Reclamación por denegación de acceso a información pública sobre el proyecto de la Casa Consistorial y permutas de terrenos en Castilleja de la Cuesta

RESOLUCIÓN 402/2022, de 1 de junio Artículos: 2 y 24 LTPA; 19.3 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) (en adelante, la entidad reclamada), por denegación de información pública. Reclamación: 197/2022 Normativa y abreviatura: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Ley 39/20215, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 7 de marzo de 2022, ante la entidad reclamada, la siguiente solicitud de información: “(…) Visto ,el anuncio de la aprobación inicial de la Modificación Puntual de las Normas del P.G.O.U. para uso Institucional, sin que se refiera el anuncio a la zona o parcelas afectada, a la situación a fin de dar conocimiento a los afectados directamente, en este caso al ser la parcela de la calle Real un Sistema General de equipamiento de centros asistenciales según el Apartado 7 Del Medio Urbano referente al punto 7.2.7 de Centros asistenciales según la Memoria de Información del T.R. del P.G.O.U. en cuanto a la Ordenación territorial de equipamientos, que es afectado por esta modificación. Como también lo es, objeto de Modificación, la parcela de calle Convento nº 8 estando el edificio, antiguo Convento, catalogado (art. 163 del P.G.O.U.), siendo de interés su primera crujía, y de la que les ha tenido que informar, a petición desde el Ayuntamiento, de su protección mediante la emisión de un informe desfavorable por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en sesión del 15/12/2021, por unanimidad de todos los miembros, que la protección contradice la solicitud de demolición; ello ante la asistencia de la Concejal de Urbanismo, de lo que se deduce la falta de rigor y carencia de conocimiento Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. de dicho P.G.O.U., además de una falta de Transparencia en las actuaciones municipales técnicas y administrativas y una vergüenza para éste municipio. “Por ello, y en cumplimiento del art. 260.3 de la legalidad urbanística y las Normas urbanísticas del P.G.O.U. es necesario obtener una información y documentación al respecto; como así mismo al afectar a un equipamiento de uso sanitario de los Sistemas Generales del Municipio, se requiere una información y documentación al respecto. “Es por lo que le SOLICITO: “- Del Proyecto Técnico Básico y de Ejecución de la nueva Casa Consistorial donde estará previsto la demolición de los edificios existentes en las parcelas que ocupan, copia de los documentos siguiente: “1º La declaración del cumplimiento de los parámetros que definen la legalidad urbanística y del uso actual del P.G.O.U. y uso a que se destinará, suscrita por el solicitante licencia urbanística de obra y del Técnico proyectista (Fichas Urbanísticas). “2º El preceptivo Informe de Supervisión del Proyecto Básico y de Ejecución. “3º La previa Licencia Municipal de cambios de usos (art. 268 del P.G.O.U. de 1995). “4° La declaración de Obra Completa del Proyectista en el Proyecto Redactado. “Sobre las Modificaciones de los Sistemas Generales referidos por la Comisión del Consejo Consultivo de Andalucía del 18/07/2002 a la Modificación Parcial del P.G.O.U. del Valero y Determinaciones de los Sistemas Generales, referidos en el mismo sobre la desafectación de los Sistemas Generales, copia de los documentos siguientes: “5° El informe jurídico del Secretario Municipal del 15/11/2000 sobre la redacción de la Modificación inicial citada, que afecta al urbanismo. “6° El informe de la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo del 8/11/2000 y del 10/10/2001. “Sobre el CONVENIO de PERMUTAS de terrenos de Patrimonio Municipal del 7/02/2003 siendo un Antecedente de éste Proyecto del Nuevo Ayuntamiento, por la forma de conseguir las parcelas, ya que como objeto del Convenio el Manifiesto Tercero es «dejar expresa constancia de que el Ayuntamiento necesita las fincas antes indicadas de propiedad de Inmobiliaria del Sur (Manifiesto Segundo) para culminar su proyecto de ampliación de sus actuales instalaciones dedicadas a la Casa Consistorial», no cumplido, y la casa de calle real 60 y fue adquirida por Inmobiliaria del Sur según escritura el 28/01/2003, cuando la propuesta del Convenio se emitió el día antes el 27/01/2003 por la Alcalde. Lo que requiere una Investigación de aquel CONVENIO de PERMUTA pues existen indicios de no cumplir la legalidad, pudiendo existir por ello una nulidad de Pleno Derecho. Cuestión que es de competencia Plenaria y usted la de proponer al Pleno la Investigación, antes de la aprobación definitiva de la Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. modificación del P.G.O.U. publicada, evitando ocasionar un nuevo y mayor perjuicio al pueblo. Por lo que le pido las copias de los documentos siguientes: “7° El informe técnico municipal al Convenio de Permuta, que sobre el urbanismo haya efectuado el Arquitecto Municipal, ya que en el Informe del 24/01/2003 no figura la clasificación Urbanística y uso de las parcelas permutadas. “8° Informe del Secretario Municipal al Convenio de Permutas de Terreno Municipal. “9ª La desafectación de las parcelas municipales a permutar según el Manifiesto Primero y las condiciones urbanísticas de las Parcelas núm. M-22, M.20.2 M.21 en la zona la Alberquilla y la Cerca adquiridas, según el convenio de permutas, por el Proyecto de Compensación de dicha zona. La parcela de Calle Príncipe de Asturias, núm. 8 de superficie 1.446 m2, cuando el Arquitecto, municipal en su informe del 24/01/2003 indica que solo tiene 630 m2 la parcela, manteniendo el del informe en el Convenio de Permuta del que el Secretario Municipal ha dado fe. Cual es la verdadera superficie y valor? “10° El Plan Parcial de la Alberquilla y la Cerca de la que dice el Arquitecto proviene la cesión de las manzanas o Parcelas mencionada, ante la [sic] diferente criterio con el Secretario Municipal para su constancia”. 