Reclamación del Club Ciclista Los Dalton contra el Ayuntamiento de San Roque por denegación de acceso a información sobre responsables de planes de emergencia y complementos retributivos

RESOLUCIÓN 379/2022, de 17 de mayo Artículos: 2, 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por Club Ciclista Los Dalton (en adelante, la persona reclamante), representada por XXX, contra el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 743/2021 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Interposición de la reclamación. Mediante escrito presentado el 25 de diciembre de 2021, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 23 de noviembre de 2021 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Expone: “Tras obtener la información solicitada a este Ayuntamiento de San Roque, tras las Resoluciones 505/2021 y 607/2021, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos dictadas en los procedimientos de reclamaciones n.º 222/2020 y n.º 222/2020 respectivamente; encontramos incongruencias. Por un lado, en el Decreto 2021-3806, figura un Informe de la Señora Secretaria General, Doña [nombre de la persona Secretaria], en el que nos detalla que no figura en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, ni existen funciones asignadas el puesto o cargo de «Jefe de Unidad del mantenimiento de instalaciones deportivas municipales de la Delegación de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque». Incluso nos entregan con el Decreto, un presunto nombramiento realizado a Don [nombre de tercera persona] en el que no se le nombra ni detalla en ningún momento como Técnico. Mientras que junto al Decreto 2021-4440, nos han aportado «Planes de Emergencia / Seguridad / Autoprotección / Evacuación» firmados por Don [nombre de tercera persona] en 2018, 2019 Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. y 2020 en los que añade junto a la firma la palabra «técnico» o al final de los documentos añade «el técnico». “Solicita: “Acceso a la siguiente información: nombre, apellidos, cargo y/o puesto en el Ilustre Ayuntamiento de San Roque de las personas que han ordenado y/o solicitado a Don [nombre de tercera persona] que redacte y/o firme todos y cada uno de los «Planes de Emergencia / Seguridad / Autoprotección / Evacuación» en 2018, 2019 y 2020 que se detallan en el documento que adjuntamos. Entendiéndose por supuesto, que las personas que han ordenado y o solicitado a Don [nombre de tercera persona], redactar y/o firmar dichos documentos deben formar parte del Equipo de Gobierno, ser Funcionarios del Estado, Funcionarios de esta Administración Pública y o empleados municipales. Para facilitar la rápida localización de la información a este Ayuntamiento de San Roque, quien sí posee dicha información, detallamos todos los números de expediente, título de cada evento, el tipo de documento del que se trata y sus correspondientes fechas en las que están firmados. Solicitamos además, conocer si por la redacción y o firma de estos «Planes de Emergencia / Seguridad / Autoprotección / Evacuación», Don [nombre de tercera persona] ha cobrado algún tipo de complemento”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica: “El Ilustre Ayuntamiento de San Roque continúa con su modus operandi de realizarnos silencio administrativo a la inmensa mayoría de nuestra solicitudes de acceso a información pública, una situación que hemos expuesto a este Consejo de Transparencia de forma reiterada. En esta ocasión, la información solicitada es la siguiente: [contenido de la solicitud de información]. “Hacemos hincapié en que la información que solicitamos es crucial para conocer la existencia de irregularidades y creemos que no vulnera en absoluto la Ley de Protección de Datos, ya que el cargo, puesto, nombre y apellidos de la persona o personas que han ordenado a Don [nombre de tercera persona] redactar y o firmar dichos documentos, deben figurar en dicha Administración Pública con competencias asignadas para este fin. Adjuntamos además a este Consejo de Transparencia, informe firmado por la Secretaria General del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, que forma parte del Decreto 2021- 3806 y de los expedientes 2311/2020 y 5632/2020, donde detalla que no figura en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (RPT) ni tiene funciones encomendadas, Don [nombre de tercera persona]. Por lo tanto, entendemos que no podía redactar ni firmar ninguno de todos los documentos que obran en los listados adjuntados de 2018, 2019 y 2020. También hemos adjuntado, el presunto nombramiento que dispone Don [nombre de tercera persona], y es en la empresa EMADESA, quedando bastante claro que no es funcionario ni empleado del Ayuntamiento de San Roque; contradiciendo el título de «técnico» que figura junto a la firma de cada Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. documento y donde existe la duda más que razonable de si posee la formación y titulación exigida para ser Técnico”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 11 de enero de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación, requiriéndole expresamente diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.3 LTAIBG y concediera trámite de alegaciones a tercero. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 11 de enero de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 24 de enero de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información e informa, en lo que ahora interesa, lo siguiente: “[…]. “TERCERO.- Que el expediente de solicitud de derecho de acceso a la información se resolvió mediante Decreto de Alcaldía n.º 2.021-6207 de fecha 29/12/2.021, habiendo sido debidamente notificado al solicitante, con expresión de los recursos que podrían interponerse, habiéndose recibido dicha notificación por el solicitante en esta misma fecha 29/12/2.021, como así consta en el expediente administrativo. Nótese que la resolución de la solicitud de información es anterior a la fecha en la que se recibe la reclamación interpuesta ante el Consejo de Transparencia por denegación de información pública. “CUARTO.- En cuanto al trámite de alegaciones al que se refiere en su escrito, lo cierto es que este trámite no consta en el expediente administrativo de solicitud de derecho de acceso a la información pública. “Tras el análisis jurídico de la solicitud de información, se determinó que el mismo no era necesario por varias razones. Por una parte, el objeto de la petición de información relativa a «las personas que han ordenado y o solicitado a Don [nombre de tercera persona] que redacte y o firme todos y cada uno de los Planes de Emergencia / Seguridad / Autoprotección / Evacuación en 2018, 2019 y 2020» no afectaba al Sr. [nombre de tercera persona] sino a terceras personas. Por otra parte, en cuando a la petición de información relativa al cobro de algún tipo de complemento por parte del empleado municipal aludido, se determinó previa ponderación entre el interés público en la divulgación de la información y la protección de datos de carácter personal, que dicha solicitud de información debía denegarse. Visto lo anterior y en aras a agilizar la contestación de la solicitud de información, no se realizó dicho trámite”. 3. Consta en el expediente la acreditación de la notificación efectuada a la persona reclamante con fecha 29 de diciembre de 2021 del Decreto 2021/6207, de 29 de diciembre, cuyo tenor literal es el siguiente: “Visto el informe de Secretaría General de fecha 28/12/2.021 que literalmente establece: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “[…]. “En relación a la presente solicitud de información, es necesario hacer un análisis de cada una de las peticiones en ella contenidas: “1) En relación a la solicitud de información referida a «nombre, apellidos, cargo y o puesto en el Ilustre Ayuntamiento de San Roque de las personas que han ordenado y o solicitado a Don [nombre de tercera persona] que redacte y o firme todos y cada uno de los ‘Planes de Emergencia / Seguridad / Autoprotección / Evacuación’ en 2018, 2019 y 2020 …», informo lo siguiente: “El artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, define la información pública como «... los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». En estos mismos términos se define la información pública en el artículo 2.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. “Sin embargo, en el caso de la petición que nos ocupa, el interesado solicita la identificación del funcionario o cargo público que haya ordenado la incorporación al expediente de los documentos citados, que obran en su poder tras haberlos solicitado previamente a esta entidad. “La identificación de los funcionarios excede del concepto de información pública previsto en la legislación de transparencia, que se limita a los documentos o trámites que consten en el expediente. “En este sentido, hemos de citar la Resolución n.º 56/2021 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos que en su fundamento jurídico noveno establece que el acordar la identificación de los funcionarios o responsables de la tramitación de los expedientes administrativos «… no puede ser acogida, por cuanto que es una pretensión que resulta ajena a la noción de información pública, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder del Ayuntamiento reclamado … sino que se identifique a los responsables de la tramitación de procedimientos, cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA». “En consecuencia, procedería inadmitir por este motivo la solicitud de información relativa a «…nombre, apellidos, cargo y o puesto en el Ilustre Ayuntamiento de San Roque de las personas que han ordenado y o solicitado a…» por no tratarse de una información pública. “2) En relación a la solicitud de información referida a «...conocer si por la redacción y o firma de estos ‘Planes de Emergencia / Seguridad / Autoprotección / Evacuación’, Don [nombre de tercera persona] ha cobrado algún tipo de complemento» informo lo siguiente: “Respecto a los instrumentos de ordenación y con carácter general, el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Agencia de Protección de Datos, 1/2015 «Alcance de las obligaciones de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal en materia de acceso a la información Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. pública sobre sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), catálogos, plantillas orgánicas, etc. y las retribuciones de sus empleados o funcionarios» proclama su publicidad a reservas de la prevalencia de la protección de datos o la concurrencia de alguno de los límites del artículo 14 LTBG, fijándose distintos criterios, respecto a determinados datos retributivos, en función del puesto que los empleados públicos desempeñan dentro de la organización, estableciendo la ponderación entre transparencia y protección de datos, aunque referida al acceso individual a la información pública, disponiendo que se resolverá a favor de la primera en los siguientes supuestos: “- Personal eventual de asesoramiento y especial confianza. “- Personal directivo. “- Personal no directivo de libre designación. “La prevalencia del interés público sobre los derechos individuales es decreciente en función del nivel del empleado público. Información que, en todo caso, deberá ofrecerse en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de complementos retributivos. “Por tanto, en el caso de retribuciones vinculadas a la productividad o al rendimiento, se seguirá el criterio expresado respecto a la prevalencia del interés público, directamente proporcional con el desempeño de un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o cuya provisión se realice a través de un procedimiento basado en la discrecionalidad. “Además también, la Resolución 256/2021, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hace referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo número 3968/2019, de 6 de diciembre de 2019, en la que el alto tribunal resuelve un recurso de casación, sentando la siguiente doctrina: “«[…] CUARTO.- El juicio de la Sala. La estimación del recurso contencioso-administrativo […] El informe jurídico en que descansa la resolución impugnada y la contestación a la demanda alegan el apartado 3 de este artículo 15 y el «Criterio Interpretativo 1/2015 del mismo establecido conjuntamente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno --órgano creado por la propia Ley 19/2013-- y la Agencia Española de Protección de Datos sobre el Alcance de las obligaciones de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal en materia de acceso a la información pública sobre sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), catálogos, plantillas orgánicas, etc. ... y las retribuciones de sus empleados o funcionarios». “El apartado 3 del artículo 15 de la Ley 19/2013 dice en lo que nos importa:« dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. “Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. (…) “c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. “d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. (...)». “Vemos que la regla sigue siendo la de conceder el acceso salvo que la ponderación a la que se refiere imponga lo contrario. Si de aquí nos vamos al Criterio Identificativo [sic] 1/2015, en concreto a su apartado 2, que se ocupa de la «Información referida al puesto de trabajo desempeñado por uno o varios empleados o funcionarios públicos o a las retribuciones asignadas a uno o varios puestos de trabajo determinados, nos encontramos que, en su letra B) subapartado a), dice que con carácter general primará el interés público si el empleado público ocupa un puesto de especial confianza, es de alto nivel o se provee mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad. Luego, en el subapartado b) señala que se debería conceder «el acceso a la información sobre retribuciones correspondientes» al personal eventual de asesoramiento y especial confianza de los Ministros y Secretarios de Estado; (iii) al personal directivo; y (iv) al de libre designación. “Respecto de este último aclara que la prevalencia del interés público decrece en función del nivel jerárquico del empleado público. Considera que, en todo caso, existe en los puestos de nivel 30, 29 y 28, estos últimos de libre designación, o equivalentes. E insiste en que en ellos podría prevalecer ese interés público con carácter general en divulgar «la información relativa a las retribuciones de los puestos provistos con un grado de discrecionalidad sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal» y que «en los puestos inferiores prevalecería, con carácter general, el interés individual en la protección de los derechos fundamentales citados». […]. “Es menester reparar en que estos criterios y reglas apuntan, no al nuevo acceso a los datos personales identificativos de quienes desempeñaban o habían desempeñado en los años solicitados los puestos de trabajo en cuestión, sino a las retribuciones que percibían. (…)». “En el caso concreto, el empleado público sobre el que se solicita información no está incluido en ninguno de los grupos anteriormente mencionados (personal eventual, personal directivo o personal no directivo de libre designación), ni su puesto de trabajo se encuentra en los niveles 28, 29 o 30, por lo que en la ponderación entre el interés público en divulgar la información y la protección de los datos de carácter personal, prima esta última, por lo que la solicitud de información deberá ser denegada». “Visto lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “Por todo lo expuesto, ACUERDO: “PRIMERO.