Reclamación por denegación de acceso a presupuestos de centros educativos públicos de Cádiz y resultado desestimatorio

RESOLUCIÓN 109/2022, de 14 de febrero Reclamación 411/2021 Reclamante XXX (en adelante, la persona reclamante) Reclamado CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE (en adelante, la entidad reclamada) Artículos Art. 2.a) LTPA; Art. 18.1.c) LTAIBG; Art. 30.c) LTPA Sentido Desestimación Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviatura Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) Ley 39/20215, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2021, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante, como representante de la ASAMBLEA-TARIFA DE VERDES DE EUROPA presentó el 1 de junio de 2021, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso en los siguientes términos: “Como representante de la Asamblea-Tarifa de Verdes de Europa, no pudiendo encontrar la Publicación activa del Presupuesto económico total asignado a cada uno de los centros educativos de titularidad pública de la provincia de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para el presente curso escolar 2020/2021 y los cuatro anteriores, solicito tenga a bien indicar donde se encuentran y su correspondiente link. En caso de no encontrarse publicado lo que consideramos como “publicación activa”, solicitamos se nos envíe la correspondiente documentación y se tenga a bien publicar ésta en el apartado que corresponda en la web.” 2. El 17 de junio de 2021, - notificado en el mismo día - la entidad reclamada resuelve “denegar el acceso a la información”, identificando su fundamento en el art. 18.1.c) LTAIBG, que prevé la inadmisión a trámite de las solicitudes relativas a información cuya divulgación requiera una acción previa de reelaboración. Expone como motivación la siguiente: “La información obrante en el Servicio de Administración General y Gestión Económica de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Cádiz no permite la divulgación de la información solicitada sin la reelaboración de la misma. La información solicitada requiere para los cinco cursos escolares solicitados y para los 647 centros escolares públicos de la provincia de Cádiz la obtención de la información presupuestaria, teniendo en cuenta la disparidad de la situación de cada uno de ellos, pues hay centros con cuentas validadas o no validadas por esta Delegación, validadas o no validadas por Servicios Centrales de la Consejería de Educación y Deporte, recordando que la información presupuestaria de los centros conforma un documento vivo que evoluciona día a día. La gran heterogeneidad de la información elaborada por los centros y la casuística de los mismos hace no solo se necesite de una acción previa de reelaboración y clasificación de los ejercicios presupuestarios de cada uno de los centros por ejercicio, sino que dicha labor es de una magnitud no asumible por el personal de esta Delegación Territorial.” Tercero. Sobre la Reclamación. A la vista de la Resolución, la persona reclamante en su reclamación solicita “una Resolución, por considerar que no se está aplicando la Ley, como indicado en la siguiente Resolución 126/2019, de 23 de abril Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ante el mismo organismo tanto en lo relacionado a Información/Transparencia como la correspondiente Publicidad activa. https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/resoluciones/res-126-2019.pdf” Se deduce de lo expuesto que la persona reclamante no solo presenta una reclamación ante este Consejo al amparo del artículo 24 LTAIBG por la denegación de acceso, sino que expresamente denuncia el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Esta Resolución se refiere exclusivamente a la reclamación presentada por la denegación de acceso a información pública mediante la Resolución de 17 de junio de 2021. Respecto la denuncia procede la apertura del procedimiento previsto en el artículo 23 LTPA, sobre el cual se resolverá de forma separada. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 9 de julio de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada en la misma fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 6 de septiembre de 2021, la entidad reclamada presenta documentación relativa a la Reclamación, acompañando el expediente tramitado. En el escrito de remisión, después de reiterar la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG, esto es, necesidad de reelaboración, señala: “A mayor abundamiento, la petición así deducida incurre en causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) … según la cual se inadmitirá a trámite las solicitudes: “Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley” A continuación, después de reproducir la doctrina sobre peticiones abusivas contenida en el Criterio Interpretativo CI/003/2016, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 14 de Julio de 2016, ofrece la siguiente justificación: “En el supuesto que nos ocupa la información solicitada obra de forma individual en los apartados de información económica de cada centro educativo en Séneca, estando en diversos Anexos según la procedencia de las partidas presupuestarias. El Anexo XI de información económica de los centros educativos es el que permitía acercarnos de forma no completa a lo solicitado, pues existen otras partidas presupuestarias de las que pueden los centros recibir créditos, por lo que esta información hay que reelaborarla centro a centro. El tratamiento no es complicado pero si muy laborioso, ya que la información