2. La persona reclamante manifiesta que no ha tenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Contenido de la reclamación La reclamación indica expresamente: “Que el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, no facilita las copias de documento solicitado , ni informa sobre los mismos. “SOLICITA “Se incoe expediente se requiera cumplimiento de la Ley de Transparencia de Andalucía y el expediente disciplinario que corresponda”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 28 de abril de 2022 el Consejo dirige a la entidad reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a esta entidad reclamada. 2. No consta respuesta de la entidad reclamada. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 7 de marzo de 2022, y la reclamación fue presentada el 23 de abril de 2022. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC Tercero. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada a la solicitud de información. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede constituir un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG). A este respecto, debemos recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Cuarto. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada al requerimiento del Consejo. La entidad reclamada no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado el 28 de abril de 2022 por este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por otra parte, conforme al artículo 24.3 LTAIBG la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos a la norma reguladora del procedimiento administrativo común. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada a la entidad reclamante la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Quinto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Sexto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. Como se ha indicado en los antecedentes de hecho, por la persona reclamante se ha presentado solicitud en los siguientes términos: “(…) - Del Proyecto Técnico Básico y de Ejecución de la nueva Casa Consistorial donde estará previsto la demolición de los edificios existentes en las parcelas que ocupan, copia de los documentos siguiente: “1º La declaración del cumplimiento de los parámetros que definen la legalidad urbanística y del uso actual del P.G.O.U. y uso a que se destinará, suscrita por el solicitante licencia urbanística de obra y del Técnico proyectista (Fichas Urbanísticas). “2º El preceptivo Informe de Supervisión del Proyecto Básico y de Ejecución. “3º La previa Licencia Municipal de cambios de usos (art. 268 del P.G.O.U. de 1995). “4° La declaración de Obra Completa del Proyectista en el Proyecto Redactado. “Sobre las Modificaciones de los Sistemas Generales referidos por la Comisión del Consejo Consultivo de Andalucía del 18/07/2002 a la Modificación Parcial del P.G.O.U. del Valero y Determinaciones de los Sistemas Generales, referidos en el mismo sobre la desafectación de los Sistemas Generales, copia de los documentos siguientes: “5° El informe jurídico del Secretario Municipal del 15/11/2000 sobre la redacción de la Modificación inicial citada, que afecta al urbanismo. “6° El informe de la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo del 8/11/2000 y del 10/10/2001. “Sobre el CONVENIO de PERMUTAS de terrenos de Patrimonio Municipal del 7/02/2003 (...) le pido las copias de los documentos siguientes: “7° El informe técnico municipal al Convenio de Permuta, que sobre el urbanismo haya efectuado el Arquitecto Municipal, ya que en el Informe del 24/01/2003 no figura la clasificación Urbanística y uso de las parcelas permutadas. “8° Informe del Secretario Municipal al Convenio de Permutas de Terreno Municipal. “9º La desafectación de las parcelas municipales a permutar según el Manifiesto Primero y las condiciones urbanísticas de las Parcelas núm. M-22, M.20.2 M.21 en la zona la Alberquilla y la Cerca adquiridas, según el convenio de permutas, por el Proyecto de Compensación de dicha zona. La parcela Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. de Calle Príncipe de Asturias, núm. 8 de superficie 1.446 m2, cuando el Arquitecto, municipal en su informe del 24/01/2003 indica que solo tiene 630 m2 la parcela, manteniendo el del informe en el Convenio de Permuta del que el Secretario Municipal ha dado fe. Cual es la verdadera superficie y valor? “10° El Plan Parcial de la Alberquilla y la Cerca de la que dice el Arquitecto proviene la cesión de las manzanas o Parcelas mencionada, ante la [sic] diferente criterio con el Secretario Municipal para su constancia”. La información solicitada es información pública, y no habiendo alegado la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información pública a la que hemos hecho referencia en el fundamento jurídico quinto. En consecuencia, la entidad reclamada habrá de ofrecer a la persona interesada la información objeto de sus solicitudes. Y en el caso de que no existiera alguno de los extremos de la información solicitada, habrá de indicarle expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. 