- Inadmitir la solicitud de información a la que se refiere el punto primero del informe transcrito en el cuerpo del presente Decreto por el motivo aducido en el mismo. “SEGUNDO.- Denegar la solicitud de información a la que se refiere el punto segundo del informe transcrito en el cuerpo del presente Decreto, por el motivo aducido en el mismo”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 23 de noviembre de 2021 y la reclamación fue presentada el 25 de diciembre de 2021. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. Con la solicitud de información que está en el origen de la presente reclamación, la persona reclamante pretendía obtener información acerca de la identidad y puesto de trabajo que ocupaban quienes habían “ordenado y/o solicitado” a un tercera persona “que redacte y/o firme todos y cada uno de los Planes de Emergencia / Seguridad / Autoprotección / Evacuación en 2018, 2019 y 2020 “. Para ello se incluía un listado de los planes (número de expediente, evento, documento y fecha) correspondiente a cada uno de los años requeridos, listados facilitados anteriormente por la persona reclamada. Además, se solicitaba “conocer si por la redacción y/o firma de estos planes” dicha tercera persona “ha cobrado algún tipo de complemento”. Pues bien, ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información se interpone la reclamación. Sin embargo, durante la tramitación de la misma la persona reclamada responde notificando el Decreto 2021/6207 por el que se acuerda no conceder la información solicitada. Analizamos a continuación la respuesta ofrecida a cada una de las pretensiones de la persona reclamante. 2. La primera pretensión (la identidad y el puesto de trabajo que ocupaban aquellos que habían ordenado y/o solicitado la redacción o firma de los Planes) se deniega fundamentándose en el concepto de información púbica de la normativa de transparencia. Entiende la entidad reclamada que “la identificación de los funcionarios excede del concepto de información pública previsto en la legislación de transparencia, que se limita a los documentos o trámites que consten en el expediente”. Y para ello argumenta lo establecido por ese Consejo en nuestra Resolución 56/2021, que en su FJ 9 inadmite análoga pretensión: “[…] respecto a la pretensión contenida en la primera de las solicitudes de información inicialmente presentadas, dirigida a que “se acuerde identificar a las autoridades y a los funcionarios responsables de la tramitación de los expedientes o procedimientos anteriormente indicados”, derecho que se reconoce a los interesados en el procedimiento administrativo en la letra b) del artículo 53.1 LPACAP, no puede ser acogida, por cuanto que es una pretensión que resulta ajena a la noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder del Ayuntamiento reclamado —como exige el transcrito art. 2 a) LTPA—, sino que se identifique a los responsables de la Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. tramitación de procedimientos, cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA”. No podemos estar de acuerdo con las argumentaciones esgrimidas por el Ayuntamiento reclamado. La Resolución citada se refiere a la identificación de “las autoridades y a los funcionarios responsables de la tramitación de los expedientes o procedimientos” como un derecho reconocido al interesado en el procedimiento administrativo (artículo 53.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No es el supuesto de la pretensión de la persona reclamante que consiste en conocer el “nombre, apellidos, cargo y/o puesto en el Ilustre Ayuntamiento de San Roque de las personas que han ordenado y/o solicitado a Don [nombre de tercera persona] que redacte y/o firme todos y cada uno de los Planes «Planes de Emergencia / Seguridad / Autoprotección / Evacuación» en 2018, 2019 y 2020”. Lo solicitado sí es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que en principio obrarían en poder del Ayuntamiento reclamado, sujeto a la LTAIBG y LTPA, y han sido elaborados o adquiridos por él en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Aunque se trata de un elevado número de Planes el que figura en los listados facilitados, los documentos por los que se han “ordenado o solicitado” la redacción o firma de los Planes podrían, en su caso, constar en la documentación de cada expediente y podría, a juicio de este Consejo, obtenerse, en su caso, con un tratamiento informatizado de uso corriente. En todo caso, el elevado número de planes de los que se solicita información podría dificultar las tareas de localización de la información y la necesidad de realizar una reelaboración de la información. Por ello, la entidad reclamada deberá proporcionar, en el caso de que exista, aquella información de la que disponga y que pueda obtener mediante tratamiento informatizado de uso corriente de los sistemas de gestión de la información del Ayuntamiento. Y en el supuesto de no le conste deberá comunicarlo así expresamente a la persona reclamante. 