Inadmisión de reclamación contra el Ayuntamiento de Órgiva por solicitar información bajo el régimen específico de régimen local

RESOLUCIÓN 770/2021, de 16 de noviembre Artículo: Disposición Adicional 4ª LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Órgiva (Granada) por denegación de información pública Reclamación: 483/2021 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 12 de julio de 2021, escrito dirigido al Ayuntamiento de Órgiva (Granada) por el que solicita: “Expone “[nombre de la persona interesada], con DNI [número de D.N.I. de la persona interesada], y [cargo que ostenta la solicitante] del Excelentísimo ayuntamiento de Órgiva, como [cargo que ostenta la solicitante] del XXX, a la atención del Excelentísimo Señor Alcalde XXX: Habiendo tenido conocimientos a través de los medios de comunicación de la denuncia presentada por este Ayuntamiento, en base a que un particular a realizado obras con cargos a los fondos de este Ayuntamiento, y de conformidad por lo manifestado por esta [cargo que ostenta la solicitante] en el pleno con fecha 29/06/2021, solicita: “Solicita “- Se me facilite copia de la denuncia efectuada en la Guardia Civil y en la Fiscalía, así como de la documentación anexa para, en su caso, la personalización [sic] en las actuaciones judiciales que se puedan iniciar”. Segundo. El 30 de julio de 2021 el Ayuntamiento se comunica a la persona interesada lo siguiente: “[…] tras una exhaustiva búsqueda en relación con lo solicitado, este Ayuntamiento no ha tenido entrada alguna relacionada con tal documentación solicitada. “Todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”. Tercero. La persona ahora reclamante presentó, el 27 de julio de 2021, escrito dirigido al Ayuntamiento de Órgiva (Granada) por el que solicita: “Expone “Con fecha de 2 de Agosto de 2010, fue publicada la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Órgiva. “Solicita “- Copia de la relación nominal de la indicada RPT, del nombre del propietario de cada plaza con indicación de su retribuciones básica y complementos que le correspondan”. Cuarto. El 30 de julio de 2021 el Ayuntamiento se comunica a la persona interesada lo siguiente: “[…] la actual Relación de Puestos de Trabajo está en curso de elaboración. “Así mismo se le comunica que la RPT provisional se encuentra publicada, con las correspondientes retribuciones que le corresponden a cada plaza, en el portal de transparencia de la sede electrónica del Excmo. Ayto. de Órgiva. “Por último, comentarle que una vez elaborada, los datos identificativos de cada titular y la vinculación del mismo con la plaza no serán objeto de publicación, pues estaríamos delante de un supuesto que puede vulnerar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. “Todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”. Quinto. El 30 de julio de 2021 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante las respuestas a las solicitudes de información: “[nombre de la persona interesada], con NIF [número de D.N.I. de la persona interesada], con domicilio en Órgiva (Granada), C/ [dirección de la persona interesada], en su condición de [cargo que ostenta la solicitante] del XXX, XXX, ante el Consejo de Transparencia comparece y como mejor en derecho proceda “EXPONE “Con fecha 29 de julio de 2021 se le ha notificado acuerdo de ese Consejo de la Transparencia referenciado con el número IPS DPA-8/2020-RES PA -11/2021 por el cual que le comunica el [sic] apertura de expediente sancionador o disciplinario contra el Ayuntamiento de Órgiva por incumplimiento de la Ley de Transparencia y falta de atención de los requerimientos emitidos por ese organismo al efecto. “A la vista de ello entendió que cambiaría la actitud de los miembros del equipo de gobierno respecto de sus deberes con la transparencia, pero nada más lejos de la realidad. Con esta misma fecha le han sido notificados sendos escritos del citado Ayuntamiento por los cuales se le niega copia de documentos oficiales alegando, entre otras, la protección de datos, tal como a continuación se relatan los hechos. “Con fecha 12 de julio del presente mes se presentó ante la Guardia Civil de Órgiva Denuncia del Alcalde y demás miembros del equipo de gobierno local y en representación del Ayuntamiento [...] por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, denuncia que fue difundida en los medios de comunicación de esta provincia y en la redes sociales. A la vista de ello, y teniendo en cuenta la trascendencia que podía tener dicha denuncia en aras a la transparencia y para, en su caso, personarnos como partido político en la misma, con esa misma fecha presentó solicitud al Ayuntamiento para, al amparo de los artículos 14, 15, y 16 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las EE.LL. se le facilitara copia de la misma, así como de la