2. No obstante, en relación con las peticiones 1 y 4, en las que se solicita una declaración, debemos aclarar que el acceso se concederá a la información existente. Esto es, la entidad deberá poner a disposición del reclamante la información solicitada que existiera, pero no deberá elaborar un documento no existente o bien declarar información que ya obre en su poder. En este último caso, lo solicitado no tendría la consideración de información pública que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 3. En cualquier caso, a pesar de lo dispuesto anteriormente, concurre en el presente caso una circunstancia que impide que este Consejo pueda ahora resolver directamente el fondo del asunto e inste ya al órgano reclamado a que proporcione la información solicitada. En efecto, tras examinar el expediente, se ha podido comprobar que no consta la concesión del trámite de alegaciones a los terceros cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por el acceso a la información. Este trámite resulta determinante para permitir a los afectados por la difusión de la información alegar lo que a sus derechos e intereses convenga; razón por la cual el artículo 19.3 LTAIBG se expresa en términos inequívocamente imperativos: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. En consecuencia, considerando que quedan perfectamente identificados para la Administración reclamada los terceros que pueden resultar afectados por la información referente a las solicitudes de información, y no constando a este Consejo que se haya concedido dicho trámite, procede retrotraer el Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que el órgano reclamado conceda los trámites de alegaciones previstos en el mencionado art. 19.3 LTAIBG, debiendo informar a la persona solicitante de esta circunstancia. Y tras lo cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente. La entidad reclamada deberá ordenar la retroacción del procedimiento en el plazo máximo de diez días desde la notificación de esta Resolución. Y deberá resolver el procedimiento en el plazo máximo de resolución previsto en la normativa que le resulte de aplicación, contado igualmente desde la notificación de esta Resolución, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada del artículo 19.3 LTAIBG. La resolución que pongan fin a dicho procedimiento podrán ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Este Consejo debe aclarar que la retroacción se realizará para aquella parte de la información cuyo acceso pudiera afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas. Esta afección no ocurrirá para aquella parte de la información que está ya publicada o bien debió estar ya publicada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa prevista en el artículo 15 a) LTPA antes citada, o bien de la normativa de contratación pública. Dado que la entidad reclamada no ha remitido el expediente, este Consejo no puede evaluar el tipo de contratación que se realizó, y por tanto, determinar qué información debió estar publicada. 4. En resumen, la entidad reclamada deberá: a) Poner a disposición de la persona reclamante la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras personas, incluida aquella que estuvo o debió estar publicada en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contendidas en la LTPA o de la normativa de contratación pública; y b) Retrotraer el procedimiento al trámite de alegaciones a terceras personas previsto en el artículo 19.3 LTBG para aquella información cuyo acceso pueda afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas, en los términos del apartado tercero de este Fundamento Jurídico. 5. En relación con su petición incluida en su reclamación que “Se incoe expediente se requiera cumplimiento de la Ley de Transparencia de Andalucía y el expediente disciplinario que corresponda”, este Consejo carece de competencias sancionadoras a la vista del contenido de la LTPA, si bien el artículo 57.2 lo habilita a instar la incoación de un procedimiento sancionador o disciplinario al órgano o entidad que resulte competente cuando constate incumplimientos que puedan ser calificados como alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley. Dado que esta Resolución insta a la entidad a la puesta a disposición de determinada información, su incumplimiento podría suponer el ejercicio de la habilitación prevista en el citado artículo 57.2 LTPA. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Séptimo. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de sus solicitudes, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que, contenida en los documentos de avisos, quejas o sugerencias o sus respuestas, permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que la supresión de parte de la información en alguno de los documentos no impidiera la identificación de la persona, la entidad reclamada no los pondrá a disposición del solicitante. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación. La entidad reclamada deberá realizar las actuaciones contenidas en el Fundamento Jurídico Sexto, apartado cuarto, y Fundamento Jurídico Séptimo, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.