Reclamación contra el Ayuntamiento de San Roque por denegación de información pública sobre licencias y proyectos de obra

RESOLUCIÓN 689/2021, de 17 de octubre Artículos: 2, 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX, contra el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por denegación de información pública Reclamación: 542/2020 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 12 de noviembre de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz): “Expone “Tengo constancia del inicio de unas obras realizadas presuntamente por la empresa municipal EMADESA en la finalización de la calle Olivo en San Roque (calle sin salida), adjunto fotos satélite detallando su ubicación exacta. “Solicita “Copia del Permiso y/o Licencia de Obra, así como del proyecto y del presupuesto presentados con su correspondiente sello y fecha de registro para el inicio de las obras”. Segundo. El 27 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Tercero. Consta en el expediente la acreditación de la notificación efectuada por el Ayuntamiento de San Roque a la persona interesada con fecha 30 de diciembre de 2020 del Decreto 2020/5794, de 23 de diciembre, por el que el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Roque acuerda “[D]ar traslado a D. [nombre de la persona interesada] de la documentación que se adjunta al presente Decreto”. Consta la documentación remitida a la persona interesada consistente en un informe de fecha 2 de diciembre de 2020 del Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Jefe de Obra, de EMADESA (Empresa de Servicios, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido de San Roque, S.A.) de la Delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios, en el que informa que: “Las obras referidas se enmarcan en las labores habituales de mantenimiento urbano del viario público. Por lo anterior, dichas obras no requieren de proyecto técnico”. Cuarto. El 31 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el Consejo nuevo escrito de la persona interesada manifestado ante la respuesta recibida a la solicitud de información: “El Ayuntamiento de San Roque ha respondido a mi petición de información pero NO CORRECTAMENTE; no me facilita Copia del Permiso y o Licencia de Obra, así como del proyecto y del presupuesto presentados con su correspondiente sello y fecha de registro para el inicio de las obras. Junto a la notificación aportan un Informe firmado por un presunto Ingeniero Técnico de la empresa municipal de EMADESA, detallando que las obras no requieren de proyecto técnico alguno porque se enmarcan en las labores habituales de mantenimiento urbano del viario público. Sin embargo, dicha afirmación presuntamente ES FALSA, adjunto fotos vía satélite de cómo se encontraba la infraestructura antes del inicio de las obras y fotos tomadas in situ de las obras realizadas por esta empresa municipal; se aprecia claramente que esos escalones y acerado NO EXISTÍAN PREVIAMENTE, por lo que no ha sido una labor de mantenimiento sino claramente UNA OBRA NUEVA. Según los apartados C) y D) del punto 1º del Artículo 169 de la LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, entiendo que para dicha obra sí era necesario contar con una Licencia Urbanística para esta obra, además de un Informe Técnico, Proyecto y de Presupuesto. Sin contestación correcta por parte del Ayuntamiento de San Roque, solicito nuevamente copia del Permiso y o Licencia de Obra, así como del proyecto y del presupuesto presentados con su correspondiente sello y fecha de registro para el inicio de las obras en la terminación de la Calle Olivo en el término municipal de San Roque”. Quinto. Con fecha 19 de enero de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 19 de enero de 2021 a la Unidad de Transparencia correspondiente. Sexto. El 8 de febrero de 2021 tuvo entrada en este Consejo escrito de alegaciones del Ayuntamiento reclamado, aportando copia del expediente e informando lo siguiente: “PRIMERO.- Que consultados los antecedentes obrantes en esta Secretaría General, Unidad de Transparencia, se comprueba que D. [nombre de la persona interesada], en representación del Club Ciclista Los Dalton, presentó instancia general a través de la sede electrónica municipal, con RGE nº 2020-E-RE-4856 de fecha 12/11/2020, en la que exponía: “[transcripción de la solicitud de información]. “SEGUNDO.- Dicha solicitud fue calificada jurídicamente como solicitud de derecho de acceso a la información y fue registrada, por tanto, en el Registro de Solicitudes de Derecho de Acceso a la Información, dando lugar a la incoación del expediente nº 8810/2020, de solicitud de derecho de acceso a la información pública. “TERCERO.- Que para la tramitación de dicha solicitud, se remitieron desde la Unidad de Transparencia oficios al Departamento de Urbanismo y al Departamento de Obras y Servicios, dándoles traslado de la solicitud de información y solicitándoles remitieran la información pública existente en sus departamentos. Dichos oficios constan en el referido expediente administrativo. “CUARTO.- Que esta Unidad de Transparencia recibió comunicación del Departamento de Urbanismo, a través del sistema de tramitación electrónica de los expedientes, en el que se comunicó que no se había tramitado ningún expediente relacionado con la referida solicitud de información. “Por otra parte, se recibió informe de técnico del Departamento de Obras y Servicios que asimismo consta en el expediente, en el que se determinaba que las obras referidas se enmarcaban en las labores habituales de mantenimiento urbano del viario público y que no requerían de proyecto técnico. “QUINTO.- El expediente de solicitud de derecho de acceso a la información culminó con el Decreto de Alcaldía por el que daba traslado de la información disponible (es decir, el informe remitido por el Departamento de Obras y Servicios), que fue debidamente notificado al solicitante, con expresión de los recursos que podrían interponerse, habiéndose recibido dicha notificación y documentación adjunta por el solicitante, como así consta en el expediente administrativo. “SEXTO.