Inadmisión de reclamación contra el Ayuntamiento de Atarfe por solicitud de certificación urbanística

RESOLUCIÓN 293/2022, de 8 de abril Artículos: 2 LTPA. Asunto: Reclamación interpuesta por Coliseum Nevada S.L. (en adelante, la persona reclamante), representada por XXX, contra el Ayuntamiento de Atarfe (Granada) (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 599/2021 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (en adelante, LISTA) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2021 la persona reclamante interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Sobre la reclamación presentada La reclamación presentada indica expresamente: “El Excm. Ayuntamiento de Atarfe mediante Resolución 238/2005 procedió a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de los Sectores Residenciales SR [nnnnn] de las NNSS de Atarfe, el sistema de actuación recogido por el ayuntamiento fue el de cooperación mediante acuerdo plenario de fecha 26/03/200 [sic], encomendándose la gestión para su desarrollo a su empresa municipal «Proyecto Atarfe S.A.» en acuerdo plenario de fecha 30/7/2002. “En fecha 1/6/2004 se firmó contrato de obra a precio cerrado para desarrollar el proyecto técnico y para la proyección y ejecución de la infraestructura del sector SR [nnnnn] entre Proyecto Atarfe S.A. y la empresa adjudicataria Construcciones Martín Bruque SL, valorándose en 2.851.099,96 € mas IVA. “Las obras de ejecución, fueron paralizadas por orden de la empresa municipal Proyecto Atarfe S.A. continuando paralizadas a fecha de hoy, sin conocer los propietarios los motivos que motivaron la paralización. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “Como propietario de fincas del SR [nnnnn], que estando afectado por las actuaciones y decisiones que toma la empresa municipal como son: Proyecto Atarfe S.A. ha modificado 5 o 6 veces al alza el presupuesto para la ejecución de la urbanización del SR [nnnnn], cuando existía un contrato de obra a precio cerrado. “Proyecto Atarfe S.A. dio la orden de paralización de los trabajos de urbanización a Construcciones Martín Bruque SL sin dar explicación alguna a los propietarios. “Proyecto Atarfe S.A. incluye en los gastos de urbanización del SR [nnnnn] gastos de obra realizadas fuera del ámbito del mencionado sector, dando lugar con las decisiones tomadas a que sean asumidos dichos gastos por parte de los propietarios, desvirtuando la equidistribución resultante de la reparcelación, produciendo indefensión y un grave perjuicio económico a los propietarios. “Debido a los hechos relatados, esta parte solicitó sin haber recibido lo solicitado, mediante instancia presentada ante el registro general del Ayuntamiento de Atarfe y con número de entrada 2021[nnnnn] «[c]ertificación sobre las condiciones urbanísticas que tienen las parcelas [nnnnn] del sector residencial SR[nnnnn] donde quede recogida la edificabilidad bruta de las parcelas mencionadas y la densidad de viviendas asignadas», al entender que la ley lo ampara en su condición de administrado además de sentirse perjudicado por desconocimiento absoluto de las decisiones adoptadas por la empresa municipal y sus posibles repercusiones”. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 13 de octubre de 2021 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 8 de octubre de 2021 se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 8 de octubre de 2021 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. A fecha de esta Resolución, no se ha recibido respuesta de la entidad reclamada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 22 de abril de 2021 y la reclamación fue presentada el 5 de octubre de 2021. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. La persona reclamante solicitó: "[c]ertificación sobre las condiciones urbanísticas que tienen las parcelas [nnnnn] del sector residencial SR [nnnnn] donde quede recogida la edificabilidad bruta de las parcelas mencionadas y la densidad de viviendas asignadas”. En la presente reclamación concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, a la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito art. 2 a) LTPA-, sino que esta realice una específica actuación (una certificación sobre las condiciones urbanísticas que tienen las parcelas [nnnnn] del sector residencial SR [nnnnn] donde quede recogida la edificabilidad bruta de las parcelas mencionadas y la densidad de viviendas asignadas). Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación. 2. Este Consejo debe realizar una apreciación en la respuesta ofrecida. A la vista de la petición realizada ("[c]ertificación sobre las condiciones urbanísticas que tienen las parcelas .... donde quede recogida la edificabilidad bruta de las parcelas mencionadas y la densidad de viviendas asignadas), y de las circunstancias descritas en la reclamación y que explican su petición, hemos entendido que lo solicitado exigía que la entidad reclamada realizara una concreta actuación como es la de certificar unos determinados hechos (las condiciones urbanísticas de unas determinadas parcelas) y que dicha certificación contenga determinada información (la edificabilidad bruta de las parcelas y la densidad de viviendas asignadas). Esta petición parece encuadrarse en el derecho reconocido en el artículo 10.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (en adelante, LISTA), que establece que "Lo expuesto, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a solicitar de la Administración competente información telemática o, en su defecto, cédula o informe escrito sobre su situación urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estén afectas sus fincas". Este derecho, que excede del derecho a la información pública reconocido en la normativa de transparencia, se diferencia del derecho reconocido en el artículo 10.1 b) LISTA que define como "A ser informados por la Administración Pública competente sobre el régimen territorial y urbanístico aplicable y demás circunstancias territoriales y urbanísticas de un terreno, parcela, solar o edificio determinado en la forma que se establezca reglamentariamente", que a falta de previsión reglamentaria, puede subsumirse en el derecho de acceso a la información pública contenido en la normativa de transparencia. Precisamente, el derecho a la obtención de informe o cédula se regula como diferenciado de este derecho general a la información urbanística, lo que entendemos justifica la diferenciación de regímenes y por tanto la decisión adoptada. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Por ello, la persona reclamante podrá solicitar información sobre la situación territorial o urbanística que obre en poder de la entidad reclamada si la misma tiene la consideración de información pública según el artículo 2 a) LTPA y no resulta de aplicación alguna causa de inadmisión o límite, pero sin solicitar la certificación de unos determinados hechos o situaciones jurídicas. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la reclamación por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA.