Reclamación por denegación de acceso a información pública sobre baremación de concurso de méritos en la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía

RESOLUCIÓN 144/2022, de 1 de marzo Artículos: 2 y 24 LTPA; 19.1 LTBG Asunto: Reclamación interpuesta por xxx contra la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por denegación de información publica. Reclamación: 442/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) ANTECEDENTES Primero. El 5 de mayo de 2021 tuvo entrada en la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Deporte una solicitud de información (dirigida por el interesado a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, y derivada el 5 de mayo por ésta a la Consejería de Educación y Deporte), con el siguiente contenido literal, en lo que ahora interesa: (...) “Solicito, al amparo de la Ley 1/2014, de 24 de junio , de Transparencia Pública de Andalucía: “Primero: Copia anonimizada del Anexo VII Presentado por [nombre y apellidos de tercera persona] para el concurso de méritos convocado desde la Consejería de Educación por Orden de 13 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla (BOJA nº 140, de viernes, 22 de julio de 2016), referido al ámbito de la Consejería convocante o, en su caso, relación de plazas solicitadas a la entonces Consejería de Educación, ordenadas por orden de preferencia. “Segundo: Copia del documento referido en el punto Cuarto de la Resolución del Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se ejecuta la sentencia de 5 de junio de 2019, a favor de [nombre y apellidos de tercera persona], que dice: "Cuarto.- Con fecha 25 de octubre de 2019, se da traslado a la Comisión del Concurso para se se vuelva a baremar a la interesada". “Tercero: Copia del acta de que debió emitirse de acuerdo con el punto "Quinto.- con fecha 8 de noviembre de 2019 el secretario de la comisión emite certificación en la que se determina que [nombre y apellidos de tercera persona], para el puesto código [nnnnn], sección plantillas educación secundaria, tiene un total de [nnnnn] puntos en el valor permanencia lo que determina un total de [nnnnn] puntos." de la resolución citada en los expongo cuarto a sexto de este escrito, así como de cualquier otro documento que conste en el expediente en relación con la puntuación de [nnnnn] puntos, otorgada por la comisión del concurso, con el fin de comprobar que la discrepancia entre la baremación original de [nnnnn] puntos otorgada a [nombre y apellidos de tercera persona], sumada a los [nnnnn] puntos que se ordenan por la sentencia citada y la puntuación final que aparece en la resolución referida en el solicito segundo, pueda provenir de un error de cálculo.” (...) Segundo. Con fecha 21 de junio de 2021 la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos dicta resolución con el siguiente tenor literal, en lo que ahora interesa: (...) “Admitir parcialmente la solicitud y el acceso a la información de la misma, en virtud de los fundamentos de derecho citados, comunicándole lo siguiente: “Primero.- Analizada la normativa sobre transparencia pública y protección de datos, sentencias de los Tribunales de Justicia y las resoluciones del CTBG como del CTPDA se considera que procede el acceso a la información solicitada entendiendo por información la definida en el artículo 13 LTAIBG, esto es, los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. “Segundo.- La información solicitada se entrega mediante documento anexo a esta resolución en formato PDF: “1.- Copia del documento referido en el punto Cuarto de la Resolución del Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se ejecuta la sentencia de 5 de junio de 2019, a favor de [nombre y apellidos de tercera persona] “2.- Copia del acta con fecha 8 de noviembre de 2019 el secretario de la comisión emite certificación en la que se determina que [nombre y apellidos de tercera persona], para el puesto código [nnnnn] “Tercero.- Sobre la solicitud de información relativa a “Copia anonimizada del Anexo VII presentado por [nombre y apellidos de tercera persona] para el concurso de méritos convocado desde la Consejería de Educación por Orden de 13 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla (BOJA nº 140, de viernes, 22 de julio de 2016), referido al ámbito de la Consejería convocante o, en su caso, relación de plazas solicitadas a la entonces Consejería de Educación, ordenadas por orden de preferencia.”, se inadmite el acceso a dicha documentación a tenor de lo expuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicha documentación no obra en poder de esta Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. Derivándose al órgano el cual posee la información solicitada, Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, en este caso, a la unidad de transparencia responsable de la Consejería de la Presidencia Administración Pública e Interior, la cual asignará a la Dirección General mencionada la resolución de su solicitud de información.” (...) Tercero. El 15 de julio de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la resolución de 21 de junio de 2021, con el siguiente tenor literal, en lo que ahora interesa: (...) “Solicito, al amparo de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: “Primero: Se me facilite la información requerida en los expongo cuarto y quinto o, al menos, la confirmación o no de su existencia. Dicha información consiste en: “1. Convocatoria a la comisión de baremación para que se volviera a baremar a la interesada. “2. Acta de la reunión de la comisión de baremación en la que debería aparecer la información detallada de la puntuación de origen y la puntuación tras la aplicación de la sentencia. “3. Cualquier otro documento que conste en el expediente en relación con la puntuación de [nnnnn] puntos, otorgada por la Comisión del concurso, con el fin de comprobar que la discrepancia entre la baremación original de [nnnnn] puntos ([nnnnn] puntos según el documento facilitado) otorgada a [nombre y apellidos de tercera persona], sumada a los [nnnnn] puntos que se ordenan por la sentencia citada y la puntuación final “4. En el caso de que dichos documentos no existan, un certificado expedido desde la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en el que se refleje esta situación. “5. Se me explique la razón de las derivaciones de mi solicitud de información pública entre consejerías que no hacen otra cosa que dilatar el procedimiento y consumir los plazos, por si fuera pertinente emprender otro tipo de acciones.” Cuarto. Con fecha 21 de julio de 2021, el Consejo dirige a la reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. El 21 de julio dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Quinto. Con fecha 17 de agosto de 2021 el órgano reclamado remite expediente que incluye informe frente a la reclamación presentada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. En virtud del artículo 24 de la LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 6 a) LTPA establece como principio básico el de transparencia, “en cuya virtud toda información pública es en principio accesible y solo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la ley”. Esto supone, pues, que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así es, tal y como tuvimos oportunidad de declarar en la Resolución 42/2016, de 22 de junio, entre otras muchas, nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Tercero. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información dirigida a la Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Administración Publica e Interior, que versaba sobre diversa información de un puesto de trabajo en la Consejería de Educación adjudicado en el Concurso de Méritos convocado en el 2016, siendo dicha solicitud derivada a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte al considerarse como el órgano competente para resolver. La Dirección General resolvió concediendo un acceso parcial, tal y como se recoge en el antecedente segundo ut supra y derivando a su vez, parte de la solicitud de información nuevamente a la Consejería de Presidencia, Administración Publica e Interior, al no disponer de la información, comunicándolo al interesado. La ahora reclamante mostró su disconformidad con la respuesta recibida, presentando la reclamación de la que es objeto la presente resolución ante este Consejo. Cuarto. En lo que atañe a las pretensiones segunda y tercera de la ahora reclamante en la solicitud de información y reiteradas en la reclamación objeto de esta resolución: “Copia del documento referido en el punto Cuarto de la Resolución del Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se ejecuta la sentencia de 5 de junio de 2019 (…); Tercero: Copia del acta de que debió emitirse de acuerdo con el punto "Quinto.- Con fecha 8 de noviembre de 2019 el secretario de la comisión emite certificación en la que se determina que [nombre y apellidos de tercera persona], para el puesto código [nnnnn], Sección Plantillas Educación Secundaria, tiene un total de [nnnnn] puntos en el valor permanencia lo que determina un total de [nnnnn] puntos." de la Resolución citada en los expongo cuarto a sexto de este escrito, así como de cualquier otro documento que conste en el expediente en relación con la puntuación de [nnnnn] puntos (…)”, se indica lo siguiente. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, a la vista de los amplios términos en que se expresa el transcrito precepto, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Debemos añadir en el asunto que nos ocupa, que el órgano reclamado ha remitido a este Consejo el 17 de agosto de 2021, cierta información que resulta esclarecedora relativa a la solicitud planteada tanto en el informe como en la documentación adjunta. Sucede, sin embargo, que es a la propia persona solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 91/2019, FJ 4º; 432/2018, FJ 3º; 420/2018, FJ 2º; 381/2018, FJ 3º y 368/2018, FJ 2º). Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos al órgano reclamado a que directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida a este Consejo, y procedíamos a estimar, siquiera a efectos formales, la correspondiente reclamación. En consecuencia, la entidad reclamada a de ofrecer a la reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener y que no estuvieran relacionados con el objeto de la solicitud, según el artículo 15.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en adelante LTBG (número de documento nacional de identidad o de la seguridad social, teléfono, dirección particular, etc.). Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y, en el hipotético caso de que carezca total o parcialmente de la misma, deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona solicitante. Quinto. Respecto a las pretensiones de la reclamación consistentes: “[E]n el caso de que dichos documentos no existan, un certificado expedido desde la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en el que se refleje esta situación; (…) Se me explique la razón de las derivaciones de mi solicitud de información pública entre consejerías que no hacen otra cosa que dilatar el procedimiento y consumir los plazos, por si fuera pertinente emprender otro tipo de acciones (…)”, a la vista del concepto de información publica, es indudable que las pretensiones del reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito art. 2 a) LTPA-, sino que éste adopte una específica actuación por parte de la entidad reclamada (certificar y explicar). Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA. En efecto, con la misma no se pretende tener acceso a una determinada documentación o a un concreto contenido que previamente obre en poder de la entidad reclamada, sino que se realice unas actuaciones por parte del órgano reclamado. Por consiguiente, este Consejo no puede sino declarar la inadmisión de estas pretensiones. Sexto. En lo que atañe a la respuesta de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, comunicando a la persona interesada que al no ser de su competencia, ha trasladado la solicitud a la Consejería de la Presidencia Administración Pública e Interior. Consta en el expediente el mencionado escrito de remisión. Nos hallamos ante un supuesto al que resultan de aplicación las reglas de tramitación previstas en el artículo 19 apartados 1 y 4 de la LTBG. De conformidad con el apartado primero de dicho artículo, en el caso de que la solicitud se refiera “a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. Bajo estas reglas, la Consejería de la Presidencia Administración Pública e Interior será la que debe ofrecer la respuesta a la pretensión en cuestión de la solicitud de información anteriormente transcrita, por lo que la Consejería reclamada procedió acorde a lo previsto en el citado artículo 19.1 LTBG al haber remitido la solicitud de información a dicho órgano. Como es obvio, la resolución expresa o presunta del órgano competente que recaiga sobre la solicitud podrá ser objeto, en su caso, de reclamación ante este Consejo. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación presentada por XXX contra la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por denegación de información publica. Segundo. Inadmitir la pretensión contenida en el Fundamento Jurídico Quinto. Tercero. Instar a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, a que, en el plazo de diez días desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, realice las actuaciones previstas en el Fundamento Jurídico Cuarto. Cuarto. Instar a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.