Reclamación contra el Ayuntamiento de Manilva por denegación de acceso al expediente de contratación de la web municipal

RESOLUCIÓN 108/2022, de 11 de febrero Artículos: 2 y 24 LTPA; 18.1e) y 19.3 LTBG Asunto: Reclamación interpuesta XXX contra el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) por denegación de información pública. Reclamación: 365/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presento, el 28 de febrero de 2021, escrito dirigido al Ayuntamiento de Manilva (Málaga) con el siguiente contenido literal, en lo que ahora interesa: (…) “Solicito: “Por el presente quisiera reiterar mi solicitud de acceso a la información completa del proceso de contratación de la nueva web municipal: - Ofertas presentadas - Empresas que han tenido acceso - Procedimiento formal por el cual se han informado a las empresas participantes - Pliego de condiciones y requerimientos del proyecto a poner en marcha - Lugar de publicación del procedimiento (...).” Segundo. El 16 de mayo de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la ausencia de respuesta de la solicitud de información . Tercero. Con fecha 21 de junio de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. El 21 de junio dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Cuarto. Con fecha 28 de junio de 2021 la entidad reclamada remite Certificado de la Resolución de Alcaldía numero 2021-1430 sobre la solicitud de información en cuestión, no quedando acreditada la notificación al interesado. Dicho certificado tiene el siguiente tenor literal, en lo que ahora interesa: (...) “Conforme a las cuestiones previas, que se enuncian: “Asunto: El interesado reitera petición de información a este Ayuntamiento el día 28 de febrero de 2021, habiéndosele facilitado con anterioridad, la información requerida, concretamente, con fecha 12 de Febrero de 2021. A mayor abundamiento, copia de la respuesta remitida al interesado, junto al Expediente y el Informe oportuno, fue trasladado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía; al haber formulado, el peticionario, reclamación ante este Organismo. (...) “Y constatando, los siguientes hechos: “Uno- Con fecha 28 Febrero de 2.021, [nombre y apellidos de la persona reclamante], remite un nuevo Escrito a este Ayuntamiento, en el que dice textualmente: “Por el presente quisiera reiterar mi solicitud de acceso a la información completa del proceso de contratación de la nueva web municipal, desgranando los siguientes contenidos: “Ofertas presentadas; Empresas que han tenido acceso; Procedimiento formal por el cual se han informado a las empresas participantes; Pliego de condiciones y requerimientos del proyecto a poner en marcha; Lugar de publicación del procedimiento”. (...) “Tres: Acerca de la “información sobre el proceso de adjudicación de la nueva web municipal”, que [nombre y apellidos de la persona reclamante], pidió. Tal y como ya se le notificó, con anterioridad, oficial y fehacientemente (12/02/2021, Registro de salida: [nnnnn]); se trata de un contrato menor, por plazo de un año. “De tal manera, que determinada la naturaleza del mismo, el régimen jurídico al que está sometido el Contrato, deviene de la propia Ley de Contratos del Sector Público, que cita el propio peticionario para predicar la participación en igualdad de condiciones en el proceso, en su Escrito de 28/02/2021. No obstante, y aunque no corresponde ni sea tarea de esta Administración la exégesis legal de textos normativos; para facilitar al administrado, en la medida de lo posible, su comprensión, se aclara que: “De un lado, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, (L.C.S.P.), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; establece que los contratos de servicio de escasa cuantía, valor estimado inferior a 15.000 €, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario habilitado (art.131.3 LCSP: Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo118 (de esta misma Ley). “Sin embargo, desde hace años, para un mayor rigor procedimental, de transparencia y participación, así como para profundizar en los valores que igualdad de condiciones en el proceso, que el solicitante enuncia en su Escrito de 28 de Febrero de 2.021; este Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Manilva, pide tres presupuestos; como ahora se recomienda desde la Oficina de Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, del Ministerio de Hacienda. (...) “Fundamentos e Derecho: “Primero: Causas e Inadmisión: El artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, sanciona como causa de inadmisión, las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. “A este respecto, a continuación, se valoran las siguientes razones jurídicas, que sustentan