Reclamación por denegación de acceso a actas de claustro de un centro educativo en Almería

RESOLUCIÓN 129/2022, de 18 de febrero Artículos: 2 y 24 LTPA; 19.1 LTBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Almería, por denegación de información publica Reclamación: 366/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. La ahora reclamante presento el 29 de marzo de 2021, la siguiente solicitud de información dirigida a la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Almería con el siguiente tenor literal, en lo que ahora interesa: “Se tenga por presentado en tiempo y forma la presente solicitud de acceso a información pública obrante en el CEPER Quinientas Viviendas, dependiente de esa Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y, en consecuencia, me sean remitidas por correo electrónico las actas íntegras del Claustro celebrado el día 18 de diciembre de 2020, y del celebrado con posterioridad, en el que se debió aprobar el acta de la sesión anterior (...) “Así mismo,(...) en su caso, de no haber sido remitido por el CEPER Quinientas Viviendas, se proceda a su remisión a la Inspección Educativa, al Concejal de Cultura y Educación y a la Junta Municipal de Distrito de la Cañada.” Segundo. Con fecha 1 de mayo de 2021 el órgano reclamado remite escrito a la interesada con el siguiente tenor literal, en lo que ahora interesa: “Primero.- Con respecto a la primera de las cuestiones planteadas, la remisión de las actas de los claustros por parte de la dirección del CEPER Quinientas Viviendas, indicarle que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno debe solicitarlas por escrito a la dirección de este centro docente, y una vez realizado este trámite, desde el Servicio de Inspección de esta Delegación Territorial se le asesorará al centro para que le sean debidamente remitidas atendiendo a las limitaciones recogidas en los artículos 14 y 15 de la mencionada Ley 19/2013.” (...) Tercero. El 29 de mayo de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la respuesta de la solicitud de información. Cuarto. Con fecha 14 de junio de 2021, el Consejo dirige a la reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 14 de junio de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Hasta la fecha no consta a este Consejo respuesta alguna del órgano reclamado a la documentación solicitada por este Consejo ni remisión de la información por parte del reclamado a la interesada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, la Delegación Territorial no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado por este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por su parte, el artículo 24.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante,LTBG) establece que “[l]a tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada al órgano la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Tercero. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Cuarto. El objeto de la solicitud que está en el origen de la presente reclamación era conocer “las actas íntegras del Claustro celebrado el día 18 de diciembre de 2020, y del celebrado con posterioridad (...)”. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. El órgano reclamado alego que el interesado debía solicitarla al centro educativo, no dando acceso a la información requerida. Sin embargo, este Consejo no puede compartir la respuesta ofrecida por los motivos que se exponen a continuación. Los Centros de Educación Permanente (CEPER) son centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deportes que podrán impartir los Planes Educativos y Acciones Comunitarias previstos en el Título II de la Ley 3/1990, de 27 de marzo, para la Educación de Adultos, según lo previsto en el artículo 1 del Decreto 196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente. Sin perjuicio de su naturaleza jurídica, se trata de órganos o unidades de la misma Consejería, que en definitiva es la responsable de la tramitación y resolución del procedimiento, sin perjuicio de qué órgano o entidad posea la información solicitada y sea el responsable de tramitar el procedimiento. En este caso, no se trata de una derivación de una solicitud a otra Consejería, lo que hubiera justificado la aplicación de los artículos 18.1. d), 19.1 o 19.4 LTAIBG, sino de una incorrecta tramitación de la solicitud en la organización interna de la misma. No puede por tanto ningún órgano escudarse en la falta de competencia para no remitir, por los conductos que procedan, la solicitud al órgano o entidad que corresponda de su propia organización. De hecho, el artículo 3 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, establece las reglas de distribución de competencias entre los órganos de las Consejerías, y el artículo 9 atribuye a las Unidades de Transparencia las funciones de Dar curso a las solicitudes de acceso a la información pública que sean recibidas en la Unidad y trasladarla al órgano o entidad competente para su resolución (artículo 9 g). De otro modo, cualquier solicitante de información estaría obligado