Reclamación contra el Ayuntamiento de Chauchina por demora excesiva en la entrega de información pública sobre bienes municipales y facturas eléctricas

RESOLUCIÓN 824/2021, de 10 de diciembre Artículos: 2 y 24 LTPA Asunto: Reclamaciones interpuestas por XXX contra el Ayuntamiento de Chauchina (Cádiz) por denegación de información pública Reclamaciones: 421/2021 y 422/2021 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 10 de junio de 2021, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Chauchina (Granada): “Que mediante el presente escrito solicito el expediente completo relativo a la enajenación de bienes municipales, que recientemente se ha llevado a cabo con la limpieza que se ha realizado de los almacenes municipales, la inscripción de baja en el inventario municipal y la entrega en los puntos específicos obligatorios de reciclaje al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía”. Segundo. A esta solicitud de información (registro de entrada [nnnnn], expediente 145/2020), responde el Ayuntamiento mediante escrito de fecha 11 de junio de 2021, comunicando lo siguiente: “CITA: Sobre el Expediente completo relativo a la venta de bienes municipales, limpieza almacén (chatarra), se le da cita el día 22 de Diciembre de 2021 a las 13:30 en el salón de plenos de este ayuntamiento”. Tercero. La persona ahora reclamante presentó, el 10 de junio de 2021, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Chauchina (Cádiz): “Que mediante el presente escrito solicito el expediente completo relativo a las facturas de luz con anomalías: “1. 05/11/2020 e distribución redes digitales s.i.u. Gastos anomalía tendido eléctrico c/ Lepanto, junto n. ° 18, 6.016,41€. “2. 09/11/2020 e distribución redes digitales s.I.u. Gastos anomalía tendido eléctrico c/ Reina Sofía (romilla), 6.404,72€. “AI amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía”. Cuarto. A esta solicitud de información (registro de entrada [nnnnn], expediente 145/2020), responde el Ayuntamiento mediante escrito de fecha 11 de junio de 2021, comunicando lo siguiente: “CITA: Sobre el Expediente relativo a las facturas de luz con anomalías, se le da cita el día 15 de Diciembre de 2021 a las 13:30 en el salón de plenos de este ayuntamiento”. Quinto. El 24 de junio de 2021 tuvieron entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamaciones ante las anteriores respuestas a las solicitudes de información. Respecto a la primera solicitud de información (registro de entrada [nnnnn], expediente 145/2020), la persona interesada reclama lo siguiente, en lo que ahora interesa: “(...). Ante la nula información, el 10.06.2021 solicitamos el expediente completo de esta limpieza de almacenes por ley de transparencia. El 11 de Junio se me contesta por escrito dándome cita para ver el expediente el 22.12.2021 a las 13:30. “Entiendo que no está justificada esta demora de 6 meses en la entrega de información y solicito amparo del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para subsanar esta anomalía”. Respecto a la segunda solicitud de información (registro de entrada [nnnnn], expediente 145/2020), la persona interesada reclama lo siguiente, en lo que ahora interesa: “(…) Ante la nula información dada por el equipo de gobierno, el 10.06.2021 solicitamos el expediente completo de estas dos facturas por ley de transparencia. El 11 de junio se me contesta por escrito dándome cita para ver el expediente el 15.12.2021 a las 13:30. “Entiendo que no está justificada esta demora de 6 meses en la entrega de información de unas facturas que están ya pagadas y que tienen archivadas en las oficinas municipales y solicito amparo del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para subsanar esta anomalía y acceder a esta información”. Sexto. Con fecha 12 de julio de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de las reclamaciones. El mismo día se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia de los expedientes derivados de las solicitudes de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver las reclamaciones. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 12 de julio de 2021 a la Unidad de Transparencia correspondiente. Hasta la fecha no consta que el Ayuntamiento haya respondido al requerimiento de este Consejo. Séptimo. Consta en el expediente Acuerdo de acumulación de los procedimientos de resolución de las reclamaciones por su íntima conexión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “[l]a tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada al Ayuntamiento la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Tercero. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Cuarto. La presente reclamación trae causa de dos solicitudes de información con las que la persona interesada pretendía obtener determinada información relativa a expedientes que se habían tramitado en el Ayuntamiento. La entidad local responde a estas solicitudes de información al día siguiente, se entiende que concediendo el acceso a la información ya que otorga dos citas para que la persona interesada acuda a la sede del Ayuntamiento, en concreto al Salón de Plenos, para tener acceso a dicha documentación. La persona interesada, sin embargo, no está de acuerdo con la respuesta dada. La cuestión a dilucidar, y que motiva que el ahora reclamante presente los escritos de reclamación ante este órgano de control, es la fecha que se fija por el Ayuntamiento para dichas citas, siendo éstas para los días 15 y 22 de diciembre de 2021, es decir, más de seis meses después de la fecha de los escritos de respuesta del Ayuntamiento concediendo las citaciones. Considera el reclamante que “no está justificada esta demora de 6 meses en la entrega de información”. No se pone en duda que la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento a la persona solicitante fue notificada dentro del plazo máximo previsto para los procedimientos de acceso a la información pública, según el artículo 32 LTPA. El artículo 22.1 LTBG indica que El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días. A su vez, el artículo 34 LTPA indica que La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar la copia en ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público. En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso. De la lectura del artículo 22.1 LTBG, se deduce que el Ayuntamiento debió materializar el acceso en el plazo máximo de 10 días desde que se concedió, plazo ampliamente superado a la vista de la respuesta ofrecida. Tal y como expresa el Preámbulo de la LTBG, el procedimiento de acceso es un “un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta…”, por lo que la efectividad del derecho de acceso y la finalidad de la normativa de transparencia quedan cuestionados por una tardía puesta a disposición de la información. La finalidad última de la transparencia es la disponibilidad de la información, y este objetivo no se cumple si, a pesar de la celeridad que ha mostrado el Ayuntamiento en responder a las solicitudes, la información no se facilita al solicitante en un plazo razonable. El retraso en la materialización del acceso a la información podría bien equipararse a la denegación de dicho acceso cuando el tiempo transcurrido pueda restar interés a la información. Se conculcarían así los principios establecidos en el artículo 6 LTPA, como el de transparencia, libre acceso a la información pública o de responsabilidad. Por otra parte, y respecto a la aplicación del artículo 34 LTPA, se deduce que el órgano reclamado debería haber motivado el cambio de forma de acceso, a la vista igualmente del contenido del artículo 7 c) LTPA. Efectivamente, y ante la falta de indicación de forma específica de acceso, el Ayuntamiento debería haber optado por conceder el acceso vía electrónico, tal y como estipula el citado artículo 22. Y en el caso de que considerara que la forma de acceso elegida (presencial) resultara menos gravosa para el erario público (ya sea por menores costes de tiempo o recursos materiales), debería haber fundamentado debidamente el cambio en la forma, y que podría haber justificado la dilación en la puesta a disposición de la información en más de los 10 días previstos en la LTBG. Por ello, este Consejo debe estimar la presente reclamación debiendo el Ayuntamiento reclamado poner a disposición del reclamante la información solicitada, bien mediante la concesión de una nueva cita para que la persona interesada se persone en la sede del Ayuntamiento, justificando debidamente el cambio en la forma de acceso concedida; o bien mediante la remisión al mismo de dicha documentación en formato electrónico, al que la ley otorga carácter preferente, aunque no haya sido el formato elegido expresamente por el ahora reclamante, y todo ello en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Chauchina (Cádiz) por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Chauchina (Granada) a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente resolución, proceda a realizar las actuaciones que correspondan según lo indicado en el Fundamento Jurídico Cuarto. Tercero. Instar al Ayuntamiento de Chauchina (Granada) a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.