la inadmisión de una reiterada solicitud de información, que ya fue proporcionada por la Administración Pública. “Segundo: Reiteración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, intentan avanzar en la delimitación de reglas que faciliten su aplicación, garantía, a su vez, de seguridad jurídica. Así su Resolución 37/2016, de 1 de junio, determina que a “la hora de enjuiciar si las solicitudes reúnen tal condición es preciso tomar en consideración y valorar los siguientes criterios: un criterio subjetivo, puesto que la petición de información debe ser formulada por el mismo solicitante y ha de ser dirigida al mismo sujeto obligado; un criterio objetivo, ya que la solicitud ha de ser idéntica o sustancialmente similar a otra formulada con anterioridad; un criterio cronológico, toda vez que el tiempo transcurrido entre la contestación dada a la previa petición de información y la nueva solicitud puede ser relevante desde el punto de vista de la actualización de la información, decayendo el carácter repetitivo de la misma, y, por último, para que pueda apreciarse el carácter manifiestamente reiterativo de una solicitud, es necesario que la formulada con anterioridad haya generado una respuesta expresa de la entidad a la que se pide la información”. “De manera que, analizados los tres criterios: subjetivo (peticionario), objetivo (Ayuntamiento), y temporal (no hay un periodo temporal diferente, nada ha cambiado desde la respuesta informativa que se le proporcionó al [apellidos de la persona reclamante]); la nueva solicitud, puede entenderse como repetitiva. “Tercero: Carácter abusivo de la petición, contraria a la buena fe. Debe subrayarse que, este Ayuntamiento, tiene serias dudas sobre la buena fe del peticionario, (y no sólo por reiterada). También, porque habiendo podido participar en la licitación, no quiso; y, sin embargo, ahora, emplea todo su tiempo en generar trastorno en el funcionamiento de los servicios administrativos de respuesta de la Administración Pública, y siembra dudas en la opinión pública, acerca del correcto funcionamiento de las Instituciones. “El motivo subyacente de esta conducta, bien pudiera conectar con el hecho de que [nombre y apellidos de la persona reclamante], reúne en su condición de reclamante, las cualidades de empresario que crea y gestiona páginas webs; así como la de propietario de una Web informativa en la que se reflejan las noticias de la localidad; pudiendo existir cierto interés por noticiar (o participar en chats), comentar tildando de deficiente la gestión pública; o redactar titulares y artículos que atraigan visitantes y anunciantes a su página. “Atendiendo al Criterio Interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la solicitud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den algunos de los elementos” siguientes: “1) “Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”. (Como bien sabemos, el reclamante, niega haber tenido conocimiento del procedimiento, cuando fue invitado tres veces, y sostiene esta falsedad aún después de recordárselo en la respuesta a su Escrito). “2) “Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos”; 3) “Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros”; y 4) “Cuando es contraria a las normas, las costumbres o la buena fe”. “El empresario interesado, reproduce pertinazmente la petición, aun a pesar de que conoce de antemano, el sentido de las resoluciones que se van a dictar, al habersele dado traslado anterior de la información. Si tenemos en cuenta que, toda solicitud de un interesado, da lugar a un expediente administrativo y el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración, está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación; en este sentido; el patrón de conducta de este empresario, comporta un ejercicio abusivo del derecho; de manera que se conectan las dos causas de inadmisión previstos en el artículo 18.1.e) dela LTBG. “Por todo ello, en virtud de los razonamientos fácticos y jurídicos que se explicitan: “Resuelvo: “Uno: Que, por haberse facilitado, anteriormente, la documentación al interesado. (Como se dijo ut supra, el día 12 de febrero a las 15:26 horas); y, por tanto, al ser reiterativa su instancia, respecto de una anterior solicitud del mismo peticionario, con le mismo objeto; y que ya generó una respuesta expresa por este Ayuntamiento, convenientemente notificada. “Dos Como quiera que, el Ayuntamiento de Manilva, remitió el Expediente administrativo completo, el día 12/02/2021, al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. “Tres: Así mismo, por considerar el carácter abusivo, de la reiterada petición, dudosamente encajable con la finalidad de transparencia la Ley, como queda establecido en el artículo 18.1, letra e), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. “No procede admitir la solicitud de fecha 28/02/2021, de [nombre y apellidos de la persona reclamante]. “En consecuencia, por la Secretaría de este Ayuntamiento, debe remitirse notificación del acto administrativo íntegro, al interesado; haciendo constar las vías procedimentales y plazos, que puedan corresponderse con las acciones ejercitables en interés del administrado. Así mismo, dese traslado íntegro de esta notificación al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con Referencia Expdte. SE-365/2021; y que debe vincularse con el Expdte. SE-25/2021, al concurrir en las dos peticiones del interesado; el mismo objeto: Una vez, que la documentación íntegra, fue remitida a este Organismo, mediante registro de salida [nnnnn]; a través del Sistema Interconexión de Registros, con fecha 12/02/2021.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Tercero. El objeto de la solicitud que está en el origen de la presente reclamación era conocer el expediente de contratación de la nueva web municipal de la entidad reclamada. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, a la vista de los amplios términos en que se expresa el transcrito precepto, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Y a este respecto, no resulta inoportuno recordar que, en materia de contratación pública, las exigencias de transparencia de la información cobran una particular relevancia, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, se trata de un sector de la gestión pública que ha de ajustarse a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. No es de extrañar, por tanto, que en el catálogo de obligaciones de publicidad activa el artículo 15 a) LTPA incluya la siguiente información: “Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias”. Cuarto. En lo concerniente a la alegación de la entidad reclamada consistente en la causa de inadmisión de reiteración del artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, en adelante LTBG ”que sean manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”, fundamentándose en el escrito de 12 de febrero de 2021 y en la reclamación ante este Consejo numero 25/2021 con Resolución numero 236/2021, notificada al Ayuntamiento de Manilva (Málaga), el 17 de mayo de 2021. Este Consejo no puede compartir la apreciación del Ayuntamiento de Manilva (Málaga) de que la solicitud de información objeto de esta resolución, incurra en dicha causa. En lo concerniente al carácter repetitivo, desde la Resolución 37/2016 venimos sosteniendo unas pautas delimitadoras de este concepto que ahora hemos de recordar. Según se apuntó en su FJ 5º, “a la hora de enjuiciar si las solicitudes reúnen tal condición (de reiterativas) es preciso tomar en consideración y valorar los siguientes criterios: un criterio subjetivo, puesto que la petición de información debe ser formulada por el mismo solicitante y ha de ser dirigida al mismo sujeto obligado al cumplimiento de la legislación de transparencia; un criterio objetivo, ya que la solicitud ha de ser idéntica o sustancialmente similar a otra formulada con anterioridad; un criterio cronológico, toda vez que el tiempo transcurrido entre la contestación dada a la previa petición de información y la nueva solicitud puede ser relevante desde el punto de vista de la actualización de la información, decayendo el carácter repetitivo de la misma; y, por último, para que pueda apreciarse el carácter manifiestamente reiterativo de una solicitud, es necesario que la formulada con anterioridad haya generado una respuesta expresa de la entidad a la que se pide la información (sea o no denegatoria), o, en caso de silencio, que el solicitante haya reclamado contra la resolución presunta y se haya resuelto la reclamación por este Consejo o por la jurisdicción contencioso- administrativa” (asimismo, entre otras muchas, Resolución 53/2017, FJ 3º). Para que puede entenderse aplicable este concreto motivo de inadmisión, es preciso que la Administración que la invoque aporte un adecuado término de comparación que permita constatar dicho carácter repetitivo; esto es, ha de identificar la anterior solicitud que considera “idéntica o sustancialmente similar” a la que es objeto de examen. Requisito que no se ha satisfecho en el presente caso, aportándose en las alegaciones remitidas a este Consejo un escrito donde se facilito algunos datos de la contratación pero no el expediente tal y como se solicito en la presente reclamación objeto de resolución concretamente: ”Ofertas presentadas - Empresas que han tenido acceso - Procedimiento formal por el cual se han informado a las empresas participantes - Pliego