Reclamación por denegación de información pública contra la Universidad de Huelva resuelta por terminación del procedimiento al entregarse la documentación

RESOLUCIÓN 319/2022, de 21 de abril Artículos: 24 LTPA; 24 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra la Universidad de Huelva (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información publica. Reclamación: 739/2021 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2020, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 19 de noviembre 2021 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Se solicita información contenida en el expediente concluso y archivado n.º SE/05/2020, con la petición expresa de acceso al documento correspondiente de la relación de componentes del equipo de trabajo que la empresa adjudicataria Montero-Aramburu S.L.U. tiene adscrito al cumplimiento de este contrato, conforme exige el punto 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, y que expresamente se indican en su oferta según consta en el informe de la Secretaría General de la UHU ” 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. 3. La entidad reclamada contestó informó a la persona reclamante el 12 de enero 2022 lo siguiente: “En relación a su escrito de fecha 10/01/2022, relativo a la solicitud de información presentada en esta Universidad por DON [nombre y apellido reclamante] relativa al expediente SE/05/2020, relativo al contrato de servicios de asesoría y defensa jurídica de la Universidad de Huelva, se pone en su conocimiento que con fecha 10 de enero 2022 y de conformidad con lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, se ha concedido trámite de alegaciones por el plazo de 15 días hábiles a la entidad Moreno-Aramburu S.L.U. en su condición de tercero afectado por la solicitud en cuestión, se acompaña resolución rectoral al efecto.- Asimismo, se ha remitido escrito al solicitante poniéndose en su conocimiento la concesión de este trámite de alegaciones” Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 10 de enero de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. 2. El 12 de enero de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo. Entre la documentación remitida, se incluye la respuesta ofrecida a la persona solicitante el día 13 de enero 2022 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “En respuesta y cumplimiento a su escrito de fecha 10 de enero 2022, en relación con el expediente de referencia, en el que en virtud del articulo 33.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y de 24.3 de la Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, nos solicita por medio del presente escrito ponemos en su conocimiento que: I. Que mediante solicitud de fecha 19 de noviembre 2021 el Sr. D.[nombre y apellido de persona reclamante] , solicitó copia del siguiente documento: 1. Documento correspondiente a la relación de componentes del equipo de trabajo que la empresa adjudicataria Montero-Aramburu S.L.U. tiene adscrito al cumplimiento de este contrato, conforme exige el punto 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, y que expresamente se indican en su oferta según consta en el informe de la Secretaría General de la UHU referido anteriormente (17 personas disponibles y 9 especialistas en Derecho Administrativo). II. Que de dicha solicitud se dio traslado, como le fue comunicado al interesado y al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, a MONTERO ARAMBURU S.L.P, como tercero afectado por dicha solicitud (ex.art.19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno). III. Que, con fecha 18 de enero 2022, se ha recibido escrito de alegaciones presentado por dicha entidad que se acompaña como DOCUMENTO 1. En las mismas la entidad no se opone a la solicitud de información planteada. La empresa Montero-Aramburu en el trámite de alegaciones concedido como tercero afectado en el procedimiento no muestra oposición a la solicitud de información formulada, ya que la documentación solicitada es pública y consultable, bien en el perfil del contratante de la Universidad, bien en la pagina corporativa de despacho profesional. IV. Que con fecha 19 de enero de enero 2022, se ha resuelto la solicitud de transparencia a favor del XXX en los siguientes términos “resuelve favorablemente su solicitud de acceso a la documentación requerida, y, en consecuencia se le remite la siguiente documentación solicitada 3. El 24 de enero de 2022 la entidad reclamada remite oficio a este Consejo en el consta la acreditación de la notificación de la puesta a disposición de la información el día 20 de enero de 2022. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. f) LTPA, al ser la entidad reclamada una Universidad Pública de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 19 de noviembre de 2021 y la reclamación fue presentada el 23 de diciembre de 2021. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC.. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo no puede por menos que declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto, tras el análisis del contenido de la información puesta a disposición, al considerar que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento.