Reclamación por denegación de información sobre personal y retribuciones de concejales en el Ayuntamiento de Alcalá la Real finalizada por entrega de datos

RESOLUCIÓN 834/2020, de 14 de diciembre 2 y 24 LTPA; Artículos: Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), por denegación de información publica. Reclamación: 110/2021 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presento el 29 de diciembre de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) por el que solicita: “se [sic] sirvan a proporcionarme la siguiente información: 1. Altas y bajas en el personal del ayuntamiento (nombres, fechas de las mismas, tipo de contrato y puesto a desempeñar o desempeñado) desde el 16 de junio de 2019 a 29 de diciembre de 2020. 2. “Salario mensual percibido hasta la fecha de hoy de los concejales que perciben emolumentos por su actividad en el ayuntamiento incluyendo dietas o indemnizaciones por razón de servicio. 3. Información sobre si a algún concejal se le ha subido su salario en el período que va desde que tomó posesión hasta la fecha de hoy. Porcentaje y cuantía del mismo. Acuerdo que lo soporta (Pleno, decreto de la alcaldía).” Segundo. El 2 de febrero de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la ausencia de respuesta de la solicitud de información. Tercero. Con fecha 3 de marzo de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Cuarto. El 6 de abril de 2021 tiene entrada en el Consejo escrito de la entidad reclamada en el que informa lo siguiente: “En relación con su solicitud de remisión del expediente de acceso a información público a favor de [nombre y apellidos de la persona reclamante] recibida el pasado 03-03-2021 con número de registro XXX tengo a bien otorgar a su solicitud los siguientes documentos: “- Solicitud firmada “- Justificante registro de entrada “- Informe negociado de nóminas “- Listado altas y bajas de personal “- Certificado dedicación exclusiva y parcial, régimen retributivo, indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados de los miembros de la corporación y asignación económica a los grupos políticos municipales. “- Registro de salida “- Confirmación de la recepción de la notificación” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Tercero. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén). Se trata de unas pretensiones que son reconducibles a la noción de “información pública” de la que parte la legislación reguladora de la transparencia, pues entiende por tal toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Cuarto. En la documentación aportada a este Consejo consta notificación con la respuesta al interesado mediante acuse de recibo el 10 de febrero del 2021, sin que la persona reclamante haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Considerando, pues, que el propósito de obtener la información ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia de la información prevista en la LTPA. Este Consejo considera que la respuesta satisface strictu sensu la petición planteada. Este Consejo no puede por menos que declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. En todo caso, la respuesta ofrecida al solicitante fue notificada fuera del plazo máximo previsto para los procedimientos de acceso a la información pública, según el artículo 32 LTPA. Este Consejo debe recordar la necesidad de respetar los plazos máximos previstos en la normativa que resulte de aplicación, por dos motivos. En primer lugar, porque es una exigencia legal y su incumplimiento puede llevar aparejadas las responsabilidades disciplinarias y sancionadoras previstas por la normativa que resulte de aplicación. Y en segundo lugar, porque la efectividad del derecho de acceso y la finalidad de la normativa de transparencia quedan cuestionados por una tardía puesta a disposición de la información. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento derivado de la reclamación presentada por XXX contra el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), al haber puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento.