiento libre y archivo definitivo de las diligencias previas incoada”. Octavo. Con estos antecedentes, este Consejo considera que las solicitudes presentadas no pueden ser calificadas como abusivas, por los siguientes motivos. Este Consejo entiende que es complejo determinar cuando un conjunto de solicitudes puede ser considerado como abusivo, pero esta consideración no puede realizarse sin motivación y sin haber desarrollado actuación alguna para dar respuesta u ofrecer una solución alternativa al solicitante. El Ayuntamiento reclamada no facilitó ninguna información ni comunicó al solicitante ninguna justificación de la acumulación de las solicitudes presentadas a los efectos de considerarla abusiva, ni siquiera la relativa al artículo 57 LPAC. Esto es, si el órgano consideró que las 11 solicitudes presentadas en las distintas fechas, en su conjunto, eran abusivas, debería haber comunicado previamente esta circunstancia al solicitante para que este concretara o redujera la petición de modo que no supusiera una paralización de los servicios públicos. No se trata de justificar la acumulación a efectos de la tramitación de las solicitudes, acumulación que se rige por el artículo 57 LPAC, sino de justificar el motivo por el que el órgano decidió considerarlas como un conjunto, y poner en conocimiento del solicitante esta circunstancia. Tras la respuesta o silencio de la persona solicitante, el órgano podría inadmitir las solicitudes motivando su consideración como un conjunto, acreditara su carácter abusivo por la carga de trabajo que supusiera, y demostrara la colaboración ofrecida al solicitante para dar respuesta a las solicitudes. En este supuesto, el Ayuntamiento no facilitó ninguna de la información solicitada desde el 3 de marzo de 2020 hasta el 10 de junio de 2020 (fecha en que se resolvió la inadmisión de las solicitudes de información), ni realizó ninguna comunicación al solicitante, ni realizó actuaciones que permitieran satisfacer al menos alguna de las pretensiones del ahora reclamante. Este Consejo ha constatado, a la vista de las alegaciones del Ayuntamiento, la voluntad del Ayuntamiento de dar curso a peticiones de información del solicitante, pues ya había resuelto anteriormente solicitudes presentadas por la misma persona. Sin embargo, no entiende este Consejo que el órgano acreditara debidamente la carga de trabajo que supondría responder a las 11 solicitudes, que son concretas y específicas, ya que no se describe el procedimiento a seguir para la obtención de la información, dificultades para la localización de la información, cuantificación de la necesidad del uso de recursos materiales y humanos, etc. Por ello, este Consejo considera que el Ayuntamiento de Osuna no aplicó debidamente la causa de inadmisión, y por lo tanto procedería estimar la reclamación. Noveno. En todo caso, este Consejo debe realizar algunas consideraciones sobre alguna de las peticiones. En relación con la solicitud presentada el 15/4/2020 ( Registro de entrada 2020-E-RE-468) y ante lo indicado en el escrito de alegaciones, el Ayuntamiento deberá transmitir al reclamante la información que incluyen en el citado escrito, esto es, “no existe tal documento ni autorización”, ya que es al solicitante, y no al Consejo, al que se debe remitir la información solicitada. En relación con la solicitud presentada el día 6/5/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-576), y en el supuesto de que se tratara de información publicada en el Portal del Contratante, el Ayuntamiento podrá remitirse a la información ya publicada en el mismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.3 LTBG. En todo caso, la remisión a la información deberá permitir acceder de manera clara y directa a la misma, o bien contener las explicaciones necesarias para localizarla, según hemos venido reiterando en anteriores resoluciones (por todas, la En relación con las solicitudes presentada el 15/4/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-470, Registro de entrada 2020-E-RE-476), 30/5/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-754) y 1/6/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-763), resulta innegable que el acceso a la extensa información solicitada podría afectar a los derechos o intereses de terceras personas (los titulares de los establecimientos). No constando que se haya realizado el trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 LTBG, correspondería retrotraer el procedimiento a dicho momento procedimental debiendo informar a la persona solicitante de esta circunstancia. Y tras lo cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente. El Ayuntamiento deberá ordenar la retroacción del procedimiento en el plazo máximo de diez días desde la notificación de esta Resolución, y posteriormente valorar las alegaciones presentadas. Dado el amplio volumen de información solicitada, el órgano podría proceder acorde a la doctrina que hemos indicado anteriormente y que hemos venido reiterando en anteriores resoluciones (Resolución 181/2018, entre otras). Esto es, acreditar debidamente la carga de trabajo que supondría el acceso a la información, poniendo en riesgo el funcionamiento ordinario del servicio público, además de advertir de esta circunstancia al solicitante y ofrecerle alternativas de acceso a la información en un volumen razonable. Y posteriormente deberá resolver el procedimiento en el plazo máximo de resolución previsto en la normativa que le resulte de aplicación, contado igualmente desde la notificación de esta Resolución, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada del artículo 19.3 LTAIBG, y tras el análisis de la posible aplicación de los límites establecidos en los artículos 14 y 15 LTBG. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Décimo. En resumen, y a la vista de los fundamentos de derecho antes citados, este Consejo estima la reclamación presentada, debiendo el Ayuntamiento de Osuna poner a disposición del reclamante la información solicitada en estas fechas: 1. 18/3/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-355, copia de expediente 29/10 de fecha 28/05/10 respecto a la retirada y depósito del vehículo matrícula….). 2. 8/4/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-451, copia sobre sistemas de videovigilancia, con seis peticiones diferenciadas). 3. 15/4/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-468, autorización de ocupación de vía pública), en los términos del Fundamento Jurídico anterior. 4. 6/5/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-575, datos sobre la zona azul y asociación de minusválidos). 5. 6/5/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-576, contratos suscritos con dos entidades), en los términos del Fundamento Jurídico anterior. La puesta a disposición de la información se realizará previa disociación de los datos personales que pudiera contener (artículo 15.4 LTBG) que no tuvieran relación con el objeto de la solicitud, y previa aplicación de alguno de los límites del artículo 14 LTBG, circunstancias que deberá valorar la entidad reclamada dada la ausencia de respuesta a la solicitud y la falta de presentación de alegaciones. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Si la información solicitada no existiera o no la localizara tras un esfuerzo razonable de búsqueda, el Ayuntamiento deberá indicar expresamente esta circunstancia en la respuesta. Y además, el Ayuntamiento deberá ordenar la retroacción de las las solicitudes presentada el 15/4/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-470, Registro de entrada 2020-E-RE-476), el 30/5/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE-754) y el 1/6/2020 (Registro de entrada 2020-E-RE- 763), en los términos del Fundamento Jurídico anterior. A la vista de los antecedentes y fundamentos antes indicados, se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Osuna a que, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta Resolución, ofrezca al reclamante la información indicada de acuerdo con lo expresado en el Fundamento Jurídico Décimo. Tercero. Instar al Ayuntamiento de Osuna a que, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta Resolución, proceda a la retroacción del procedimiento al trámite de alegaciones a terceras personas en los términos indicados en el Fundamento Jurídico Décimo. Cuarto. Inadmitir las peticiones incluidas en el Fundamento Jurídico Segundo, en sus propios términos. Quinto. Instar al Ayuntamiento de Osuna a a que remita a este Consejo en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.