Reclamación por denegación de información sobre refugios y centros de animales de compañía en Andalucía y resultado estimatorio

RESOLUCIÓN 85/2022, de 1 de febrero Artículos: 2 y 24 LTPA, 19.3 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por denegación de información pública Reclamación: 385/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó el 11 de abril de 2021,la siguiente solicitud de información dirigida al Registro de Explotaciones Ganaderas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, con el siguiente tenor literal, en lo que ahora interesa: “Soy veterinario y estoy realizando un estudio sobre el abandono, la adopción y, en general la gestión de los animales de compañía en los establecimientos destinados a estos animales en España. "Todos estos establecimientos ubicados en la Comunidad autónoma Andaluza, atendiendo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales, deberán estar inscritos en el registro oficial creado al efecto en los ayuntamientos donde se ubiquen. "El Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales, en sus artículos 15 y 16, sobre núcleos zoológicos, establece la obligatoriedad de su inscripción de oficio, por parte de los ayuntamientos donde estén registrados, en el Registro Único de Ganadería de Andalucía. "Para mi estudio necesitaría los datos, que a continuación indico, de los refugios para animales abandonados y perdidos, tanto de titularidad pública como privada, las residencias de animales de compañía, y los centros de adiestramiento ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. "De cada registro: Titularidad del núcleo Zoológico, actividad, municipio donde están las instalaciones y año de inscripción en el registro. "Considero que todos ellos son datos accesibles al estar en un registro público y no sujetos a la ley de protección de datos. "Los datos solicitados no están afectados por las limitaciones al acceso de la información que establece el artículo 25 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. En esta ley también se establece el derecho de los ciudadanos al acceso libre a la información de las administraciones públicas como resultado de su actividad. "Todos los datos se utilizarán para su análisis estadístico y en ningún caso se publicarán vinculados a un ayuntamiento en concreto". Segundo. El 14 de junio de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la ausencia de respuesta de la solicitud de información. Tercero. Con fecha 18 de junio de 2021, el Consejo dirige a la entidad reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 22 de junio de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Hasta la fecha no consta a este Consejo respuesta alguna del órgano reclamado a la documentación solicitada por este Consejo ni remisión de la información a la persona interesada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede constituir un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano concernido sería de veinte días, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 32. A este respecto, no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Por otra parte, el órgano reclamado no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado el 18 y 22 de junio de 2021 por este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “[l]a tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo en Almería la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Cuarto. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Quinto. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información con la que el interesado pretendía acceder a conocer datos referidos a “refugios para animales abandonados y perdidos, tanto de titularidad pública como privada, las residencias de animales de compañía, y los centros de adiestramiento ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. De cada registro: Titularidad del núcleo Zoológico, actividad, municipio donde están las instalaciones y año de inscripción en el registro”. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, a la vista de los amplios términos en que se expresa el transcrito precepto, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en dicho concepto, y no habiendo alegado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo no puede sino estimar la reclamación de conformidad con la regla general de acceso a la información pública a la que aludimos supra en el anterior fundamento jurídico. La información se pondrá a disposición previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG), y que no estén relacionados con el objetivo de la solicitud (DNI, direcciones particulares, estado civil, etc.). Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la documentación referida, el órgano reclamado deberá transmitir expresamente esta circunstancia al ahora reclamante. Sexto. Pese a lo indicado anteriormente respecto, este Consejo no puede obviar, aunque el órgano interpelado no hay presentado alegaciones, que las personas titulares de los establecimientos, cuya identificación se solicita, son titulares en todo caso de otros derechos amparados por la normativa de transparencia, como son sus intereses económicos y comerciales, previstos como un límite al acceso a la información en el artículo 14.1 h) LTBG. Y para la consideración de estos intereses en la resolución de este procedimiento, resultaría preceptiva la concesión del trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 LTBG, trámite que el órgano no ha realizado a la vista del contenido del expediente. Este Consejo es consciente de las dificultades (o imposibilidad) que conlleva dar trámite de ale- gaciones a las personas titulares de estos establecimientos, que si bien no consta cifra alguna, se estima elevada dada la amplitud del territorio de la Comunidad Autónoma. Este elevado nú- mero haría prácticamente imposible realizar el trámite de alegaciones ya que supondría, por una parte, la paralización del órgano interpelado, y por otra, implicaría dar una respuesta muy tardía que impediría el ejercicio material del derecho de acceso. Por ello, este Consejo considera que el objetivo de la solicitud se satisfaría si el órgano ofrecie- ra la información solicitada sin incluir la concreta titularidad del establecimiento, sino indican- do únicamente su carácter público o privado. En el caso de los públicos, se deberá indicar la ti- tularidad, que en la mayoría de los casos se corresponderá con la localidad en la que se ubi- quen. Pero en el caso de los privados, su titularidad se identificará con números o u otra refe- rencia correlativa (“vg. Empresa/Asociación 1, Empresa/Asociación 2, etc). De este modo, el solicitante conocería el grado de distribución de la titularidad público o privada de los esta- blecimientos, pero sin conocer la denominación de las empresas, cuyos legítimos dere - chos quedarían protegidos. A partir de esta información, el reclamante podría presentar una nueva solicitud de información de la o las empresas que estimara oportunas, trami- tándose uno o más procedimientos según los trámites previstos en la LTBG y LTPA, y entre ellos, el trámite previsto en el artículo 19.3 LTBG si fuera necesario. Este Consejo entiende que se esta manera se cohonestan todos los intereses en juego y permite ofrecer una solución efectiva y equitativa a la solicitud planteada. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por denegación de información pública. Segundo. Instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a que, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca a la reclamante la información relativa a la titularidad del núcleo zoológico, actividad, municipio donde están las instalaciones y año de inscripción, respecto de los refugios para animales abandonados y perdidos las residencias de animales de compañía, y los centros de adiestramiento ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos de los Fundamentos Jurídicos Quinto y Sexto. Tercero. Instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.