documentación anexa que en la misma se detalla. “Incomprensiblemente, con fecha de hoy se le notifica, en síntesis; que dicha denuncia no consta en el Ayuntamiento (sic) […]. “Por otro lado, con fecha 27 de julio solicita al Ayuntamiento la Relación de Puestos de Trabajo vigente que fue publicada en el BOP de Granada con fecha 2 de agosto de 2010, con indicación de los propietarios de cada uno de los puestos y con indicación de sus retribuciones básicas y complementarias. […]. Con fecha 30 de julio, se le comunica que dicha RPT no existe, que hay una provisional que se encuentra en la página web del Ayuntamiento y que no se me pueden facilitar los nombres de dicha relación por vulnerar la Ley de Protección de Datos. […]. “El acceso de los concejales a la documentación municipal es un derecho constitucional sin que se encuentre limitado por ninguna otra ley de rango inferior. Esta actitud es a simple vista una muestra más del total obstruccionismo del alcalde de Órgiva a la labor de fiscalización de los concejales de la oposición, que se ha visto agravada tras la Resolución de ese Consejo anteriormente mencionada, en un claro fraude de la Ley de Transparencia de Andalucía y de la Ley de Protección de Datos. “Es auténticamente penoso que una vez más tengamos que acudir a ese Concejo [sic] de la Transparencia y Protección de Datos en demanda de apoyo ante lo que se puede calificar de auténtica desfachatez política y desafío a las resoluciones de ese Concejo [sic] de la Transparencia. “Por todo ello, “SOLICITA “La intervención de ese Consejo de la Transparencia ante los hechos denunciados y en los términos expuestos”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Antes de comenzar a analizar la reclamación que ahora nos ocupa, se nos plantea una cuestión previa que es preciso resolver. Conforme a la documentación aportada, la resolución de las solicitudes de información iniciales (Oficios del Alcalde) se notifican a la persona interesada, según su propia manifestación, con fecha 30 de julio de 2021. Y ese mismo día interpone la reclamación contra estas resoluciones ante este Consejo. Por tanto, se produce la presentación de la reclamación el mismo día que se notifica el acto reclamado, es decir, tiene lugar una interposición anticipada ya que el plazo aún no se ha iniciado. La reclamación ante este Consejo se contempla en el artículo 23 LTAIBG como sustitutiva de los recursos administrativos (artículo 112.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y se regula su plazo de interposición en el artículo 24.2 TAIBG: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Habiéndose notificado las resoluciones el día 30 de julio, el plazo para la interposición de la reclamación se iniciaría el día 31 de julio, siguiente al de la notificación, finalizando el 30 de agosto. Con esta interpretación se respeta el cálculo de los plazos mensuales de fecha a fecha, terminando el plazo el mismo día del mes que corresponda y en el mismo número que aquel en el que se realiza la notificación (día 30), pero tomando como “dies a quo” aquel que sigue al día de la notificación (día 31), pues otra interpretación nos llevaría a añadir un día más al plazo concedido (un mes más un día). Sin embargo, es preciso realizar una interpretación proporcionada de esta cuestión, como aconseja el propio Tribunal Constitucional (SSTC 209/2013, de 16 de diciembre, 38/1998, de 17 de febrero, FJ 2, y 17/2011, de 28 de febrero, FJ 3, entre otras) cuando prohíbe “aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican”. Aunque las diferencias son evidentes, es posible hacer extensivo al supuesto aquí planteado el criterio jurisprudencial que admite la interposición anticipada del recurso jurisdiccional en base al carácter eminentemente subsanable de la extemporaneidad por antelación, ya que el mero transcurso del tiempo durante la sustanciación del proceso produce el cumplimiento del requisito soslayado por el recurrente. En este sentido la STSJ de Aragón de 17.03.2010 (Rec. 403/2008) referida a una reclamación económico-administrativa resuelve en base a argumentos similares a los expuestos: "...es reiterada la doctrina jurisprudencial -referida al recurso contencioso-administrativo, pero que es aplicable, mutatis mutandis, al recurso de reposición- que sostiene que la interposición anticipada de un recurso es un defecto subsanable si transcurre el plazo establecido, y ello atendido el principio de interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico, reiteradamente proclamado tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, el cual impone que las normas relativas al ejercicio de los derechos fundamentales hayan de ser interpretadas en el sentido mas favorable a la efectividad de tales derechos. Por ello, aplicado la referida doctrina al caso enjuiciado resulta preciso