Reclamación por denegación de información pública sobre el expediente de obras en el CPIFP XXX resuelta como estimación parcial

RESOLUCIÓN 334/2022, de 27 de abril Artículos: 2 a) y 24 LTPA; 12 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra la Agencia Pública Andaluza de Educación (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 379/2021 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 9 de junio de 2021, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 9 de marzo de 2021, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “SOLICITUD DEL EJERCICIO AL DERECHO DE ACCESO Y A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PUBLICA SOBRE el "CPIFP XXX". Asunto: COPIA INTEGRA/COMPLETA DEL Nº DE EXPEDIENTE: 00165/ISE/2015/GR 1. Solicitud, motivación, argumentación de la Dirección del centro educativo o persona responsable y/o competente: Para darse las obras, reparaciones, reformas.... 2. Solicitud y autorización del "Ayuntamiento de Granada" sobre las licencias, permisos y autorizaciones de dichas obras. Con sus registros de entrada/salida y pago de tasas. 3. Solicitud, autorización e informe de los responsables de la Consejería/Delegación de INDUSTRIA, sus licencias, permisos y autorizaciones de dichas obras. O cuanto corresponda en cumplimiento de .la normativa vigente. Junto con sus registros de entrada/salida y pago de tasas. 4. COPIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y/O MEMORIA DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EL CPIFP XXX DE GRANADA". 5. Facturas, comprobante de las transferencias, Sin renuncia expresa a cuantas otros documentos e información pública conste en dicho/os” 2. La entidad reclamada contestó la petición el 7 de junio de 2021 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Conceder el acceso a la información, adjuntando la documentación relativa al expediente 00165/ISE/2015/GR , de contratación de “OBRA MENOR DE MODIFICACIÓN INSTALACIONES VARIAS EN EL CPIFP XXX EN GRANADA”. Hay que indicar que no existe proyecto, al tratase de un contrato menor de obras. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “Que en el día de hoy tuve conocimiento de la resolución ESTIMADA INTEGRAMENTE (CSV: ...) -DOC. ADJUNTO Nº 2-, pero carece de documentos e información pública, que en cumplimiento de diferentes leyes y normas, se puede deducir que está muy INCOMPLETA la documentación facilitada (CSV: ...) -DOC. ADJUNTO Nº 3- que consta de 14 páginas. Dejando a mejor valoración, calificación, investigación, amparo y tutela, por ustedes como órgano independiente y responsable. Pero se deduce que sólo por el número de páginas (las que remiten) que constan en dicho expediente, estar muy incompleto, carente de legalidad y legitimidad. Que entre otras se echa en falta: Solicitud por parte del/los responsables del Centro Educativo Púbico, para acometer dichas obras. Junto a su motivación, argumentación, etc.. Registro de entrada/salida…. Proyecto técnico, dirección facultativa, coordinador de seguridad y salud, Licencia municipal de obras, ICIO, sus correspondientes pagos y comprobantes, registro de entrada/salida…. Inscripción de la instalación en la Delegación de Industria. Comunicación a la delegación de trabajo de apertura de centro de trabajo por parte del contratista. La factura y la certificación (junto con el desglose). Que esta última debe venir firmada por la dirección facultativa y con el visto bueno el técnico de la administración. Al tratarse de una obra, y según el “RD 1627/97”; copia del estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, copia del contrato entre la agencia y el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. Copia de la memoria técnica o proyecto firmado por técnico competente con indicación de la titulación, Nombre, profesión… del autor del proyecto o memoria técnica, colegio oficial al que pertenece y copia de las primeras páginas y ultimas de los libros de ordenes e incidencias.” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 16 de junio de 2021 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 17 de junio de 2021 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 8 de julio de 2021 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, al que se adjunta el expediente y se realizan las siguientes alegaciones, en lo que ahora interesa: “Tal como se traslado al solicitante en la Resolución de 06/05/2021 de la Dirección General de la Agencia, no es posible facilitar la documentación solicitada sobre el expediente de contratación del servicio de redacción de proyecto dado que, al tratarse de un contrato menor de obras, no se elaboró tal proyecto, sino un presupuesto. Dicho presupuesto, junto con el documento de aprobación del mismo, fue entregado al reclamante ¡unto con la mencionada Resolución. Recordamos aquí los artículos que regulan los contratos menores en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor en el momento de contratación de la obra objeto de la solicitud (año 2015): [se transcriben artículos 111 y 138 LCSP] En el caso concreto de la obra de “MODlFlCAClÓN DE lNSTALAClONES VARIAS” llevada a cabo en el CPlFP XXX de Granada, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios al ser la potencia de la instalación menor de 70kw no es preceptivo proyecto técnico. En cuanto al documento de "Solicitud, motivación, argumentación de la Dirección del centro educativo o persona responsable y/o competente: Para darse las obras, reparaciones, reformas..,.", junto con la Resolución se proporcionó al reclamante el Programa de Necesidades, en el que esta recogida