Reclamación por denegación de acceso a expedientes urbanísticos al Ayuntamiento de Mojácar, resuelta por terminación del procedimiento tras la entrega de la información

RESOLUCIÓN 421/2022, de 14 de junio Artículos: 24 LTPA; 24 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Mojácar (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 98/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 2 de junio de 2021, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Con disociación de datos protegidos que contuvieran 1. Certificado de la denominación o numeración de los expedientes urbanísticos de obras e instalaciones, licencia de ocupación o utilización, de protección de la legalidad, sancionadores, segregaciones etc. que se hayan tramitado, o estén en tramitación, con relación a las edificaciones existentes en dicha finca catastral, (Vivienda y sus ampliaciones, trastero, muros etc.). (Previo pago en su caso de lo que corresponda.) 2. Con relación a los expedientes que se hayan tramitado, o estén tramitando y a los que se hace referencia solicito acceso a los mismos, así como a la obtención de las copias puntuales que a mi interés convenga, con supresión de datos protegidos. Y en particular de los informes técnicos y jurídicos, de las propuestas de resolución y de los acuerdos adoptados. Caso de no existir, de su inexistencia. (Previo pago en su caso de lo que corresponda.) 3. Una vez esté preparada la documentación, en en caso de expedientes digitalizados y electrónicos, pido que me sea enviada en PDF a mi correo para notificaciones. Y en su caso, si es preciso pasaré a recogerla el día, la fecha y la hora que se me comunique, pagando lo que corresponda.” Posteriormente, el día 26 de junio de 2021 presente ante la entidad reclamada otra solicitud, esta vez pide acceso a: “ Que se tome en consideración lo expuesto por ser interesada y se de cumplimiento a resolver sobre lo solicitado y no sobre otra cosa, y que se me notifique correctamente. - Que se cumpla la LPAC. - Acceso y Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. obtención de copias que me interesen del expediente administrativo municipal n.º 115/02, del proyecto técnico redactado en su día por el arquitecto Don [arquitecto] con visado oficial de fecha de 01/04/2002 y que fue el que se tomó en consideración para el otorgamiento de la licencia de obras, del exp. nº 21/2006, del que se instruye previamente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mojácar en fecha de 18/01/2003 y de cualquier otro que sea de mi interés y antecedentes relacionados con las obras ilegales realizadas (vivienda principal, almacén trastero, muro…)”. El 26 de diciembre de 2021 vuelve a dirigir una solicitud con el siguiente contenido: “ con todos estos antecedentes, informes y documentación (y más que no se refleja en este escrito), no consta que se haya hecho nada con relación al expediente de su casa ilegal y la ampliación, ni con relación al muro que se denuncia y que tiene expediente disciplinario también. Visto cuanto antecede llevamos bastante más de tres años con estos asuntos, sin que desde el ayuntamiento se haya hecho nada. Salvo resoluciones que no cumple, no ejecuta, y que quedan en mera formalidad. Póngase ustedes en mi lugar, ¿ ustedes qué harían? Pues tengo que informarles de los siguiente: si el plazo de quince días no tengo noticias sobre actuaciones municipales serias y contundentes con relación a lo que me perjudica y me preocupa, y viendo que se sigue amparando y protegiendo al vecino, y ninguneando a esta parte, no me quedará más remedio que acudir a la vía penal porque la administrativa, a la vista está que no funciona. Que tengan buenas fiestas. “. Finalmente, el 2 de enero de 2022 interpone al reclamante otra solicitud de acceso a: “[…] se me de acceso a los expedientes, y en particular a los expedientes 157/2000 y 33/2002. - Que entre tanto se establezca día y hora, para dicho acceso otorgado por silencio, se me haga llegar en PDF y por correo electrónico, los planos de emplazamiento, de situación, planta y distribución de la vivienda que obren en el proyecto del expediente 157/2000 y las fotos del expediente 33/2002.”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 3 de marzo de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha (fecha envío comunicación inicio a UT) a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 15 de marzo de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “En relación a su escrito de fecha 2/3/2022, dando traslado de la reclamación formulada por XXX en fecha 27 de febrero de 2022, ref. SE-98/2022, por medio de la presente pongo en su conocimiento que en fecha 4/03/2022 ha sido remitida a la interesada copia íntegra de los expedientes urbanísticos 157/2000, Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 115/2002, 33/2002 y 21/2006, habiendo sido solicitada la referida copia en fecha 23/02/2022. Se trata de expedientes ya resueltos en su día, por lo que el procedimiento no estaba en curso al momento de la presentación de la solicitud, teniendo que ser localizados en el archivo municipal y posteriormente escanearlos para su digitalización.” 3. El 21 de marzo de 2022 el Consejo dirige nueva comunicación al reclamante. En este caso le solicita copia de la documentación que acredite la puesta a disposición del reclamante de la información solicitada, mediante recibí del mismo o justificante de la recepción de la misma. 4. El 28 de marzo de 2022 la entidad reclamada presenta escritos de respuesta a este Consejo aportando con ellos, tal y como se le solicitaba, justificación de la puesta a disposición del reclamante el día 4 de marzo de 2022 la información solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3. 1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una Administración local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha ampliación será notificada a la persona solicitante. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 2 de junio de 2021, y la reclamación fue presentada el 27 de febrero de 2022. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo no puede por menos que declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto, tras el análisis del contenido de la información puesta a disposición, al considerar que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento.