Reclamación por denegación de información pública al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta sobre proyectos técnicos y convenios municipales

RESOLUCIÓN 391/2022, de 26 de mayo Artículos: 2 y 24 LTPA; 19.3 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) (en adelante, la entidad reclamada), por denegación de información pública. Reclamación: 730/2021 Normativa y abreviatura: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Ley 39/20215, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2021, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 15 de noviembre de 2021, ante la entidad reclamada, la siguiente solicitud de información: “(…) Por todo lo expuesto, en base a la Ley de transparencia pido información y documentación, le SOLICITO: “1. Además de que se efectúe la potestad investigadora del Convenio de Permuta de parcelas con Inmobiliaria del Sur ante la posible causa de lesividad al municipio, su nulidad y reversión de las parcelas en que no se han actuado. “2. Se entregue copia del Convenio con la Diputación Provincial para la Revisión del P.G.O.U. en 2012. (solicitado ya anteriormente). “3. Los informes emitidos al Contrato de Servicio de redacción de proyectos, y a la legalidad al Acuerdo de aprobación, su procedimiento, memoria de la necesidad del mismo e inicio del expediente. “4. El proyecto Técnico aprobado de la nueva Casa Consistorial.    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “5. El informe preceptivo de Supervisión del Proyecto Técnico. “6. El acto de recepción y conformidad de la entrega del Proyecto Técnico sobre el cumplimiento del contrato de Servicio para la elaboración del mismo. “7. El Órgano de Contratación para la ejecución de las obras e inicio del expediente. “8. El Proyecto de demolición de ambos edificios para la ejecución de la nueva casa Consistorial. “9. La adjudicación del 06/10/2021 del contrato del Servicio para la realización del Proyecto de Sótano de la nueva Casa Consistorial EXPTE: PEA/68/2021. Cuyo plazo de ejecución es de 2 meses. “10. Los técnicos intervinientes en el proyecto y en la Dirección de Ejecución de las obras. “11. El informe previo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. “12. Plan parcial de la Alberquilla y la Cerca de las parcelas permutadas de propiedad municipal por las que se adquirió la propiedad el Ayuntamiento. “13. El certificado urbanístico de la parcela en calle [se cita dirección] también afectada por el Convenio de permuta con inmobiliaria del Sur. “14. El Certificado Urbanístico al 7 de febrero de 2003 de la calle [se cita dirección], que también afectada a dicho Convenio. “15. Informe favorable del Comité Técnico de supervisión del Proyecto, contemplado en la Resolución 3168/2020 de 29 de junio. “16. Certificado del Interventor del destino del importe recibido por el Ayuntamiento de 423.713,83€, si fue destinado al objeto del Convenio como era la Ampliación del Ayuntamiento o no. Su destino en presupuesto municipal 2003”. 2. La persona reclamante manifiesta que no ha tenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Contenido de la reclamación La reclamación indica expresamente: “Falta de información y de entrega de documentación por parte del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta al procedimiento de Redacción del Proyecto Técnico del Nuevo Ayuntamiento y Adquisición de las parcelas para su ejecución. “Se aporta documento de expositivo con solicitud de información y documentación. “SOLICITA    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “Incoar expediente por incumplimiento de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta. “Incoar expediente sancionador por reiteración al Ayuntamiento”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 22 de diciembre de 2021 el Consejo dirige a la entidad reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a esta entidad reclamada. 2. No consta respuesta de la entidad reclamada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor.    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 15 de noviembre de 2021, y la reclamación fue presentada el 18 de diciembre de 2021. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC Tercero. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada a la solicitud de información. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede constituir un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG). A este respecto, debemos recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Cuarto. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada al requerimiento del Consejo. La entidad reclamada no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado el 22 de diciembre de 2021 por este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por otra parte, conforme al artículo 24.3 LTAIBG la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos a la norma reguladora del procedimiento administrativo común. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada a la entidad reclamante la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Quinto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera):    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Sexto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. Como se ha indicado en los antecedentes de hecho, por la persona reclamante se ha presentado solicitud en los siguientes términos: “(…) 1. Además de que se efectúe la potestad investigadora del Convenio de Permuta de parcelas con Inmobiliaria del Sur ante la posible causa de lesividad al municipio, su nulidad y reversión de las parcelas en que no se han actuado. “2. Se entregue copia del Convenio con la Diputación Provincial para la Revisión del P.G.O.U. en 2012. (solicitado ya anteriormente). “3. Los informes emitidos al Contrato de Servicio de redacción de proyectos, y a la legalidad al Acuerdo de aprobación, su procedimiento, memoria de la necesidad del mismo e inicio del expediente. “4. El proyecto Técnico aprobado de la nueva Casa Consistorial. “5. El informe preceptivo de Supervisión del Proyecto Técnico. “6. El acto de recepción y conformidad de la entrega del Proyecto Técnico sobre el cumplimiento del contrato de Servicio para la elaboración del mismo.    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “7. El Órgano de Contratación para la ejecución de las obras e inicio del expediente. “8. El Proyecto de demolición de ambos edificios para la ejecución de la nueva casa Consistorial. “9. La adjudicación del 06/10/2021 del contrato del Servicio para la realización del Proyecto de Sótano de la nueva Casa Consistorial EXPTE: PEA/68/2021. Cuyo plazo de ejecución es de 2 meses. “10. Los técnicos intervinientes en el proyecto y en la Dirección de Ejecución de las obras. “11. El informe previo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. “12. Plan parcial de la Alberquilla y la Cerca de las parcelas permutadas de propiedad municipal por las que se adquirió la propiedad el Ayuntamiento. “13. El certificado urbanístico de la parcela en calle [se cita dirección] también afectada por el Convenio de permuta con inmobiliaria del Sur. “14. El Certificado Urbanístico al 7 de febrero de 2003 de la calle [se cita dirección], que también afectada a dicho Convenio. “15. Informe favorable del Comité Técnico de supervisión del Proyecto, contemplado en la Resolución 3168/2020 de 29 de junio. “16. Certificado del Interventor del destino del importe recibido por el Ayuntamiento de 423.713,83€, si fue destinado al objeto del Convenio como era la Ampliación del Ayuntamiento o no. Su destino en presupuesto municipal 2003”. La solicitud incluía por tanto dieciséis peticiones. Respecto a la primera petición, concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, a la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito art. 2 a) LTPA-, sino que este adopte una específica decisión (se efectúe la    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. potestad investigadora de un Convenio). Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación. 2. En relación a la segunda petición, este Consejo ha podido comprobar que la información solicitada - copia del Convenio con la Diputación Provincial para la Revisión del P.G.O.U. en 2012. (solicitado ya anteriormente) - fue objeto de una solicitud de información presentada el 28 de noviembre de 2020 por la persona reclamante ante la entidad reclamada, que dio lugar a la interposición de la Reclamación 277/2021 ante el Consejo (Resolución 64/2022). Esta información ha sido facilitada a la persona reclamante con fecha 13 de marzo de 2022. Por tanto, ha quedado acreditada la entrega de la copia del Convenio con la Diputación Provincial para la Revisión del P.G.O.U. en 2012. 3. En relación con la décimo primera petición (“informe previo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía”), el artículo 19.4 LTAIBG establece que cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. En aplicación de esta previsión, la entidad reclamada deberá remitir esta petición al órgano que elaboró la información solicitada, e informar de esta circunstancia a la persona reclamante. Frente a la respuesta o falta de respuesta en el plazo máximo del órgano que elaboró la información, podrá interponerse la correspondiente reclamación en el plazo establecido. 4. En relación con las peticiones 13, 14 y 16, en las que se solicita un certificado, debemos aclarar que el acceso se concederá a la información existente. Esto es, la entidad deberá poner a disposición del reclamante la información solicitada que existiera, pero no deberá elaborar un documento no existente o bien certificar información que ya obre en su poder. En este último caso, lo solicitado no tendría la consideración de información pública que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 5. Finalmente, la información solicitada en los puntos tercero al décimo, y del décimo segundo al décimo sexto es información pública, y no habiendo alegado la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información pública a la que hemos hecho referencia en el fundamento jurídico quinto. En consecuencia, la entidad reclamada habrá de ofrecer a la persona interesada la información objeto de su solicitud. Y en el caso de que no existiera alguno de los extremos de la información solicitada, habrá de indicarle expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. 6. En cualquier caso, a pesar de lo dispuesto anteriormente, concurre en el presente caso una circunstancia que impide que este Consejo pueda ahora resolver directamente el fondo del asunto e inste ya al órgano reclamado a que proporcione la información solicitada. En efecto, tras examinar el    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. expediente, se ha podido comprobar que no consta la concesión del trámite de alegaciones a los terceros cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por el acceso a la información. Este trámite resulta determinante para permitir a los afectados por la difusión de la información alegar lo que a sus derechos e intereses convenga; razón por la cual el artículo 19.3 LTAIBG se expresa en términos inequívocamente imperativos: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. En consecuencia, considerando que quedan perfectamente identificados para la Administración reclamada los terceros que pueden resultar afectados por la información referente a la solicitud de información, y no constando a este Consejo que se haya concedido dicho trámite, procede retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que el órgano reclamado conceda los trámites de alegaciones previstos en el mencionado art. 19.3 LTAIBG, debiendo informar a la persona solicitante de esta circunstancia. Y tras lo cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente. La entidad reclamada deberá ordenar la retroacción del procedimiento en el plazo máximo de diez días desde la notificación de esta Resolución. Y deberá resolver el procedimiento en el plazo máximo de resolución previsto en la normativa que le resulte de aplicación, contado igualmente desde la notificación de esta Resolución, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada del artículo 19.3 LTAIBG. La resolución que pongan fin a dicho procedimiento podrán ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Este Consejo debe aclarar que la retroacción se realizará para aquella parte de la información cuyo acceso pudiera afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas. Esta afección no ocurrirá para aquella parte de la información que está ya publicada o bien debió estar ya publicada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa prevista en el artículo 15 a) LTPA antes citada, o bien de la normativa de contratación pública. Dado que la entidad reclamada no ha remitido el expediente, este Consejo no puede evaluar el tipo de contratación que se realizó, y por tanto, determinar qué información debió estar publicada. 7. En resumen, la entidad reclamada deberá: a) Poner a disposición de la persona reclamante la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras personas, incluida aquella que estuvo o debió estar publicada en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contendidas en la LTPA o de la normativa de contratación pública; y    ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. b) Retrotraer el procedimiento al trámite de alegaciones a terceras personas previsto en el artículo 19.3 LTBG para aquella información cuyo acceso pueda afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas, en los términos del apartado sexto de este Fundamento Jurídico. c) Remitir la solicitud al órgano que elaboró el “informe previo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía”, e informar de esta circunstancia a la persona reclamante. 8. En relación con su petición incluida en su reclamación de “Incoar expediente por incumplimiento de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta. Incoar expediente sancionador por reiteración al Ayuntamiento”, este Consejo carece de competencias sancionadoras a la vista del contenido de la LTPA, si bien el artículo 57.2 lo habilita a instar la incoación de un procedimiento sancionador o disciplinario al órgano o entidad que resulte competente cuando constate incumplimientos que puedan ser calificados como alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley. Dado que esta Resolución insta a la entidad a la puesta a disposición de determinada información, su incumplimiento podría suponer el ejercicio de la habilitación prevista en el citado artículo 57.2 LTPA. Séptimo. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que, contenida en los documentos de avisos, quejas o sugerencias o sus respuestas, permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del ww     ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que la supresión de parte de la información en alguno de los documentos no impidiera la identificación de la persona, la entidad reclamada no los pondrá a disposición del solicitante. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación. La entidad reclamada deberá realizar las actuaciones contenidas en el Fundamento Jurídico Sexto, apartado séptimo, y Fundamento Jurídico Séptimo, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Inadmitir parcialmente la reclamación en lo que corresponde a la primera petición incluida en la solicitud, según lo indicado en el Fundamento Jurídico Sexto, apartado primero. ww     ww.ctpdandalucia.es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Tercero. Declarar la terminación del procedimiento respecto a la petición incluida en el Fundamento Jurídico Sexto, apartado segundo, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento. Cuarto. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.