Reclamación contra la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por denegación de acceso a un informe de auditoría

RESOLUCIÓN 188/2022, de 10 de marzo Artículos: 2 y 24 LTPA; 19.1 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por denegación de información pública Reclamación: 423/2021 Normativa y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) abreviaturas Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 26 de mayo de 2021, escrito dirigido a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, con el siguiente contenido literal, en lo que ahora interesa: “Por la presente, como [se cita cargo que ostenta] de la sección sindical XXX, se solicita el informe de resultados de la auditoria con n.º de expte. CONTR [nnnnn], con el objetivo de conocer la situación actual de la Agencia y los posibles escenarios ante los que se pueden encontrar las personas trabajadoras de dicha Agencia ante futuras actuaciones derivadas de las conclusiones recogidas en dicho documento". Segundo. El 9 de julio de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la ausencia de respuesta. Tercero. Con fecha 13 de julio de 2021, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 13 de julio de 2021 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. Cuarto. Con fecha 22 de julio de 2021, tuvo entrada en el Consejo escrito del órgano reclamado con el siguiente tenor literal, en lo que ahora interesa: “Con fecha 10 de julio de 2020, D. [nombre y apellidos del ahora reclamante] comunicó la constitución de la Sección Sindical de la XXX en Málaga, designando como [se cita cargo que ostenta] a D. [nombre y apellidos del ahora reclamante]. "Las últimas elecciones sindicales se celebraron en la Agencia el 9 de octubre de 2019, constituyéndose un Comité de Empresa en cada una de las provincias andaluzas, compuesto por las tres secciones sindicales COMISIONES OBRERAS (CCOO), UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) y UNIÓN INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (UITA) en función de los resultados obtenidos en el proceso electoral. La CGT no cuenta con representación en los Comités de Empresa. "Por otra parte, el número de efectivos laborales propios en la provincia de Málaga asciende a 86 personas trabajadoras. "En vista de lo cual, nos encontramos con un representante de los afiliados al sindicato en la provincia de Málaga, pero su designación carece de relevancia jurídica, sin que le asistan los derechos contenidos en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. "Respecto de la auditoría operativa llevada a cabo a esta Agencia no tenemos constancia de que se disponga del documento definitivo, en todo caso, la licitación de los servicios de auditoría se llevó a cabo por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, por lo que cualquier información al respecto debería solicitarse a esa Consejería (Doc. ...). "IV. En este mismo sentido, el Servicio remite Oficio de contestación al interesado, comunicándole que no se tiene constancia de que se dispusiera de un documento definitivo del informe de resultados de la auditoría con el nº de expediente CONTR [nnnnn],. En todo caso, se le indica que la licitación de los servicios de auditoría se había llevado a cabo por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, por lo que cualquier información al respecto debería solicitarse a esa Consejería (Doc. ...)". FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Efectivamente, tal y como tuvimos oportunidad de declarar ya en la Resolución 42/2016 y venimos desde entonces reiterando (así, por ejemplo, Resolución 451/2018, FJ 5º), nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los ‘contenidos o documentos’ que obren en poder de las Administraciones y ‘hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones’ [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración ―y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información― la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero). Tercero. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información dirigida a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, requiriendo “el informe de resultados de la auditoria con n.º de expte. CONTR [nnnnn],". Según define el art. 2 a) LTPA, se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Y no cabe albergar duda que la información solicitada podría ser incardinada en el concepto de “información pública” que ofrece el transcrito art. 2 LTPA. Cuarto. En el caso que nos ocupa, debemos entrar a conocer en primer lugar la alegación del órgano reclamado referido a que "nos encontramos con un representante de los afiliados al sindicato en la provincia de Málaga, pero su designación carece de relevancia jurídica, sin que le asistan los derechos contenidos en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical". No puede ser tenido en cuenta tal argumento de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por cuanto este Consejo ha venido admitiendo a trámite las reclamaciones presentadas por representantes sindicales ante solicitudes de acceso a la información que entendíamos que se fundamentaban, expresa o tácitamente, en la normativa de transparencia. O bien aquellas en las que si bien no se invocaba expresamente ningún régimen jurídico, podía deducirse la aplicación de la normativa de transparencia al constituir el régimen general de acceso a la información pública. Sin embargo, hemos venido inadmitiendo aquellas reclamaciones frente a solicitudes que se amparaban exclusivamente en derechos reconocidos en otros regímenes jurídicos, como el previsto en la normativa sindical o de prevención de riesgos laborales, ya que consideramos que este Consejo no tiene atribuidas competencias para analizar directamente el cumplimiento de otra normativa que no sea la de transparencia. En el caso en cuestión, el reclamante presentó su solicitud a través del modelo normalizado de solicitud de información pública de la Administración de la Junta de Andalucía y no invocó la normativa sindical para la petición, por lo que resultaba claro que se realizaba al amparo de la normativa de transparencia. El hecho de que la solicitante tenga la condición de Sección Sindical, con o sin representación en el órgano unitario de representación de los trabajadores, en nada impide el ejercicio del derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 105 CE y desarrollado por la LTAIBG y LTPA, que establecen una legitimación activa universal. Quinto. Por otro lado, se indica por el órgano reclamado en sus alegaciones que "la licitación de los servicios de auditoría se llevó a cabo por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, por lo que cualquier información al respecto debería solicitarse a esa Consejería" Pues bien, el artículo 19.1 LTAIBG prevé que "Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante". En el caso que nos ocupa, no se ha realizado tal comunicación. Y así lo reconoce expresamente el órgano reclamado, tanto en sus alegaciones como en su comunicación al ahora reclamante, al indicar que "no tenemos constancia de que se disponga del documento definitivo, en todo caso, la licitación de los servicios de auditoría se llevó a cabo por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, por lo que cualquier información al respecto debería solicitarse a esa Consejería". No puede este Consejo estar de acuerdo el proceder del órgano reclamado. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía debió remitir la solicitud al órgano que estimaba competente (que debemos entender que es la actual Consejería de Hacienda y Financiación Europea) y poner en conocimiento de la persona solicitante de información esta remisión, tal y como prevé el citado artículo 19.1 LTAIBG. Ello hubiese permitido que el órgano competente hubiera tramitado en tiempo y forma la solicitud y conocer a la persona ahora reclamante su situación, derecho que se ve conculcado por la falta de comunicación legalmente prevista, y que además hubiera permitido presentar la reclamación ante el órgano al que se derivó la solicitud de información. Así, pues, atendiendo a lo dispuesto en este precepto, procedería retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que el órgano reclamado debió comunicar a la persona solicitante la remisión de la solicitud de información a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, en aplicación de lo previsto artículo 19.1 LTAIBG, debiendo informar a la persona solicitante de esta circunstancia. Y tras lo cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía debería ordenar la retroacción del procedimiento en el plazo máximo de diez días desde la notificación de esta Resolución. Y el órgano que reciba la solicitud deberá resolver el procedimiento en el plazo máximo de resolución previsto en la normativa que le resulte de aplicación, contado a partir de la fecha de su recepción, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada del artículo 19.3 LTAIBG, en el caso que este procediera. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta en el plazo establecido, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Sexto. Sin embargo, este Consejo conoce que recientemente la Administración de la Junta de Andalucía ha publicado en su Portal las auditorías realizadas al sector público instrumental en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 (Se dará publicidad en el Portal de la Junta de Andalucía a los informes definitivos de las auditorías operativas de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el sector instrumental, previstos en la disposición adicional vigesimonovena de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019). Más concretamente, el informe de la Agencia AGAPA está disponible en este enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/agapa/estructura/transparencia/informacion- economica-presupuestaria/informes-auditoria.html Por tanto, y aunque este Consejo deba estimar la reclamación por considerar que existió un incumplimiento de la normativa de transparencia, en aras de la eficacia y eficiencia de los servicios públicos, el reclamante podrá acceder a la información solicitada directamente a través del citado enlace y se evitarían las actuaciones administrativas necesarias para la ejecución de la retroacción indicada anteriormente. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por denegación de información pública, por motivos formales.