- Que esta Unidad de Transparencia considera que la solicitud de información objeto de reclamación ante dicho Consejo ha sido correctamente contestada, puesto que no puede facilitarse una información pública inexistente. “Así la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, define la información pública, en su artículo 13 como «Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». “Por su parte, la ley 1/2014, de 24 de junio, en una definición idéntica, establece literalmente en su artículo 2.a) que la información pública son «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». “Sin embargo, habiéndose dado traslado por esta Unidad de Transparencia a los Departamentos que, en su caso, hubieran podido disponer de dicha documentación, los mismos manifiestan que dicha información no existe. Por tanto, no existe la información solicitada por el solicitante/reclamante, de manera que no se le puede facilitar la misma por esta Unidad de Transparencia. “Cuestión distinta, es la apreciación por parte del reclamante de que debieran existir los documentos que solicita. En este sentido, esta Unidad de Transparencia manifiesta que es competencia de la misma dilucidar este extremo, debiendo limitarse a facilitar al solicitante, previo requerimiento a los Departamentos competentes, la información pública existente”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. La presente reclamación trae causa de una solicitud de información con la que la persona interesada pretendía obtener, con relación a una obra realizada en la calle Olivo de San Roque, los siguientes documentos: el permiso o licencia de obras, el proyecto y el presupuesto de la misma. Ante la ausencia de respuesta por el Ayuntamiento interpone una reclamación ante este Consejo, aunque días después se le notifica la respuesta del Ayuntamiento, con la que la persona interesada no está de acuerdo por lo que vuelve a presentar nuevo escrito de reclamación ante este órgano de control. Pues bien, la cuestión es dilucidar si la respuesta dada por el Ayuntamiento se atuvo a la inicial solicitud de información. En su respuesta el Ayuntamiento declara que tras dar traslado a los departamentos implicados (Departamento de Urbanismo y Delegación de Obras y Servicios), se informa por la Delegación de Obras y Servicios que las “obras referidas se enmarcan en las labores habituales de mantenimiento urbano del viario público. Por lo anterior, dichas obras no requieren de proyecto técnico”. Son tres las pretensiones incluidas en la solicitud inicial del reclamante: el permiso o licencia de obras, el proyecto y el presupuesto, y en su respuesta el Ayuntamiento sólo se refiere al proyecto aunque después, en las alegaciones remitidas al Consejo, pone de manifiesto la inexistencia de cualquier documento relacionado con dicha obra al declarar que “no puede facilitarse una información pública inexistente” y que “habiéndose dado traslado por esta Unidad de Transparencia a los Departamentos que, en su caso, hubieran podido disponer de dicha documentación, los mismos manifiestan que dicha información no existe. Por tanto, no existe la información solicitada por el solicitante/reclamante, de manera que no se le puede facilitar la misma por esta Unidad de Transparencia”. Según consta en la documentación aportada en el expediente, el Ayuntamiento no pudo proporcionarle ninguno de los tres documentos porque no constan. Sin embargo solo ha comunicado esta circunstancia de manera expresa a la persona interesada respecto al proyecto. Pues bien, como es sabido, el artículo 2 a) LTPA conceptúa como “información pública” “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades” incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley, “y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por consiguiente, el concepto legal de “información pública” delimitado por la normativa de transparencia, así como la regla general de acceso que vertebra la misma, presupone y “exige la existencia real y efectiva de un contenido o documento que obre en poder del sujeto obligado con ocasión del ejercicio de las funciones que tiene encomendadas”; por lo que procede desestimar la reclamación que pretenda acceder a documentos inexistentes, “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer al reclamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). En consecuencia, a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma (así, por ejemplo, Resoluciones 84/2016, de 7 de septiembre, FJ 2º; 101/2016, de 26 de octubre, FJ 3º; 107/2016, de 16 de noviembre, FJ 3º; 115/2016, de 30 de noviembre, FJ 5º y 265/2018, de 27 de junio, FJ 3º). Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” De conformidad con la doctrina expuesta, no procede sino desestimar la reclamación objeto de esta resolución en cuanto al proyecto. Cuarto. No obstante, respecto a las pretensiones de obtener el permiso o licencia de obras y el presupuesto de dicha obra, el Ayuntamiento no ha comunicado a la persona interesada de manera expresa su inexistencia, aunque sí lo ha puesto de manifiesto a este Consejo en las alegaciones remitidas, en las que hace constar que “habiéndose dado traslado por esta Unidad de Transparencia a los Departamentos que, en su caso, hubieran podido disponer de dicha documentación, los mismos manifiestan que dicha información no existe”. En concreto, al solicitar dicha información al Departamento de Urbanismo éste comunica que “no se había tramitado ningún expediente relacionado con la referida solicitud de información”. Por tanto, el Ayuntamiento debe comunicar de manera expresa a la persona interesada la inexistencia de estos documentos (permiso o licencia de obras y presupuesto de la misma) y a estos efectos se admite, de manera formal, la presente reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX, contra el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por denegación de información pública. Segundo. Desestimar la reclamación del interesado, respecto a las pretensiones contenidas en el Fundamento Jurídico Tercero. Tercero. Instar al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente resolución, proceda a realizar las actuaciones que correspondan según lo indicado en el Fundamento Jurídico Cuarto. Cuarto. Instar al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.