Inadmisión de reclamación contra el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía por denegación de información sobre la adquisición y uso de un ecógrafo

RESOLUCIÓN 692/2021, de 17 de octubre Artículos: 2 y 24 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía por denegación de información pública Reclamación: 505/2020 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 30 de octubre 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía: “Solicito: "- Acta Junta de Gobierno donde se aprueba la compra del Ecógrafo así como uso destinado al mismo. "- Protocolo de uso y cesión del ecógrafo del Colegio , así como departamento y vocalía responsable del mismo. "- Historial de cesiones del ecógrafo, con fecha de cesión y devolución del mismo, así como de los colegiados que lo han solicitado y usado,y "- Finalidad o motivo para el que ha sido cedido el ecógrafo". Segundo. El 3 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta de la solicitud de información, si bien desde la entidad reclamada se indicó con fecha 19 de noviembre de 2020 a la persona solicitante de información que: "(...) le informamos que la solicitud se ha incluido en el Orden del día de la próxima Junta de Gobierno, que se celebrará con fecha 28 de noviembre de 2020". Tercero. Con fecha 14 de enero de 2021 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio de procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 14 de enero de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Cuarto. El 21 de enero de 2021 entrada en el Consejo escrito de la persona ahora reclamante, en el que se pone de manifiesto que ha recibido contestación por parte de la entidad reclamada pero "sin información solicitada". Al escrito se adjunta respuesta remitida por el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, que informa de lo siguiente: “Vistas sus solicitudes, con Nº de Referencia W1981-20 y W1929-20 en la pasada Junta de Gobierno celebrada el 19/12/20; le informo que el ICPFA es propietario de un Ecógrafo, marca Cover 60 Doppler (sonda lineal 12-5w) adquirido en base al convenio específico de colaboración firmado por esta entidad con el Málaga Club de Fútbol el pasado 30 de noviembre de 2017 y teniendo como base el convenio marco suscrito con dicha entidad el 4 de mayo 2015 por la anterior Junta de Gobierno y en cuya cláusula primera se contemplaba un marco de colaboración en proyectos de investigación científica. "El ecógrafo se encuentra en dependencias colegiales para dar cumplimiento de la obligación de atender la formación continuada de los colegiados en actividades formativas y de los grupos provinciales, organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional y que se estimen necesarias para estimular el perfeccionamiento profesional y científico. "Este equipo es del ICPFA y no se encuentra adscrito a ninguna vocalía. A la fecha no ha sido cedido en ninguna ocasión, estando a disposición del Colegio y de los Colegiados que así lo soliciten y presenten un proyecto para su uso en el ámbito colegial y en el cumplimiento de los fines para los que fue adquirido. "En cuanto a la solicitud por su parte, no existe inconveniente precisando tan solo que nos indique el motivo de la cesión, aplicación científica y diseño de investigación para el que requiere su uso y período de utilización del mismo". Quinto. Con fecha 2 de febrero de 2021 se remiten a la entidad reclamada las alegaciones presentadas por la persona solicitante de información. Sexto. Con fecha 4 de febrero tienen entrada alegaciones del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, con el siguiente tenor literal: "PRIMERA.- Con fecha 30 de octubre de 2020 el Colegiado D. [nombre y apellidos de la persona reclamante], presentó a través de contacto web (ref W1981-20), la siguiente solicitud: (Literal de la solicitud de información reproducida en el Antecedente Primero) "La resolución de su solicitud fue tratada en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 28/11/2020 (por error se consignó una fecha incorrecta en la carta de respuesta), acordándose por unanimidad dar respuesta a las cuestiones planteadas y a la solicitud W1929-20 de cesión solicitada por el Colegiado. "Con fecha 04/01/2021 se remitió escrito del Secretario General en respuesta a su solicitud, resultando entregado a su destinatario el 11/01/2021. "SEGUNDA.- Que conforme las disposiciones de la Ley 1/2014, de 24 de junio,de Transparencia Pública de Andalucía, las corporaciones de derecho público andaluzas, entre las que se encuentran los Colegios Profesionales, están sujetas a sus preceptos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho administrativo. "En el presente caso, la información solicitada, no es información pública a los efectos de la Ley de Transparencia. "TERCERA.- En todo caso, al colegiado se le ha dado puntual respuesta a su solicitud, no pudiendo hablarse de retraso malicioso u obstrucción del derecho a la información, toda vez que la petición ha sido puntualmente incluida en la primera sesión celebrada por la Junta de Gobierno. Además de la información se ha atendido la solicitud de cesión por su parte, estando a la espera de que cumplimente los requisitos expuestos para la cesión del ecógrafo al colegiado. "Por lo expuesto procede y SUPLICO al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que teniendo por presentado este escrito, con el expediente que se acompaña, se sirva admitirlo, por hechas las manifestaciones que en el mismo se contiene y en su consecuencia y previstos los trámites de la ley se acuerde el archivo del presente expediente, con cuanto más proceda en justicia que pido y espero en Sevilla a 02 de febrero de 2021". Séptimo. Con fecha 23 de febrero de 2021 tienen entrada en el Consejo nuevas alegaciones de la entidad reclamada, con el siguiente contenido: "ÚNICA. - Aporta el Colegiado D. [nombre y apellidos de la persona reclamante] copia de la contestación y cumplida respuesta efectuada a su petición por el Secretario General a la vista de la decisión adoptada por la Junta de Gobierno. La citada documentación ya fue aportada al Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía por esta parte al presentar las alegaciones al expediente de referencia. "Al respecto en aras a la brevedad nos reiteramos en las alegaciones efectuadas, y citamos en apoyo de nuestras pretensiones, los argumentos de la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 13 de enero de 2021, dictada en el Recurso 50/2019, y de la que se ha hecho eco recientemente la prensa especializada. "El Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana destaca la naturaleza privada de los colegios profesionales sanitarios, lo cual los distingue a los efectos de la Ley de Transparencia de las administraciones públicas, éstos aun cuando también atengan a finalidades de interés público, fueron constituidos primordialmente para la defensa de los intereses privados de sus miembros. "Como primera cuestión analiza la naturaleza de los Colegios Profesionales como presupuesto previo determinante del ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional contencioso- administrativo, y, dispone: «Como reiteradamente viene diciendo esta Sala y Sección en numerosas Sentencias, los Colegios Profesionales, en general, son corporaciones sectoriales de base privada, corporaciones públicas por su composición y organización que, sin embargo, realizan una actividad en gran parte privada, aunque tengan atribuidas, por ley, o, delegadas, algunas funciones públicas ( STC 123/87 y STS de 19/12/89), constituidas, primordialmente, para la defensa de los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público ( STC 20/88 y STS de 28/11/90 ), constituyendo "una realidad jurídica de base asociativa y régimen particular distinta del de las asociaciones de naturaleza privada" ( STC 5/96). "Ese carácter de Corporaciones públicas "no logra oscurecer la naturaleza privada de sus fines y cometidos principales" ( STC 20/88 ), quedando limitada su equiparación a las Administraciones públicas de carácter territorial "a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la dimensión pública de los Colegios"( STC 87 /89 ). "Su configuración como Administración "secundum quid", obliga a examinar, caso por caso, si la actuación colegial se realiza en uso de facultades atribuidas por la ley o delegadas por la Administración, en cuyo caso la revisión jurisdiccional de dicha actuación corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, mientras que en los restantes supuestos, el enjuiciamiento corresponderá al orden jurisdiccional civil. "Por su propia naturaleza, son ámbitos competenciales o fines privados de los Colegios profesionales los relativos a la protección mutual y la asistencia social de sus miembros y su familia y el "presupuesto" para el funcionamiento colegial. Dicho presupuesto se integra por la previsión anual de ingresos y gastos, no siendo fiscalizable por este orden jurisdiccional, cuya competencia se limita al control de la formación de voluntad del órgano colegial que aprueba el presupuesto: la Junta General Ordinaria del Colegio correspondiente». "Por el contrario, indica la Sentencia que constituye actividad colegial administrativa sujeta al posterior control jurisdiccional contencioso-administrativo: a) La colegiación obligatoria ( STC 194/98 ) b) Todo su régimen electoral. c) El régimen disciplinario. d) El visado colegial de los trabajos profesionales de los colegiados, cuando así lo exijan los respectivos Estatutos. e) el régimen de recursos contra los actos administrativos dictados por los distintos órganos colegiales, en el ámbito de sus competencias, respecto de sus colegiados. "Partiendo de este esquema básico, expone la Sentencia: «No son revisables en esta sede contencioso-administrativa los Acuerdos por los que se aprobaron el presupuesto del Consejo para 2006 (Resolución 63/05), la liquidación de cuentas del ejercicio de 2004 y el balance de situación y la Resolución 60/05, relativa al proyecto para la aplicación y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la cuota complementaria en la medida que no afecta a la dimensión pública de estas Corporaciones Profesionales, dado que no se cuestiona la formación de voluntad de la Asamblea en la adopción de tales acuerdos, único particular, como decíamos más arriba que cabe revisar por este Orden Jurisdiccional. En este sentido la precitada Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2006 , afirma: " ..... la jurisdicción contencioso-administrativa revisa la actuación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en cuanto realiza una actividad pública sometida al derecho administrativo y no es éste el supuesto de autos, cuando se trata, cual aquí acontece de la aprobación de un presupuesto que se realiza por el órgano competente y que además está debidamente constituido, y cuando la impugnación se hace ..... por la inclusión de partidas a favor de determinados órganos ... " >>. "En igual sentido, la STS de 30-4-2012 ( R.4439/2010, XXX), afirmando a las claras que ni los presupuestos aprobados por la organización colegial (en el caso enjuiciado del Consejo General de Colegios), ni la determinación de las aportaciones exigidas a los Colegios son fiscalizables en sede contencioso administrativa, FJ cuarto, ratificando el criterio del alto Tribunal precisamente en la indicada sentencia de 10-10-2010». "Así pues, en el presente expediente no solo se le ha dado cumplida respuesta al solicitante, sino que además la actuación a la que se refiere sobre la adquisición, uso y disponibilidad del ecógrafo, son cuestiones que no tiene carácter público y en consecuencia fuera del la competencia y examen del CTPDA". FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2 a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley..." (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. Antes de entrar a resolver la controversia planteada, es preciso advertir que las competencias de revisión de este Consejo no se proyectan al control de cuantas inobservancias o incumplimientos de su propia normativa reguladora puedan denunciarse en relación con la transparencia de los Colegios Profesionales. En efecto, ha de tenerse presente que éstos venían ya obligados a una gestión transparente en virtud de lo establecido en la propia Ley 2/1974, de 15 de febrero, de Colegios Profesionales, después de la importante modificación operada por la Ley Ómnibus 25/2009, de 22 de diciembre. Según reza el primer apartado de su artículo 11: “Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente: “a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo. ”b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. ”c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. ”d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. ”e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos. “f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. “g) Información estadística sobre la actividad de visado.” Memoria Anual, dotada de este contenido mínimo, que “deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año” (artículo 11.2 de la Ley 2/1974). Por tanto, los Colegios Profesionales están obligados a cumplir las referidas medidas de transparencia establecidas en su específica Ley reguladora, así como los concretos derechos de información que eventualmente puedan reconocer a los colegiados los respectivos Estatutos. En consecuencia, los interesados pueden desde luego solicitar directamente al correspondiente Colegio Profesional la información mencionada y, en su caso, plantear las acciones impugnatorias ante el propio Colegio y posteriormente en sede jurisdiccional en orden a obtener dicha información en el supuesto de que no vean satisfechas sus pretensiones de información colegial. Pero el radio de acción de este Consejo no se proyecta a todos y cada uno de los sectores materiales que quedan sujetos a la publicidad de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Colegios Profesionales o, en su caso, por los correspondientes Estatutos. Estas exigencias de transparencia impuestas a los Colegios por su normativa específica constituyen, a los efectos que atañen a este Consejo, un plus de transparencia que viene a sumarse a las obligaciones que propiamente les son exigibles por la LTPA. Por consiguiente, a menos que coincidan o sean reconducibles a los supuestos salvaguardados por la LTPA, el control de la observancia de aquellas exigencias queda extramuros de nuestra esfera competencial. Nuestro ámbito funcional se ciñe, en suma, a supervisar la actuación de los Colegios Profesionales únicamente desde la perspectiva de las obligaciones y derechos consagrados por la LTPA. Y, como indicaremos a continuación, solamente nos corresponde examinar si han atendido las exigencias de transparencia respecto de sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, tal y como dispone el artículo 3.1 h) LTPA. Cuarto. En el supuesto en cuestión, el reclamante pretendía el acceso a diversa información sobre la compra y uso de un ecógrafo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía. En relación con la primera de las peticiones (“Acta de la Junta de Gobierno…”) se nos vuelve a plantear un asunto similar al que ya hemos debido afrontar en anteriores ocasiones concerniente al acceso a información de órganos de Colegios Profesionales. Baste citar al respecto la Resolución 90/2019, que ha sido recientemente confirmada por la Sentencia 22/2020, de 29 de enero de 2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla, confirmada a su vez por Sentencia de 8 de enero de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A la doctrina allí vertida haremos, pues, constante referencia en lo sucesivo. Como es sabido, en virtud de lo previsto en el artículo 3.1 h) LTPA, están constreñidas a observar las disposiciones de esta Ley “[l]as corporaciones de derecho público andaluzas y entidades asimilables […] en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho Administrativo”. Y no por menos conocido puede dejar aquí de señalarse que, de acuerdo con el artículo 2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este orden jurisdiccional conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público adoptados en el ejercicio de funciones públicas. Y así viene a recordarlo la Ley Ley 2/1974, de 15 de febrero, de Colegios Profesionales, en su artículo 8.1: “Los actos emanados de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales, en cuanto estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. Según venimos declarando en doctrina constante, “[e]s el doble carácter público y privado que ostentan estas Corporaciones lo que hace que el régimen de aplicación de la LTPA no sea tan intenso como el aplicado para las Administraciones Públicas, de modo que quedaría al margen de esta Ley el conjunto de actividades no sometidas al Derecho administrativo. No obstante, por las finalidades preeminentemente públicas que ostentan, por la no menos importante función de las prerrogativas públicas que ejercen y por el carácter de actos administrativos que se derivan de la actividad colegial en sus decisiones sujetas al derecho administrativo, se justifica el hecho de que se vean sometidas a las exigencias en materia de transparencia” (Resolución 31/2016, FJ 2º; desde entonces doctrina constantemente reiterada, como, por ejemplo, en las Resoluciones 329/2018, FJ 2º y 114/2019, FJ 4º). La cuestión que ahora hemos de resolver se centra, por tanto, en determinar si el acta solicitada puede reconducirse a la vertiente o dimensión pública de los Colegios profesionales y, consecuentemente, englobarse entre las actividades sujetas al Derecho Administrativo. Sobre este particular, conviene comenzar recordando que la Guía de transparencia y acceso a la información pública dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, suscrita en diciembre de 2016 entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Unión Profesional, reconoce en términos inequívocos que el derecho de acceso a la información puede proyectarse a “[l]as actas de los órganos colegiados de gobierno, respecto de todas aquellas actividades que se refieran al ejercicio de funciones sujetas a derecho administrativo de las previstas en la normativa sobre colegios profesionales con el límite derivado de la garantía de la protección de datos personales del artículo 15 de la LTAIBG” (pág. 15). Y así ha tenido ya este Consejo ocasión de señalarlo expresamente respecto de las entidades sujetas a la legislación de transparencia en virtud del artículo 3.1 h) LTPA: “[…] las actas emitidas por los órganos de una corporación de derecho público, como es el caso, constituyen información pública a los efectos de lo previsto en el artículo 2 a) LTPA en la medida en que estén sujetas al derecho administrativo. En este sentido, las actas no vienen sino a reflejar el resultado de un proceso de toma de decisiones cuya función principal es determinar los acuerdos adoptados de forma oficial y fehaciente” (Resolución 119/2017, FJ 5º). Con esta inclusión de las “actas” en el ámbito de cobertura de la legislación de transparencia, no se venía sino a explicitar con alcance general la línea interpretativa que había sostenido al respecto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y que, asimismo, había encontrado reflejo en la jurisdicción contencioso-administrativa. Línea doctrinal que, por lo demás, encuentra un sólido fundamento en el propio texto constitucional, cuyo artículo 36 dice así: “La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”. Efectivamente, a partir de la caracterización que hace de los Colegios el artículo 36 CE, el Tribunal Constitucional no ha dudado en ubicar bajo su vertiente o dimensión pública todo lo concerniente a sus aspectos organizativos, con la consecuencia de quedar sometidas a este respecto a la tutela de las Administraciones pública. Bástenos recordar sobre el particular la argumentación que ofrece el FJ 4º de la STC 20/1988: “Como ha declarado este Tribunal en anteriores ocasiones (SSTC 76/1983, de 5 de agosto; 23/1984, de 20 de febrero, y 123/1987, de 15 de julio), los Colegios Profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como personas jurídico-públicas o Corporaciones de Derecho público cuyo origen, organización y funciones no dependen sólo de la voluntad de los asociados, sino también, y en primer término, de las determinaciones obligatorias del propio legislador, el cual, por lo general, les atribuye asimismo el ejercicio de funciones propias de las Administraciones territoriales o permite a estas últimas recabar la colaboración de aquéllas mediante delegaciones expresas de competencias administrativas, lo que sitúa a tales Corporaciones bajo la dependencia o tutela de las citadas Administraciones territoriales titulares de las funciones o competencias ejercidas por aquéllas. […] ”Cierto es que el carácter de Corporaciones públicas de los Colegios Profesionales no logra oscurecer la naturaleza privada de sus fines y de sus cometidos principales, por lo que, como ya se dijo en la STC 123/1987, de 15 de julio, estos entes públicos «realizan una actividad que en gran parte es privada, aunque tengan atribuidas por la Ley o delegadas algunas funciones públicas». Pero no es menos verdad que la dimensión pública de los entes colegiales, en cuya virtud, como antes se dijo, están configurados por la Ley bajo formas de personificación jurídico-pública que la propia representación actora no discute, los equipara sin duda a las Administraciones públicas de carácter territorial, si bien tal equiparación quede limitada a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la dimensión pública de aquéllos.” Vertiente pública de la actividad organizativa de los Colegios Profesionales que conduce obviamente a considerar que las actas de sus órganos de gobierno, respecto de toda actividad sujeta a derecho administrativo, quedan bajo el control de las Administraciones Públicas. Quinto. La delimitación de las actividades colegiales sujetas a derecho administrativo exige un análisis individualizado, tal y como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2006: “Así pues, su configuración como Administración "secundum quid" obliga a examinar caso por caso, si la actuación colegial se realiza en uso de facultades atribuidas por la Ley o delegadas por la Administración, en cuyo caso la revisión jurisdiccional de dicha actuación corresponderá al orden jurisdiccional Contencioso- Administrativo, mientras que en los restantes supuestos, el enjuiciamiento corresponderá al orden jurisdiccional civil”. Al no existir un listado tasado de estas actividades, el análisis debe partir lógicamente de la regulación normativa que antes hemos citado: la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Oficiales; el artículo 2.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (“el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con […] los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas”); y el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley”). El Tribunal Supremo ha establecido las reglas generales para esta delimitación. Así, en la Sentencia de 28 de febrero de 2011 afirma que: “Esta especial naturaleza de la Administración Corporativa también conlleva un específico régimen jurídico mixto, con normas reguladoras de Derecho Público y otras que necesariamente han de ser calificadas de privadas. La intervención del Estado sobre estos entes corporativos de base privada se inicia con su creación mediante un acto de imperio, por el que se publifica en cierto modo el ejercicio de una determinada profesión, acto que, a su vez, le atribuye a la corporación profesional personalidad jurídico- pública con el fin de desempeñar funciones de interés general con carácter monopolístico que se encarga de controlar la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, su función principal no es pública sino que tiene por fin esencial la gestión de aquellos intereses privativos de sus miembros que derivan del ejercicio de la profesión común, de suerte que, en este último caso, de suscitarse conflictos entre ellos, serán otras Jurisdicciones las encargadas de resolver sus controversias”. El mismo Tribunal, en la sentencia de 3 de mayo de 2006, antes indicada, ha precisado las actividades incluidas y excluidas de la jurisdicción contencioso-administrativa: “Por su propia naturaleza son ámbitos competenciales o fines privados de los Colegios profesionales los relativos a la protección mutual, y la asistencia social de sus miembros y su familia, y entendemos que además lo son el presupuesto y la aprobación de cuentas necesarios para el funcionamiento colegial. Dicha cuentas se integran por la liquidación anual de gastos y de cada partida, no siendo pues claramente fiscalizable por este orden jurisdiccional cuya competencia se limita al control de la formación de voluntad del órgano colegial que aprueba las cuentas, es decir, la Junta o Asamblea General Ordinaria del Consejo correspondiente. Por el contrario, constituye actividad colegial administrativa sujeta al posterior control jurisdiccional Contencioso-Administrativo: a), la colegiación obligatoria ( STC 194/1998 (RTC 1998, 194) ); b), todo su régimen electoral c), el régimen disciplinario; d), el visado colegial de los trabajos profesionales de los colegiados, cuando así lo exijan los respectivos Estatutos; y d) el régimen de recursos contra los actos administrativos dictados por los distintos órganos colegiales, en el ámbito de sus competencias respecto de sus colegiados». La citada Guía de transparencia y acceso a la información pública dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público ofrece igualmente pautas para delimitar qué actividades colegiales están sujetas a derecho administrativo, y por tanto pueden ser objeto de una solicitud de información al amparo de la normativa de transparencia. Entre estas actividades deben incluirse las materias incluidas en las obligaciones de publicidad activa que resulten de aplicación a las Corporaciones de Derecho Pública, que tanto la citada Guía como la Consulta 1/2018, de 7 de mayo, de este Consejo, han tratado de concretar. Pero además, la Guía cita, a efectos meramente orientativos, las siguientes materias susceptibles de ser objeto de una petición de información: “La información relativa al procedimiento electoral de la corporación de derecho público de que se trate, comprensiva de la información relacionada con el derecho de sufragio activo y pasivo; la convocatoria de elecciones; la presentación de candidaturas; la elaboración del censo electoral; la constitución de la mesa electoral y las facultades de su presidente; las papeletas; la forma de acreditar el voto; el voto por correo; el escrutinio; la elaboración del acta correspondiente; y, finalmente, la toma de posesión de los candidatos elegidos, con el límite derivado de la garantía de la protección de datos del artículo 15 de la LTAIBG en lo que concierne, a mero título ejemplificativo, al censo electoral. - Las actas de los órganos colegiados de gobierno, respecto de todas aquellas actividades que se refieran al ejercicio de funciones sujetas a derecho administrativo de las previstas en la normativa sobre colegios profesionales con el límite derivado de la garantía de la protección de datos del artículo 15 de la LTAIBG”. Sexto. La aplicación de lo indicado anteriormente a este supuesto conduce a inadmitir la reclamación en lo que se corresponde a esta petición. Según las alegaciones realizadas por el Colegio Profesional, la adquisición del ecógrafo se realizó en el marco de un convenio de colaboración con el Málaga Club de Fútbol relacionado con un proyecto de investigación científica. Esta actividad que podría estar incluida en el ámbito de actuación de la Corporación (artículo 5 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales), no parece reconducible al concepto de actividad sujeta a derecho administrativo, que se limita a los actos relacionados con la colegiación obligatoria, régimen electoral y disciplinario o el visado de los trabajos profesionales de los colegiados, entre otros, a la vista del contenido de la citada Ley. La firma y ejecución de un convenio con una entidad privada para el desarrollo de una actividad investigadora no parece poder incluirse en el concepto de funciones públicas, ni está relacionado con conceptos regulados por el derecho administrativo. En un sentido similar nos hemos pronunciado en la Resolución 201/2020, de 18 de mayo, en lo que concierne a la petición de información sobre la adquisición de material deportivo por una Federación (FJª décimo). Y en la Resolución 31/2016, respecto al uso de fondos colegiales, citando la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2012, “los presupuestos no integran funciones públicas. Los fondos colegiales no solo financian funciones públicas sino también publicaciones, cursos de formación, páginas web, asesoramientos de diversa naturaleza y otros servicios de naturaleza privada. Además, la regulación vigente culmina un proceso en el que se concluye que los acuerdos económicos y patrimoniales de los Colegios Profesionales tienen una evidente naturaleza privada y que no se incardinan en los denominados "actos adoptados en ejercicio de funciones públicas" del artículo 2, letra c) de la Ley 29/1998 (RCL 1998, 1741). La Jurisprudencia del Orden civil ha declarado que es competente para conocer sobre cuestiones de naturaleza privada de los Colegios Profesionales. La delimitación de la actuación pública de los colegios profesionales es una cuestión ya resuelta por la Sala presente en sentencia de tres de mayo de dos mil seis (RJ 2006, 4065) como también por la STC 194/2008 (RTC 2008, 194).” Por tanto, dado que el Colegio Profesional está excluido del ámbito subjetivo de aplicación de a LTPA en lo que concierte a sus actividades no sujetas a derecho administrativo, procede la inadmisión de la petición por la falta de competencia del Consejo para conocer de la reclamación. Quinto. Respecto al resto de peticiones, relacionadas con el uso del ecógrafo, la respuesta debe ser idéntica a la indicada anteriormente por similares motivos. La información solicitada se relacionada con actividades de la Corporación que no están sujetas al derecho administrativo ni relacionadas con funciones públicas. Procedería igualmente inadmitir la reclamación en lo que corresponde a estas peticiones. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la reclamación interpuesta por XXX contra el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, por denegación de información pública.