Reclamación contra la ELA Nueva Jarilla por denegación de acceso a la Cuenta General 2016 y estimación de la misma

RESOLUCIÓN 856/2021, de 23 de diciembre Artículos: 2 y 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Entidad Local Autónoma Nueva Jarilla (Cádiz) por denegación de información publica Reclamación: 213/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 7 de enero de 2021, la siguiente solicitud de información dirigida a la Entidad Local Autónoma Nueva Jarilla (Cádiz): “Por medio del presente escrito solicitamos copia de la Cuenta General 2016 de la ELA de Nueva Jarilla e informes que la acompañan aprobada el pasado 17 de diciembre 2020”. Segundo. El 3 de marzo de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Tercero. Con fecha 19 de abril de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 20 de abril de 2021 a la Unidad de Transparencia respectiva. Cuarto. El 10 de junio de 2021 tiene entrada en el Consejo escrito de la entidad reclamada en el que expone lo siguiente: “Que la Cuenta General 2016 de la ELA NUEVA JARILLA fue dictaminada por Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 03/07/2020. “Que con fecha 02/09/2020, se publicó, en BOP Cádiz número 168, anuncio de exposición al público de la citada Cuenta General 2016. “Que desde el 02/09/2020 la referida Cuenta General 2016 ha estado expuesta al público durante un plazo de quince días más ocho días adicionales, durante los cuales los interesados podían presentar reclamaciones, reparos u observaciones. “Que, consultados los datos obrantes, no consta la presentación de reclamaciones, reparos u observaciones a la Cuenta General 2016 ELA NUEVA JARILLA. “Tampoco consta que ningún interesado, incluido el Sr. [nombre de la persona interesada], se haya personado para su consulta o examen durante el citado periodo de exposición pública. “No obstante, estando constatado que el Sr. [nombre de la persona interesada] no ha hecho uso de su derecho de acceso durante el periodo de exposición pública, se adjunta fichero XML que contiene la información sobre la Cuenta General 2016 a rendir ante la Cámara de Cuentas y en la Plataforma de la OVEELL”. Quinto. Hasta la fecha no consta que la persona interesada haya recibido respuesta a su solicitud de información. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2 a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. En el asunto que nos ocupa, la entidad reclamada comunica a este Consejo que remite diversa información relativa a la solicitud planteada. Sucede, sin embargo, que es al propio solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en esta ocasión, al igual que hacíamos en todas las resoluciones citadas, debemos concluir que es al órgano reclamado y no a este órgano de control a quien corresponde poner directamente a disposición del interesado la información que atañe a la solicitud en cuestión. De ahí que la ausencia de respuesta alguna por parte de la entidad local reclamada al interesado determine, a efectos formales, la estimación de la presente reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación presentada por XXX contra la Entidad Local Autónoma Nueva Jarilla (Cádiz) por falta de envío de la información solicitada a la persona reclamante. Segundo. Instar a la Entidad Local Autónoma Nueva Jarilla (Cádiz) a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta resolución, ofrezca al reclamante la información indicada de acuerdo con lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero. Tercero. Instar a la Entidad Local Autónoma Nueva Jarilla (Cádiz) a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.