Reclamación del Club Ciclista Los Dalton contra el Ayuntamiento de San Roque por denegación de información sobre contenedores en instalación deportiva

RESOLUCIÓN 16/2022, de 11 de enero Artículos: 2 y 24 LTPA; Asunto: Reclamación interpuesta por el Club Ciclista Los Dalton, representado por XXX, contra el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por denegación de información pública. Reclamación: 193/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 23 de enero de 2021, escrito dirigido al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) con el siguiente contenido literal, en lo que ahora interesa: (...) “Solicita (...) “[t]eniendo constancia de la instalación de 5 contenedores en la instalación deportiva municipal de "campo de fútbol" situado en San Enrique, solicitamos copia del Decreto de autorizando para la instalación de estos contenedores, solicitamos conocer qué colectivo o colectivos han usado o usan de estos contenedores para entrenamientos, competiciones o práctica deportiva; solicitamos copia de todos los pagos realizados por dichos colectivos en concepto o uso de espacio de dominio público y solicitamos copia de todos los pagos realizados por dichos colectivos en concepto de recibos de agua y luz. Adjuntamos fotos de la evidencia de 5 contenedores en dicha instalación deportiva municipal, entendiendo que de su instalación, uso y permisos debe tener constancia el Ayuntamiento de San Roque e incluso el presunto Jefe de unidad del mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de San Roque; (...).” Segundo. El 25 de febrero de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la ausencia de respuesta. Tercero. Con fecha 17 de marzo de 2021, el Consejo dirige a la entidad reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Cuarto. Con fecha 26 de abril de 2021 la entidad reclamada remite expediente que incluye resolución con el siguiente tenor literal, en lo que ahora interesa: (...) “Decreto “(…) Primero.- En cuanto al fondo de la solicitud de información planteada por el Club Ciclista los Dalton relativa a “Copia del decreto...” se le informa que se trata de contenedores instalados en el campo de fútbol [sic] de San Enrique, teniendo dicho campo la consideración de instalación municipal deportiva destinada precisamente a este fin y uso y, por tanto, todas las instalaciones y mobiliario ubicadas en el mismo son municipales y destinadas al uso y fin indicado. “Segundo.- En cuanto a la información solicitada relativa al colectivo o colectivos que han usado o usan dichos contenedores, le informo que no constan en los archivos documentación de la que podamos extraer la información solicitada. “Tercero.- Respecto al tema de los pagos le informo que no consta en los archivos municipales la información solicitada. Asimismo le informo que, en el caso de que los colectivos a los que se refiere puedan ser clubes deportivos, ninguno de los clubes deportivos que desempeñan la actividad de escuelas municipales pagan tasas por el uso de las instalaciones municipales.” (…)” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Tercero. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), con la que la entidad interesada pretendía la obtención de diferente información en referencia a una instalación deportiva municipal de "campo de fútbol" situado en San Enrique. La información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la LTPA. Así se desprende de los términos con que define dicha información su art. 2.a), pues se extiende a los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de una de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley, y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Cuarto. En lo atinente a las pretensión sobre: “copia del Decreto de autorizando para la instalación de estos contenedores (...)”, la entidad reclamada resolvió informando “[q]ue se trata de contenedores instalados en el campo de fútbol [sic] de San Enrique, teniendo dicho campo la consideración de instalación municipal deportiva destinada precisamente a este fin y uso y, por tanto, todas las instalaciones y mobiliario ubicadas en el mismo son municipales y destinadas al uso y fin indicado”. Este Consejo considera que el Ayuntamiento trató de satisfacer la petición de información realizada, si bien no respondió expresamente e informó únicamente sobre la titularidad de los bienes y sin pronunciarse sobre la existencia o de decreto de autorización. Si bien de esta respuesta podría deducirse la inexistencia de los referidos decreto, sería necesario que el solicitante tuviera ciertos conocimientos jurídicos y de otro orden que no pueden presuponerse. El principio de facilidad y comprensión, reconocido en el artículo 6 LTPA, exige a los sujetos obligados que la información que la información solicitada se ponga a disposición de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma. Así, aunque no podemos considerar que el Ayuntamiento obrara de mala fe, este Consejo estima que la respuesta ofrecida debió informar con claridad sobre la existencia o inexistencia de los decretos de autorización, sin perjuicio de que la respuesta pueda exponer los motivos que fundamentan la falta de tenencia de dicha documentación, carencia que no compete valorar a este Consejo. Por ello, el Ayuntamiento deberá dar respuesta a las peticiones sobre “copia del Decreto de autorizando para la instalación de estos contenedores (...)”, y en el caso de que tal información no exista, se informe expresamente sobre esta circunstancia, Se ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTBG), y que no estén relacionados con el objetivo de la solicitud (DNI, direcciones particulares, estado civil, etc.). Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Quinto. En cuanto al resto de pretensiones del ahora reclamante que consisten en lo siguiente: (...) solicitamos conocer qué colectivo o colectivos han usado o usan de estos contenedores para entrenamientos, competiciones o práctica deportiva; solicitamos copia de todos los pagos realizados por dichos colectivos en concepto o uso de espacio de dominio público y solicitamos copia de todos los pagos realizados por dichos colectivos en concepto de recibos de agua y luz (…)”, la entidad reclamada recoge textualmente en el Decreto de la Alcaldía ut supra, lo siguiente: “Segundo.- En cuanto a la información solicitada relativa al colectivo o colectivos que han usado o usan dichos contenedores, le informo que no constan en los archivos documentación de la que podamos extraer la información solicitada; Tercero.- Respecto al tema de los pagos le informo que no consta en los archivos municipales la información solicitada. Asimismo le informo que, en el caso de que los colectivos a los que se refiere puedan ser clubes deportivos, ninguno de los clubes deportivos que desempeñan la actividad de escuelas municipales pagan tasas por el uso de las instalaciones municipales.” Por lo tanto, manifiesta la entidad reclamada que no dispone de la información solicitada. Conforme a lo establecido en el artículo 2.a) LTPA, ya reproducido, el concepto legal de “información pública” delimitado por la normativa de transparencia, así como la regla general de acceso que vertebra la misma, presupone y exige la existencia real y efectiva de un contenido o documento que obre en poder del sujeto obligado con ocasión del ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Por ello, procede desestimar la reclamación que pretenda acceder a documentos inexistentes, “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer al reclamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). En consecuencia, a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma (así, por ejemplo, Resoluciones 84/2016, FJ 2º; 101/2016, FJ 3º, 107/2016, FJ 3º y 115/2016, FJ 5º). De conformidad con la doctrina expuesta, no procede sino desestimar este extremo de la reclamación objeto de esta resolución. A la vista de los antecedentes y fundamentos antes indicados, se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta Club Ciclista Los Dalton, representado por XXX, contra el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), por denegación de información pública. Segundo. Desestimar la pretensión contenida en el Fundamento Jurídico Quinto. Tercero. Instar al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, ponga a disposición de la reclamante la información relativa a “copia del Decreto de autorizando para la instalación de estos contenedores (...)”, en los términos del Fundamento Jurídico Cuarto. Cuarto. Instar al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.