Reclamación contra el Ayuntamiento de Castril por denegación de acceso a información contable, facturas y datos laborales

RESOLUCIÓN 354/2022, de 9 de mayo Artículos: 2 y 24 LTPA; 18.1. e) y 19.3 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), , contra el Ayuntamiento de Castril (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 602/2021 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2021, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 4 de junio de 2021 (registro de entrada 900), ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: ““1º. Información contable del estado de ingresos y gastos de las siguientes cuentas del Ayuntamiento de Castril: [número de cuenta de Caja Rural y número de cuenta de Bankia]. “2º. Facturas pagadas a [nombre de tercera persona]. “3º. Facturas de la compra de nebulizadores térmicos, pulverizadores hidrostáticos, atomizadores portátiles de última generación, líquidos desinfectantes, mascarillas, test COVID-19 y demás material vinculado a la lucha contra el COVID 19. “4º. Pagos realizados a [nombre de tercera persona]. “5º. Facturas pagadas a don [nombre de tercera persona]. “6º. Facturas pagadas a [nombre de tercera persona] de 2011 a 2020. “7º. Facturas pagadas a [nombre de tercera persona]. “8º. Facturas pagadas a [nombre de tercera persona]. “9º. Facturas pagadas a [nombre de tercera persona]. “10º. Facturas pagadas a [nombre de tercera persona] de 2011 a 2021. “11º. Facturas pagadas a [nombre de tercera persona] de 2011 a 2021. “12º. Facturas pagadas a [nombre de tercera persona] empresa de publicidad de 2011 a 2021. “13º. Facturas pagadas a don [nombre de tercera persona] de 2011 a 2021. “14º. Facturas pagadas a la empresa [nombre de tercera persona] de 2011 a 2021. “15º. Facturas pagadas a la empresa [nombre de tercera persona] de 2011 al primer semestre de 2021. “16º. Contrato laboral y pagos realizados al empleado en la pasarela del río Castril don [nombre de tercera persona] en concepto de nóminas o gratificaciones por los servicios prestados en la venta de entradas y vigilancia de la pasarela del río Castril de 2019 al primer semestre 2021. “17º. Pagos realizados a don [nombre de tercera persona] de 2011 2020. “18º. Facturas pagadas a la empresa [nombre de tercera persona] de 2011 a 2020”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. 3. Los días 1, 7 y 9 de junio de 2021 la persona reclamante presentó otras cuatro solicitudes de información que serían posteriormente reclamadas por ausencia de respuesta. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 14 de octubre de 2021 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de igual fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. “I.- En el mes de junio de 2021, en concreto desde el día 1 de junio al día 9 de junio, el ex alcalde del Ayuntamiento de Castril, [nombre de la persona interesada], realiza una serie de solicitudes de información ante el Ayuntamiento de Castril amparándose en el derecho de acceso a la información pública (Ley 9/2013 y Ley 1/2014 y Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno de la Diputación de Granada). La información que se solicita al Ayuntamiento de Castril es la siguiente: [transcripción de las cinco solicitudes de información presentadas los días 1, 4, 7 y 9 de junio de 2021 con los números de registro de entrada 878, 900, 915, 916 y 931]. “II.- El artículo 18 de la Ley 19/2013 recoge como causas de inadmisión a trámite aquellas solicitudes de acceso a la información pública aquellas que «sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley». La totalidad de la información solicitada por [nombre de la persona interesada] constituye una conducta manifiestamente de abuso de derecho por cuanto en el plazo previsto para facilitar dicha información, esto es, veinte días, su localización resulta imposible. Téngase en cuenta que, en la mayoría de las peticiones de información realizadas, la información solicitada no se ciñe a documentos concretos, sino que se solicitan multitud de documentos emitidos durante un periodo de tiempo extenso, que abarcan desde el año 2011 al año 2021, DIEZ AÑOS. “Además, la atención de las reclamaciones de acceso a la información solicitada por el Sr. [nombre de la persona interesada] requiere su tratamiento y búsqueda de la misma por los servicios municipales que podrían encargarse de dicha tarea, lo que comporta la paralización de estos servicios para, única y exclusivamente, dicha tarea de búsqueda y el acopio de la información y documentos objeto de las solicitudes. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que Castril es un municipio de alrededor de 2.000 habitantes y que su Ayuntamiento, para realizar esta gestión concreta de búsqueda y acopio de la documentación solicitada, no cuenta con empleados que puedan ser reasignados a tareas de búsqueda de documentación. Dado que cada persona está asignado a una tarea o área específica en el Ayuntamiento, bien urbanismo, catastro, registro y atención al público ... , disponemos de tres personas para ello, además de otra para tareas de contabilidad administración, etc ... “III.- Entiende el Ayuntamiento que, de acuerdo con el Criterio 3/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, las solicitudes formuladas son abusivas debido a que, de ser atendidas, las solicitudes requieren «un tratamiento que obliga a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tiene encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos», por ello, la posible paralización del servicio público realizado por los empleados municipales, propende a la inadmisión de las solicitudes que ha efectuado [nombre de la persona interesada]. “En su virtud, “SOLICITO AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA [sic] DE ANDALUCÍA: tenga por presentado este escrito, su documentación adjunta, los admita, por aportada copia del expediente así como las presentes alegaciones”..).” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 4 de junio de 2021, y la reclamación fue presentada el 2 de octubre de 2021. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada a la solicitud de información. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede constituir un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG). A este respecto, debemos recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Cuarto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Quinto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La entidad reclamada alega que la solicitud presentada incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1. e) LTAIBG. Concretamente, argumenta que las peticiones que “La totalidad de la información solicitada por [nombre de la persona interesada] constituye una conducta manifiestamente de abuso de derecho por cuanto en el plazo previsto para facilitar dicha información, esto es, veinte días, su localización resulta imposible. Téngase en cuenta que, en la mayoría de las peticiones de información realizadas, la información solicitada no se ciñe a documentos concretos, sino que se solicitan multitud de documentos emitidos durante un periodo de tiempo extenso, que abarcan desde el año 2011 al año 2021”. Alega igualmente la necesidad de paralizar los servicios municipales para responder a esta y al resto de peticiones realizadas, por lo que entiende de aplicación la causa de inadmisión indicada e invoca el Criterio Interpretativo 3/2016, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Con carácter previo, debemos realizar dos precisiones. En primer lugar, tal y como venimos indicando en anteriores resoluciones, la invocación de las causas de inadmisión contenidas en el artículo 18 LTAIBG deben aplicarse por la entidad en la resolución del procedimiento de acceso a la información. La fase de alegaciones en la tramitación de la reclamación no es el momento procedimental oportuno para invocar estas causas de inadmisión, ya que priva a la persona solicitante del conocimiento de los argumentos que la motiva y que podrían haberle servido para fundamenta su reclamación. 2. Este Consejo se ha pronunciado sobre la aplicación de esta causa de inadmisión en reiteradas ocasiones. Esta doctrina ha tenido en consideración el contenido del Criterio Interpretativo 3/2016, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que requiere para la aplicación de esta causa dos circunstancias: a) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho. b) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. Seguidamente, el Criterio Interpretativo especifica que podrán entenderse como abusivas las solicitudes en las que se dé alguno de estos elementos: • Con carácter general, si puede incluirse en el concepto de abuso del derecho del artículo 7.2 del Código Civil. • Cuando de atenderse, requeriría un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. • Cuando suponga un riesgo para los derechos de tercera personas. • Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Igualmente, el Criterio considera que la solicitud estará justificada con la finalidad de la Ley cuando se fundamenta en el interés legítimo de: • Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos. • Conocer