de condiciones y requerimientos del proyecto a poner en marcha - Lugar de publicación del procedimiento”. Este argumento es reforzado por el hecho, que como la propia entidad reclamada reconoce, se remitió a este Consejo “copia de la respuesta remitida al interesado, junto al Expediente y el Informe oportuno”, pero en ningún momento dicho expediente fue remitido al interesado. Este Consejo considera pues que no resulta de aplicación la causa de inadmisión invocada. Debemos puntualizar a la entidad reclamada, en cuanto a resuelvo segundo ut supra transcrito: “Como quiera que, el Ayuntamiento de Manilva, remitió el Expediente administrativo completo, el día 12/02/2021, al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 91/2019, FJ 4º; 432/2018, FJ 3º; 420/2018, FJ 2º; 381/2018, FJ 3º y 368/2018, FJ 2º). Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos a la entidad reclamada a que directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida a este Consejo, y procedíamos a estimar, siquiera a efectos formales, la correspondiente reclamación. Quinto. La entidad reclamada en su resuelvo tercero califica igualmente la solicitud como abusiva, invocando indirectamente la la causa de inadmisión contemplada en el apartado e) de dicho artículo 18.1: “Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Sin embargo, no argumenta el modo en el que estas causas de inadmisión se aplicarían al supuesto que ahora tratamos de resolver y tan solo se refiere al pretendido carácter abusivo fundamentado en la posible reiteración y en un posible conocimiento previo de la información solicitada. Si bien la falta de motivación de la aplicación de las causas de inadmisión ya implicaría la desestimación de este motivo de impugnación, debemos valorar la calificación de la solicitud como abusiva, por ser la que más (aunque mínimamente) se ha argumentado. Pues bien, por lo que hace a la conceptuación de una solicitud como abusiva, este Consejo viene sosteniendo que su consideración no puede vincularse a la circunstancia de que la misma la haya presentado un solicitante que de forma insistente ejercita su derecho de acceso ante la misma Administración. Bajo este prisma, podrían considerarse abusivas aquellas solicitudes que, “en sí mismas consideradas, entrañen una utilización manifiestamente injustificada, inadecuada o impropia de la LTPA” (Resoluciones 37/2016, FJ 5º; 85/2018, FJ 4º; 133/2018, FJ 5º). Y, ciertamente, no es posible apreciar tal circunstancia en el presente caso. En línea de principio, este Consejo viene entendiendo que “no cabe equiparar lisa y llanamente la petición de una información voluminosa con la causa de inadmisión ex art. 18.1 e) LTAIBG” (Resolución 85/2018, FJ 4º). Tan sólo como una “posibilidad excepcional” hemos admitido que entre en juego esta causa de inadmisión en relación con aquellas “peticiones de información que, dado su excesivo volumen o la extrema dificultad que conlleva su examen, pueden entrañar una desmesurada carga para la autoridad pública interpelada hasta el punto de entrañar un serio obstáculo al normal desenvolvimiento de sus funciones” (Resolución 181/2018, FJ 4º). Posibilidad excepcional que, como argumentamos en este mismo fundamento jurídico, se sometía al cumplimiento de los siguientes requisitos: “En primer lugar, recae sobre el sujeto al que se dirige la solicitud la tarea de argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que le supone atender a la petición en cuestión. Motivación explícita de la cantidad desproporcionada de examen e investigación requerida para afrontar la solicitud que, además, debe fundamentarse en datos objetivos. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, han de ser tomados en consideración el número y naturaleza de los documentos objeto de la petición, en el bien entendido de que un cuantioso número no predetermina necesariamente una desmesurada carga de trabajo, ya que ésta depende asimismo de la dedicación que precise un adecuado examen de los mismos. Asimismo, cabe ponderar a este respecto el periodo de tiempo al que se extiende la solicitud, pues la pretensión de abarcar un elevado número de años puede hacer irrazonable una petición que, aisladamente considerada, resultaría plenamente atendible sin mermar el regular funcionamiento de la institución. ”Y en segundo término, y de conformidad con lo establecido en el arriba transcrito artículo 8 b) LTPA, antes de acordar sin más la inadmisión a limine de la solicitud la Administración ha de agotar la vía de la colaboración para dar ocasión al interesado a que acote en términos razonables su petición inicial, armonizándose así en la medida de lo posible la pretensión del solicitante con el normal desenvolvimiento de la actividad propia del órgano interpelado.” Requisitos que, evidentemente, no se han satisfecho en el presente supuesto, por lo que no puede catalogarse la solicitud como abusiva. Por ello, en aplicación de la regla general de acceso, la entidad reclamada tendría que poner a disposición del reclamante la información solicitada. La entidad reclamada deberá por tanto poner a disposición del solicitante la información, previa disociación de los datos personales ajenos al solicitante que pudiera contener y que no estuvieran relacionados con el objeto de la solicitud (artículo 15.