3. La segunda de las pretensiones es conocer si la tercera persona ha cobrado, por la elaboración o firma de los planes, algún tipo de complemento. El conocimiento del gasto público en materia de personal es una materia sobre la que este Consejo ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones, como hicimos en el FJ 5º de la Resolución 70/2018, de 7 de marzo: “En línea de principio, el gasto de personal es un concepto que incide en un ámbito cuya relevancia en el marco de la legislación reguladora de la transparencia ya fue destacada por este Consejo en la citada Resolución 32/2016, haciéndonos así eco de la posición predominante en la órbita jurídica a la que pertenecemos: “Como ya afirmara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros), “no se puede negar que para controlar la buena utilización de los fondos públicos” es necesario “conocer el importe de los gastos afectados a los recursos humanos en las distintas entidades públicas” (§ 85). Y proseguiría acto seguido en el mismo parágrafo: “A ello se suma, en una sociedad democrática, el derecho de los contribuyentes y de la opinión pública en general a ser informados de la utilización de los ingresos públicos, especialmente en materia de gastos de personal” Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. El Ayuntamiento reclamado ha denegado dicha solicitud basando su respuesta en el criterio según el cual, respecto a determinados datos retributivos, en función del puesto que los empleados públicos desempeñan dentro de la organización, se establece la ponderación entre transparencia y protección de datos, aunque referida al acceso individual a la información pública, disponiendo que se resolverá a favor de la primera en los supuestos en que el empleado público sea personal eventual de asesoramiento y especial confianza, directivo, o de libre designación. Manifiesta el Ayuntamiento que “en el caso concreto, el empleado público sobre el que se solicita información no está incluido en ninguno de los grupos anteriormente mencionados (personal eventual, personal directivo o personal no directivo de libre designación), ni su puesto de trabajo se encuentra en los niveles 28, 29 o 30, por lo que en la ponderación entre el interés público en divulgar la información y la protección de los datos de carácter personal, prima esta última, por lo que la solicitud de información deberá ser denegada”. Este Consejo comparte la argumentación de la entidad reclamada respecto a las cantidades, en su caso, percibidas por la tercera persona al no encontrarse su puesto de trabajo dentro de aquellos en los que el acceso a la información prevalece sobre la protección de datos de carácter personal. Sin embargo, de la lectura del contenido de la solicitud de información se infiere que la pretensión es conocer si ha cobrado o no por la redacción o firma de los planes, sin que se requiera de manera expresa conocer el importe cobrado. La entidad reclamada debe responder expresamente si ha cobrado o no por ello. En el caso de que se hubiera consultado por las cantidades efectivamente percibidas, podría ser aplicable la doctrina expuesta. Procede pues estimar también esta parte de la reclamación, debiendo la entidad reclamada informar sobre si la persona afectada cobra o no por realizar los planes. 4. Por otro lado, la legislación reguladora de la transparencia no exige que se motive la solicitud, según se expresa en términos inequívocos el art. 17.3 LTAIBG: “El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso de la información”. Y si bien es cierto que “podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución”, el precepto concluye afirmando categóricamente que “la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud”. En su solicitud la entidad reclamante considera que en anterior información facilitada por la ahora reclamada se encuentran incongruencias y en su escrito de reclamación alega que “la información que solicitamos es crucial para conocer la existencia de irregularidades”. Se hace evidente, sin embargo, que estas consideraciones resultan ajenas al ámbito objetivo de la LTPA, toda vez que “[n]o es una finalidad de este Consejo determinar la corrección jurídica o no de la información publica que se proporciona” (Resolución 40/2016, de 22 de junio, FJ 4º), ni -hemos de añadir- tampoco nos corresponde examinar la mayor o menor diligencia desplegada por la Administración interpelada al elaborar la documentación cuyo acceso se ha concedido. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que, contenida en los documentos de avisos, quejas o sugerencias o sus respuestas, permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que la supresión de parte de la información en alguno de los documentos no impidiera la identificación de la persona, la entidad reclamada no los pondrá a disposición del solicitante. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta. La entidad reclamada deberá poner a disposición de la persona reclamante la información solicitada, teniendo en cuenta los Fundamentos Jurídicos Cuarto, segundo y tercer apartado, y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.