a conocer en profundidad la estructura interna de cada organización para poder dirigir correctamente la petición, esfuerzo que resultaría contrario a los principios de transparencia y de acceso a la información pública previsto en el artículo 6 LTPA, y que parece necesario a la vista del desconocimiento expresado por el propio Centro sobre el departamento que puede emitir el informe a la vista de la respuesta ofrecida en la fase de alegaciones. El órgano o entidad de la Consejería que corresponda deberá por tanto tramitar la ejecución de esta Resolución, según lo que se indicará a continuación. Quinto. Respecto al fondo del asunto, y dado que el órgano no ha alegado causa de inadmisión o límite que impida el acceso, procede conceder el acceso en aplicación de la regla general de acceso antes indicada. En todo caso, este Consejo es consciente de que las actas solicitadas contendrán datos de carácter personal. De hecho, ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en supuestos similares de peticiones de acceso a actas de consejos escolares. Así, en las Resoluciones 31/2017 y 73/2017 indicábamos al respecto que: “Ahora bien, dicho lo anterior, debemos necesariamente tener presente que el propio artículo 15 LTAIBG ofrece soluciones para conciliar el ejercicio del derecho a saber de la ciudadanía con el respeto a los datos de carácter personal, habida cuenta de que el art. 15.4 LTAIBG contempla expresamente que los apartados anteriores no serán aplicables “si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”. Pues, en efecto, si una persona no resulta identificable en la documentación de que se trate, sencillamente no existe “dato personal” que proteger, quedando extramuros del ámbito de cobertura de la Página 13 de 19 Resolución 31/2017 www.ctpdandalucia.es LOPD. Por consiguiente, la correcta anonimización de los datos contenidos en la información solicitada privaría de justificación a una denegación basada en el artículo 15 LTAIBG, resultando por lo demás inaplicable el régimen de la LOPD y, por tanto, improcedente considerar que se produciría una cesión no permitida de datos de carácter personal. En resumidas cuentas, a fin de satisfacer en la medida de lo posible el derecho de acceso a la información pública sin menoscabar el derecho a la protección de datos personales, ha de facilitarse al reclamante copia de las actas del Consejo Escolar existentes en el periodo 2014-2016, procediendo previamente a la disociación de los datos de carácter personal que aparezcan en las mismas. Dicha anonimización no debe alcanzar, sin embargo, a los datos de carácter personal que se ciñan estrictamente a identificar a los miembros que conforman el órgano colegiado, toda vez que el artículo 15.2 LTAIBG establece la regla general de que “se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”. Por lo tanto, el acceso a las actas de concederá previa disociación de datos de carácter personal que pudiera contener (artículo 15.4 LTAIBG), a excepción de los miembros del órgano colegiado. Sexto. Sin perjuicio de lo anterior, en lo atinente de la petición en la solicitud de información: “de no haber sido remitido por el CEPER Quinientas Viviendas, se proceda a su remisión a la Inspección Educativa, al Concejal de Cultura y Educación y a la Junta Municipal de Distrito de la Cañada (...)”. Pues bien, ha de tenerse presente que el derecho de acceso a la información garantizado por la legislación de transparencia se circunscribe a la “información pública” tal y como queda definida en el art. 2 a) de la LTPA, que reiteramos, a saber, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el presente Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista del concepto de información pública del que parte la legislación reguladora de la transparencia, resulta evidente que la pretensión de la reclamante queda extramuros del ámbito objetivo protegido por la LTPA, pues con la misma no se persigue acceder a unos concretos documentos o contenidos que ya obren en poder del órgano reclamado, sino que la Administración emprenda ex novo determinadas actuaciones o adopte unas específicas medidas “[s]e proceda a su remisión (...)” pretensión que resulta ajena al ámbito competencial de este Consejo. Por consiguiente, este Consejo no puede sino desestimar esta pretensión de la persona reclamante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Consejería de Educación y Deporte, por denegación de información publica. Segundo. Instar a la Consejería de Educación y Deporte a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, ponga a disposición de la persona reclamante la información correspondiente a las actas íntegras del Claustro celebrado el día 18 de diciembre de 2020, y del celebrado con posterioridad, en el que se debió aprobar el acta de la sesión anterior, en los términos indicados en el Fundamento Jurídico Quinto. Tercero. Desestimar la pretensión contenida en el Fundamento Jurídico Sexto. Cuarto. Instar a la Consejería de Educación y Deporte a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.