Inadmisión por extemporaneidad de reclamación sobre acceso a información sobre temporalidad de personal en el Ayuntamiento de Marbella

RESOLUCIÓN 172/2022, de 8 de marzo Artículos: 33 LTPA; 24.2 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por SEPMA SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE MÁLAGA, representado por XXX, contra el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), por denegación de información pública. Reclamación: 452/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. La entidad interesada presentó, el 20 de abril de 2021, la siguiente solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Marbella (Málaga): "PETICIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. “1.- ¿Cuántos procedimientos se han iniciado para comprobar las relaciones temporales de los empleados públicos, a efectos de determinar si son sucesivas y, en tal caso, si responden a razones que las justifiquen o, por el contrario, han de calificarse como abusivas para, en tal caso, eliminar esta infracción a la Directiva 1999/70/CE? “2.- ¿Qué criterios se aplican para considerar que una utilización de contratos / nombramientos temporales es sucesiva? “3.- ¿Cuántos procedimientos se han iniciado para comprobar las relaciones temporales de los empleados públicos, a efectos de determinar la concurrencia de las precisas circunstancias legales que justifican la celebración y/o renovación y/o cese de la relación laboral de duración determinada para, en caso de que no sea así, eliminar esta infracción a la norma nacional? “4.- ¿Qué criterios se aplican para considerar que la celebración y/o renovación y/o cese de los nombramientos / contratos temporales se cumplen las precisas circunstancias legales que los justifican? “5.- ¿Cuántos de todos estos procedimientos han concluido con una sanción al empleador público? ¿Qué sanciones se han aplicado? ¿Qué comprobación se está haciendo de que dichas sanciones son proporcionadas, efectivas y disuasorias, como ordena el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en numerosas sentencias? “6.- Si no hubiera datos para estas cuestiones, ¿por qué no se han requerido a los efectos cumplir y hacer cumplir la norma de la Unión Europea y la norma nacional y autonómica aplicables?”. Segundo. El 18 de julio de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación de la entidad interesada ante la respuesta recibida a la solicitud de información: “En fecha 20/04/2021 requerimos al Ayuntamiento de Marbella una serie de preguntas para el Concejal de Recursos Humanos, a través del registro de documentos, relacionadas con el criterio que utiliza el Ayuntamiento para considerar como sucesivas las diversas renovaciones contractuales que se realizan, ya que nuestra Administración tiene alrededor de un 70% de temporalidad en la ocupación de plazas estructurales, como la propia Corporación ha reconocido en 2008, a través del Plan de Ordenación de Recursos Humanos y en 2015, con la integración del personal de agencias locales. “Nuestra sorpresa es que inadmiten varias preguntas con base, según el Ayuntamiento, en la propia Resolución 76/2017, de 5 de junio, que a nuestro juicio no reúne los requisitos esgrimidos por la propia Administración porque en ningún caso se está pidiendo la elaboración de un Informe Jurídico o reelaboración de la información, como esgrime la Administración, ya que acudiendo al criterio interpretativo CI/007/2015, de 12 de noviembre de 2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que parte de la literalidad de esta palabra y de su definición según la Real Academia de la Lengua: «volver a elaborar algo». Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. “El Consejo de Transparencia señala que «si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como ‘derecho a la información’». “Sigue diciendo que: Debe entenderse por reelaboración cuando: debe elaborarse expresamente para dar una respuesta haciendo uso de diversas fuentes de información, o bien, cuando la entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. “Y concluye diciendo que «el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: “a. Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, “b. Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada». “Anudaremos a ello lo regulado en el artículo 30.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LA LEY 10381/2014), al determinar que no puede entenderse por reelaboración de la información cuando se obtiene mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. “Así, de todo lo hasta aquí esbozado, consideramos poder concluir sobre la no concurrencia de causa de inadmisión para atender a la petición efectuada, pues el acceso a la información solicitada en materia de personal no requeriría de una actividad de reelaboración, sin que pueda servir como argumento que la corporación carece de la información y ha de ser remitida por un tercero entendemos que fruto de una relación contractual -, pues dicha transmisión no supone proceso de reelaboración alguno. “SOLICITA “Tener por presentando la presente reclamación contra el Ayuntamiento de Marbella y dictar resolución ajustada a las normas vigentes en materia de Transparencia y Buen Gobierno”. Tercero. Con fecha 28 de julio de 2021, el Consejo dirige a la entidad reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Cuarto. El 29 de julio de 2021 tuvo entrada en el Consejo alegaciones del Ayuntamiento reclamado y remisión del expediente, en el que consta acreditada la notificación de la resolución a la entidad con fecha 30 de abril de 2021. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 33 LTPA: “Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía… Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por su parte, el art. 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), dispone que “la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado...”. Consta en la documentación remitida por el Ayuntamiento la solicitud de información, de fecha 20 de abril de 2021, que se responde por el Ayuntamiento mediante Resolución número 2021/6217 de fecha 30 de abril de 2021, y se notifica a la entidad interesada el mismo día 30 de abril, recepción que ha resultado acreditada por el Ayuntamiento. No obstante, la reclamación no fue presentada hasta el 18 de julio de 2021, por lo que es claro que ha transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 24.2 LTAIBG para la interposición de la misma, procediendo consiguientemente su inadmisión a trámite. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente. RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por SEPMA SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE MÁLAGA, representado por XXX contra el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), por haberse presentado fuera de plazo, en los términos del Fundamento Jurídico Segundo.