cómo se toman las decisiones públicas. • Conocer cómo se manejan los fondos públicos. • Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Este Consejo ha aplicado el contenido de este Criterio Interpretativo en las solicitudes de información muy compleja o voluminosa (Resoluciones 181/2018, 60/2019 y 358/2019). Incluso ha publicado una respuesta a una consulta en la que se analiza la aplicación de esta causa de inadmisión para este caso concreto ( Consulta 2/2022, de 18 de enero). Partiendo del carácter excepcional que tiene la consideración de una solicitud como abusiva dada la regla general del libre acceso a la información pública, la consideración como abusiva en los supuestos de peticiones de información voluminosa o difíciles se sujeta a la observancia de los siguientes requisitos. En primer lugar, recae sobre el sujeto al que se dirige la solicitud la tarea de argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que le supone atender a la petición en cuestión. Esto es, el sujeto debe motivar explícitamente la cantidad desproporcionada de examen e investigación requerida para afrontar la solicitud que, además, debe fundamentarse en datos objetivos. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, ha de ser tomados en consideración el número y naturaleza de los documentos objeto de la petición; la complejidad y dedicación para un adecuado examen de los mismos; o el periodo de tiempo al que se extiende la solicitud, pues la pretensión de abarcar un elevado número de años puede hacer irrazonable una petición que, aisladamente considerada, resultaría plenamente atendible sin mermar el regular funcionamiento de la institución. Y en segundo término, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 b) LTPA, antes de acordar sin más la inadmisión a limine de la solicitud la Administración ha de agotar la vía de la colaboración para dar ocasión a la persona interesada a que acote en términos razonables su petición inicial, armonizándose así en la medida de lo posible la pretensión del solicitante con el normal desenvolvimiento de la actividad propia del órgano interpelado. Tal y como indicábamos en la Consulta 1/2022: “La aplicación de esta doctrina requiere por tanto un análisis individualizado de las circunstancias y antecedentes de cada caso, por lo que no es posible una respuesta apriorística sin conocer esa información. En todo caso, y sin poder establecer una listado cerrado, algunas de las circunstancias que deberían analizarse para la consideración de la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1. e) LTAIBG serían: • Las actuaciones del órgano o entidad dirigidas a armonizar el ejercicio del derecho de acceso con el norma desenvolvimiento del servicio público, como por ejemplo los requerimientos de subsanación; las solicitudes de mejoras; las respuestas a peticiones incluidas en la solicitud que no sean complejas; las respuestas parciales a las peticiones; etc. • La acreditación del carácter irrazonable de la carga de trabajo que supondría atender la solicitud, como por ejemplo el volumen o complejidad de la información solicitada en relación con los medios disponibles; las dificultades técnicas, organizativas o presupuestarias para la puesta a disposición de la información; la cuantificación de la carga de trabajo; etc.” 3. La aplicación de esta doctrina impide que podamos considerar que la solicitud presentada pueda calificarse como abusiva, por los motivos que se indican a continuación. En primer lugar, porque la entidad reclamada no ha realizado ninguna actuación encaminada a armonizar el ejercicio del derecho de acceso con la prestación ordinaria de los servicios públicos. La entidad no respondió a la petición de información presentada el 4 de junio -ni al resto de peticiones que invoca como argumento añadido para la aplicación de la causa de inadmisión-, ni realizó ninguna actividad tendente a satisfacer, al menos parcialmente, el derecho de la persona reclamante. Y en segundo lugar, porque aunque la solicitud, que incluye un total de 18 peticiones, parecería que podría justificar la causa de inadmisión invocada, o incluso la contenida en el artículo 18.1. c) (acción previa de reelaboración), la entidad se ha limitado, ya en fase de alegaciones, a ofrecer datos sobre el reducido personal del Ayuntamiento y del amplio plazo del que se solicita información, pero no ha concretado las tareas y la carga de trabajo que supondría la búsqueda y localización de la información. Y es que debemos tener en cuenta que de las 18 peticiones, 16 eran de facturas