la justificación de la necesidad de las obras, No obstante, aportamos también ahora oficio de 03/11/2014 de la Delegación Territorial de Educación en Granada por el que se trasladaba escrito del centro educativo en el que señalaba el problema de depresión existente en las cocinas. En lo que respecta a los documentos referidos a licencias, permisos y autorizaciones, se han aportado aquellos que forman parte del expediente de dicha obra y que obran en poder de esta Agencia Por último, se ha proporcionado la factura solicitada. Hay que indicar que en el punto lll de la reclamación, el reclamante afirma "echar en falta" en la Resolución de 06/05/2021 documentos que, en realidad, no se hallaban recogidos en la solicitud original que ha dado lugar a la reclamación. La mayor parte de ellos, ademas, son referentes al servicio de redacción de proyecto y direcciones facultativas, que, como ya se ha explicado y se indicaba en dicha Resolución, no existe, a no ser preceptivo por tratarse de una obra menor. Por último, esta Agencia quiere manifestar su rechazo a la afirmación realizada en la reclamación de que por parte de la misma se haya realizado, en la tramitación de esta solicitud, una prórroga "injusta, abusiva e innecesaria", pues la misma se llevo a cabo respetando lo previsto en el articulo 32 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. c) LTPA, al ser la entidad reclamada una agencia dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 7 de junio de 2021, y la reclamación fue presentada el 9 de junio de 2021, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La petición de información objeto de esta reclamación fue la siguiente: “SOLICITUD DEL EJERCICIO AL DERECHO DE ACCESO Y A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PUBLICA SOBRE el "CPIFP XXX". Asunto: COPIA INTEGRA/COMPLETA DEL Nº DE EXPEDIENTE: 00165/ISE/2015/GR 1. Solicitud, motivación, argumentación de la Dirección del centro educativo o persona responsable y/o competente: Para darse las obras, reparaciones, reformas.... 2. Solicitud y autorización del "Ayuntamiento de Granada" sobre las licencias, permisos y autorizaciones de dichas obras. Con sus registros de entrada/salida y pago de tasas. 3. Solicitud, autorización e informe de los responsables de la Consejería/Delegación de INDUSTRIA, sus licencias, permisos y autorizaciones de dichas obras. O cuanto corresponda en cumplimiento de .la normativa vigente. Junto con sus registros de entrada/salida y pago de tasas. 4. COPIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y/O MEMORIA DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EL CPIFP XXX DE GRANADA". 5. Facturas, comprobante de las transferencias, Sin renuncia expresa a cuantas otros documentos e información pública conste en dicho/os” La entidad reclamada respondió la petición poniendo a disposición de la persona reclamante la documentación que obraba en el expediente 00165/ISE/2015/GR e informando de la inexistencia de proyecto al tratarse de un contrato de obra menor. La persona solicitante expresa en la reclamación su discrepancia respecto a la información remitida, al considerar que debe constar en el expediente otra documentación. 2. Tal y como se indicó en la respuesta ofrecida, la entidad reclamada remitió la documentación que obrara en el expediente requerido, informando por otra parte de la inexistencia de proyecto al tratarse de un contrato de obra menor. En fase de alegaciones ha reiterado la inexistencia de la información solicitada, sin que este Consejo disponga de otros elementos de juicio que puedan cuestionar la veracidad de la respuesta ofrecida. Y es que a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma (así, por ejemplo, Resoluciones 84/2016, FJ 2º; 101/2016, FJ 3º, 107/2016, FJ 3º y 115/2016, FJ 5º). Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” Procedería por tanto desestimar la reclamación al haber ya puesto a disposición de la persona reclamante la información que obrara en su poder. 3. Sin embargo, en las alegaciones presentadas, la entidad reclamada remite a este organismo un documento (“oficio del 3/11/2014 de la Delegación Territorial de Educación en Granada”), que si bien puede que no estuviera contenido en el expediente de contratación, lo cual podría responder a la falta de entrega en la respuesta inicial, sí podría responder a la petición de información y por lo tanto debería haber sido puesta a disposición de la persona reclamante. Sucede, sin embargo, que es a la propia persona solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 91/2019, FJ 4º; 432/2018, FJ 3º; 420/2018, FJ 2º; 381/2018, FJ 3º y 368/2018, FJ 2º). Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos a la entidad reclamada a que directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida a este Consejo, y procedíamos a estimar, siquiera a efectos formales, la correspondiente reclamación. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que, contenida en los documentos de avisos, quejas o sugerencias o sus respuestas, permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que la supresión de parte de la información en alguno de los documentos no impidiera la identificación de la persona, la entidad reclamada no los pondrá a disposición del solicitante. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídico Cuarto, tercer apartado, y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Desestimar la Reclamación en lo referente a la petición contenida en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado segundo. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.