Reclamación del Grupo Municipal XXX contra el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por denegación de acceso a información presupuestaria y anexo de inversiones

RESOLUCIÓN 833/2021, de 14 de diciembre Artículos: 2 y 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por el Grupo Municipal XXX contra el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por denegación de información publica. Reclamación: 143/2021 ANTECEDENTES Primero. La entidad interesada presentó, el 26 de diciembre de 2019, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla): “En el Grupo Municipal XXX tras la presentación del borrador de los presupuestos para el próximo año 2020 solicita copia del mismo en formato Excel o Hoja de Cálculo para poder realizar su estudio de forma más eficaz”. Segundo. La entidad interesada presentó, el 8 de enero de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla): “El Grupo Municipal de XXX quiere exponerle al Sr. Delegado de Hacienda, que el art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exige la siguiente documentación del presupuesto: “• Memoria explicativa. “• Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance del corriente. “• Anexo de todo el personal de la entidad local. “• Anexo de las inversiones e informe económico- financiero. “Sin embargo, cuando se revisa el Anexo de inversiones, el mismo ha de tener un contenido «mínimo e imprescindible», para así ser susceptible de una adecuada fiscalización y control, según el art. 13.3 y 4 del R.D. 500/90: “a) Código de identificación. “b) Denominación del proyecto. “c) Año de inicio y año de finalización previstos. “d) Importe total previsto. “e) Anualidad prevista para cada uno de los cuatro ejercicios. “f) Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con ingresos afectados. g) Previsible vinculación de los créditos asignados. “A fin de evitar equívocos , entendemos que es la existencia de defectos formales, los que impiden el adecuado control de las inversiones presupuestadas, no que las mismas sean incorrectas, desviadas o desajustadas. “Es por todo ello que solicitamos la documentación que aún no se ha entregado para poder realizar un análisis correcto de los mismos”. Tercero. El 17 de febrero de 2021 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a las solicitudes de información, en la que solicita: “SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su consecuencia, por FORMALIZADA RECLAMACIÓN procedente contra la DESESTIMACIÓN PRESUNTA de la solicitud que se formalizó ante la Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y ante el Delegado de Hacienda de la misma Corporación, mediante escrito de petición, presentado en Registro el día del mismo mes y año, y en su consecuencia, tras la tramitación legal, dicte resolución en la que ESTIMANDO la misma, acuerde ordenar a la Alcaldesa y al Delegado de Hacienda de la Corporación para que de forma inmediata facilite la información solicitada en formato digital Excel u hoja de cálculo compatible con buscador tal y como se pide en dichos escritos, con los apercibimientos legales de rigor”. Cuarto. El 5 de marzo de 2021 el Consejo requiere a la entidad interesada para que subsane su escrito de reclamación conforme a lo previsto en los artículos 5.6 y 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Mediante escrito recibido en este Consejo el 17 de marzo de 2021, queda subsanada la falta de representación a través de medios electrónicos. Quinto. Con fecha 12 de abril de 2021, el Consejo dirige a la entidad reclamante comunicación de inicio de procedimiento para la resolución de la reclamación y con esa misma fecha se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 12 de abril de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Sexto. El 28 de abril de 2021 tiene entrada en el Consejo escrito del Ayuntamiento reclamado remitiendo el “oficio enviado al solicitante: Registro de salida Minuta-2021-S-RE-7048 de fecha 22-4-2021, con la información requerida sobre la citada cuestión”. Consta el escrito del Ayuntamiento dirigido al Grupo Municipal XXX de fecha 22 de abril de 2021, en el que remite “informe emitido por la Oficina de Presupuestos de este Ayuntamiento, sobre la citada cuestión (Expediente 6513/2021 Derecho de Acceso a la Información Pública)” y se enumeran los documentos enviados junto a dicho escrito, y entre los que no consta el Anexo de Inversiones solicitado con fecha de 8 de enero de 2020. Séptimo. El informe de la Oficina de Presupuestos del Ayuntamiento concluye argumentando, en lo que ahora interesa, lo siguiente: “[…] se entiende plenamente garantizado el derecho de acceso a la información pública, entendiendo que toda la documentación de los asuntos han estado a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria de las sesiones de las Comisiones Informativas y Pleno, donde cualquier miembro de la Corporación ha podido, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integre. “La Ordenanza reguladora del Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP núm. 143, de 23 de junio de 2010) en su artículo 16 sobre remisión de