o pagos abonados a determinados contratistas de la entidad, información que debe constar en los sistemas informáticos de contabilidad de la entidad y que podrían estar accesibles con una simple búsqueda sin que suponga una paralización de la actividad ordinaria del Ayuntamiento. La entidad no ha acreditado por tanto que la localización de la información requiera de tal carga de trabajo que suponga una paralización del servicio público, por más que, a la vista de la información, pudiera suponer una importante carga de trabajo, que en todo caso no ha quedado acreditada. No procede pues la aplicación de la causa de inadmisión invocada, y por tanto procede estimar la reclamación. La entidad reclamada deberá poner a disposición de la persona reclamante, sin perjuicio de lo indicado en el apartado siguiente y en el Fundamento Jurídico Sexto. 4. Debemos aclarar que si bien la entidad ha acumulado las alegaciones respecto a todas las solicitudes de información presentadas por la persona reclamante, no ha aclarado expresamente que la consideración de la abusividad derive de la presentación en fechas cercanas de las cinco solicitudes. Si a esto unimos que la entidad no respondió acumuladamente las peticiones invocando su abusividad conjunta, nos conducen a resolver individualizadamente las cinco reclamaciones presentadas. La abusividad por acumulación de solicitudes en un determinado período de tiempo ha sido analizada en otras resoluciones (Resolución 495/2021 y 664/2021, entre otras), si bien los supuestos de hecho eran diferentes al de esta reclamación. Así, en las citadas resoluciones la entidad reclamada respondió acumuladamente las numerosas solicitudes de información realizadas, inadmitiéndolas por abusivas. Por otra parte, las solicitudes individualizadas no justificaban la aplicación de la causa de inadmisión, sino que la abusividad derivaba de la acumulación de las diversas peticiones en un período de tiempo. 5. En cualquier caso, este Consejo debe realizar algunas precisiones sobre las concretas peticiones de información. Respecto a la información referente a las facturas, la entidad deberá poner a disposición de la persona reclamante la información correspondiente a los pagos abonados a los distintos contratistas que consten en sus sistemas o bases de datos de contabilidad, y que a su vez sean fácilmente extraíble con un tratamiento informatizado de uso corriente. De esta manera, la persona solicitante tendría acceso a la información solicitada y la entidad no tendrá que localizar los expedientes físicos en los que conste la factura en papel y la consiguiente labor de ocultación de datos personales no relacionados con la petición (DNI, dirección particular, etc.). La entidad deberá en su caso justificar que la información a la que no se conceda el acceso no consta en los sistemas informáticos o que no es posible su fácil extracción. Respecto a la petición de información contable sobre el estado de ingresos y gastos de dos cuentas corrientes, la solicitud deberá entenderse hecha al estado en el momento de la petición. Si no fuera técnicamente posible, la entidad deberá ofrecer la información actual. 6. Y respecto a la petición relativa al contrato laboral y pagos realizados al empleado de la pasarela del río Castril, la entidad reclamada deberá retrotraer el procedimiento a la fase del trámite de alegaciones a terceras personas previsto en el artículo 19.3 LTAIBG. Efectivamente, el acceso a dicha información podría afectar a los derechos o intereses legítimos de dicho empleado, sin que este haya podido presentar alegaciones a esta petición. La entidad deberá retrotraer el procedimiento en el plazo máximo de diez días desde la notificación de esta Resolución, con base en el artículo 119.2 LPAC, al momento en que se conceda el citado trámite de alegaciones conforme al artículo 19.3 LTAIBG, y seguir la tramitación correspondiente hasta dictar resolución expresa. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Sexto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que, contenida en los documentos de avisos, quejas o sugerencias o sus respuestas, permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que la supresión de parte de la información en alguno de los documentos no impidiera la identificación de la persona, la entidad reclamada no los pondrá a disposición del solicitante. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación. La entidad reclamada deberá realizar las actuaciones contenidas en los Fundamentos Jurídicos Quinto y Sexto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.