Inadmisión por extemporaneidad de reclamación contra GIAHSA por denegación de acceso a expedientes disciplinarios

RESOLUCIÓN 113/2022, de 16 de febrero Artículos: 33 LTPA y 24.2 LTBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la entidad Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. (GIAHSA) , por denegación de información publica Reclamación: 395/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) ANTECEDENTES Primero. El 17 de junio de 2021 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía reclamación contra la entidad Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. (GIAHSA) con el siguiente contenido literal, en lo que ahora interesa: (…) “Que atendiendo al contenido de los documentos (…) ya reseñados en el punto anterior, y mediante la alegación cuarta (...) se pide “se facilite copia íntegra de los expedientes, informativo y disciplinario, completos a fecha de hoy, con todos los trámites y actuaciones realizadas hasta la fecha” “2. Que se reiteró esta solicitud mediante email de fecha 28/01/2021, y escritos de fecha 15/02/2021, y 16/02/2021. “3. Que finalmente, mediante escrito de la la empresa pública de fecha 17/02/2021, se entiende, que se deniega lo solicitado, aunque lo que se desestima en realidad es la suspensión de los plazos solicitada, no el acceso/copia del expediente disciplinario. No obstante, se entiende por acto presunto desestimado. “4. En todo caso, la motivación que da la empresa en su escrito es que “dicho expediente disciplinario está siendo articulado de conformidad con el Convenio Colectivo de GIAHSA y con el Estatuto de los Trabajadores” (...) “Tercero. Acceso/copia de otros expedientes disciplinarios “I. En este apartado nos referimos a expedientes incoados a otros trabajadores, en estos casos, y al margen de si existe legitimación para reclamar estos hechos a modo particular, sí se entiende que como representante de los trabajadores y miembro del comité de empresa, sí se ostenta legitimación para poner en su conocimiento estos hechos al objeto de: “A. Obligar a la entidad pública al sometimiento de las normas sustantivas y procedimentales como ente de Derecho Público, perteneciente al régimen jurídico del sector público como entre instrumental dependiente de la MAS (Mancomunidad de Servicio de Huelva). En especial las específicas a observa en la tramitación del procedimiento disciplinario que regule, que no lo regula, el Convenio y/o el EETT. “B. Obligar a la entidad pública en su obligación de ordenar los expedientes administrativos conforme dictan estas normas del sector público (Leyes 40/2015 y 39/2015), y por supuesto, atendiendo, como dice la empresa pública, al procedimiento que expresamente regule la Ley donde se otorgan las potestades que se ejercen. “C. Obligar a la entidad pública a facilitar acceso y/o copia de los expedientes disciplinarios incoados a los trabajadores. “D. Obligar a la entidad pública, o recordar, en su obligación de motivar sus actos y de resolver todas las alegaciones planteadas por los interesados en los procedimientos. “E. Obligar a la entidad pública, o recordar, en su obligación de observar todos los derechos de los ciudadanos y de los interesados en los procedimientos administrativos, deriven del ejercicio de la potestad de donde deriven, al menos, las garantías contempladas en El Título Iv. Capítulo I Sobre las “Garantías del procedimiento” y en el Título Ii. Capítulo I sobre las “Normas generales de actuación “ (...) “Solicita a Vd. que se tenga por admitido este escrito junto con sus anexos, y una vez revisado todos sus extremos, tenga a bien incoar el oportuno expediente y obligar al ente público GIAHSA, al menos, a los indicado en el Hecho Tercero. I (del A al E) de este escrito, así como a los que estime convenientes.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 33 LTPA: “Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía… Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por su parte, el art. 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTBG, dispone que “la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado...”. Según indica el reclamante: “Que finalmente, mediante escrito de la la empresa pública de fecha 17/02/2021, se entiende, que se deniega lo solicitado (...)”. Concretamente consta escrito de la reclamante del 17 de febrero de 2021, donde textualmente afirma: “Por hacer constar que no se ha facilitado ni copia del expediente ni acceso al mismo. Suponiendo ello un claro perjuicio e indefensión de cara a realizar pliego de descargo”. No obstante, la reclamación no fue presentada hasta el 17 de junio de 2021, por lo que es claro que ha transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 24.2 LTBG para la interposición de la misma, procediendo consiguientemente su inadmisión a trámite. A este respecto, el hecho de que la persona interesada mostrara su disconformidad, ante el hecho, que no se le había dado acceso ni copia del expediente, no es causa para suspender el plazo de interposición de la correspondiente reclamación ante el acto expreso de la entidad. Así, pues, si esos intentos tratando de conseguir la información completa no fructifican, es claro que la reclamación ha de interponerse dentro del mes que tiene para hacerlo. Una solución contraria a esta contravendría el principio de seguridad jurídica y la preclusividad de los actos —principio en virtud del cual, transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate—, pues el plazo de reclamación se reabriría con cada reiteración planteada sobre una cuestión que la entidad reclamada ya resolvió. Si la persona interesada considera insatisfactoria la resolución, lo procedente no es sino interponer, en plazo, la reclamación ante el Consejo (en esta línea, entre otras, la Resolución 206/2020, FJ 3º). En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente. RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX contra la entidad Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. (GIAHSA), por denegación de información pública, por haber sido presentada fuera de plazo según lo expuesto en el Fundamento Jurídico Segundo.