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en adelante LTBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que contenida en el expediente, permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el el artículo 4 y el Considerando 26 del Reglamento General de Protección de Datos establecen la definición de dato personal y la descripción del concepto de disociación. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. En el hipotético caso de que la información solicitada no existiera, deberá informar expresamente al solicitante de esta circunstancia. Sexto. En cualquier caso, a pesar de lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, concurre en el presente caso una circunstancia que impide que este Consejo pueda ahora resolver directamente el fondo del asunto e inste ya a la entidad reclamada, a que proporcione la información solicitada. En efecto, tras examinar el expediente, se ha podido comprobar que no consta la concesión del trámite de alegaciones a los terceros afectados. Este trámite resulta determinante para permitir a los afectados por la difusión de la información alegar lo que a sus derechos e intereses convenga; razón por la cual el artículo 19.3 LTBG se expresa en términos inequívocamente imperativos: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. En consecuencia, considerando que quedan perfectamente identificados para la Administración reclamada los terceros que pueden resultar afectados por la información referente a la solicitud de información, y no constando a este Consejo que se haya concedido dicho trámite, procede retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que la entidad reclamada conceda el trámite de alegaciones previsto en el mencionado art. 19.3 LTBG, debiendo informar a la persona solicitante de esta circunstancia. Y tras lo cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente. El Ayuntamiento reclamado deberá ordenar la retroacción del procedimiento en el plazo máximo de diez días desde la notificación de esta Resolución. Y deberá resolver el procedimiento en el plazo máximo de resolución previsto en la normativa que le resulte de aplicación, contado igualmente desde la notificación de esta Resolución, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada del artículo 19.3 LTBG. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o bien la ausencia de respuesta en el plazo establecido, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Este Consejo debe aclarar que la retroacción se realizará para aquella parte de la información cuyo acceso pudiera afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas. Esta afección no ocurrirá para aquella parte de la información que está ya publicada o bien debió estar ya publicada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa prevista en el artículo 15 a) LTPA antes citada, o bien de la normativa de contratación pública. Séptimo. En resumen, el Ayuntamiento deberá: 1. Poner a disposición del reclamante la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras personas, incluida aquella que estuvo o debió estar publicada en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contendidas en la LTPA o de la normativa de contratación pública, en los términos de los Fundamentos Jurídicos . 2. Retrotraer el procedimiento al trámite de alegaciones a terceras personas previsto en el artículo 19.3 LTBG para aquella información cuyo acceso pueda afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas, en los términos del Fundamento Jurídico anterior. Concretamente, esta circunstancia concurre respecto a la información correspondiente a las empresas a las que se les ha pedido oferta y a las propias ofertas presentadas. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Manilva (Málaga), por denegación de información publica. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Manilva (Málaga), en el plazo de diez días desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, realice las actuaciones previstas en el Fundamento Jurídico Sexto. Tercero. Instar al Ayuntamiento de Manilva (Málaga) a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.