Reclamación por denegación de información pública sobre la causa de exclusión en una convocatoria de interinos de la Junta de Andalucía

RESOLUCIÓN 718/2021, de 27 de octubre Artículos: 2, 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXXr contra la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por denegación de información pública Reclamación: 543/2020 ANTECEDENTES Primero. El 30 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación interpuesta por la persona interesada ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información dirigida el 27 de octubre de 2020 a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior: “El día 27 de octubre realicé una solicitud de información acerca del procedimiento: Convocatoria urgente de interinos del cuerpo C1 de administrativos de la Junta de Andalucía en el cual se realizaba una selección urgente de interinos cuyo criterio de elección era el riguroso orden de entrada de solicitudes. Entregué mi solicitud en tiempo y forma (a las 15:00:00 justo la hora en que se abría el proceso) y aun así no he sido seleccionado, habiendo personas que enviando su solicitud posteriormente sí lo han sido. Yo ni siquiera salía en la lista que se publicó. Por ello, y teniendo calidad de interesado en el procedimiento, solicité el mencionado 27 de octubre de este año (2020) la solicitud de dicha información, es decir, de mi posición y causa de exclusión del citado procedimiento La vía utilizada fue el correo electrónico de la Unidad de Transparencia de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, tal como así me habían indicado en el órgano encargado del procedimiento (la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la citada Consejería). “Tras esto, el 19 de noviembre, me contesta la Unidad de Transparencia, para indicarme que esa no es la vía correcta para solicitar dicha información (habiéndomela indicado el órgano encargado del procedimiento), sino que hay que hacerlo mediante escrito dirigido a la misma Unidad que me estaba respondiendo, inexplicablemente, rompiendo con principios como los de simplificación administrativa o interoperabilidad de las Administraciones y servicio efectivo al ciudadano. No son pocos los principios y derechos que han sido vulnerados en este procedimiento y en mi posterior intento frustrado de solicitud de información pública, como los anteriormente mencionados y de forma exagerada, todo principio de transparencia, algo que me parece muy grave tal y como hoy día se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico. “A pesar de ello, volví a solicitar la información mediante la segunda vía indicada y la realicé en el registro electrónico de la Unidad de Transparencia de la Consejería de Presidencia, el día 20 de noviembre de 2020. A día de hoy, (30 de diciembre de 2020) no he recibido respuesta alguna, incumpliendo todos los plazos de solicitud de información particular de los interesados en los procedimientos tanto en la legislación estatal como en la autonómica. “Lo sorprendente es que una información que, a priori, debería ser muy sencilla de mostrar, ya que se supone que el acto ha sido dictado hace casi 3 meses, me está resultando una quimera de conseguir. El procedimiento en cuestión tilda de opaco, poco transparente y rompedor con una gran cantidad de principios generales del derecho vulnerando derechos de los ciudadanos e infringiendo el ordenamiento jurídico. “Es inaudito e inaceptable que sea tan complicado para un ciudadano conocer el estado de un procedimiento e información del cual es interesado y tenga que superar tantísimas trabas y dirigirse a la Administración tantas veces para una simple información. No sé si esto es así debido a la extravagancia y opacidad del procedimiento en cuestión, por la poca efectividad que tienen las leyes en la práctica real de la Administración o por una conjunción de ambas causas, ninguna menos grave que la otra y que consolidan un servicio pésimo y totalmente desacorde al ordenamiento jurídico. “SOLICITA “Ya no solo solicito, sino que exijo que se me entregue la información solicitada sin más dilación y cumplan de una vez por todas con las leyes y los principios, ya que me están haciendo perder mi valioso tiempo por una información que deberían de haberme entregado hace ya meses y no se realiza sin motivar ni especificar causa alguna”. Segundo. Con fecha 19 de enero de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 19 de enero de 2021 a la Unidad de Transparencia correspondiente. Tercero. El 15 de febrero de 2021 tiene entrada en el Consejo escrito del órgano reclamado en el que informa lo siguiente: “Recibido con fecha 30/12/2020, en este Centro Directivo el escrito presentado por el señor [nombre de la persona interesada] referido en la reclamación formulada, una vez analizadas y depuradas las observaciones planteadas, le informamos que desde el Servicio de Planificación y Gestión de Personal Funcionario con fecha 8/02/2021 se da traslado a la persona interesada del informe correspondiente atendiendo a sus pretensiones, comunicándole finalmente la causa de no aparecer en el listado publicado de personas seleccionadas”. Cuarto. Consta en el expediente la respuesta del Servicio de Planificación y Gestión de Personal Funcionario de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de fecha 21 de enero de 2021 que con fecha salida 8 de febrero de 2021 se remite a la persona interesada. Quinto. El 19 de febrero de 2021 el Consejo solicita al órgano reclamado que remita copia de la acreditación de la notificación practicada al interesado conforme al artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, del escrito con registro de salida núm. [nnnnn], de 8 de febrero 2021. Sexto. El 4 de marzo de 2021 tiene entrada en el Consejo escrito del órgano reclamado (Servicio de Ordenación y Asesoramiento) comunicando que “la comunicación efectuada a D. [nombre de la persona interesada], se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, y el artículo 80 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Así pues la misma fue realizada sin acuse de recibo, adjuntando nuevamente el justificante de salida fecha 08-02- 2021”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, este criterio es el que asimismo comparten los órganos jurisdiccionales, como lo ponen de manifiesto las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera) n.º 1547/2017, de 16 de octubre; Sentencia 344/2020, de 10 de marzo y 748/2020, de 11 de junio: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. Viniendo a añadir la Sentencia n.º 748/2020, de 11 de junio, que “la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad”. Tercero. El objeto de la solicitud que está en el origen de la presente reclamación era conocer la “posición y causa de exclusión” de la persona interesada en la convocatoria de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino, asimilado al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000 ). Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Y así lo entendió el órgano reclamado que indica que le ha ofrecido la información al interesado. No obstante, no ha quedado acreditada en el expediente la puesta a disposición del reclamante de la información solicitada cuyo acceso se resolvió conceder, mediante la oportuna notificación. Por ello, aun constando la respuesta remitida a la persona interesada el 8 de febrero de 2021 concediendo el acceso solicitado, pero no constando que fuese notificada a la persona solicitante, este Consejo debe estimar la reclamación, en el sentido de que se ha de notificar la respuesta, poniendo por tanto la información solicitada a disposición de aquella. En consecuencia, el órgano reclamado ha de formalizar el acceso a la información solicitada previa disociación de los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma (art. 15.4 LTAIBG), acreditando ante este Consejo la notificación de la puesta a disposición de la misma a la persona reclamante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública por falta de acreditación de la puesta a disposición de la información a la persona solicitante. Segundo. Instar a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública a que, en el plazo de diez días desde la notificación de esta Resolución, notifique la respuesta ofrecida el 8 de febrero de 2021, poniendo por tanto la información concedida a disposición de la persona reclamante, según lo indicado en el Fundamento Jurídico Tercero. Tercero. Instar a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública a que remita a este Consejo, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.