rechazar la inadmisibilidad que se confirma en la resolución recurrida." Si consideramos la presentación de la reclamación el mismo día de la notificación un defecto, lo cierto es que sería subsanable automáticamente por el transcurso del tiempo, porque como ha dicho el Tribunal Supremo, aunque el art. 110 de la Ley 30/1992 (o el actual art. 115 de la Ley 39/15) no contemplan para los recursos un trámite de subsanación, sí se consideró igualmente aplicable a estos casos la posibilidad de subsanación de solicitudes previsto en el art. 71 de la Ley 30/1992, actual art. 68 de la Ley 39/15. Así, la STS de 6.07.2009 (RC 302/2006) nos dice: “Es verdad que este último precepto está pensado para las solicitudes que formulan los interesados como mecanismo de iniciación del procedimiento y no para los recursos. No obstante, también lo es que, precisando el artículo 110 de la Ley 30/92 los requisitos que ha de contener el escrito de interposición del recurso del alzada, entre ellos el acto que se recurre y la razón de su impugnación, no contempla específicamente un mecanismo de subsanación de los defectos u omisiones que pueda contener dicho escrito. De ahí que se acudiera, analógicamente y con el fin de no causar indefensión, a lo previsto en el artículo 71.1 concediendo un plazo de diez días al interesado para que concretara el acto que recurría y las razones de la impugnación apercibiéndole de las consecuencias de no atender el requerimiento en dicho plazo --que se le tendría por desistido--, como finalmente se acordó”. Por tanto, aun reconociendo que la reclamación presentada por la persona interesada es anticipada y se ha interpuesto antes de que se iniciara el plazo para ello, la interpretación más favorable para el interesado y que evita que una interpretación demasiado rigorista y formalista deje vacío de contenido el derecho a reclamar, permite considerar que tal reclamación extemporánea adolece de un defecto que se subsana por el mero transcurso del tiempo, y así ha ocurrido. Tercero. La reclamación que nos ocupa tiene su origen en dos solicitudes de información presentadas por la persona interesada, en su condición de [cargo que ostenta la solicitante], con las que se pretendía acceder a determinada documentación relacionada con una denuncia y con la Relación de Puestos de Trabajo del del Ayuntamiento. Nuevamente abordamos una reclamación formulada ante este Consejo por cargos representativos locales frente al órgano de gobierno municipal. Y a este respecto es de señalar que este Consejo cuenta con una consolidada doctrina que ahora habremos de aplicar. Línea doctrinal que es, en lo fundamental, la que igualmente sigue el Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno [véase, por todas, su Resolución de 5 de diciembre de 2016 (RT/0192/2016), FFJJ 4-6]. Pues bien, la resolución de este tipo de controversias exige previamente determinar si resulta de aplicación lo previsto en el segundo apartado de la Disposición adicional cuarta de la LTPA; precepto que reproduce literalmente el segundo apartado de la Disposición adicional primera de la LTAIBG, a saber: “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Pocas dudas hay que albergar acerca de que el antecedente de esta disposición es el artículo 37 de la ya derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual, tras regular el alcance del derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y los documentos obrantes en los archivos administrativos, establecía lo siguiente en su apartado sexto: “Se regirán por sus disposiciones específicas: […] f) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación local”. Y es que, en efecto, como es sabido, la legislación de régimen local establece un concreto cauce de acceso a la información a favor de los miembros de las entidades municipales y provinciales, como proyección del derecho fundamental al ejercicio del cargo público derivado del artículo 23 CE. El art. 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL) atribuye a todos los miembros de las Corporaciones locales “el derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”, fijando un plazo de cinco días naturales para la resolución motivada de la solicitud. Derecho cuyo alcance queda perfilado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF), el cual, entre otros extremos, viene a establecer la regla del silencio positivo en relación con las peticiones de información (art. 14.2), identifica los supuestos en que debe obligatoriamente facilitarse la misma sin necesidad de autorización (art. 15) y fija las reglas generales sobre la consulta y examen de la información (art. 16). En cuanto que esta vía es transitable por los interesados en su condición de cargo público representativo, su tutela no sólo se encomienda al recurso potestativo de reposición y al recurso