se ha solicitado para 647 centros durante 5 años. es decir, se necesita hacer el trámite de forma Individualizada en 3235 ocasiones, con un tiempo aproximado de 1/2 hora de gestión por centro y año, suponiendo 1617,5 horas estimadas de trabajo, que sin tener en cuenta vacaciones y suponiendo 251 días laborales al año, supone casi un año de trabajo en exclusiva de una persona del servicio. La sección de gestión económica de esta Delegación Territorial de Educación y Deporte consta de 3 personas: • Un Jefe de Sección (actualmente de baja médica) encargado de toda la validación de las justificaciones económicas de los centros así como de la gestión económica de todas las sedes de esta DT de Cádiz. • Un técnico adscrito de apoyo a los centros educativos. Esta persona es el contacto directo de los centros con la DT, siendo personal de contacto directo con los equipos directivos de los centros educativos. • Un administrativo encargado de la devolución de las tasas indebidamente cobradas, tarea que por la pandemia sanitaria se ha visto notablemente incrementada. La Jefatura de Servicio de Administración General, Gestión Económica y Contratación se encarga de la gestión, la Administración General de las Sedes de esta DT, su gestión económica y contratación de servicios para las sedes y centros educativos que son centralizados provincialmente. En estas condiciones, atender la solicitud de información en tales términos supondría dedicar una persona a tiempo completo durante casi un año, lo que implicaría el colapso del servicio público, dándose además la circunstancia de que la petición deducida en los términos expresados, no se considera Justificada con la finalidad de la Ley.” Se incorpora al Expediente remitido, entre otros documentos, el Informe del Jefe de Servicio de Administración General y Gestión Económica, relativo a esto extremos. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al pertenecer el órgano reclamado a la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silen- cio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la resolución fue notificada no antes del 17 de junio de 2021 y la reclamación fue presentada el 4 de julio de 2021, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La persona reclamante solicitó la siguiente información: “Presupuesto económico total asignado a cada uno de los centros educativos de titularidad pública de la provincia de Cádiz dependientes de la Consejería de educación y Deporte de la Junta de Andalucía para el presente curso escolar 2020/2021 y los cuatro anteriores” Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que en principio obrarían en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. 2. En su Resolución, la entidad reclamada deniega la solicitud de acceso al amparo del artículo 18.1.c) LTAIBG, al ser causa de inadmisión el referirse la solicitud a información cuya divulgación requiera una acción previa de reelaboración. Durante la tramitación de la presente reclamación la entidad reclamada señala, “a mayor abundamiento”, como causa de inadmisión, la contenida en el artículo 18.1.e) LTAIBG”, esto es, por tener la solicitud “un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por el artículo 18.1 c) LTAIBG, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información” 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario” 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Y por lo que hace a la delimitación negativa del concepto, si bien el referido Criterio Interpretativo 7/2015 señala que “reelaboración” no equivale a información “cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o manipulación para suministrarla al solicitante”, no deja de apostillar que “sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información… cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos… que implique que estemos ante un supuesto de reelaboración”. Por último, sobre esta causa de inadmisión la LTPA, dispone que “no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente” [art. 30.c)]. De acuerdo con todo ello, estimamos que concurre la causa de inadmisión alegada. Así, de la motivación ofrecida puede destacarse: - La información solicitada se refiere a 647 centros durante cinco años. Y se solicita individualizada para cada centro. - Hay centros con cuentas validadas o no validadas por esta Delegación, validadas o no validadas por Servicios Centrales de la Consejería de Educación y Deporte, y la información está en evolución. - La información está, para cada centro concreto, en distintos Anexos según la procedencia de las partidas presupuestarias, por lo que se requiere una reelaboración para ofrecerla agregada por cada centro, en definitiva, un nuevo tratamiento de la información. - El trabajo “supone casi un año de trabajo en exclusiva de una persona del servicio”, lo que implicaría, según expresa la entidad reclamada, considerando las circunstancias “el colapso del servicio público”. Se ha ofrecido un análisis concreto, organizativo y funcional sobre el tiempo requerido a la vista de las circunstancias que afectan a servicio responsable. De acuerdo con lo anterior procede estimar la causa de inadmisión conforme al artículo 18.1.c) LTAIBG, al referirse la solicitud a información pública que requiere una acción previa de reelaboración en los términos establecidos en el precepto. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente. RESOLUCIÓN Primero. Desestimar la presente Reclamación al referirse la solicitud a información pública cuyo acceso requiere acción previa de reelaboración.