documentación establece que los originales destinados a la publicación se remitirán en formato electrónico y, excepcionalmente, en formato papel, conforme a las garantías y especificaciones que se establezcan, donde se mantendrán actualizados los modelos normalizados necesarios para la remisión de documentos para su publicación. El formato de los documentos, ya sea de texto, gráfico, de imagen o cualquier otro, deberá ser susceptible de digitalización y resultar idóneo para comunicar el contenido del documento de que se trate. Los textos a publicar serán remitidos al Registro General de la Diputación de Sevilla. Los documentos electrónicos presentados deberán ir firmados mediante un sistema de firma electrónica de los admitidos por la Diputación de Sevilla. “Por todo ello, entendemos garantizado el derecho de acceso a la información pública, con la puesta a disposición del reclamante del expediente integro con documentos digitales en formato de archivo PDF, respetando lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía que define como información pública «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte» y con seguridad sobre su veracidad, facilitando la información de la forma que ha resultado más simple e inteligible en base a las aplicaciones informáticas disponible en esta administración, en formatos que permitan su reutilización”. Octavo. El 6 de mayo tiene entrada en el Consejo escrito del Ayuntamiento remitiendo justificante del acuse de “recibo de la notificación practicada al interesado en sede electrónica, indicando el resultado de la misma: RECHAZADO (2021-S-RE-7048 el 4-5-2021), justificando así que efectivamente se ha efectuado la notificación”. Por tanto, se entiende rechazada la notificación del escrito del Ayuntamiento de 22 de abril de 2021 remitiendo la documentación, por el transcurso del plazo sin acceso a su contenido con fecha 4 de mayo de 2021. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. La presente reclamación trae causa de dos solicitudes de información con las que la entidad interesada pretendía obtener determinada información relativa al presupuesto municipal para el año 2020, en concreto “copia del mismo en formato Excel o Hoja de Cálculo para poder realizar su estudio de forma más eficaz” y la “documentación que aun no se ha entregado” relativa a los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones (artículo 13.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos). Consta la acreditación de la notificación practicada, que se entiende rechazada por el transcurso del plazo sin acceso a su contenido con fecha 4 de mayo de 2021, del escrito remitido por el Ayuntamiento el 22 de abril de 2021. En dicho escrito la entidad local responde a estas solicitudes de información poniendo a disposición de la entidad reclamante una serie de documentos entre los que se encuentran, como documentos números 9 y 10 respectivamente, el Estado de Gastos del Presupuesto de 2020 y el Estado de Ingresos del Presupuesto de 2020, ambos en formato excel. Considerando, pues, que el propósito de obtener la información ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia de la información prevista en la LTPA, este Consejo no puede por menos que declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto en lo que corresponde a esta petición. Cuarto. Sin embargo, no consta a este Consejo que se hayan facilitado los documentos del Anexo de Inversiones solicitados. En cuanto al formato, el artículo 6 LTPA contempla en la letra k) el principio de reutilización, “en cuya virtud se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público”. Por tanto, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública y que la entidad interesada no ha recibido la documentación solicitada este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. En consecuencia, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra tendrá que facilitar a la entidad interesada la información objeto de su solicitud, en concreto los documentos del Anexo de Inversiones del artículo 13.4 del Real Decreto 500/1990. Y debe facilitar dicha información en formato reutilizable, conforme a la letra k) del artículo 6 LTPA, previa disociación de los datos personales que eventualmente pudieran aparecer (art. 15.4 LTAIBG). En el supuesto de que la información no pudiera entregarse en el formato solicitado, el Ayuntamiento deberá motivar su decisión según lo previsto en el artículo 34 LTPA. Y en el caso de que no existiera alguno de los extremos de la información solicitada, habrá de indicarle expresamente esta circunstancia. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por el Grupo Municipal XXX contra el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente resolución, proceda a realizar las actuaciones que correspondan según lo indicado en el Fundamento Jurídico Cuarto. Tercero. Declarar la terminación del procedimiento en lo que corresponde a la petición incluida en el Fundamento Jurídico Tercero, al haber puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento. Cuarto. Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.