contencioso-administrativo, sino que cuenta con instrumentos jurisdiccionales privilegiados, cuales son el procedimiento preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales (arts. 114-121 LJCA) y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por el contrario, dado que constituye “un régimen jurídico específico de acceso a la información” a los efectos de las antes citadas Disposición adicional cuarta LTPA y Disposición adicional primera LTAIBG, no le resulta de aplicación el régimen de impugnaciones previsto en la legislación en materia de transparencia, quedando por tanto excluida la posibilidad de que puedan plantearse reclamaciones ante el correspondiente órgano independiente de control. Cuarto. Que las materias cubiertas por un régimen específico de acceso a la información quedan al margen de estas reclamaciones –por mandato de la Disposición adicional primera LTAIBG-, es la interpretación que asumió con toda evidencia el legislador, tal y como se desprende del análisis de la tramitación parlamentaria de dicha Ley. Así es; precisamente porque los parlamentarios partían de dicha lectura es por lo que aquellos partidarios de abrir las reclamaciones a estas materias consideraron imprescindible que se recogiese expresamente esta posibilidad en el texto de la Ley en formación. En esta línea, la enmienda núm. 476 presentada en el Congreso por el XXX pretendía la siguiente modificación del art. 21.1 del Proyecto (actual art. 24.1 LTAIBG): “Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, incluidas las que puedan adoptarse en relación con materias que se rijan por normativa específica, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia…”. La motivación de la enmienda era, por lo demás, obvia a la vista de la interpretación de la Disposición adicional asumida por la generalidad de los parlamentarios: “Extender la posibilidad de reclamación potestativa ante el Consejo Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a aquellas materias que tienen una normativa específica de acceso a la información” (BOCCGG. Congreso de los Diputados. Serie A Núm. 19-3, de 2 de julio de 2013, pág. 250). La enmienda no se incorporaría al Informe de la Ponencia, y el XXX no la mantendría para su debate en el Pleno (BOCCGG. Congreso de los Diputados. Serie A Núm. 19-5, de 9 de septiembre de 2013, pág. 28). Su rechazo no vendría, pues, sino a ratificar y hacer aún más visible que la voluntas legislatoris fue excluir a las materias mencionadas en la repetida Disposición adicional de la reclamación potestativa ante las autoridades independientes de control. Inequívoca voluntad del legislador que este Consejo no puede soslayar en sus resoluciones. Quinto. Ahora bien, esta circunstancia en modo alguno puede interpretarse en el sentido de que las personas que ostenten la condición de Concejal tengan, en el marco de la legislación reguladora de la transparencia, una menor protección de la que disfruta la generalidad de la ciudadanía. Pues, como venimos sosteniendo desde la primera resolución que adoptamos al respecto, nada impide que un concejal puede recurrir a la legislación en materia de transparencia, actuando –esto sí- ya no en su cualidad de tal sino como cualquier otro ciudadano. Partiendo fundamentalmente de la interpretación literal de la Disposición adicional cuarta de la LTPA y de la amplitud con que ésta concibe la titularidad del derecho a acceder a la información pública [art. 7.b) y art. 24 LTPA], ya argumentamos en la Consulta 1/2016, de 11 de mayo, lo siguiente sobre el particular: «A la vista de estas consideraciones, y a fin de hallar una lectura integradora de los diversos preceptos en juego, cabe llegar a la conclusión de que el régimen de acceso previsto específicamente por la normativa local no rige de forma única y exclusiva en este ámbito –lo que conllevaría el consiguiente desplazamiento de la LTPA-, y por tanto que no está completamente cerrada a los miembros de las corporaciones locales la fórmula del derecho de acceso ex legislación de transparencia, sin que en modo alguno ésta quede limitada a operar como mero derecho supletorio. Así pues, desde la entrada en vigor de esta legislación, los cargos públicos representativos locales tienen a su disposición dos vías alternativas para canalizar las peticiones de información a los órganos de gobierno. De una parte, en su condición de cargo público, a través de la normativa de régimen local (art. 77 LRBRL y arts. 14-16 ROF), en la que se plasmaría el derecho fundamental ex art. 23 CE y, consecuentemente, permitiría acudir al procedimiento preferente de tutela de los derechos fundamentales (arts. 114-121 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa) y, en última instancia, interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De otro lado, y para el caso de que no se haya optado por la anterior vía, pueden ejercitar el derecho de acceso a la información pública regulado en el art. 24 y siguientes de la LTPA, en cuyo caso, obviamente, podría interponerse ante este Consejo con carácter potestativo la correspondiente reclamación (art. 33 LTPA)» (Consulta 1/2016, Consideración Jurídica primera; asimismo, por ejemplo, Resoluciones 56/2016, de 13 de julio, FJ 3º, 89/2016, de 14 de septiembre, FJ 2º; y 18/2017, de 8 de febrero FJ 3º). Así pues, a diferencia del conjunto de los ciudadanos, las personas que ostentan el cargo de concejal, además de contar con la legislación en materia de transparencia, pueden libremente optar por el régimen específico de acceso a la información regulado en la LBRL y el ROF. Una vez que el cargo representativo local ha optado por uno de los referidos bloques normativos que permiten su acceso a la información obrante en su Corporación, esta elección vincula tanto al órgano de gobierno como al propio concejal, debiendo en lo sucesivo aplicarse en su integridad dicho grupo normativo, sin que en ningún caso quede a disposición de las partes recurrir a las causas de inadmisión, al sistema de límites o al régimen de recursos propios del bloque normativo que el solicitante declinó seguir inicialmente. Y así, con base en este criterio, hemos declarado que una solicitud de información sustanciada en el marco de la LRBRL, y por tanto en ejercicio del derecho fundamental ex art. 23.2 CE, no puede denegarse aplicando una causa de inadmisión prevista en la legislación de transparencia (Resolución 56/2016, de 13 de julio). Y, por lo que a este caso más directamente concierne, paralelamente venimos reiterando que no procede acudir a este Consejo frente a la denegación de una petición de información que un concejal ha tramitado, en su condición de cargo representativo (entre otras, las citadas Resoluciones 82/2016 y 86/2016). Sencillamente, a nuestro juicio, no se puede pretender seguir uno de tales grupos normativos a unos efectos y abandonarlo a otros efectos. Este Consejo viene destacando la necesidad de evitar toda confusión entre las dos referidas vías alternativas que pueden transitar los concejales a fin de recabar información de los órganos de gobierno. Y ello no sólo porque así lo aconsejen elementales razones de seguridad jurídica, sino porque responde asimismo a exigencias de orden institucional: “Frente a la legislación de régimen local, en la que el derecho al acceso a la información se regula como integrante del derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo -y, por tanto, se desenvuelve en el marco de las relaciones políticas e institucionales entre éste y el gobierno municipal-, el derecho conformado en la legislación de transparencia responde a una diferente finalidad institucional, por cuanto se dirige a los ciudadanos en general al objeto de que “puedan juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables políticos y decidir en consecuencia” (Preámbulo de la LTAIBG, apartado I). Se trata este último, pues, de un derecho ajeno a la función de control político que a los concejales corresponde ejercer sobre la acción de gobierno”. (Resolución 89/2016, de 14 de septiembre, FJ 3º). Sexto. La aplicación de la referida doctrina al presente supuesto conduce directamente a inadmitir a trámite la pretensión de la persona solicitante, ya que las peticiones de información que están en el origen de la presente reclamación se formularon por la persona interesada en su condición de cargo público representativo. Así se desprende del contenido del texto del escrito de reclamación en el que la persona interesada manifiesta que se interpone en su “condición de [cargo que ostenta la solicitante] del XXX” y que “presentó solicitud al Ayuntamiento para, al amparo de los artículos 14, 15, y 16 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las EE.LL. se le facilitara copia de la misma [la denuncia], así como de la documentación anexa que en la misma se detalla”. Además expone que “el acceso de los concejales a la documentación municipal es un derecho constitucional sin que se encuentre limitado por ninguna otra ley de rango inferior. Esta actitud es a simple vista una muestra más del total obstruccionismo del alcalde de Órgiva a la labor de fiscalización de los concejales de la oposición, que se ha visto agravada tras la Resolución de ese Consejo anteriormente mencionada, en un claro fraude de la ley de Transparencia de Andalucía y de la Ley de Protección de Datos”. En consecuencia, al no plantearse la solicitud de información en el marco de la LTPA, no podemos sino acordar la inadmisión de la presente reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Órgiva (Granada), por existir un régimen jurídico específico de acceso a la información según la Disposición adicional cuarta LTPA.